Odebrecht: lecciones para reconstruir la justicia
Nota de coyuntura No. 105 / por Juan Francisco Sandoval Alfaro
El Ministerio Público (MP) anunció recientemente una supuesta “nueva fase” en el “Caso Odebrecht”. Sin embargo, lejos de dirigirse contra los verdaderos responsables locales de lo que se considera la mayor de red de corrupción transnacional de América Latina, la atención ha sido desviada hacia excolaboradores técnicos, subordinados sin poder de decisión, mientras se retoma el discurso de hostilidad institucional contra quienes lideraron la lucha contra la corrupción.
Fuente: CICIG y Ministerio Público, 24 de enero de 2018. Recuperado en: https://www.cicig.org/history/uploads/img/2018/others/COM_008_20180124_Present_PDF.pdf
¿Nueva fase?
Según la narrativa oficial, esta nueva etapa del “Caso Odebrecht” implica acciones “contundentes” del Estado contra la impunidad, pero los hechos revelan otra cosa: una peligrosa distorsión del mandato constitucional del Ministerio Público (MP), convertido hoy en un instrumento de represalia al servicio de sectores que se sintieron amenazados por la verdad. En lugar de procurar justicia, se administra venganza. No se persigue la corrupción, se persigue a quienes la combatieron.
Los recientes operativos lanzados por el MP no van tras los arquitectos de los sobornos ni contra quienes se enriquecieron ilícitamente. Se dirigen, más bien, contra trabajadores que operaban empresas vinculadas a figuras como Carlos Arturo Batres Gil, operador político clave del esquema de Alejandro Sinibaldi Aparicio. Ni Batres Gil, ni Sinibaldi Aparicio, ni Manuel Baldizón Méndez —señalados con evidencia documentada de haber participado en millonarios sobornos— enfrentan hoy procesos serios o condenas ejemplares. Por el contrario, han sido reincorporados a la vida política o jurídica con una naturalidad que insulta a las víctimas y a la ciudadanía.
En este contexto, el MP ha optado por una estrategia de silenciamiento: etiquetar como criminales a quienes formaron parte del esfuerzo anticorrupción, revivir casos con fines intimidatorios y presentar montajes jurídicos disfrazados de legalidad. Las acusaciones carecen de sustancia legal, pero rebosan de mensaje político: nadie que desafíe al sistema saldrá ileso.
Hacia dónde apuntaba el “Caso Odebrecht” en 2018
El 24 de enero de 2018, en conferencia de prensa se presentó una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP. Ahí se estableció, de acuerdo con la información proporcionada en el comunicado de prensa distribuido, que el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, y que también beneficiaron al excandidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Antonio Baldizón Méndez, y al empresario Carlos Arturo Batres Gil.
En la conferencia de prensa, el entonces Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, y la también entonces Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, proporcionaron detalles de la investigación y de las personas que fueron capturadas días antes, el 20 de enero de 2018, luego de varios allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala y Quiché. También dieron a conocer sobre acuerdos de colaboración y reparación por parte de la Constructora Odebrecht al Estado de Guatemala.
En el “Caso Construcción y Corrupción” presentado el 14 de julio de 2017, se dio a conocer que la estructura criminal liderada por Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas. Estos cobros, según se documentó en la investigación, consistían en porcentajes que iban desde el 5 al 15%, siendo una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) la constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, contenidos en el contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP.
El “Caso Construcción y Corrupción” reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht. Tal como demuestran las investigaciones en la región latinoamericana, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.
Para ello, de acuerdo con el comunicado de prensa del MP y la CICIG, Odebrecht, desde su departamento de operaciones estructuradas, abrió una serie de cuentas bancarias en distintos países a título de empresas offshore, en apariencia no vinculadas con ella, con el fin de ocultar el origen ilícito de los montos cuando esos importes llegaran a los destinatarios finales.
Fuente: Fuente: CICIG y Ministerio Público, 24 de enero de 2018. Recuperado en: https://www.cicig.org/history/uploads/img/2018/others/COM_008_20180124_Present_PDF.pdf
El trasfondo de la “nueva fase”
Más allá del caso puntual, lo que está en juego es la arquitectura misma del sistema de justicia en Guatemala. La cooptación institucional no solo anula la posibilidad de verdad y reparación: desmantela los pilares del Estado de derecho. Si el derecho penal es utilizado para proteger al corrupto y castigar al honesto, lo que existe no es justicia, sino una maquinaria de impunidad y miedo.
Entre 2015 y 2021, las investigaciones de la CICIG y la FECI revelaron con rigor técnico y jurídico el funcionamiento de complejas redes criminales dentro del Estado. El “Caso Odebrecht” fue emblemático: gracias a la cooperación internacional, se lograron recuperaciones millonarias, acuerdos de colaboración eficaz y órdenes de captura contra altos funcionarios corruptos. Hoy, ese trabajo se pretende desnaturalizar y sustituir por acciones simbólicas, carentes de efecto real.
La Fiscalía General actual, bajo la gestión de Consuelo Porras Argueta, no busca desarticular redes; busca desacreditar a quienes las expusieron. Este patrón —que se ha replicado en múltiples procesos recientes— responde a una lógica de impunidad pactada. El objetivo no es investigar, sino proteger. No es hacer justicia, sino borrar el pasado.
Hablar de reconstrucción de la justicia no es solo un acto de esperanza, sino una exigencia democrática. El colapso institucional no ha sido accidental: ha sido inducido. Pero también puede ser revertido si existe voluntad ciudadana y compromiso político. La experiencia comparada demuestra que la resiliencia democrática depende, en gran medida, de la presión social organizada y del respaldo internacional coherente.
En ese contexto, debe haber al menos cuatro líneas de acción urgentes:
- Restituir la independencia judicial y fiscal. Los procesos de elección y remoción de operadores de justicia deben estar blindados frente a intereses espurios. La reforma a la Ley de Comisiones de Postulación es un paso ineludible.
- Recuperar la cooperación internacional. La experiencia de la CICIG probó que la asistencia externa puede generar transformaciones reales cuando hay voluntad local para aplicarlas. Es momento de replantear un nuevo modelo de cooperación internacional contra la corrupción, adaptado a las nuevas realidades.
- Reinstituir el control ciudadano sobre el sistema de justicia. La justicia debe ser abierta, auditable y sujeta a escrutinio público. La transparencia debe ser norma, no excepción. Y los ciudadanos deben recuperar la confianza para denunciar sin miedo.
- Dignificar y proteger a quienes han defendido el Estado de derecho. Operadores de justicia, líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, no deben ser blanco de persecución, sino sujetos de reconocimiento. El Estado tiene una deuda pendiente con ellos.
El “Caso Odebrecht” no es un episodio cerrado ni una anomalía aislada. Es una ventana hacia lo que pudo ser una Guatemala con instituciones fuertes, y también un espejo de lo que ocurre cuando el poder captura la justicia para protegerse. Es, en última instancia, una advertencia.
Guatemala merece una justicia que no se arrastre, que no encubra, que no se preste al castigo político. Merece una justicia con memoria, con dignidad y con horizonte. Y eso solo será posible si quienes hoy son espectadores deciden convertirse en protagonistas de la reconstrucción institucional.
