Quiénes son los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) electos y electas para el periodo 2024-2029
Nota de Coyuntura No. 47 / por Equipo de El Observador
Un primero y rápido acercamiento a los magistrados y magistradas electos para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2024-2029 indica que hay un predominio de los grupos vinculados a los principales operadores políticos que fueron señalados en los casos “Comisiones Paralelas 2014 y 2020” que se habrían reposicionado nuevamente en esta elección: el empresario Gustavo Alejos Cámbara; Roberto López Villatoro, “Rey del Tenis”; Estuardo Gálvez, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); así como el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez; cuyos intereses confluyen y han estado vinculados de manera paralela a la estrategia del “Pacto de Impunidad”.
Juramentación en el Congreso de la República de las Magistraturas de la CSJ para el periodo 2024-2029. Foto: Carlos Alonzo/ eP Investiga.
La crónica parlamentaria
Para este 3 de octubre de 2024 se esperaba que el Congreso de la República eligiera a las Magistraturas Titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2024-2029, tras días de incertidumbre e intensas negociaciones en las bancadas y grupos parlamentarios que protagonizaron el pulso político para definir la lista de los 13 puestos.
La expectativa desde la semana pasada era que una alianza parlamentaria favorable al actual gobierno del Movimiento Semilla, eligiera una CSJ lo menos apegada a los grupos corruptos que han venido cooptando el sistema de justicia, o que, al menos, se estableciera una correlación de fuerzas favorable en su interior.
La mañana era gris y los pronósticos de lluvia eran ineludibles, pero en el ambiente se percibía que podría ser un día histórico. En el Palacio Legislativo, el movimiento de secretarias, congresistas y periodistas era febril y nervioso; el peso de las decisiones que marcarían el rumbo del sistema judicial guatemalteco era evidente en los corrillos parlamentarios.
Aunque las puertas del hemiciclo se abrieron a las 10 de la mañana, no fue sino hasta casi las 12 del mediodía que se inició con la elección de las nuevas magistraturas, y luego que se votara favorablemente por una moción privilegiada que incluyó como primer punto de la agenda del día, la elección de las nuevas autoridades de justicia de la CSJ.
En las afueras del Palacio Legislativo, grupos de activistas y de Pueblos Indígenas se preparaban para manifestar su rechazo a los y las candidatas señaladas de tener vínculos con la corrupción y, por ende, con los sucesivos gobiernos del Partido Patriota (PP), Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, y Vamos. Abogados, lideres comunitarios y representantes de la sociedad civil gritaban consignas y levantaban pancartas en espera de un proceso que, para muchos y muchas, representaba una oportunidad para empezar a producir cambios en Guatemala.
El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), pidió en el pleno que se leyeran las tachas contra los y las candidatas a magistraturas, así como también dar lectura a la carta que publicaron las Autoridades Ancestrales en donde exigían elegir candidaturas sin tachas y sin nexos con la corrupción, pero su petición fue improbada por la mayoría de congresistas.
El reloj avanzaba y los diputados poco a poco iban llenando el hemiciclo y, como en pocas oportunidades, las curules estaban ocupadas en su totalidad: “Tenemos casa llena”, dijo el presidente del Congreso, Nery Ramos y Ramos, cuando hizo el llamado para iniciar la votación.
Luego de los protocolos de ley, se inició con la votación, en tanto que varios diputados y diputadas de oposición se quejaban de que el sistema electrónico no registraba sus votos, o que el tiempo no era el mismo para todos los y las aspirantes; sin embargo, la votación continuó hasta completar la elección de los 13 puestos en la nueva CSJ.
Si bien ningún grupo tiene mayoría a lo interno de la CSJ electa y pareciera que las resoluciones y decisiones deberán pasar por acuerdos y negociaciones, que se espera no sean dominadas por un solo grupo de los representados, la correlación de fuerzas parece inclinarse hacia los intereses de los grupos vinculados de una u otra forma al denominado “Pacto de Impunidad” y operadores señalados de actos de corrupción o de estar ligados a los grupos de influencia política dentro del sistema de justicia, particularmente señalados en el “Caso Comisiones Paralelas 2020”.
De ser así, esto plantearía una CSJ diferente a las que han dominado la justicia guatemalteca durante los últimos 10 años que, con mayoría de votos, resolvían a favor de sus representantes procurando impunidad y privilegios para políticos de viejo cuño, grandes empresarios y autoridades gubernamentales corruptas, persiguiendo y criminalizando a activistas de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia anticorrupción y a sus adversarios políticos. Habrá que esperar si en realidad se eligió a una nueva CSJ en el pleno sentido de la palabra y si el optimismo se cumple.
Por de pronto, ya hay voces altisonantes desde la sociedad civil que advierten del carácter de la CSJ para el siguiente periodo y lo que en realidad va a pasar.
En ese sentido, la evidente celebración de la bancada Vamos tras la elección, pareciera confirmar estos criterios pesimistas que, pese a que se menciona que se ha fraccionado, continúa representando los intereses del ex presidente de la República Alejandro Giammattei Falla. Luego que se anunciaba la elección de uno y otra candidata, los diputados y diputadas de dicha bancada se regocijaban con gritos y aplausos y, al finalizar la jornada, se reunieron para hacer una oración en grupo. Fue el único bloque parlamentario que se mostró triunfante tras la elección y conformación de la nueva CSJ. Por algo será.
Al consumarse la elección, el protocolo continuó con la juramentación de las nuevas magistraturas y los discursos de buena voluntad hacia los y las electas sobre lo que se espera de su desempeño para que se “eliminen las prácticas corruptas en el sistema de justicia”.
El oficialismo, representado en la bancada del Movimiento Semilla, se retiró sin hacer mucha bulla y se les notó reflexivos. Serán las decisiones legales que tome la nueva CSJ las que terminen por aclarar el panorama que dejará sentado para quién fue la celebración de Vamos y aliados.
Bancada de Vamos, orando. Foto: Edwin Bercián / Plaza Pública.
¿Nueva y proba CSJ?
No se cumplieron las expectativas de las demandas de las distintas expresiones y grupos de sociedad civil, entre Autoridades Indígenas y Ancestrales, la academia, organizaciones comunitarias y sociales, etc., de que este “nuevo Congreso de la República”, como se ha autodenominado, hiciera uso de la “oportunidad histórica” para evitar que fueran designados y designadas profesionales vinculados/as a estas estructuras mafiosas y corruptas. Entre otros aspectos importantes a señalar en este momento, vale decir que, aunque no fue electo como magistrado titular Dimas Jiménez y Jiménez, considerado el principal operador de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sí queda como suplente, además que dos de los actuales magistrados y una magistrada titulares de la CSJ fueron reelectos/a.
El ex fiscal titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, matiza bien el carácter de esta elección cuando dice: “9 de los 13 magistrados electos ya estaban ‘negociados’ en los listados conocidos en el caso Comisiones Paralelas 2020. La pregunta es si algo cambió en 4 años, si cumplirán juramento a la Constitución y la ley, o responderán al grupo que los impulsó”.
Tampoco se cumplió con la expectativa que había de nombrar una CSJ “equilibrada”, en el sentido que, si bien no se podía evitar que fueran designados profesionales vinculados a dichos intereses, fueran electos y electas profesionales que pudieran hacer contrapeso y equilibrar el juego político en su interior.
Ya se había advertido por parte de El Observador de que esta elección de las altas Cortes de Justicia representa un espacio más en la continuidad de la estrategia pro corrupción y pro impunidad total del “Pacto de Impunidad”, para mantener el control del sistema de justicia y profundizar y consolidar un sistema de parlamentarismo oscuro.
La directora para América Central de la estadounidense Washington Office on Latin America (WOLA), Ana María Méndez, especifica claramente la perspectiva de esta CSJ en el actual pulso de poder cuando dice: “Ganaron el pulso las mafias. El control de las cortes será clave para garantizar impunidad y seguir criminalizando a Semilla y a cualquier voz crítica del Pacto de Corruptos. Un trago amargo para @BArevalodeLeon, quien enfrenta 9 procesos judiciales”.
LOS/AS UNGIDOS/AS
Carlos Rodimiro Lucero Paz, 159 votos
Cuenta con Maestría en Administración Tributaria y Tecnologías de Aseguramiento por la Universidad Galileo. Especialización sobre la Organización Internacional de Trabajo (OIT), las Normas Internacionales del Trabajo y Sistemas de Control de la Organización; y diplomado de Justicia Constitucional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia de 2014-2024. En el sector justicia se ha desempeñado como Presidente de la Sala Cuarta de Trabajo y Previsión Social de Suchitepéquez, y Magistrado de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango.
Se le relaciona con Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”. En febrero de 2018 se solicitó el retiro de su antejuicio por el “Caso Comisiones Paralelas”. El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo señalaron de cohecho pasivo por haber recibido pagos indirectos y beneficios mientras actuaba como integrante de la Comisión de Postulación en el proceso de elección de Magistraturas de 2014, pero fue declarado sin lugar por la CSJ; no obstante, la Corte de Constitucional (CC) ordenó a la CSJ en septiembre de 2020 conocerlo de nuevo, por considerar que existían suficientes indicios para ser investigado.
El “Informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia” realizado por la Fundación Myrna Mack con base en el informe circunstanciado presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) cuando el fiscal titular era Juan Francisco Sandoval, registra cuatro denuncias activas en su contra, y que fueron reportadas por el MP ante el Congreso de la República en mayo de 2020.
Flor de María García Villatoro, 158 votos
Graduada como abogada y notaria por la USAC en 1992. Especialización en Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Docente universitaria en la URL, docente en el área judicial y jueza tutora de la Práctica Judicial Tutelada.
Magistrada Presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo de Familia del OJ de 2014 al 2024. Magistrada Vocal II de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché. En el período 2009-2014 fue Magistrada Presidenta de la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Huehuetenango, y Magistrada Vocal I de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango. También se desempeñó como Magistrada en las Salas Regionales Mixtas de la Corte de Apelaciones de Quiché, Retalhuleu, Zacapa y Huehuetenango; y en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia de Quetzaltenango.
Fue Jueza de Instancia de Trabajo y Previsión Social en Huehuetenango; Jueza Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal en Huehuetenango y Guatemala; Jueza Vocal del Tribunal de Sentencia Penal de Huehuetenango y del Tribunal Octavo de Sentencia Penal de Guatemala; Jueza de Primera Instancia Penal de Guatemala y San Marcos; y Jueza de Paz en Retalhuleu.
En marzo de 1999, como Jueza Segunda del Ramo Penal, conoció el caso por la muerte de Monseñor, Juan José Gerardi, tras la renuncia del juez, Henry Monroy, por amenazas. García Villatoro también denunció amenazas e intimidaciones contra ella y el personal del juzgado por dicho caso.
En el 2014, José Andrés Dubón presentó una tacha contra ella en el proceso de elección de Magistraturas para la CC por parte del Congreso de la República, señalando que no era idónea debido a que, siendo Magistrada Suplente fue sancionada sin goce de sueldo por la Junta de Disciplina Judicial; sanción que fue ratificada por la CC.
En 2019, la Sala rechazó la solicitud de antejuicio solicitada por el MP y la CICIG contra los alcaldes, Pedro Raymundo Cobo de Santa María Nebaj, y Ángel Ren Guarcas de Chiché para investigar el supuesto financiamiento electoral ilícito a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Las magistradas integrantes de la Sala resolvieron que el antejuicio era político.
Es prima del “Rey del Tenis”, Roberto López Villatoro, y del prófugo y exdiputado de la UNE, Julio César López Villatoro.
Fue beneficiada con un criterio de oportunidad en Amatitlán en un caso por amenazas; y un caso fue archivado donde se le sindicaba de incumplimiento del deber, de presentar declaración jurada patrimonial.
René Guillermo Girón Palacios, 158 votos
Graduado como abogado y notario por la USAC en 1988; Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad por la USAC en 2012; y Doctorado en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, en 2014.
Magistrado Vocal II de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 2019 al 2024. Asesor Jurídico Segundo Registro de la Propiedad, Quetzaltenango, en 2004. Juez de Primera Instancia en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala de 1995 a 1996. Juez de Primera Instancia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Departamento de Retalhuleu de 1994 a 1995. Juez de Paz en la cabecera departamental de Quetzaltenango de 1992 a 1994. Juez de Paz en el Juzgado Segundo de Paz del municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemala, 1991 a 1992. Oficial II en el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica, 1981 al 1988. Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Jalapa, en 1995. Juez de Paz en el Juzgado de Paz del del municipio de San Marcos del departamento de San Marcos, en 1992. Juez Primero en el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala en 1995. Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia del Municipios de Mixco del departamento de Guatemala en 1995.
Magistrado Titular de la CSJ reelecto para el periodo 2024-2029.
Dos denuncias en su contra por doble representación y falta contra las personas fueron remitidas a un juzgado de Paz, según información del MP.
Estuardo Adolfo Cárdenas (Estuardo Adolfo Texaj Cárdenas), 156 votos
Graduado como abogado y notario por la USAC en 2006, y Doctorado en Derecho y Maestría en Derecho Constitucional, ambos por la USAC.
Docente interino en la USAC de 2007-2014.
Magistrado Presidente de la Sala de Apelaciones del Ramo Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas y Delitos Migratorios en Guatemala en 2024. Magistrado Vocal I en la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla de 2023 a 2024. Magistrado vocal II de la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango de 2014-2023.
Desempeñó los cargos de juez en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla, y en el Juzgado de Paz de Patzicía, Chimaltenango.
En julio de 2018, la sala que integra le retiró la inmunidad a Gerónimo Martínez Gómez, Alcalde de Huehuetenango, señalado de corrupción en las comunas de Huehuetenango y Totonicapán.
En agosto de 2015, la sala que integra le retiró la inmunidad a Donato Santizo, en ese entonces Alcalde de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, por la retención de la delegada de la COPREDEH, Blanca López Samayoa, en el despacho del jefe edil, con el fin de negociar la liberación de dos capturados de la localidad.
En junio del 2020, figuró en un listado de candidatos a Magistrados de CSJ que circuló en redes sociales y que presuntamente contaban con los votos, o al menos se cabildeaba a su favor, para lograr la elección como magistrado. Estos votos provenían del entonces partido oficial Vamos y las bancadas aliadas de Todos, FCN, Valor y un fragmento de la UNE liderado por el diputado Estuardo Vargas.
Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, 156 votos
Graduado como abogado y notario en la UMG en 1989. Catedrático en esa universidad y docente en Escuela de Estudios Judiciales.
Presidente de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entre 2019-2024.
Fue Magistrado Presidente de la Sala tercera del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente entre 2009-2014; representante titular de los Magistrados de la CA y otros Tribunales de Igual categoría ante el Consejo de la Carrera Judicial en 2013-2014; Juez de Primera Instancia con especialización en el ramo penal, civil y laboral. En el MP laboró como Agente fiscal y encargado de la fiscalía de casos especiales.
En el ámbito de la administración pública ocupó el Cargo de viceministro de Gobernación durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y el FRG; Presidente de la Comisión Nacional de Refugiados; miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), y miembro de la Oficina de Protección a Testigos del MP.
Participó en diversos proyectos de cooperación internacional enfocados en el sector justicia para UNOPS-MINUGUA, USAID y la Unión Europea. Ejerció la profesión de abogado y notario, así como abogado litigante en el área de derecho penal y procesal penal para el Bufete Diaz-Durán y Asociados Central Law.
Integró la nómina final de candidatos a Fiscal General del proceso de postulación en 2010.
En el 2011 fue recusado por la CICIG y el MP por dudar de su imparcialidad para conocer la apelación contra la sentencia absolutoria a favor de Alfonso Portillo Cabrera emitida por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal. La recusación fue declarada con lugar por la CSJ.
La Fundación Sobrevivientes denunció que Contreras Valenzuela actuó como abogado defensor de la empresa Proyecto de Obra Civil S.A. que pertenece al coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez y sus hermanos. Salán Sánchez fue asesor de seguridad de Portillo Cabrera en el 2000, y fue sindicado de peculado por la sustracción de fondos del Ministerio de Defensa (MINDEF) en 2001.
Fungió como mandatario del Banco de los Trabajadores (BANTRAB) y fue denunciado por el abogado Álvaro Erik Montes Echeverría ante la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) por el supuesto pago a Manuel Alfredo Marroquín Pineda, Magistrado de la Sala Regional Mixta de la CA.
En el 2016, el abogado Erik Montes solicitó levantarle el antejuicio en tanto el candidato ocupaba el cargo de Magistrado Presidente de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La CSJ no le dio trámite. En agosto de 2018, dicha sala amparó al entonces partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN)- Nación contra la cancelación del partido.
Fue denunciado por el ex Presidente de la República, Jorge Serrano Elías, por supuesta manipulación para el cambio de un magistrado.
En mayo del 2020, la Sala que integraba Contreras Valenzuela amparó al entonces Alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, quien era Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) en ese momento, quien se opuso a las notificaciones electrónicas por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Se estimaba que la CGC presentaría denuncias penales contra 117 alcaldes y exalcaldes por el mal manejo de unos Q. 850 millones.
Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, 154 votos
Graduada como abogada y notaria en la UMG en 2001. Doctorado en Derecho por la USAC y Doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Da Vinci. Maestría en Derecho Constitucional.
Magistrada Vocal VI de la CSJ de 2023 al 2024; Magistrada Vocal I de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo entre 2014-2019; y ha sido Subinspectora y Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Inspección General de Cooperativas.
Según una investigación realizada por el medio digital Plaza Pública en 2020, es…
“…Una magistrada que aspira a la CSJ trabajó para Alejos”.
Antes de ser electa Magistrada en el cuestionado proceso de postulación en el 2014, constituyó una constructora e hizo nombramientos en otra, ambas vinculadas a Gustavo Alejos Cámbara, que han obtenido varios contratos millonarios con el Estado. Se le señala de fuertes nexos con el empresario Gustavo Alejos Cámbara debido a que fue la notaria que constituyó la empresa constructora 4 Carriles, S.A., y que la revista Con Criterio vinculó a Alejos (Con Criterio, No. 3, febrero 2020).
Magistrada Titular reelecta en la CSJ para el siguiente periodo 2024-2029.
Flor de María Gálvez Barrios de Porres, 154 votos
Graduada como abogada y notaria en la USAC en 1991; Maestría en Derecho Procesal por la Universidad Panamericana (UPANA), y Posgrado en Casación Civil por la Universidad de San Pablo.
Docente en la URL.
Presidenta de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo de Familia en 2019-2024. Fungió como Magistrada Vocal I de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo de Familia; Vocal II de la Sala Primera de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social; Vocal I de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Retalhuleu entre 2004-2014. Fue asesora legal del departamento de Asesoría Técnica del MP en 2001-2004, y abogada litigante 1991-2001.
Fue miembro del Consejo Consultivo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) entre 2010-2011, Vicepresidenta del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del OJ en 2008-2009, y Secretaria de la misma organización entre 2010-2011. Hermana del ex Rector de la USAC, Estuardo Gálvez. En una entrevista al diario La Hora en 2020, Gálvez atribuyó la no nominación de su hermana a su implicación en el “Caso Comisiones Paralelas 2020”.
Figuró en ese entonces en la lista de aspirantes no idóneos que, a criterio del MP, no podían ser electos por el Congreso de la República, luego que se publicara sobre las reuniones entre el exrector y Alejos Cámbara.
En el “Informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia” que se ha citado antes, registró una denuncia activa en su contra.
Igmaín Galicia Pimentel, 140 votos
Graduado como abogado y notario en la USAC en 1998, y Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la USAC.
Catedrático en la UMG entre 2016-2019.
Presidente Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla en 2019-2024. Director del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE). Asesor Jurídico de la Municipalidad de San Vicente Pacaya en 2012-2014, y Municipalidad de Nueva Concepción entre 2004-2008, ambas de Escuintla. También fungió como asesor jurídico en el Congreso de la República. Fue oficial I de juzgado de Paz, comisario, secretario de Juzgados de Primera Instancia de varios departamentos entre 1974-1999.
Dentro de sus actuaciones como asesor jurídico del Congreso de la República fue uno de los abogados que emitió dictamen favorable al entonces Presidente del Legislativo, Gudy Rivera, quien finalizó la interpelación a Pavel Centeno, Ministro de Finanzas, porque este último presentó su renuncia al cargo.
Fue candidato a diputado distrital de Escuintla por el desparecido partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en el proceso electoral del 2007, y luego asesor de la bancada del mismo. Se le señala de haber sido el hombre de confianza de los legisladores Leonel Soto Arango y Baudilio Hichos, quienes tuvieron un papel importante como enlace y operadores en procesos de Comisiones de Postulación anteriores.
En 2014 buscó ser elegido comisionado representante del CANG en las Comisiones de Postulación de Magistraturas de CSJ y CA para el periodo 2014-2019. En ese entonces participó en la Planilla 3 Alianza de Profesionales por la Justicia que era apoyada por los “Abogados de Mixco” encabezada por Juan Carlos Godínez.
En mayo del 2019 nuevamente buscó ser elegido comisionado representante del CANG en las Comisiones de Postulación de Magistraturas de Cortes 2019-2024, participando en esta última en la planilla 6, vinculada al Magistrado de la CSJ y hoy Presidente de la CC, Néster Vásquez Pimentel.
Se inhibió de conocer el antejuicio planteado por José Roberto Hernández Guzmán en contra de cuatro Magistrados de la CC en junio 2020.
De acuerdo con información del MP reportada al Congreso de la República en mayo del 2020, tenía dos expedientes en investigación: uno en la Fiscalía de Sección contra la Corrupción por el delito de cohecho pasivo, y otro en la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos por el delito de prevaricato.
Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, 139 votos
Graduado como abogado y notario por la USAC en 1993, y Maestría en Docencia universitaria por la USAC.
Docente de posgrado en la USAC y de pregrado en la Universidad Rural.
Magistrado Presidente de la Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Mercantil y Familia, departamento de Quetzaltenango, de 2019 a 2024. Magistrado Vocal I de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo civil, mercantil y familia de Quetzaltenango entre 2014-2019.
En mayo de 2020, el MP reportó al Congreso de la República que registra un antejuicio desestimado por el delito de incumplimiento de deberes.
La CSJ dio trámite al antejuicio 444-2017 presentado en su contra por Magdalena Batz Tax y Melvin Oswaldo Medina Ruiz, aunque se desconoce el término de éste.
Luis Mauricio Corado Campos, 123 votos
Graduado como abogado y notario por la Universidad Rural en 2008; Doctorado en Ciencias Penales por la USAC, y Maestría en Criminología por la USAC y la Universidad de la Habana, Cuba.
Docente de la USAC y Universidad Galileo.
Magistrado Presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio del OJ de 2023 a 2024. Magistrado Vocal II de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con especialidad tributaria, 2014-2023.
Laboró en el Congreso de la República, en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y el Fondo de Tierras (FONTIERRAS). En el sector privado, fue mandatario judicial de Génesis Empresarial.
En junio de 2020, la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) objetó ante el Congreso de la República su nominación como candidato a magistrado por incumplir y violar la Ley de Comisiones de Postulación, al participar y negociar la planilla única para elegir a los 12 integrantes de la Comisión de Postulación de candidatos/as a Magistrados de la CSJ. Elección anulada por la CC.
En el “Informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia” que ya se ha citado antes, registra una denuncia activa en su contra.
En junio de 2018, como Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, firmó y remitió al Legislativo una denuncia contra el entonces PDH, Jordán Rodas Andrade, en donde se le señaló de perturbar, injerir y vulnerar la garantía de independencia judicial de los magistrados.
Clemen Vanessa Juárez Midence, 114 votos
Graduada como abogada y notaria por la USAC en 2003, Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad, y posgrado de especialización en Criminalística y Ciencias Forenses por la USAC.
Magistrada Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del OJ de 2023 a 2024. Magistrada Vocal I Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del OJ de 2022 al 2023. Presidenta de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché del 2015 a 2019.
Ha sido Letrada de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ y asesora en la Asesoría Jurídica del OJ.
En junio de 2019, tras cuatro meses de análisis, la sala que preside rechazó sin entrar a conocer, las solicitudes de antejuicio por el “Caso financiamiento electoral ilícito de la UNE” presentados por el MP y la CICIG contra Ángel Ren Guarcas y Pedro Raymundo Cobo, Alcaldes de Chiché y Nebaj, Quiché. Según la investigación preliminar, ambos recibieron Q. 50 mil de una sociedad anónima y no fueron reportados por el partido político.
En noviembre de 2015, la misma sala declaró sin lugar el antejuicio contra el Alcalde de Chichicastenango, Sebastián Xon Cortez, señalado de al menos nueve delitos como fraude, malversación, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, entre otros.
Gustavo Adolfo Morales Duarte, 110 votos
Graduado como abogado y notario en la USAC en 1995, cuenta con Maestría en Gestión Jurisdiccional por la Universidad de San Pablo y Universidad Rural.
Presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango entre 2014-2019.
Se ha desempeñado como Magistrado Titular Vocal II de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Alta Verapaz, y Magistrado Titular Vocal de la Junta de Disciplina Judicial del OJ. Además, ha sido asesor legal de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) de la Presidencia de la República, y empleado del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).
En el “Informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia” ya mencionado antes, registraba una denuncia activa en su contra. Mientras que, en mayo de 2020, el MP reportó al Congreso que también registraba una denuncia desestimada donde figuraba como sindicado del delito de violación.
Magistrado Titular reelecto en la CSJ para el siguiente periodo 2024-2029.
Jenny Noemy Alvarado Teni, 104 votos
Graduada como abogada y notaria por la URL en 2002, y Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la UMG.
Magistrada vocal II en la Sala Sexta de la Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta Verapaz entre 2014-2024.
Fungió como abogada defensora pública en Cobán, Alta Verapaz entre 2005-2014. Ejerció la profesión de abogada en oficina particular. Laboró como Directora Técnica en la Dirección Regional II, Cobán, Alta Verapaz, con funciones de director regional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) en 2004. Fue Directora del Bufete Popular campus San Pedro Claver de la Verapaz de la URL, y Jefa I del Bufete Popular La Verapaz entre 2003-2015.
En 2019 fue una de las negociadoras para integrar la única planilla que participó en la Asamblea de Magistrados para elegir a los 12 integrantes de la Comisión de Postulación de candidatos a Magistratura de CSJ, hecho por el que la CC otorgó un amparo y ordenó repetir la integración de la postuladora.
Ha tenido procesos penales recientes por DENEGACIÓN DE JUSTICIA, TRAFICO DE INFLUENCIAS, PREVARICATO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA LEY, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, y ha sido denunciada internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.
