Reseña: Empresarios y Estado de Guatemala incumplen con Principios Rectores de la ONU

Part II. El consorcio integrado por AETI, UDEFEGUA y El Observador, llevan a cabo desde octubre una serie de webinarios sobre “El Estado de Guatemala y su responsabilidad de proteger: Pilar I de los Principios Rectores” con la participación de expertos, en el marco del Proyecto Defendiendo Derechos en Espacios Multiactor sobre Empresas y Derechos Humanos que auspicia la Unión Europea.

El propósito es promover los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como una herramienta para defender derechos humanos, pero enfocado a fortalecer capacidades de las y los defensores en su puesta en marcha de es, así como la incidencia del Estado y las empresas en este ámbito.

Uno de los expositores fue el analista e investigador de El Observador, Luis Solano, quien afirma que Guatemala es un Estado que solo ha servido a los bloques de poder económico y esto provoca que su respuesta sea siempre favorable a los intereses de particulares, por encima de las necesidades reales de las comunidades, grupos o personas que demandan cumplimientos.

En el curso de las décadas ha habido distintas faces de desarrollo del Estado, al igual que la implementación de modelos económicos y siempre con la lógica desde las raíces coloniales, oligarcas y exclusionistas, siempre sirviendo a los intereses de estructuras que gobiernan en el marco del poder establecido, sostuvo Solano quien expuso aristas sobre el tama junto al cientista social, Rafael Herrarte.

Explicó que, en el periodo de gobierno republicano del siglo XIX hasta la fecha, hay momentos claves como el del gobierno empresarial de Álvaro Arzú Irigoyen que impuso un modelo económico vigente a la fecha, y es desde cuando se senaron las bases para lo que se ve hoy día.

Este es el modelo económico extractivista en función de intereses mineros locales y de corporaciones transnacionales, sean petroleros o explotación del suelo y el subsuelo, agregó Solano durante el webinario efectuado el pasado 19 de octubre.

Los últimos años, argumentó, también ha habido inversiones en agronegocios impulsadas durante ese gobierno. Fundamentalmente en la expansión de los cultivos de la palma africana y la acumulación de tierra sobre todo en territorios Indígenas. “Aquí las cámaras empresariales, pero sobre todo la del agro, son instancias poderosas con mucha influencia en el Estado que determinan el diseño y puesta en marcha de políticas en función de sus intereses”, apuntó.

Esas dos cámaras son fundamentales y están conformadas por grupos industriales agroindustriales, terratenientes, no solo conectados por sus negocios, sino por sus relaciones familiares y estamentos corporativos que los hace mucho más poderosos y con mucha mayor influencia dentro del Estado y de los gobiernos tras el periodo presidencial de Arzú (1996-2000).

Es en esas áreas estratégicas de negocios, sean hidroeléctricas y/ o extractivas, la privatización del sector eléctrico y la cantidad de licencias mineras que se han ido otorgando a partir de Arzú; fundamentalmente en los proyectos más conocidos  –la mina Marlín y otros extractivistas de oro y plata como El Escobal, El Tambor en La Puya, Cerro Blanco y el de la Compañía Guatemalteca de Níquel de más historia en El Estor– todos estos son paradigmáticos como simbólicos que denotan un patrón de acciones entre el Estado y las empresas asociados en los negocios para imponer sus proyectos, pero al mismo vienen acompañados por  la criminalización, violencia, violación a los derechos humanos, en claro incumplimiento de los Principios Rectores.

Lo afirmado por el investigador, se comprueba en las capturas basadas en casos montados, es decir que la problemática que enfrentan los liderazgos criminalizados está permeada por la falta de prisión preventiva porque lo que buscan es mantenerlos en la cárcel hasta que se dé una sentencia favorable a la parte empresarial.

Se trata de una serie de ilegalidades, sostuvo Solano, al denunciar que éstas tienen que ver con que los proyectos se instalen sí o sí, sin considerar las decisiones comunitarias a partir de consultas que están dictadas en el Convenio 169 de la OIT, o las consultas municipales en pueblos donde no se consideran como población indígena. “Esto podría ser una respuesta a esas conexiones históricas de los empresarios con el Estado y de cómo operan en este ámbito”.

Cómo influyen estos vínculos en la implementación de los Principios Rectores

Con base en los resultados de la investigación “Los elementos para el análisis crítico del cumplimiento del Gobierno de Guatemala y las empresas de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU”, se puede afirmar que hay un incumplimiento principalmente de empresarios en contubernio con el Estado.

Solano explicó que hay tres Principios Rectores generales que son:  El deber del Estado de proteger los derechos humanos; La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el Acceso a mecanismos de reparación.

Estos tres principios están basados en 31 principios que son fundacionales y operativos, es decir, son las bases y la vez implican que el Estado tiene que hacer al igual que las empresas para aplicarlos y cumplirlos.

Una conclusión es que el Estado y las empresas no están cumpliendo y no están aplicando los Principios Rectores que ya tienen 11 años de haberse constituido. Otra es que las empresas no aplican el principio de “debida diligencia” con respecto a posibles soluciones y efectos adversos que puedan derivarse de sus actividades. Este principio incluye los procesos estipulados en la Declaración de Principios de ONU, sobre el derecho de los Pueblos Indígenas que se refiere al consentimiento previo, libre e informado en el contexto de conocer los impactos que las inversiones van a tener en sus territorios y que no se realizan.

De ahí que la cantidad de movimientos en resistencia y las acciones que toman las comunidades indígenas para defender sus territorios y promover el respeto a sus decisiones comunitarias, sean válidos.

Para el investigador de El Observador, los principios rectores se incumplen por la lógica y naturaleza de las raíces que tiene el Estado y su relación estrecha con los bloques de poder reflejados en las distintas cámaras empresariales, tanto locales como las que se han establecido en países como en Guatemala, con Canadá y con Estados Unidos de donde viene la mayor parte de las inversiones em materia de industria extractiva.

Otra de las conclusiones es que el Estado es el principal violador cuando se habla de respetar los DDHH, “pero paradójicamente y en la práctica es el principal violador por sus prácticas no solo históricas, sino coyunturales para proteger los intereses de los inversionistas y esto no es nada nuevo es histórico y ha ocurrido en décadas”, sostuvo Solano.

Hay algo que debe hacerse notar y es que los principios rectores entran en vigor a partir de 2011. La última década es un periodo de tiempo que debe analizarse porque desde ahí se han profundizado todos esos proyectos fueron montados desde el gobierno de Arzú y es cuando más se observan acciones violatorias a los derechos humanos de parte del Estado y de las empresas.

A ello se agregan las acciones que el mismo Estado juntamente con los empresarios toman en el plano internacional para explicar desde su iniciativa que sí se están cumpliendo los Principios Rectores, aunque eso solo sea un discurso que se queda por ahí porque en la práctica lo que se ve es algo diferente.

Tal es el caso de la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, que es un mecanismo y es una responsabilidad de parte de los empresarios que se queda en el plano de los organismos internacionales, donde acuden a explicar sus posiciones de presunto respeto a esos principios.

Sobre las conclusiones, Solano afirmó que tienen que ver con los patrones de violaciones que se observan y son comunes en este contexto; tienen que ver con las acciones legales contra personas en el sistema de justicia: las órdenes de arresto, capturas, acciones contra iniciativas de las comunidades, litigios contra consultas de buena fe, y las decenas de declaraciones de Estado de Sitio.

Asimismo, el establecimiento de destacamentos militares, por ejemplo, en los lugares donde hay conflictos con industrias extractivas y en particular en los proyectos hidroeléctricos; marcados por asesinatos, estados violentos, acusaciones y prisión a activistas ambientales, y defensores de derechos humanos .

La acción del Estado en favor de la parte empresarial se traduce en el irrespeto a la condición humana que provoca la desmovilización, divisiones entre las comunidades y en las mismas familias propiciadas por los métodos que tienen las empresas para infiltrar y lograr la famosa licencia social de parte de las comunidades.¨FIN