Miedo y silencio frente al despojo de la riqueza petrolera en Alta Verapaz
Nota de coyuntura No. 189 / por Rolanda García
La explotación petrolera en San Benito I y II, Cobán, Alta Verapaz, genera discordia en los territorios afectados, la población está experimentando incertidumbre y falta de información detallada sobre un nuevo inicio de incursión y extracción petrolera en la región. Los denunciantes, entre quienes se encuentran autoridades comunitarias, relataron que existen dudas sobre las negociaciones y convenios firmados entre la autoridad local saliente y la nueva empresa explotadora.
Imagen: Instalaciones petroleras. Fuente: Rolanda García.
Entre la incertidumbre y rechazo
Las actuales autoridades de las comunidades de San Benito I y II, en la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN), que son parte del municipio de Cobán, Alta Verapaz, enfatizaron que no se alinearán a “ofrecimientos miserables”, al referirse que cuentan con un documento donde se establecen supuestos beneficios económicos, valorados en doscientos mil quetzales cada dos años, un monto acordado entre la empresa Industrial de Servicios, Sociedad Anónima (INSERSA) y las autoridades salientes del Consejo de Desarrollo Comunitario (Cocode), señalan.
En agosto de 2025, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio a conocer que el 8 de agosto de 2025 se adjudicó el Contrato de Servicios Petroleros de Emergencia para explotar el bloque 7A del Contrato 1-2005, Atzam, ubicado en las riberas del Río Chixoy entre los municipios de Cobán, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché. La empresa contratista beneficiada fue INSERSA, que operará el contrato por 10 años. De acuerdo con el Registro Mercantil, esta empresa se inscribió el 25 de enero de 2024 cuando comparecieron Charles Edward Coates Villacorta como socio mayoritario, y el abogado José Ramón Soto Gálvez, este último nombrado representante legal, ambos de nacionalidad guatemalteca.
Para algunos comunitarios, es sospechoso y repudiable que los acuerdos fueron firmados en un ámbito particular y sectorial no asambleario. Integrantes de las nuevas autoridades comunitarias también cuestionan que la empresa está incumpliendo su compromiso de otorgar empleos a personas de la región. Aún no se conocen datos del personal contratado, sin embargo, sospechan que la mayoría de los trabajadores provienen de otros municipios, lo que genera descontento entre la población local, destacan.
Las petroleras provocaron violaciones de derechos humanos y ambientales durante años y la empresa Insersa parece estar siguiendo el mismo patrón, alegan. Para los denunciantes cuestionar la explotación del petróleo en sus territorios es un paso crucial de prevención de la continuidad de las violaciones de derechos humanos en San Benito Uno y Dos. La población manifestante busca proteger derechos colectivos y exigen al ejecutivo y a la nueva empresa asumir las responsabilidades, sociales y ambientales que otras han omitido en años. Recuerdan que tras la cancelación de las operaciones de la empresa Latin America Resources Ltd., que operaba el contrato de Atzam, dejó sin pagar los servicios y prestaciones a decenas de trabajadores, al mismo tiempo incumplió los compromisos sociales y ambientales firmados.
Área donde se ubican las instalaciones petroleras de INSERSA, en San Benito, Cobán, Alta Verapaz. Fuente: Google Earth.
Las divisiones comunitarias, una de las consecuencias
El contexto en las comunidades es complejo, la máxima autoridad reconoce que esta situación se produce en un ambiente de profunda división comunitaria, por el decaimiento de los liderazgos y los intereses contrapuestos de las anteriores autoridades locales y de una parte de la población que ha caído en las estrategias del clientelismo. Se ejemplifica a los dueños de las parcelas que de manera particular firman convenios para la apertura de nuevos pozos bajo el desconocimiento de la población que sufre las secuelas de la contaminación del agua y el deterioro de los cultivos.
El contrato de Atzam tiene un plazo de diez años y se enfoca en la exploración y explotación de los pozos petroleros Atzam y Tortugas, cercanos del Río Chixoy,y contiguo al Parque Nacional Laguna Lachuá, entre los municipios de Cobán, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché. El contrato se firmó el 8 de agosto de 2025. INSERSA planea invertir US$3 millones inicialmente y hasta US$10 millones a largo plazo.
Imagen: Instalaciones de INSERSA, en San Benito, Cobán, Alta Verapaz. Fuente: Rolanda García.
Recuerdan los denunciantes comunitarios, que el MEM puso fin al contrato con Latin American Resources (LAR) en 2023 por incumplimientos legales. LAR había operado el campo Atzam desde 2013, sin que el Estado percibiera retribuciones económicas. LAR tuvo un pasado de atropellos a los derechos indígenas en San Benito, contaminando ríos y suelos que fueron ocultados durante los años de operaciones, a partir del miedo y las amenazas, recordó uno de las autoridades comunitarias, que pidió no decir su identidad.
*Una autoridad local busca abrir un espacio de entendimiento y compromisos no impuestos y firmes con la nueva empresa INSERSA. “Queremos que la empresa y el presidente Arévalo nos aclaren en una reunión comunitaria sobre el nuevo trabajo en el área maya Q’eqchi’ y los compromisos que asumirá con la población”, exigió, aunque pidió no publicar su nombre debido a las divisiones y hostigamientos que hay a lo interno de la comunidad. Añadió que, mientras las autoridades locales evalúan los procedimientos a seguir, la empresa está intensificando la explotación petrolera en el territorio.
Sobre la FTN se encuentran operando varias empresas petroleras cuyo legado son la contaminación, los conflictos sociales y despojo permanente del territorio. En ese contexto de daños ambientales, se recuerda que en las cercanías de San Benito, también opera la Empresa Petrolera del Istmo, S.A. (EPI), la cual, el 13 de febrero, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que le suspendió de forma temporal las actividades debido a la contaminación con crudo en el río San Román y en la vegetación ribereña en Chisec, Alta Verapaz, y Sayaxché, Petén, contaminación ocurrida el 29 de enero, dentro del trayecto del oleoducto en el tramo Chinajá-Rubelsanto.
*Este párrafo se modificó el 4 de marzo de 2026, luego de rectificar el nombre de la autoridad local.
