“Pacto de Corruptos” acelera estrategia golpista (Primera parte)
Nota de Coyuntura No. 109 / por Equipo de El Observador
Los partidos políticos que han venido operando la estrategia del “Pacto de Corruptos” desde 2016, fracasaron, recientemente, en un nuevo intento de retomar el control de la Junta Directiva del Congreso de la República. Buscaban catapultar un superior desgaste y condicionamiento al gobierno del Movimiento Semilla que lo llevara a una situación de mayor debilidad institucional para, con ello, obligarlo a pactar o montarle al mandatario Bernardo Arévalo un juicio político a fin de sacarlo del poder. Este tipo de maniobras constituyen una continuidad de la estrategia golpista iniciada en 2023, y acompasan las acciones de guerra jurídica y criminalización que se hilvanan y profundizan desde el Ministerio Público (MP) con el mismo objetivo, y que alcanzan ahora a Autoridades Indígenas.
Imagen de portada: El Observador.
La estrategia golpista para tomar el control de la JD del Legislativo
Todo comenzó el 28 de abril pasado cuando, en la Instancia de Jefes de Bloque y luego de tres semanas de no reunirse como una forma de bloquear la discusión sobre el aumento salarial que se autorrecetaron los y las legisladoras, los partidos políticos adscritos al “Pacto de Impunidad” intentaron imponer un orden del día para la plenaria del 29 de abril, distinto al que propuso en esa oportunidad el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y Ramos, centrada en el debate y conocimiento de 14 Iniciativas de Ley, a saber:
1. Para segundo y tercer debate: reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica; y de Incentivos Forestales y Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP); y,
2. En primer debate: Prevención de Violencia en el Sistema Educativo Público, de Fomento al Empleo de Personas Mayores de 50 años, Reformas al Código de Trabajo, Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Raras, de Difícil Diagnóstico o Base Genética, y el Retiro del Cableado Aéreo en Desuso o Mal Estado en Zonas Urbanas.
Fue el diputado del Partido Unionista (PU) Álvaro Arzú Escobar, con el apoyo de la mayoría de los Jefes de bancadas presentes, el que propuso una agenda distinta reducida a ocho puntos, entre los más importantes:
1. Conocimiento de la resolución del expediente de Amparo en única instancia No. 535-2025 emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de la bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) en marzo pasado, que ordenó a la Junta Directivanotificar la expulsión de la diputada y Primera Secretaria, Karina Paz, del mismo partido, y pasar a elegir a su sustituto/a que debía ser designado por la bancada de dicho partido.
2. Elección del diputado para integrar la Comisión de Derechos Humanos en sustitución del diputado Inés Castillo de la UNE.
3. Conocimiento de la Iniciativa de Ley 6509 que dispone aprobar reforma a la Ley de Alimentación Escolar, Decreto 16-2017 del Congreso de la República, aumentando de Q. 6.00 a Q. 10.00 dicho aporte.
4. Conocimiento de la Iniciativa de Ley 6516 que dispone Accesibilidad a los Medicamentos, Decreto 69-98 del Congreso de la República y otras normas complementarias.
5. Discusión en segundo debate del dictamen y proyecto de Decreto 5692 que dispone aprobar reforma al Decreto 17-73, Código Penal, del Congreso de la República, en donde se propone tipificar como delito de terrorismo las acciones de grupos que alteren “el orden público y la paz social”.
Luego de un cruce de palabras entre Nery Ramos y Ramos y Arzú Escobar, pues el primero dijo que le correspondía presentar la agenda por derecho constitucional, y el segundo expresó que era necesario discutir otros puntos prioritarios en la agenda legislativa, pero que no se pretendía suplantar las funciones del presidente, otros diputados, entre ellos Allan Rodríguez e Inés Castillo, respaldaron a Arzú Escobar porque “se necesitaba alcanzar un orden del día basado en consensos reales y no en agendas impuestas”. En ese contexto, la diputada del Movimiento Político Winaq, Sonia Gutiérrez Raguay, advirtió de una nueva Junta Directiva que se estaba instaurando de facto, y cómo algunos bloques estaban usurpando funciones que correspondían únicamente a la Junta Directiva.
“…lo sucedido no es simplemente un ejercicio democrático, sino un riesgo de fragmentación institucional. (…) Si cada grupo se arroga las funciones de la directiva, el Congreso entrará en una crisis aún más profunda”.
Al final, si bien Ramos y Ramos informó que se había alcanzado una agenda “privando la democracia”, se impuso la de los diputados de la llamada “oposición política”. En el fondo lo que se evidenciaba era la pérdida del margen de maniobra que el actual presidente del Congreso ha ostentado, basado en la alianza con la bancada del partido oficial y otros como VOS, Cabal y el Movimiento Político Winaq. Ha llamado la atención que la discusión del aumento salarial no ha sido incluida, a la fecha, en la agenda legislativa, pese a que han existido presiones, concentraciones y declaraciones de colectivos sociales y comunitarios, así como de Autoridades Indígenas y Ancestrales para que se dé marcha atrás al mismo.
Pero, el fondo de los intereses de la llamada “oposición política” quedó finalmente evidenciado el 29 de abril pocos minutos después de iniciada la 19ª. sesión plenaria, cuando Elmer Palencia, diputado de Valor, presentó una moción privilegiada con una nueva agenda apoyada por varios de los diputados y diputadas pujantes de estas maniobras[1]:
1. Conocer el amparo de la CC a favor del partido VOS que suspende su declaración de independientes.
2. Elección del Primer Secretario/a de la Junta Directiva en sustitución de Karina Paz, ex diputada de VOS.
3. Remoción del diputado Manuel de Jesús Archila Cordón del partido Cabal, como representante suplente del Congreso de la República ante la Junta Monetaria, a quien se considera muy cercano a Luis Aguirre, Jefe de bancada de dicho partido.
4. Discutir y aprobar el proyecto de acuerdo para reformar el Acuerdo 3-2025 del Congreso de la República referido a la distribución de Comisiones Legislativas.
5. Elección de los tres diputados vocales para integrar la Comisión Permanente para el receso del Pleno Legislativo correspondiente del 16 de mayo al 31 de julio del presente año.
Los puntos de esta agenda propuesta a última hora evidenciaron el interés de los partidos mencionados por modificar la correlación de fuerzas en el Legislativo. Por ejemplo, retomando el control de algunas Comisiones Legislativas, como la de Finanzas y Moneda presidida actualmente por el diputado Julio Héctor Estrada, del partido Cabal, así como incorporar diputados de estos bloques en la JD para modificar la correlación de fuerzas en su interior, tal como ocurre con el reciente amparo que la CC otorgó a favor de la bancada de Vamos que le permite tener cuatro representantes en dicha comisión legislativa y no tres como le corresponde según la Ley Orgánica, y desfavoreciendo al resto de partidos que la integran.
Así mismo, proponer la candidatura del diputado Héctor Adolfo Aldana Reyes, de Vamos, como Primer Secretario de la JD en sustitución de Karina Paz. Aldana Reyes es recordado porque fue quien, como fiscal nacional de Vamos exigió, algunos días después que se celebrara la primera vuelta electoral el 25 de junio de 2023, que se abrieran las urnas para hacer un reconteo de votos. Debe recordarse también que fue viceministro de Transportes en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – enero 2024), y fue subsecretario general de la Presidencia de la República cuando la hoy presidenta de la CC, Leyla Susana Lemus Arriaga, fungía como secretaria general de la Presidencia en dicho gobierno.
Accidentadas plenarias hacen fracasar el intento golpista
La 19ª. sesión plenaria del 29 de abril fue accidentada y tensa, pues los diputados y diputadas oficialistas y sus aliados propusieron que se conociera la derogatoria del decreto que autorizó el aumento salarial a los y las congresistas, así como que se conociera la Iniciativa 6480 que reforma el Artículo 14 de la Ley Orgánica del MP para procurar la destitución de Consuelo Porras como fiscal general, pero no obtuvieron los votos necesarios. Ante este clima y la pérdida del control de la plenaria, el Presidente del Congreso decidió cancelar la sesión argumentando que no habían condiciones para continuar y que la Constitución le otorga la facultad de hacerlo, en medio del rechazo de diputados como Allan Rodríguez, Elmer Palencia y otros, quienes criticaron que no se respetó el ordenamiento interno del Legislativo y la “soberanía del pleno”. Al finalizar abruptamente la sesión, las diputadas Elena Motta, del Movimiento Semilla, y Greicy de León, de Vamos, riñeron entre ellas.
Posteriormente, los diputados Álvaro Arzú, Elmer Palencia, Felipe Alejos, Nadia de León, Carlos López, Rodrigo Pellecer y Allan Rodríguez, interpusieron el 30 de abril ante la CC un amparo para obligar a reanudar la plenaria suspendida, el cual les fue otorgado provisionalmente el 5 de mayo y, derivado de ello, la Junta Directiva convocó para el 6 de mayo a la reanudación de la 19ª. Asamblea Plenaria, pero ésta tampoco pudo concretarse pues, al cabo de dos horas, el cuórum no se completó ya que, si bien habían unos 100 congresistas en el hemiciclo, los de Vamos, UNE, Valor y Elefante, se desmarcaron, por lo que Ramos y Ramos suspendió nuevamente la sesión en medio de denuncias de boicot y de supuestas fallas en el tablero electrónico.
Nuevamente, los diputados y diputadas ponentes del primer amparo presentaron el 7 de mayo ante la CC una debida ejecutoria en contra del presidente del Congreso en la que solicitaron se certificara lo conducente por los “delitos de abuso de autoridad y alteración de programas”, logrando nuevamente que la alta Corte resolviera el 9 de mayo a su favor. Derivado de ello, la JD convocó para el 13 de mayo y, al igual que sucedió el 6 de mayo, luego de dos horas y media tampoco se concretó ese día el cuórum necesario, por lo que el presidente declaró que, “habiendo cumplido estrictamente lo establecido y resuelto por la CC, se cierra la sesión”, lo que evidenció que ninguno de los bloques en disputa tenía los votos necesarios para provocar una reconfiguración de las fuerzas políticas en la JD y en el Congreso.
Según Inés Castillo, lo que procedía era buscar un acuerdo político para resolver los problemas y limar las asperezas, y que “el presidente le bajara un par de rayitas a su comportamiento para que el Legislativo empezara a caminar”. Tanto VOS como Vamos desistieron de proponer candidaturas para la Primera Secretaría en aras de mantener los consensos.
Como una conclusión hay que decir que no es casual que estas acciones de la llamada “alianza opositora” para retomar el control de la JD y modificar la correlación de fuerzas a lo interno del Legislativo, hayan tenido lugar en el contexto de las movilizaciones de los 48 Cantones para exigir que se diera marcha atrás en el aumento salarial a los diputados; su rechazo a la captura de sus exdirectivos Luis Pacheco y Héctor Chaclán el pasado 23 de abril del presente año; tras los bloqueos convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) que se desarrollaron el 28 de abril; así como cuando se perfilaba una amplia alianza de fuerzas sociales y Autoridades Indígenas para denunciar y salirle al paso a las acciones de criminalización por parte del MP y los intentos golpistas contra el gobierno de Arévalo de León.
Ciertamente, lo que se especuló en esa coyuntura fue que el interés de los partidos del pacto era acelerar la toma de control de la JD antes que concluyera el primer periodo de sesiones ordinarias del presente año pues, durante el periodo de sesiones extraordinarias que comenzó el 16 de mayo, existía la posibilidad que la Comisión Permanente se convirtiera en una Comisión Pesquisidora y, desde ahí, darle trámite y filtrar antejuicios que existen contra el gobernante que terminaran en un juicio político.
El acuerdo político que no llegó
El 16 de mayo, arrancó el periodo extraordinario de sesiones y ese día fue conformada la Comisión Permanente que dirigirá las actividades legislativas hasta el 31 de julio, y la cual quedó conformada por Ramos y Ramos como presidente; Jorge Castro, Jorge Ayala y Kevyn Escobar como vocales, y Juan Carlos Rivera, Sabino Velásquez y José Pablo Mendoza como secretarios, con lo que se mantiene la correlación de fuerzas en su interior pues ninguno de los diputados de la oposición política fue incluido.
A la fecha, la Comisión Permanente convocó a dos sesiones extraordinarias para el 22 de mayo, que no se realizaron por falta de cuórum. En cuanto a la elección del Primer Secretario de la JD para completar el período legislativo 2025-2026 en sustitución de Karina Paz, Ramos y Ramos dijo que será electo y asumirá el 1 de agosto cuando inicien nuevamente las sesiones ordinarias.
Hasta ahora, la estrategia de la “alianza opositora” para modificar la correlación de fuerzas a lo interno del Congreso de la República, ha fracasado, y está pendiente si se alcanzará el acuerdo político que diputados opositores han balbuceado para lograr una “agenda legislativa de consenso”.
Ciertamente, estas acciones de la “alianza opositora” no solo van en función de las elecciones estratégicas que tendrán lugar el próximo año, para decidir quién dirigirá la Fiscalía General, en la Corte de Constitucionalidad (CC) y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) -siendo que el Legislativo tiene participación directa en las dos últimas mencionadas-, sino también de los puntos estratégicos de la agenda legislativa que están pendientes de discutirse para los siguientes meses, los cuales tienen relación con el panorama y el equilibrio político del gobierno actual, así como con el reacomodo de las fuerzas políticas de cara al próximo evento electoral que tendrá lugar en 2027.
Entre los puntos de la agenda que están pendientes y que dependerán de cómo se reconfiguren las fuerzas políticas en el Congreso de la República, están:
1. Discusión de la derogación del aumento salarial de los diputados y diputadas, en donde tanto los integrantes de la actual JD como los diputados de la bancada oficial no han aclarado cuál es su posición final al respecto.
2. Reforma a la Ley de Hidrocarburos, Decreto 109-83, mediante la discusión en tercer debate de la Iniciativa de Ley 6021 que, entre otros puntos importantes, permitiría otorgar mayor discrecionalidad al Presidente de la República para aprobar prórrogas en los contratos de explotación petrolera y, por consiguiente, la continuidad de las operaciones de la empresa Perenco, más allá de agosto del presente año cuando vence el contrato actual.
3. Nombramiento del sustituto/a de Karina Paz en la primera secretaría de la JD.
4. Reforma del Artículo 14 de la Ley Orgánica del MP que permitiría la destitución de Consuelo Porras como Fiscal General, antes que termine su periodo en mayo de 2026.
5. Discusión del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.
6. Elección de la Junta Directiva para el periodo 2026.
[1] Felipe Alejos de Todos; Allan Rodríguez, Ronald Portillo y Héctor Aldana de Vamos; Rodrigo Pellecer, Alexandra Ajcip, Elmer Palencia de Valor; Carlos López, Álvaro Arzú Escobar del PU; Inés Castillo, Teresita De León, Mario Gálvez, Randy Coc, Carlos López, Edin Mejía; Nadia De León de Nosotros, y otros/as.
