Reseña- Serie webinarios/ UDEFEGUA desnuda los patrones de violación a los derechos humanos
En el tercer webinario dedicado al cumplimiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por Aeiti, Udefegua y El Observador, la defensora Claudia Samayoa desnudó los patrones de violaciones al derecho en los últimos dos décadas, ejecutadas por el Estado que defiende a los poderes fácticos que persiguen asegurarse impunidad y corrupción.
La serie de webinarios aborda el cumplimiento de los llamados Principios Rectores, que son recomendaciones no vinculantes lanzadas por Naciones Unidas en 2011 para países que como Guatemala, vivieron dictaduras, conflicto, guerra y procesos de paz, para que se garantice el respeto permanente a los derechos humanos.
Los foros públicos del webinario son organizados por el el consorcio entre la Asociación Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación (Aeiti), la Unidad de Defensores Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y la Asociación Civil El Observador, con el propósito de promover la aplicación de esos Principios y otros marcos para el respetuo mutuo entre capital y trabajo.
Auspiciados por la Unión Europea, las tres organizaciones se aliaron para contribuir al cumplimiento de los derechos en Guatemala mediante procesos de investigación, compilación de evidencias y conocimientos a fin de poder fortalecer capacidades diferentes en redes de defensoras y defensores, dotándolas de herramientas para la participación en espacios de educación y formación.
En el proyecto que se inició en 2021 y finaliza en 2023, hace énfasis en el cumplimiento de derechos de campesinos, pueblos indígenas y derecho al ambiente, la madre tierra, y en particular, el derecho a defender derechos, que ocupa estas reflexiones disertadas por la socióloga, Claudia Samayoa.
Samayoa, defensora de Derechos Humanos (DD. HH), es una de las fundadoras de Udefegua, donde coordina el Programa de Justicia para personas criminalizadas por su lucha contra la impunidad y corrupción. Es integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos y vicepresidenta de la Organización Mundial contra la Tortura.
El webinario se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2022 y contó con los aportes de Helena Latorre, delegada de Aeiti en Guatemala; Ana Sibrian, defensora de derechos humanos y directora de la Organización Protección Internacional y la moderadora fue la comunicadora, Nóe Vásquez.
En el evento se hizo énfasis en que pese a Guatemala es firmante del Convenio sobre Prinicipios Rectores y desde 2012 ha recibido una serie de recomendaciones entre ellas establecer un Plan de Acción para ponerlos en marcha y crear una política pública para la defensa de los defensores de Derechos Humanos, el Estado no lo ha cumplido.
Recuento de la sistematización de ataques contra defensores
El recuento de Claudia Samayoa parte del año 2000, cuando tras cuatro años de firmados los Acuerdos de Paz y en marcha el gobierno de Alfonso Portillo –ya ocurrido el asesinato de Monseñor Juan Gerardi–, se dan los primeros ataques contra mujeres que integraban Consejos de Desarrollo, abogadas y varias víctimas de la guerra interna.
Ante las circunstancias inesperadas, las organizaciones sociales decidieron actuar juntos; definieron para qué y por qué crear la Udefegua, una iniciativa colectiva que nació bajo el concepto de unidad para denunciar el momento complejo de manejo del proceso de paz y en momentos en la comunidad internacional daba por terminado el capítulo Guatemala.
Sin embargo, y a pesar de que se estaba en el gobierno de Portillo y del general Efraín Ríos Montt, señalados por corrupción, en esos momentos se percibía el retorno de las estructuras clandestinas de la época de gobiernos militares, pero muchos a propósito o involuntariamente, no lo creían.
En ese concepto de unidad es lo primero que se trabajó fue un informe colegiado y colectivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para lo cual se definió que los casos que deberían ser acompañados estuvieran en el sistema de justicia ante la Procuraduría de Derechos Humanos y ante MINUGUA.
“En esa época queríamos tener la claridad y la conciencia de que esto era así y demostrar que no estábamos inventando cosas y martirizándonos para tener fama y dinero que ha sido una acusación falsa que se ha venido prolongando en el tiempo”, por grupos ultraconservadores, precisó Samayoa.
De esa cuenta, en el 2001 se volvió a presentar otro informe más fuerte, con más casos y pruebas, lo que motivó que la relatora especial para los DD. HH viniera a Guatemala a verificar la situación en el año 2022. En el documento se señaló que las agresiones eran responsabilidad de estructuras ilegales que tenían su origen en los cuerpos clandestinos de seguridad.
Había un compromiso desde la firma de la paz para erradicarlos y eso no estaba ocurriendo, sino que muchas de las personas vinculadas a esas estructuras clandestinas criminales, como el exfuncionario Jacobo Salam Sánchez, posteriormente preso por corrupción, estaban de regreso en el poder.
Se reconoció la existencia de ataques contra defensores desde 2004
El año 2004 es importante recordarlo porque ocurren dos cosas: el gobierno de Guatemala reconoce que sí existían ataques a defensores, y que sí existían cuerpos clandestinos de seguridad que atacan también a funcionarios públicos, ante lo cual el gobierno de Portillo no sabía qué hacer.
Samayoa recuerda que el fiscal general en 2004, Carlos De León, “en una payasada designa una fiscalía y hace allanamiento en una empresa de seguridad donde habían dispositivos para escuchas telefónicas, –que no tuvo resultado como para dilucidar responsabilidades–, “aunque lo hallado, demostró que era algo real”.
Es a partir de ahí, cuando Udefegua requiere tomar vida más allá del esfuerzo colectivo, había que pasar de ser una unidad de protección voluntaria, a ser una con posibilidad de movimiento, porque los ataques a personas empezaron a darse fuera de la capital, generando pánico en especial a las personas que vivieron la guerra, como quienes experimentaron terrorismo de Estado y exilio.
Con la conformación de Udefegua se logró establecer la necesidad de crear no solamente esos espacios de acción, sino que también una base de datos, que es la que ha estado operando todos estos 22 años. Hasta el año pasado se habían registrado 8,671 agresiones a defensores de DD. HH, denunció Claudia Samayoa.
En el 2002, el objetivo fue dedicarle más tiempo y atención a la unidad de defensores, “y aunque creíamos que iban a parar las agresiones contra activistas porque venía la CIDH y una relatora especial y además se había logrado la creación de la oficina del Alto Comisionado, las agresiones siguieron”.
Pero que va ocurriendo con la Udefegua, ya no era posible acompañar a las personas solo como un servicio, sino que el objetivo debería ser convertirla en un acompañamiento integral que a veces para las personas es difícil de comprender, porque significa estar con ellas, acompañarlas a discutir con sus familias y la comunidad lo que viven. Era tomar la mano con el objeto de soltarlas para que puedan gestionar con su protección y regresen a la posibilidad de trabajar.
En el 2007 “logramos demostrar que había operaciones psicológicas de terror en contra de defensores del derecho a la justicia y la verdad, en torno a las víctimas, y también contra los abogados y a los forenses que hacían exhumaciones”, recordó Samayoa al afirmar que se logró demostrar una filial cíclica en la serie de hechos.
Dijo que ese ciclo se demuestra cuando ocurre el cambio de ministro de Gobernación, después de la salida de Carlos Vielmann y luego de terminar ese periodo de ejecuciones extrajudiciales, que incluso llegaron a afectar también a los defensores de Derechos Humanos.
Para bien se crea la primera instancia de diálogo con el Ministerio de Gobernación que permitió en el primer año bajar el número de ataques, pero en la medida en que fueron debilitando esta instancia, así fueron incrementado los ataques a manos de resabios de los cuerpos clandestinos de represión.
“Nuestro objetivo y uno de los grandes éxitos de esta instancia, es que se logró demostrar que existe una diferencia entre el robo y el allanamiento ilegal y hubo toda una serie de mecanismos para apoyar. El trabajo también ha sido no solo fortalecer a las personas para protegerse, por ejemplo, del allanamiento sino también, fortalecer al Estado para que cumpla con su obligación de proteger, para lo cual muchas veces se ha recurrido a la comunidad internacional”, precisó la dirigente de Udefegua.
El asesinato contra defensores del derecho a la tierra, el más recurrente
Relató que en 2004, con la llegada del gobierno de Óscar Berger (2004-2008), emerge un grupo de defensores –que esa es otra variable no registrada– que no había sufrido ataques y que es un número de casos considerables de defensores del derecho a la tierra, son campesinos que empiezan a recibir ataques y asesinatos.
Esa ha sido la mayor cantidad de crímenes que ha registrado Udefegua y se concentró contra campesinos y defensores de derecho al ambiente y al territorio en su mayoría indígenas, una cara muy clara, que representaron el 95 por ciento de 300 personas asesinadas, hasta 2022.
De acuerdo con Claudia Samayoa, en estos 22 años un patrón observado desde 2005 con el gobierno de Berger fue que dio vía libre para la reconcentración de tierras en las Verapaces para el cambio del modelo de producción que significó el desalojo de 460 familias.
En Udefegua la pregunta en esa época, fue cómo se responde a un gobierno que apoya a un empresariado o a un finquero para desalojar con violencia a matar, secuestrar y torturar “porque si se registraron casos de esta naturaleza”.
Para esos años Udefegua realizó un estudio basado en la lucha por el derecho a la tierra que arrojó el registro de más de 400 personas criminalizadas y con orden de captura, datos importantes en la historia de Udefegua, porque se evidencia que con cada cambio de patrón, los grupos poderosos atacan a quienes defienden tierra, salario y prestaciones.
En 2011, se produce un nuevo cambio patrón que empieza con ataques contra sindicalistas, “ahí se pierde la vida de Carlos Hernández, un gran líder sindical de Chiquimula y a quien se apoyó cuando se defendía de amenazas y de la criminalización que ejercieron empresas y el Estado de Guatemala.
Todos cambios de patrón han obligado a Udefegua a innovar metodologías, registrar tipos de casos que no se habían descritos como los de criminalización a partir de 2011 contra sindicatos con denuncia judicial y privada, pero todavía no se tenía muy claro hacia donde llevarían las nuevas prácticas.
Pero de nuevo y en ese mismo año se marca otro hito, en el marco de la lucha por la tierra y de los derechos de sindicatos. Resalta el hecho de que el presidente Álvaro Colom publica un campo pagado en donde afirma que hay defensores buenos, pero “que hay personas que son terroristas manejadas por la guerrilla y ellos son en los que están en los temas de tierra, sindicatos y ambiente”.
Con Colom se inicia la criminalización desde el Estado
De finqueros que ponían usurpación agravada en cada denuncia, de repente se observa a un mandatario criminalizando. A partir de ese año emerge con claridad este patrón de criminalización y permite ver cómo que es un evento no sostenible que pasa por la denuncia judicial y órdenes de captura que a veces se cumplen.
En la experiencia de defensores del liderazgo social, después la fase inicial –a veces en primera declaración se logra liberar a alguna persona, lo menos–, pero la mayor parte de los criminalizados durante todos estos años han tenido que pasar meses y años esperando la fase intermedia para que algún juez decida que no había delito.
El caso más sonado es el del río Chixoy que empezó en 2004 y hasta el 2017 se logró cerrarlo contra 23 defensores que habían estado en una manifestación frente a La Toma de la represa, que en realidad se llama así: La Toma, pero para Berger era fácil decir, “los guerrilleros de la toma”.
A partir del gobierno autodenominado socialdemócrata, y después se observó cómo de medidas sustitutivas, ya en tiempos de Pérez y después con Morales, el patrón se endurece porque los tribunales empiezan a dictar prisión preventiva prolongada y sentencias condenatorias. Incluso, había que esperar el debate, pese a que la mayor parte de defensores que llegan a esa fase procesal, eran liberados.
Este patrón, agregó Claudia Samayoa, vuelve a cambiar con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual muestra como el sistema está dispuesto a definir como “enemigos del Estado” a grupos enteros, tal es el caso del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de Codeca.
Denunció que a la fecha a Codeca le han sido asesinados 28 líderes desde mayo de 2017 a 2022, de los cuales solo dos casos han sido judicializados, uno tiene sentencia en firme y el otro está pendiente, y eso es válido para todos los casos de defensores, el 99 por ciento quedan en impunidad.
En ese marco, en Udefegua surge la necesidad de montar un área legal “porque una cosa es acompañar a personas a poner una denuncia y dialogar con el Ministerio Público y lograr algún caso y, otra cosa es pedirle a un abogado que apoye casos de ataques a operadores de justicia, abogados y exfuncionarios de la CICIG, que están siendo perseguidos.
Los netcenter son obra de la Fundación contra el Terrorismo y sus aliados
En esta etapa del proceso surge lo que se ha denominado “netcenter”, que más allá de la red que se utiliza para difundir mentiras, amenazas estigmatizaciones, hostigamiento y violencia contra la mujer… es más bien es el discurso del odio lanzado desde la Fundación contra el Terrorismo, que se estrena en ataques contra defensores de derechos humanos y prosigue contra operadores de justicia.
Por ejemplo, tan solo en 2022 el exfiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, ha recibido 468 distintos mensajes que se repiten. Una de las cosas que ahora se constata es que esos mensajes no se quedan solo en las redes, pese a que la comunidad internacional decía “no les hagan caso, son palabras tontas”.
No es cierto, sostiene Claudia Samayoa, “esas campañas maliciosas se traducen en ataques contra la familia, en problemas familiares, en la reducción o eliminación de posibilidades de contrataciones laborales”.
Udefegua ha registrado casos de muertes civiles en todas las áreas y aunque siempre se privilegió la postura que se queden en sus puestos y sigan trabajando, nunca se pensó que el exilio y apoyar a las personas que abandonan el país, iba a ser una necesidad.
A los 22 años de fundada Udefegua se han registrado 8 mil ataques contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos. Para ello, se tiene un grupo de acompañamiento y apoyo psicosocial, específicamente tanto para las personas en esta etapa, como también para quienes por décadas han estado bajo ataque.
También cuenta con apoyos de emergencia, porque cada vez que criminalizan a un campesino, la familia que ya vive en condiciones de miseria y son muy pobres, hacen enormes esfuerzos para defender sus derechos y cuando se les procesa y/o asesina, la familia queda en la orfandad.
“Eso es lo que siempre queremos hacer: dejar siempre ese sentido positivo de la defensa de derechos humanos. No es culpa del defensor lo que ocurre, es culpa de otros factores”, afirmó Samayoa.
Precisó que en la medida que se llevan a cabo más procesos de formación, queda claro que, si bien la mayor parte de ataques los pueden cometer agentes del Estado, los agentes no estatales tienen un rol importante, porque el que criminaliza es un fiscal o juez; la pregunta es quién está detrás. Es la Fundación contra el Terrorismo y familias poderosas como Bosch y otras; es decir, hay detrás capitales poderosos.
Para Udefegua, llegar a esa claridad ha sido un proceso de años que ha requerido un acompañamiento e investigación planificada y a partir de su base de datos y siguiendo lineamientos. “Acompañamos a personas para oír con nuestros propios medios los argumentos y la prueba, porque sí ha habido veces que hemos tenido que decir, esto no tenía nada qué ver con la defensa de derechos humanos”. (FIN)
