Estado de sitio en el marco de fuertes presiones al gobierno

Nota de coyuntura No. 265 / por Luis Solano

El Congreso de la República ratificó, el 17 de noviembre, el estado de sitio que el Gobierno de Guatemala decretó días antes, vigente para los departamentos de Zacapa e Izabal. La presión política por sonados hechos de violencia con alto efecto mediático, es parte de la decisión gubernamental para enfrentar estructuras narcotraficantes en dos de los departamentos más violentos del país. Sin embargo, decisiones del gobierno de Estados Unidos contra estructuras del narcotráfico, resultan medulares en ese contexto.

Imagen. De izquierda a derecha: Marco Antonio Villeda Sandoval, ministro de Gobernación; Bernardo Arévalo, presidente de la República; y Henry Sáenz, ministro de la Defensa durante el mensaje a la nación el 15 de noviembre de 2026. Fuente: Agencia de Noticias de Guatemala (AGN).

Congreso de la República ratifica estado de sitio

Tal como se esperaba, el Congreso de la República ratificó el Decreto 8-2026 que la Presidencia de la República publicó en el diario oficial el 15 de noviembre del presente año, como Decreto Gubernativo 8-2026, que oficializaba el estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal por un período de 30 días.

Previamente, el 14 de noviembre, el gobierno de Bernardo Arévalo de León había anunciado, por medio de un comunicado, la instauración del estado de sitio en el que explicaba las medidas que se implementarían.

Durante la 60a. Sesión Ordinaria Adicional, celebrada el 17 de noviembre, el Congreso de la República aprobó con 147 votos a favor el Decreto 29-2026 que ratificó el estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, promulgado por el Ejecutivo, Decreto Gubernativo 8-2026 y, además, faculta a las fuerzas de seguridad del Estado a tomar control de las cárceles, de acuerdo con las dos enmiendas aprobadas.

Según información de prensa del Congreso de la República, por medio de una de las enmiendas se aprobó las limitaciones a los derechos constitucionales…

“(…) pues restringe la plena vigencia de los derechos reconocidos en los Artículos 6, 26, 33 y segundo párrafo del Artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que ninguna persona podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no implique infracción a la Ley”.

Las limitaciones serán ejercidas, según lo aprobado, estrictamente en la medida necesaria para actuar en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los habitantes de los departamentos de Izabal y Zacapa, y el establecimiento del orden público. La medida exceptúa de las limitaciones contenidas en el segundo párrafo del Artículo 38 de la Carta Magna, a las empresas que presten servicios de seguridad que estén debidamente registradas.

Narcotráfico y crimen organizado, las raíces del estado de sitio

El estado de sitio responde a informes de seguridad, indica una nota de prensa del Legislativo, que advierten sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y estructuras criminales transnacionales, señaladas de cometer ataques armados, intimidaciones, amenazas contra habitantes y autoridades civiles, así como efectivos militares.

Además, establece restricciones temporales a determinadas garantías constitucionales, entre ellas, la libertad de acción, la detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, así como disposiciones relacionadas con la tenencia y portación de armas.

Entre las facultades que contempla el estado de sitio están: limitar reuniones y manifestaciones públicas, establecer restricciones a la circulación vehicular en determinados lugares y horarios, disponer detenciones o confinamientos en los supuestos previstos en el decreto y realizar allanamientos sin orden judicial cuando concurran las circunstancias expresamente establecidas.

La medida se considera como el régimen de excepción más severo, contemplado en la legislación guatemalteca bajo la Ley de Orden Público. Su principal propósito es enfrentar crisis graves de violencia, inseguridad o alteración del orden cuando las medidas ordinarias resultan insuficientes. Permite ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad y suspender o restringir temporalmente ciertas garantías constitucionales.

La conducción de las acciones estará a cargo del presidente de la República por medio del Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF), en coordinación con el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Policía Nacional Civil (PNC), así como otras dependencias del Ejecutivo.

La finalidad de estas disposiciones es fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad frente a las estructuras criminales, facilitar las operaciones de control territorial y contribuir a recuperar las condiciones de tranquilidad para las familias de ambos departamentos.

Su implementación también busca proteger la continuidad de los servicios públicos esenciales y generar condiciones de mayor seguridad para las actividades económicas, comerciales y sociales de las comunidades.

Presión política y la administración Trump

La masacre de Huité, en septiembre pasado; el asesinato, el 6 de noviembre, del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Julio Portillo, que meses antes había renunciado del partido Cabal, y la matanza en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, una semana después, son tres casos de alto impacto ocurridos en Zacapa en los últimos dos meses, con fuertes efectos políticos y mediáticos que condujeron a la decisión gubernamental de imponer el estado de sitio.

Pero, todo indica que la decisión última que precipitó el estado de sitio fue la designación como terroristas de tres estructuras del narcotráfico que operan en Guatemala, por parte de las autoridades estadounidenses pues, el 13 de noviembre, un día antes que el gobierno publicará el comunicado sobre el Decreto de Estado de Sitio, la administración Trump anunció sanciones contra las organizaciones narcotraficantes Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, por sus vínculos con cárteles mexicanos.

En un comunicado de prensa con fecha 13 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, sancionó a la organización de narcotráfico “Los Mendoza” y a la organización de narcotráfico “Los Huistas” por brindar apoyo a los grupos narcoterroristas más grandes de México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2025, indica el comunicado, la administración Trump designó a ambos grupos, tanto como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés). Con sede en Guatemala, estas organizaciones —“Los Mendoza” y “Los Huistas”— controlan corredores estratégicos de tráfico a lo largo de las fronteras con Honduras y México, lo que las convierte en socios logísticos indispensables para el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

La medida adoptada por la OFAC, indica el comunicado:

“(…) pone al descubierto los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y organizaciones terroristas extranjeras mexicanas, las cuales facilitan el flujo de narcóticos mortales hacia Estados Unidos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Bajo la agenda «Estados Unidos primero» (America First) del presidente Trump, el Departamento del Tesoro seguirá actuando contra las redes criminales que permiten a organizaciones violentas, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, traficar drogas a través de nuestras fronteras y amenazar la seguridad del pueblo estadounidense”.

El comunicado agrega que las organizaciones “Los Mendoza” y “Los Huistas” facilitan la recepción, el almacenamiento, la protección y el traslado transfronterizo de narcóticos destinados a Estados Unidos y otros mercados internacionales. Mediante alianzas de larga data que abarcan Centroamérica y Sudamérica, el Cártel de Sinaloa y el CJNG han ampliado sus operaciones delictivas, establecido sofisticadas redes de tráfico transfronterizo y consolidado su control sobre segmentos críticos de la cadena de suministro de drogas ilícitas. Al tomar medidas contra estos facilitadores clave, la OFAC está desarticulando nodos fundamentales en las cadenas de suministro que permiten el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y otras drogas ilícitas en toda la región.

Fuente: OFAC.

Esta medida, indica el comunicado, se llevó a cabo en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está tomando acciones contra los narcoterroristas que desestabilizan el hemisferio occidental. De manera simultánea, el Departamento de Estado también ha designado a “Los Lorenzana”, tanto como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) —conforme a la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad—, así como entidad terrorista global especialmente designada (SDGT, por sus siglas en inglés) —conforme a la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada—.

La designación implica el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales que estén bajo jurisdicción estadounidense, así como restricciones a las transacciones con personas y entidades designadas. En el caso de Los Lorenzana, la categoría FTO también permite perseguir penalmente a quienes proporcionen apoyo material a la organización, conforme a las leyes de Estados Unidos.

Fuente: internet.

MP reafirma su compromiso de trabajar con EE. UU. frente al crimen transnacional

La medida de las autoridades estadounidenses, al final impuso una seria presión al gobierno de Arévalo de León, que ahora debe realizar esfuerzos que Estados Unidos espera que se concreten, y que gobiernos pasados no hicieron y que llevaron a un fortalecimiento de las estructuras designadas. Capturar a los integrantes de esas organizaciones y desestructurarlas al mismo tiempo, parece ser uno de los fines últimos, aunque de consecuencias imprevisibles, dado el corto tiempo para semejante tarea. Caso contrario, el riesgo es enfrentar señalamientos de complicidad con organizaciones designadas como terroristas.

Sin embargo, Henry Sáenz, ministro de la Defensa, explicó que el tiempo que dure el estado de sitio dependerá “del nivel de la amenaza”. Visto así, puede durar muchas semanas, en medio de acciones militares y policiales complejas para capturar capos de la droga y combatir sus estructuras en lugares, donde se sabe, cuentan con respaldo de pobladores. Lo expuesto por Sáenz también fue ratificado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval.

Un actor clave en el marco del estado de sitio es el Ministerio Público (MP) que, poco después que Estados Unidos anunció la designación, reafirmó su compromiso de trabajar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos frente al crimen transnacional. En sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala destacó ese aspecto, al indicar que:

“Desde capturas hasta extradiciones, la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala da resultados: más criminales ante la justicia y una región más segura. Recientemente, el fiscal general Gabriel García Luna volvió a visitar el Departamento de Justicia mientras que, en Guatemala, fiscales del MP reforzaron sus capacidades con expertos de EE. UU. para investigar y procesar casos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento ilícito.”

El mismo día que Estados Unidos comunicó la designación de las organizaciones narcotraficantes, expresó que:

“Guatemala se está consolidando como un socio fuerte en la lucha contra el crimen transnacional. Fue un placer dar la bienvenida al AG Gabriel García Luna de vuelta al Departamento de Justicia ayer. Desde arrestos hasta extradiciones, nuestra cooperación está dando resultados. Y apenas estamos comenzando.”

Cabe destacar que, en sus redes sociales, ese cuerpo diplomático ha comunicado en los últimos días varios casos de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, incluyendo reconocidos narcotraficantes de los Huistas. Ese mismo día que se ratificó el estado de sitio, el 17 de noviembre, el MP comunicó en sus redes sociales que, en esa fecha, fue publicada en el Diario de Centro América la resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la designación a la organización denominada White Fence, también conocida como Cercos Blancos como grupo criminal organizado transnacional y terrorista, resultado de una petición del MP. La designación también incluye a las clicas de dicha organización identificadas como Vatos Locos, Kings Sureños y Locos Santo Domingo, así como cualesquiera otros subgrupos que de esa organización surjan o se deriven.

Con estas acciones, indicó la información del MP, la entidad cumple con lo establecido en el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas.

Con el estado de sitio instaurado, el gobierno adquiere fuerte compromiso

El 15 de noviembre, en un mensaje a la nación del gobernarte Bernardo Arévalo para referirse al estado de sitio en Zacapa e Izabal, recordó que, durante décadas, estructuras criminales vinculadas al narcotráfico han buscado imponer sus intereses por medio de la violencia, la intimidación y las amenazas.  Aseguró que son organizaciones que pretenden controlar territorios, desafiar la autoridad del Estado, y poner en riesgo la tranquilidad de las comunidades.

En su discurso, indicó que las operaciones tendrán tres objetivos fundamentales:

  • Proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
  • Fortalecer el control territorial del Estado.
  • Enfrentar y desarticular a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

La PNC y el ejército actuarán de manera coordinada, utilizando las capacidades y facultades que establece la ley, informó.

Arévalo de León también indicó que las operaciones serán dirigidas en contra de las estructuras criminales, a la vez que recordó que las operaciones estarán dirigidas específicamente contra las estructuras criminales, y al mismo tiempo reiteró que no se están tomando medidas para perseguir a los ciudadanos ni para afectar a quienes realizan actividades legítimas.

Capturar y llevar a juicio a narcotraficantes de las organizaciones consideradas más fuertes del país, se presenta como una tarea cuesta arriba. Han pasado décadas y lo hecho por gobierno anteriores ha impacto poco o nada a esas estructuras, tal es el caso de Los Mendoza, una de las agrupaciones más beneficiadas por las administraciones del MP anteriores y tribunales de justicia, pese a investigaciones existentes como las realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)-MP que dirigió el ex fiscal, ahora en el exilio, Juan Francisco Sandoval. Un tanto parecido ocurre con el caso de los Huistas.

Si bien organizaciones como los Huistas y Los Lorenzana presentan varias capturas y extradiciones, han tenido la capacidad de reproducirse y trasladar el mando a otros miembros de las familias como Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, al centro del caso de la Masacre de Huité.

La presión mediática en el marco del estado de sitio pondrá el dedo en los resultados inmediatos, y el gobierno deberá responder con capturas igualmente mediáticas. Tarea delicada por el poder de las organizaciones narcotraficantes.

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