Los costos políticos de una fuga

Nota de coyuntura No. 157 / por Luis Solano

La fuga de 20 líderes de la pandilla Barrio 18, del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, arroja altos costos políticos para el gobierno de Bernardo Arévalo de León, a un año y 10 meses después de haber asumido la conducción del Ejecutivo. El remezón provocado a lo interno de las instancias de seguridad del país, con efectos a nivel de seguridad nacional, condujo a la renuncia de las principales autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) como la medida inmediata para atajar la intensa presión mediática, empresarial y diplomática desatada. El tiempo corre ahora para nombrar nuevas autoridades, recapturar a los prófugos y estabilizar la cartera encargada de la seguridad interna en el corto plazo.

_{Foto: Mensaje a la Nación del Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León. Fuente: Agencia de Noticias de Guatemala (AGN).}

Los costos iniciales

En un mensaje a la Nación el 15 de octubre, el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, dio a conocer que aceptó las renuncias del titular del Ministerio de Gobernación (MINGOB), Francisco Jiménez, junto a dos viceministros: José Ronaldo Portillo Salazar, del Primer Viceministerio de Seguridad; y Claudia del Rosario Palencia Morales, Quinta Viceministra de Antinarcóticos. Son los tres cargos que, por estructura jerárquica, tienen responsabilidad inmediata en el Sistema Penitenciario y, en el caso de Palencia, porque habría asumido ciertas tareas que le correspondían al viceministro Salazar. Los tres viceministros restantes, aunque no fueron mencionados por el presidente, posiblemente también renunciarán a sus cargos por ser parte de la estructura construida por Jiménez en la cartera de seguridad. Las nuevas autoridades serán anunciadas en otro momento, según indicó el mandatario.

Sintomático resultó que a Arévalo de León le acompañaran, además de la Vicepresidenta de la República, Karin Herrera Aguilar, y el Procurador General de la Nación (PGN), Julio Roberto Saavedra Pinetta, los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado; y el de Defensa Nacional, general de División Henry David Sáenz Ramos. Resulta relevante por las implicaciones y alcances que en materia de seguridad nacional y en la diplomacia/geopolítica tiene la fuga de los privados de libertad del Barrio 18. Pero, de igual manera, resalta también que acompañaran el Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), el general de Brigada, Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante, y el encargado de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), Otto Argueta Ramírez, debido no sólo al impacto en materia de seguridad interna del país, sino a las fallas en materia de inteligencia civil expuestas por esa fuga.

Las renuncias son una consecuencia inmediata de la fuga de 20 reos pertenecientes al Barrio 18 (B-18), del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, y el efecto de una intensa presión mediática que exigía la renuncia del Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; presiones que hasta la Embajada de Estados Unidos patentizó al gobierno de Guatemala demandando actuar de manera inmediata y enérgica para recapturar a los “terroristas”, término que ese país da ahora a los integrantes de esa pandilla. Y, en el ínterin, distintos grupos y estructuras de presión ven un nuevo momento oportuno para debilitar al gobierno, mientras el tiempo se convierte en el principal enemigo para la administración de Arévalo de León.

De alto contenido mediático por la cantidad y el nivel de peligrosidad de los 20 fugados líderes del Barrio 18, la fuga trascendió semanas después de ocurrida, lo cual originó una suerte de escándalo político. Considerados de alta peligrosidad y con largas condenas en prisión, los hoy prófugos son un objetivo político para su recaptura, debido a las múltiples presiones que enfrentan las autoridades gubernamentales encargadas del sistema penitenciario y de seguridad del país, que buscan atajar una crisis que puede repercutir en las altas esferas gubernamentales, y dañar aún más la estabilidad interna y la credibilidad del gobierno.

Tras una requisa sorpresiva en la noche del 10 de octubre, las fuerzas de seguridad a cargo del operativo evidenciaron que faltaban 20 privados de libertad. El operativo tenía precisamente ese objetivo: determinar los rumores de esa fuga que habría ocurrido en algún momento, en agosto, y durante varios días.

El 13 de octubre, durante la conferencia de prensa gubernamental La Ronda, el todavía Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y hoy fuera del cargo por renuncia, comunicó la destitución de nueve funcionarios del Sistema Penitenciario, incluyendo a su director general, Ludin Godínez: Director de Fraijanes II, Subdirector de Fraijanes II, Director de Renovación I, Subdirector de Renovación I, Director de Mariscal Zavala, Subdirector de Mariscal Zavala, Director de la cárcel en Puerto Barrios, y el Subdirector de la cárcel en Puerto Barrios. Fueron los primeros costos para atajar una crisis de grandes dimensiones políticas.

Junto a esas destituciones también trascendió la recaptura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, líder de la clica “Latin Family” perteneciente al Barrio 18, preso desde 2004 y purgando una condena de 180 años de prisión. Tras esa captura, ahora son 19 los prófugos.

Presiones van, presiones vienen

Los ahora fugitivos y la forma en que habrían escapado puso en evidencia, una vez más, el problema estructural del Sistema Penitenciario del país: cooptado desde hace tiempo por estructuras de corrupción y crimen organizado, en el que las pandillas juegan un rol de grupo de poder, y en el que los directores generales, usualmente, son los primeros en ser destituidos, y que duran poco tiempo en el cargo.

Igualmente, evidenció las fallas existentes del aparato de seguridad interna gubernamental. Se puso de manifiesto los problemas del trabajo de inteligencia penitenciaria, el sistema de cámaras de seguridad, y toda la estructura de vigilancia del Centro Fraijanes II. Una problemática que se arrastra desde décadas atrás y distintos gobiernos, que enfrentan el crecimiento y hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, fenómenos generados por la problemática social y económica de desigualdades, inequidades e injusticias estructurales.

Pero, entre incapacidades y debilidades en el sistema penitenciario, la fuga va más allá de un problema únicamente carcelario. Las presiones mediáticas que se desataron desde que públicamente se conoció la fuga, evidenciaron la alta carga política que conlleva: pedían la renuncia de Jiménez, incluso de toda la estructura jerárquica del MINGOB, lo cual finalmente se logró. Y, todo esto bajo el supuesto que una nueva cúpula de seguridad interna provocará un “golpe de timón” en la política penitenciaria.

Previamente a las renuncias, los empresarios, aglutinados en sus cámaras empresariales, se pronunciaron al unísono exigiendo la pronta recaptura de los prófugos; una investigación exhaustiva que alcance toda la cadena de mando involucrada y la aplicación rigurosa de la ley, conforme al orden constitucional, para quienes resulten responsables por acción u omisión. Pero fue la Cámara del Agro (CAMAGRO), por medio de un comunicado, la que patentizó la exigencia de la renuncia de Jiménez y de los funcionarios que resultaren responsables.

La demanda empresarial coincidía con la expuesta por la Embajada de Estados Unidos, a diferencia que la sede diplomática no pidió la destitución de Jiménez, pero que conllevaba mayor fuerza debido a que, a menos de un mes de la designación del Barrio 18 como organización terrorista que hiciera la administración de Donald Trump, ocurrió el escape de los pandilleros. A ello se suma la exigencia estadounidense de hacer rendir cuentas…

“…a cualquiera que haya brindado, brinde o decida brindar apoyo material a estos prófugos u otros miembros de pandillas.”

Contradicciones y fisuras en el MINGOB

La intensidad de las presiones fue tal, que evidenció contradicciones y graves fisuras a lo interno del MINGOB. El propio ministro, en La Ronda del 13 de octubre, en relación con la exigencia de su renuncia, dijo: “Sobre el tema de mi renuncia, quiero señalar que este momento yo no he considerado esa posibilidad por una razón fundamental: yo no voy a dejar el puesto hasta no resolver este problema, no puedo dejar este problema resuelto a medias”, pero, resultó lo opuesto.

Más delicado resultó que en la noche del 14 de octubre, Portillo Salazar, el ahora ex viceministro de Seguridad, se presentó al Ministerio Público (MP) con denuncias relacionadas con el Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC), y comunicó su renuncia al cargo.

Portillo Salazar dijo: “Yo vengo de una institución en donde, por principios y temas de convicción, no voy a permitir que nadie venga a tachar mi nombre”. El viceministro detalló que las denuncias que interpuso se refieren a hechos de corrupción dentro del MINGOB, y las enumeró: cobros ilegales en el Departamento de Tránsito por la extensión de licencias; tráfico de migrantes en la ruta de Esquipulas hacia el norte; irregularidades en compras dentro de la PNC; la llamada “talacha” y cobros ilegales dentro del SP; e, incumplimiento de procedimientos en el reclutamiento de comisarios generales.

Sin duda, una denuncia que cae como “anillo al dedo” al MP, a sabiendas de la disputa intestina que libra desde 2023 hasta la actualidad contra la administración de Arévalo de León, y que se ha concretado a través de distintas acciones: desde intentar desconocer los resultados electorales que le dieron el triunfo al Movimiento Semilla para la conducción del Poder Ejecutivo; investigación de diputados y funcionarios oficialistas; cancelación del partido político del gobernante; hasta la interposición de solicitudes de retiro de antejuicio al presidente.

Las renuncias de Portillo y Palencia también reflejan las disputas internas que se libraban entre ambos funcionarios, no sólo por controlar el Sistema Penitenciario, sino que, además, trascendían hasta el control del propio MINGOB. Palencia, cercana a Jiménez, y Portillo, según denuncias de algunos analistas políticos, un operador dentro del MINGOB del ex Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, y quien se ha convertido en un acérrimo crítico de la administración de Jiménez y Palencia. De Solórzano Foppa se sabe que tiene contratos como asesor jurídico en la Municipalidad de Mixco cuyo alcalde es “Neto” Bran, pero se desconoce si ese nexo trasciende allende las fronteras edilicias.

Lo cierto del caso, es que Jiménez y Palencia eran piezas clave en las relaciones con la Embajada y el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los acuerdos signados y operativizados en materia de narcotráfico, crimen organizado, pandillas y tráfico ilegal de personas, entre otros. Además del proceso de fortalecimiento que llevaba a cabo Jiménez en el MINGOB, ahora afectado, también quedarían debilitadas las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad nacional y las exigencias de seguridad estadounidense que demanda la administración de Donald Trump. Jiménez y Palencia eran gente de confianza de dicha Embajada estadounidense —uno de los principales soportes del gobierno de Arévalo de León—, y ahora, quienes lleguen a ocupar esos cargos y el resto de ministerios deberán tener el visto bueno del Departamento de Estado estadounidense.

_{En las fotos se puede apreciar las buenas relaciones entre el MINGOB y autoridades estadounidenses en 2024: el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia; el director general de la PNC, David Custodio Boteo; el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley; y Kelly Hapka de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés).Fuente: Diario de Centro América. Recuperado en: https://www.instagram.com/p/C9xpmc0O7tq/?img_index=6}

De poderosos a terroristas

La fuga de los pandilleros del Barrio 18 del Centro de Detención Fraijanes II, tiene como contexto el traslado, el 31 de julio, de Aldo Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, máximo líder del Barrio 18, a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, junto a otros cabecillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS); medida que buscó debilitar el poder y el control que esos pandilleros ejercían desde esa prisión, de las extorsiones y de órdenes para cometer crímenes, según lo anunciado por el MINGOB en su momento.

Ochoa Mejía cumple una condena que supera los mil 600 años de prisión por diversos delitos, y su detención garantiza no sólo estabilidad en materia de seguridad interna del país, tal como el MINGOB lo ha publicitado, sino también debilita la estructura de poder de aquella organización pandillera.

Sin embargo, lo trascendental de su traslado va más allá de lo meramente criminal, porque luego de trascender que está casado con Marta Torres, quien también guarda prisión y es procesada por actividades criminales, sobrina de la veterana política Sandra Torres y máxima dirigente del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), su caso tiene ribetes de alto calibre político. Ha sido mediática la batalla legal que se ha sostenido con el MINGOB para que Ochoa Mejía regrese a Fraijanes II; batalla remarcada en las presiones para que el gobierno también designara como terroristas a los pandilleros del Barrio 18.

Es más, ese fue el marco para que, en la noche del 14 de octubre, el Congreso de la República aprobara, con apoyo ampliamente mayoritario, la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, una ley que declara terroristas a las maras y pandillas, y que va en franca sintonía con las exigencias estadounidenses que ven en las pandillas una amenaza para su seguridad nacional.

Ese traslado de Ochoa Mejía provocó entonces una jugada de corte político, gracias al poder que el Barrio 18 ejerce en Fraijanes II. Pocos días después de ese traslado, 20 líderes pandilleros se fugaron con el supuesto propósito de reestructurarse ante la falta de su máximo líder. Y para ello habrían contado, necesariamente, con ayuda de las principales autoridades de ese centro penitenciario.

Si hay operadores políticos arriba de ese personal administrativo, serán las investigaciones que se realicen en el MINGOB las que lo establecerán, y en ellas participarán funcionarios estadounidenses.

Por ahora ha trascendido que, al ex director del Sistema Penitenciario, Sergio Samuel Humberto Vela López, nombrado en enero de 2024 por el gobierno de Bernardo Arévalo de León, se le habría retirado la visa para viajar a Estados Unidos; una noticia que trascendió el mismo día que se supo de la fuga de los líderes pandilleros. Vela López había sido destituido el 15 de abril de 2025.

La nueva cúpula del MINGOB deberá tomar en cuenta todos estos factores y circunstancias; ser de la confianza estadounidense y, sobre todo, que al momento de ser públicos sus nombres no acarreen mayores costos políticos al gobierno de Arévalo de León. Muchos rumores circulan ahora con nombres posibles para dirigir la cartera de Gobernación, y cualquiera de los nombres que ahora suenan no cuentan con las credenciales suficientes para esa titularidad, sobre todo por sus pasados e historiales políticos y nexos oscuros en algunos casos.

Ese es el caso de Oliverio García Rodas, cuyo nombre es el que más se menciona para asumir el cargo, y quien actualmente es asesor en la Secretaría Privada de la Presidencia, con largo historial político y señalado de nexos oscuros en su pasado.