Amenaza de nuevo desalojo de comunidad: una constante que se profundiza
Nota de coyuntura No. 32 / por Rolanda García
Más de 150 familias campesinas de la comunidad indígena de Canasec, municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, están bajo amenazas de ser desalojadas por la fuerza policial y antimotines en respuesta a una orden judicial solicitada por el finquero Jorge Nuila, quien acusa a la población de usurpar más de cuatro caballerías de tierras de su propiedad.
Comunidad Cansec. Foto: Rolanda García.
Comunitarios bajo amenazas de muerte y criminalización
La población rechaza que el finquero Jorge Arturo Guillermo Nuila Noriega, con el apoyo de las autoridades de justicia de Chamelco, haya desatado múltiples amenazas de muerte y criminalización contra los dirigentes sociales y la población integrada por adultos, ancianos, y aproximadamente 400 niños y niñas.
Las afectadas son familias mayas q´eqchi´ que sobreviven de la producción de granos básicos y quienes rechazan las pretensiones de terratenientes de la región que buscan expulsarlas de sus territorios.
Miguel Xol Xol´, dirigente comunitario de Cansec, destaca:“La tierra sí es nuestra, de nadie más; llegamos a trabajar en la finca y nunca nos pagó el finquero. Mi finado papa trabajó en la finca por semanas, llevaban comida y nunca fueron pagados sus salarios; igual, como hijos hemos trabajado sin pago, pobres de nuestros padre y madres que sufrieron; la finca ya está pagada, el propietario ya no tiene nada que hacer aquí, él vive en Estados Unidos, la tierra es de nosotros los pueblos indígenas”.
Resaltan que la orden de desalojo está generando tensiones y enfermedades en la salud mental y física de las mujeres y ancianos. Cuentan que varios pobladores mantienen vigilancia en la comunidad para evitar la llegada sorpresiva de las fuerzas policiales y antimotines, tal como ha ocurrido en los desalojos de otras comunidades. Así mismo, algunos dirigentes permanecen en casa por temor a ser capturados; señalados de usurpación de tierras.
María Elena Caal, madre de familia, dice:
“Los que estamos aquí vivimos con miedo porque están preparando la orden de desalojo y de captura en contra nuestra, los que trabajan en el Estado son los que nos están generando miedo, estamos enfermos por culpa de ese señor Jorge Nuila que quiere robar nuestro territorio”.
Las condiciones de las familias son pésimas; un sector de la población, principalmente jóvenes, viaja a trabajar en las fincas de hule y palma africana ubicadas en Petén y sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), Alta Verapaz, ganando una miseria por su trabajo de jornaleros. Otros habitantes han preferido quedarse en casa y se dedican a cultivar los granos básicos para la subsistencia. Calculan que el 90% de los niños no estudia porque no cuentan con un establecimiento educativo y las amenazas de desalojos vulneran aún más la integridad de la niñez hambrienta y descalza, lamenta un padre de familia que pidió omitir su nombre.
Los dirigentes de la comunidad están preocupados sobre el destino de la población de llegarse a concretar el desalojo violento, porque se trata de la vida y la integridad de personas adultas y niños que no poseen propiedades, ni recursos acumulados para su sobrevivencia. Mateo Cab’, dirigente social de Canasec, indica:
…“somos muchos de la comunidad; hay niños, adónde se van a ir; quién nos puede ayudar con este problema grave que estamos pasando. No tenemos certeza qué es lo que va a pasar, hay mucha gente que llora y se siente triste por todo lo que está pasando”.
Las familias revelan que Canasec ha sufrido varios intentos de desalojos; el tercero se iba a ejecutar el pasado 19 de enero del presente año, sin embargo, un recurso interpuesto por abogados evitó la destrucción de la comunidad. Lamentan que la persecución y las pretensiones de desalojo continuaron.
“Ahora viene la cuarta orden de desalojo y nosotros no queremos más órdenes desalojos, no queremos que esté molestando el señor que viene de Estados Unidos, somos indígenas queremos que el Estado respete nuestros derechos. Nosotros aquí nacimos, nuestros finados padres y madres aquí nacieron, llevamos más de 125 años de vivir en esta tierra”, enfatiza una madre de familia, quien agregó que su madre de avanzada edad llora todos los días por el temor de perder sus pocas pertenencias.
Nuila Noriega es un terrateniente y empresario. En Canasec, su finca está a nombre de Raxxon, S.A. de la cual él es el Representante Legal. Posee fincas en los municipios de Cobán, Panzós y San Pedro Carchá, municipios de Alta Verapaz. Los hermanos Nuila Noriega aparecen como propietarios de una fracción de la Finca Tinajas en Panzós, una finca con largo historial.
La situación de otras comunidades
Canasec no es el único territorio indígena que posee tierras por el derecho de posesión histórica amenazada de desalojo judicial, ya que existen otras comunidades bajo la lupa del Estado tales como la comunidad Dolores y Delicias de Cobán, Lachuá; Macho Creek en Livingston, Izabal; Tierra Nueva en Chamelco; Cubilgüitz, Río Cristalino, y Nueva Libertad, entre otras regiones. Los territorios son solicitados y disputados por terratenientes, cooperativas agrícolas y por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Así mismo, varias comunidades en la región de los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra Lancadón siguen bajo amenazas de desalojos, principalmente en la zona adyacente a la zona petrolera de la empresa francesa Perenco, en el departamento de Petén.
De acuerdo con estudios, Alta Verapaz sigue siendo el departamento con mayor violencia por desalojos de comunidades por parte de poderosos terratenientes cafetaleros.
Comunidades desalojadas
Sólo en Alta y Baja Verapaz, en el presente año se han perpetrado varios desalojos judiciales. Los más conocidos fueron en la comunidad Centro Panchivic, municipio de Purulhá, Baja Verapaz, y Las Pilas, municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz. La fuerza de seguridad destruyó por completo las humildes viviendas, cortó extensiones de cultivos para la sobrevivencia de más de 150 familias campesinas y quemó el sagrado maíz.
La destrucción de las comunidades ha ocurrido en medio de una flagrante violación de los derechos humanos, dejando a las familias desprotegidas de todos los derechos esenciales establecidos en las leyes del país. Hoy en día, los desterrados de sus territorios se encuentran en albergues temporales enfrentando una crisis de inseguridad alimentaria y de higiene.
En el caso de las familias de Cahabón, llevan meses albergadas en un centro municipal que se localiza en el municipio afectados por la incertidumbre. Las familias dan cuenta que en ocasiones obtienen solamente un tiempo de comida al día, mientras que la niñez ha dejado de estudiar y recibir los servicios obligatorios de salud. Las familias enfatizan en que, aunque cuentan con el apoyo solidario de la población organizada y a veces de la municipalidad, los insumos no son suficientes para las necesidades básicas. Solamente las familias con medidas cautelares están recibiendo apoyo mínimo del Estado, aclaran los y las afectadas.
Sin compromiso político del Estado
La situación agraria en Guatemala es una problemática histórica que ningún gobierno ha intentado resolver. Contrariamente, en los últimos años se han intensificado los desalojos de decenas de comunidades, favoreciendo a terratenientes que acaparan extensiones de tierras que se encuentran como propiedad histórica de las comunidades indígenas.
En el estudio de la Fundación para el Debido Proceso ya citado, se destaca que la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación ha denunciado a cientos de integrantes de comunidades indígenas que reivindican la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales. Esta Fiscalía ha sido instrumental del Observatorio de Derechos de Propiedad, establecido en julio de 2021 por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) mediante un convenio de cooperación firmado con la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, meses antes del establecimiento de la referida fiscalía.
Existen retrocesos crecientes, pese a los compromisos de reasentar las comunidades desplazadas durante el conflicto armado y de adoptar un nuevo régimen agrario, asumidos por el Estado guatemalteco con la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. El marco legal e institucional ha sido moldeado para consolidar el acaparamiento de tierras indígenas.
Según Leocadio Juracán, dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el acuerdo agrario firmado el pasado 7 de febrero con el gobierno establece algunos mecanismos de abordaje de esta problemática; sin embargo, los sectores oligarcas en el contexto de la confrontación política que se mantiene entre el Organismo Judicial (OJ) y el Ejecutivo, están utilizando los desalojos de manera perversa para buscar confrontar al movimiento campesino con el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera. Dicha situación política está obviando el abordaje serio sobre el tema agrario y profundizando la situación de las comunidades, sin garantías ni certeza de sus tierras.
