Caso ERH contra el Estado de Guatemala: un historial de poder y criminalización
Nota de coyuntura No. 95 / por Luis Solano
El pasado 2 de abril de 2025 trascendió el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) con relación a la condena contra el Estado de Guatemala, que deberá pagar alrededor de US$ 64.5 millones a Energía y Renovación Holding, S.A. (ERH), una offshore panameña que es propiedad de una compleja red de poderosos capitales guatemaltecos.
Obras construidas por Energía y Renovación en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, que causan impactos a las comunidades aledañas. Fuente: Resistencia Comunitaria de Ixquisis.
Breve historial
Además del fallo favorable logrado por ERH, se incluye el pago de la mitad de los costos de la demandante y las tarifas del tribunal, aunque la compañía solicitaba más de US$ 178 millones por daños y perjuicios ocasionados a su inversión, por más US$ 1 millón por daños morales.
El caso está rodeado de controversias y conflictos debido a las múltiples denuncias de comunidades de la Microrregión de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán, al norte del departamento de Huhuetenango, por el incumplimiento de los resultados de la consulta comunitaria, criminalización y ataques a la población civil por parte de cuerpos militares armados.
Entre los años 2009 y 2011, el Estado de Guatemala, sin detenerse a revisar y a considerar los resultados de la Consulta Comunitaria de Buena Fe realizada el 21 de mayo de 2009 en las diferentes comunidades que conforman la Microrregión de Ixquisis, al norte del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, procedió a otorgar a las empresas Generadora del Río, S.A. y Generadora San Mateo, S.A. -creadas en noviembre de 2010-, así como a la Generadora San Andrés, S.A. –creada en octubre de 2011-, los permisos, licencias y autorizaciones para la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés, respectivamente, en el territorio de las comunidades de Yichk’isis / Ixquisis y Pojom.
Este conglomerado de empresas que fueron inscritas para hacerse cargo de los proyectos hidroeléctricos, eran propiedad en ese momento de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico, Sociedad Anónima (PDHSA), y era encabezado por Carlos Eduardo Rodas Marzano, medio hermano del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, asesinado en mayo de 2009 y más conocido precisamente por el caso que lleva su nombre; y en donde también participaban los hijos del primero: Andrés y Rodrigo Rodas Godoy, así como la esposa de Rodas Marzano, María del Carmen Dora Godoy Arenales de Rodas, sobrina de Antonio Arenales Forno, quien fuera Secretario de la Paz (SEPAZ) durante el gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012-septiembre 2015) y el Partido Patriota ((PP), y después diputado al Congreso de la República por el partido político Valor en el periodo 2020-2024.
Las centrales hidroeléctricas Pojom II y San Andrés serían administradas por la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y Generadora San Andrés S.A. (GSA) respectivamente, dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua de construcción simultánea con capacidad instalada de 20 MW y 10,65 MW respectivamente. Las centrales hidroeléctricas utilizarían las aguas de los Ríos Negro y Pojom para la central hidroeléctrica Pojom II, y los Ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo (o Palmira) para la central hidroeléctrica San Andrés.
Estos proyectos hidroeléctricos incluían la construcción de una Línea de Transmisión (L/T) y varias subestaciones eléctricas.
Entre 2014 y 2017, grupos armados que no fueron identificados, atacaron las instalaciones hidroeléctricas, “incendiaron su campamento, destruyeron maquinaria y agredieron al personal”, alegó el grupo empresarial, algo que se repitió en 2017. Todo eso condujo al paro de las operaciones.
El Observador ha abordado ampliamente este caso, prácticamente desde sus inicios, en múltiples publicaciones. Las publicaciones más recientes al respecto pueden consultarse en los siguientes enlaces, respectivamente:
El 21 de septiembre de 2021, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (MICI-BID/Invest), presentó el informe de Verificación de la Observancia luego de haber sido postergado en varias oportunidades. Este informe recoge los hallazgos de la investigación que esta instancia realizó para dar respuesta a la queja presentada el 6 de agosto de 2018 por las Autoridades Comunitarias y Ancestrales de las comunidades de Bella Linda, Yulchen Frontera, Nuevo San Mateo, Pojom, Nueva Concepción y Caserío San Francisco, todas de la Microrregión de Yichk’isis / Ixquisis o Yichk’isis, municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, pertenecientes a los Pueblos Originarios Maya Chuj y Maya Q’anjob’al, y en cuya representación han actuado desde entonces hasta la actualidad: el Payxail Yajaw Konob/Gobierno Ancestral Plurinacional; la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y la Plataforma Internacional contra la Impunidad (PCI), contra la instalación de las centrales hidroeléctricas Pojom II y San Andrés, que estaban siendo construidas por la empresa Energía y Renovación, Sociedad Anónima, subsidiaria del consorcio Energía y Renovación Holding, S.A (ERH), con fondos del BID/Invest.
El 29 de marzo de 2022, el BID/Invest anunció el retiro del financiamiento a Energía y Renovación, anunciaba una Retiro Responsable de la Microrregión de Ixquisis, en cumplimiento a la Recomendación 29 hecha por el MICI. Sin embargo, no se descarta que la empresa, previendo esta decisión, varios meses antes, el 7 de julio de 2021, presentó ante el Ministerio de Economía (MINECO) una notificación de controversia en la cual “invitaba” al Estado guatemalteco a resolver sus demandas de indemnización milmillonaria por la vía del diálogo.
El 21 de octubre de 2021, un mes después que el MICI hiciera público el Informe de Investigación al que se ha hecho mención, la empresa ERH, argumentando que el Estado de guatemalteco había violado sus derechos como inversor extranjero, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), presentó ante el Centro Internacional de Arreglo a Diferencias de Inversiones (CIADI) una demanda de arbitraje en contra el Estado de Guatemala reclamando una indemnización por más de US$ 100 millones.
Complejo entramado del poder oligárquico
A continuación, El Observador presenta la compleja red de empresas y entidades constituidas, tanto en Guatemala como en paraísos fiscales, vinculadas directa o indirectamente con los proyectos hidroeléctricos de Energía y Renovación Holding, S.A. (ERH).
Las fuentes de información son los documentos generados por la demanda de ERH, caso conocido como Energía y Renovación Holding, S.A. v. Republic of Guatemala, ICSID Case No. ARB/21/56; el Registro Público de Panamá; documentos de Ecuador Papers relacionados al entramado familiar que controla al Grupo Empresarial Mariposa Corp.; e información pública de The Central America Bottling Corporation (CBC).
