Pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Nota de Coyuntura No. 27 / por Equipo de El Observador
Tras concluir su visita oficial a Guatemala, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió un pronunciamiento el 19 de julio de 2024 en conferencia de prensa. Lo que dijo fue resultado de varias reuniones con diferentes sectores*, con excepción de la programada con la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, que adujo de último momento una “situación de emergencia”.
A continuación, reproducimos algunos de los principales contenidos del pronunciamiento de Türk.
Foto: OACNUDH
Corrupción, derechos humanos y un sistema político democrático que está en peligro
Concluyo hoy mi visita oficial a Guatemala. Un país multiétnico, con una rica cultura ancestral, con el que mi Oficina tiene una larga y arraigada relación.
Para mí era una prioridad venir a Guatemala en un momento crucial de su historia, y apoyar al país en su empeño de fortalecer la democracia, el Estado de derecho, luchar contra la corrupción, y establecer una clara y transformadora agenda de derechos humanos.
Lo ocurrido durante el periodo electoral de 2023 me preocupó enormemente. Temí que las fuerzas regresivas que habían cooptado las estructuras del Estado lograran también revertir la voluntad popular expresada en las urnas. El empeño y la determinación de amplias capas de la sociedad, especialmente la movilización durante 106 días de los Pueblos Indígenas y movimientos sociales, consiguieron preservar la democracia y el Estado de derecho. Ha sido un honor conocer algunos y algunas de ellos esta semana.
Me complace especialmente ver cómo las y los guatemaltecos son conscientes de sus derechos.
También me alientan las acciones de algunos representantes del sector privado con los cuales me reuní, que llevan a cabo procesos productivos respetuosos del medio ambiente, y utilizan los Principios Rectores de la Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para orientar sus operaciones. Aliento a otras empresas del sector privado a hacer lo mismo.
Durante mi visita, he podido ver el compromiso firme del gobierno del presidente Bernardo Arévalo con el Estado de derecho, la democracia, y los derechos humanos. Me complace ver que la agenda de derechos humanos forma parte de los programas y actividades del Ejecutivo; y que entre sus prioridades estén la creación de un mecanismo efectivo de protección de defensores de derechos humanos.
Sin embargo, para que un Estado funcione, los tres poderes deben trabajar en consonancia y, por ahora, eso no está ocurriendo. La polarización entre los estamentos institucionales es enorme. La opinión pública está muy fragmentada. Los niveles de corrupción siguen siendo muy elevados. La desconfianza entre distintos colectivos no hace más que crecer.
Como me dijo un defensor de derechos humanos con el que me reuní:
“La democracia sigue en peligro. Debemos hacer todo lo necesario para cambiar el statu quo”.
Concuerdo totalmente con esta evaluación. Mantener el estatu quo es insostenible y no beneficia a nadie.
Así se lo transmití a todos los interlocutores con los que me reuní.
Es necesario alejar la mirada del día a día y pensar a largo plazo. Hay que creer que un futuro mejor existe y que éste pasa por reconstruir la confianza, restablecer puentes, y unir fuerzas para superar los escollos en aras al beneficio de toda la sociedad.
Para lograrlo hay que cambiar de parámetro. Las instituciones deben dejar de protegerse a sí mismas para proteger a las personas.
Todas las leyes que se aprueben deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Así se lo transmití a los diputados con quienes me reuní en el Congreso ayer.
La pobreza y la violencia contra las mujeres
Y hay que intentar resolver algunos de los grandes problemas del país, entre ellos, los altos niveles de desigualdad, para que los jóvenes decidan quedarse y comprometerse con la construcción de su país, en lugar de elegir tomar el camino de la emigración.
Otro de los grandes retos es la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y las niñas. Las guatemaltecas sufren una enorme brecha de género en todos los aspectos, pero, especialmente, en lo que se refiere a representatividad institucional.
“Necesitamos políticas públicas específicas para dejar de ser invisibilizadas”, me dijo una defensora de derechos humanos. Otras abogaron por políticas de cuotas y de paridad de género en todos los estamentos del Estado. El cambio es posible y ya está sucediendo, ejemplo de ello es el nombramiento por parte del presidente Arévalo, de seis mujeres gobernadoras.
Racismo y discriminación contra los Pueblos Indígenas, personas de la diversidad sexual, y personas con discapacidad
La discriminación estructural, y los niveles de racismo y desigualdad a la que se enfrentan los Pueblos Indígenas Maya, Xinka, y Garífuna, así como la población Afrodescendiente, que conforman la mayoría del país, es desolador, y es otro de los desafíos más acuciantes. Me preocupa especialmente el alto número de desalojos que están ocurriendo actualmente. El despojo de sus tierras es un flagelo que se ha agravado en los últimos años. La falta de reconocimiento de sus derechos colectivos es otro de los temas pendientes. El acceso a la justicia y la ausencia de servicios básicos, son otros.
La discriminación también afecta a las personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Apelo a que se hagan más políticas públicas que aborden eficazmente toda forma de discriminación y se garantice el ejercicio y el goce pleno de derechos en condiciones de igualdad.
El uso del derecho penal para perseguir a operadores y operadoras de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y el poco avance en los juicios por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno
Me preocupa profundamente el uso indebido de la legislación penal para objetivos de persecución de personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, estudiantes y autoridades indígenas.
Es un patrón que me inquieta desde hace años, incluso antes de ser Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero que actualmente me parece altamente alarmante.
Decenas han sido criminalizados y enfrentan procesos judiciales basados en argumentos espurios. Más de medio centenar se han visto obligados a abandonar el país temiendo por su seguridad y viven asilados en el exilio. Son víctimas de persecución, por lo que su caso se ha convertido en un tema de preocupación internacional y en un asunto de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.
Urjo a la Fiscal General a que adopte las medidas necesarias para que dicha persecución cese de inmediato. Todos los exiliados deberían poder volver en condiciones dignas y seguras.
Es especialmente lamentable que los que estén siendo perseguidos sean quienes intentan combatir la corrupción o que la exponen, y aquellos que luchan porque graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno (1960- 1996) no sigan quedando impunes.
Precisamente, otro de los temas pendientes es la falta de avances en la búsqueda de justicia, en particular los juicios sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno.
Lo establecido en los Acuerdos de Paz no se ha implementado en su totalidad, especialmente las garantías de no repetición. Y por ello me preocupa el caso de la “Masacre de la Cumbre de Alaska” en 2012, en el que siete personas murieron y decenas resultaron heridas de gravedad cuando el Ejército abrió fuego contra una manifestación pacífica, y que el juicio sobre el caso tardara casi 12 años para iniciarse.
La regeneración del estamento judicial para reforzar su independencia también es algo que necesita una respuesta urgente. Una oportunidad única para ello es la elección de jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones prevista para el próximo octubre. Todas las miradas están puestas en la selección de estos jueces y juezas. Es esencial que este proceso electivo se lleve a cabo con total transparencia, en estricto respeto a la independencia judicial e implementando los más altos estándares internacionales. Estos magistrados serán cruciales para retomar la senda del Estado de Derecho.
Los desafíos son múltiples, pero me voy tranquilo sabiendo que la voluntad del gobierno, la vitalidad de la sociedad civil, la participación de los pueblos indígenas y el apoyo del sector privado puedan revertir el rumbo de lo ocurrido en las últimas décadas y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en Guatemala.
Aliento también a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos del gobierno en este sentido.
*De acuerdo con la información oficial de la visita, el Alto Comisionado se reunió con el Presidente de la República, Bernardo Arévalo, y otros altos funcionarios del gobierno, así como con miembros del Organismo Judicial (OJ), del Congreso de la República, y con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). También se reunió con líderes indígenas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, miembros del cuerpo diplomático y entidades de las Naciones Unidas. Además de Ciudad de Guatemala, el Alto Comisionado estuvo en Totonicapán, donde se reunió con Autoridades Indígenas.
**Abogados Sin Fronteras (ASF-Canadá); Alianza por las Reformas; Bufete para Pueblos Indígenas (BPI); Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Coalición CAT; Diálogos; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS); Fundación Myrna Mack; Impunity Watch; Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Políticas y Penales de Guatemala (ICCPPG); Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor); Plataforma contra la Impunidad; Protection International (PI); y Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA).
