Reseña- Resistencia Pacífica/ La Puya rechaza exclusiones en el proceso de Consulta sobre el proyecto El Tambor
Los pueblos San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y Chuarrancho, mantienen la defensa incólume de su territorio frente al interés privado de explotar el oro y plata en la mina El Tambor en La Puya, y la mala intención del Estado en manipular a favor de privados, una consulta popular ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
A la defensa del territorio de esas comunidades del departamento de Guatemala, su voz se eleva ante el proceso de arbitraje internacional al que recurrió la empresa Kappes, Cassiday & Associates (KC&A) y Exploraciones Mineras de Guatemala S.A (Exmingua), tras la suspensión de las actividades extractivas dictadas en la resolución de la CC, en 2015.
Las opiniones de representantes de La Puya, fueron vertidas en el Foro: “El arbitraje como mecanismo de presión contra Guatemala: La Resistencia Pacífica de La Puya en el cruce del arbitraje y la consulta”, organizado por El Observador con el apoyo The Human Rights Defenders Proyect, Earthworks, JASS Poder Colectivo, Protección Internacional Mesoamérica, Instituto for Policey Studies, GHRC, NISGA y Genaralitat Valenciana.
El foro realizado el pasado 6 de diciembre en la casa de la Fundación María y Antonio Goabaud, Ana Sandoval, defensora de derechos, afirmó que la Resistencia Pacífica sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos y condena la mala fe del Ministerio de Energía y Minas (MEN) de excluir de la consulta a los auténticos representantes de comunidades.
No obstante que el MEN ya hizo la convocatoria para la fase de preconsulta, existe falta de voluntad política y el interés de esta cartera, que bajo la titularidad del empresario Alberto Pimental, –de la familia financista electoral de Giammattei– de acercarse a las comunidades se ha centrado en promover la participación de entidades públicas locales y municipales y no así de los afectados.
Se minimiza la participación de los legítimos titulares del Derecho a la Consulta, pese a que el mismo Estado ha hecho denuncias sobre los daños e impactos provocados por el proyecto minero, lo que genera una tremenda desconfianza hacia lo que está haciendo esa cartera en torno al proyecto El Tambor, denunció Sandoval.
El Observador ha puesto en relieve la evidencia como contraste, en la prontitud con la que actuó el MEM al autorizar la licencia de explotación a KCA y apoyó sus operaciones cuando el Estado había incumplido con requisitos como la consulta previa, libre e informada, regulada en el Convenio 169 de la OIT, a la vez que apañó que la empresa actuara con impunidad al irrespetar un Estudio de Impacto Ambiental, solvente y profesional, y sin mostrar interés en cumplir con la normativa interna.
El proceso de la Consulta Comunitaria, que corre a la par del arbitraje Internacional, ya que se deriva de la sentencia de la CC que suspendió las operaciones de la licencia de explotación, está a las puertas de que se concrete, en tanto que el MEN ya hizo una convocatoria para la fase de preconsulta, pero con exclusiones.
La demanda que provocó el arbitraje internacional
KC&A y Exmingua, demandaron al Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) por un monto superior a los $400 millones tras la suspensión de operaciones de la licencia de explotación “Progreso VII Derivada”, considerada la más importante y que se localiza entre San José del Golfo, Palencia y San Pedro Ayampuc.
Ante la poca aceptación ciudadana del proyecto minero, KC&A puso en marcha una serie de acciones y pagó a personas claves con el objetivo de acercarse al liderazgo de las comunidades y la municipalidad de San José del Golfo para lograr simpatías favorables de su proyecto. Por si fuera poco pretende además obtener $400 millones a través del Sistema de Arbitraje Internacional el cual ha demostrado ser injusto, abusivo y lesivo para Guatemala y marca el paso para que la Consulta resulte al final amañada.
En el Boletín Especial número 35, Proyecto Minero “El Tambor”, El Observador señaló que resulta contradictorio que KC&A accione en dos frentes, a la vez en la medida que la demanda ante el CIADI, generó la expectativa que abandonaría su interés en continuar con el proyecto El Tambor, su objetivo fundamental es resarcirse con el arbitraje internacional.
Sin embargo, vale la pena recordar que en su fachada legal y locoal, EXMINGUA tiene otras licencias mineras de exploración que integran el proyecto minero, contando con Santa Margarita, Carlos Antonio, El Injerto, Los Laureles, Marga, La Laguna Derivada, Carlos Antonio Derivada y Progreso VII Derivada, a los que no han renunciado.
El Estado de Guatemala está en un retroceso institucional que se viene experimentando con mayor énfasis en los últimos tres gobiernos, sobre todo de las acciones de Alejandro Giammattei que ha dado continuidad a las intenciones de J. Morales y O. Pérez, resultando en la anulación de la credibilidad, control de las instituciones y de los poderes judicial, Legislativo y Ejecutivo en el marco de la estrategia pro corrupción e impunidad total.
En este contexto, el Estado se defiende de una demanda de arbitraje supranacional ante el CIADI interpuesta por KC&A que pretende obtener $400 millones por daños y prejuicios acogiéndose a salvaguardias contenidas en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Resistencia Pacífica La Puya ha sido propositiva en defensa del bien común
En su boletín especial No.35, El Observador consignó que la buena fe de la Resistencia Pacífica La Puya se ha reflejado en los múltiples intentos de diálogo con instituciones gubernamentales que nunca tuvieron la intención de atender soluciones a la problemática originada por la imposición del proyecto minero.
El 23 de octubre de 2019 la Resistencia Pacífica La Puya presentó al tribunal su intención de intervenir como parte no contendiente en el proceso de arbitraje mientras se desarrollaba la etapa de objeciones bajo los argumentos de tener una perspectiva única, conocimiento y percepción sobre el asunto que pueda ayudar al tribunal.
También solicitó que se publicaran los avances del proceso, ya que es un derecho ciudadanos conocerlo, puesto que se costean con fondos públicos. Al respecto parte de la información ha sido publicada en el portal del Ministerio de Economía, no así las órdenes procesales y otros documentos.
Ante la solicitud de la Resistencia Pacífica para aportar un Amicus Curiae, al proceso (amparado en el DR-CAFTA), el Estado de Guatemala argumentó que debido a las objeciones preliminares de la demanda son de naturaleza jurídica… “la intervención de La Puya debería tener lugar en la etapa de fondo del caso, y ello en el supuesto de que las objeciones preliminares de la demanda sean denegadas en su totalidad o en parte”.
Finalmente, el tribunal arbitral no entendió la naturaleza de la participación de la Resistencia Pacífica en el proceso y declaró sin lugar la petición de ser parte no contendiente a través de un Amicus Curiae, basándose en argumentos legales de identificación y por carecer supuestamente de una representación legal.
Sin embargo, el Estado como parte de la prueba de su defensa incluyó declaraciones testimoniales de integrantes de la Resistencia Pacífica que relataron los vejámenes y represión policial que han vivido como consecuencia del actuar de los gobiernos de turno desde Álvaro Colom y las acciones de provocación de la empresa minera.
La Resistencia Pacífica ha denunciado prácticas de intimidación y hostigamiento por parte de la compañía minera de capitales canadienses y transnacionales que en este proceso de arbitraje, han quedado al descubierto y que ejemplifican la lucha de las comunidades en defensa del territorio.
