Óscar Cruz confirma la estrategia de retrasar e impedir el relevo de Cortes de Justicia
Nota de Coyuntura No. 34 / por Álvaro Montenegro Muralles
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), Óscar Cruz Oliva, declaró al diario Prensa Libre el pasado 14 de agosto que “todas estas maniobras son para eso. Para no permitir la alternabilidad que debe existir en el poder”, cuando el periodista de dicho medio, Douglas Cuevas, le preguntó sobre la intención de retrasar el proceso de Comisiones de Postulación para que los actuales titulares de la CSJ y de Apelaciones se mantengan en el cargo. La entrevista denota la confrontación existente entre los magistrados de la CSJ con su presidente, originada, en parte, por el control de la Gerencia General del OJ.
Foto: Alianza por las Reformas.
Guerra de comunicados
Lo aseverado por el presidente de la CSJ y del OJ también advierte que “existe una intención clara de sus colegas en no querer entregar los cargos de magistrados judiciales.”
Sus declaraciones se complementaron con un comunicado que publicó y una carta que Cruz Oliva envió a la Comisión de Postulación, en donde reiteró su criterio sobre que las instalaciones del OJ no pueden ser sede de las Comisiones de Postulación, contrario a lo que sus colegas –tanto de CSJ como de Cortes de Apelaciones- han insistido durante las sesiones. En ambos documentos citó el Artículo 52 de la Ley del Organismo Judicial en donde se establece que las funciones administrativas de dicho organismo recaen sobre su Presidente, por lo que, asegura, la decisión es de él y no del pleno.
Esto se dio en respuesta a que, por medio de un comunicado público, el resto de los magistrados y magistradas de la CSJ intentaron contradecirlo con una declaración en donde argumentaban que el “pleno” de la Corte estaba por encima del presidente de la misma, y que ellos/as consideraban que el Palacio de Justicia sí podía ser sede de las Comisiones. Cruz, anteriormente y luego que los rectores presidentes de las dos Comisiones de Postulación visitaran las instalaciones del Palacio de Justicia, había dicho que no se podían efectuar las sesiones de las postuladoras en este recinto por diversos motivos, tal como que no había espacio para todas las personas ni se había incluido en el presupuesto.
Lo dicho por el Presidente de la CSJ y del OJ en esa entrevista a Prensa Libre, confirma las expectativas de diversos espacios y expresiones de sociedad civil, entre ellas las Autoridades Indígenas, así como la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Panel de Personas Expertas Independientes, quienes han manifestado su intranquilidad por la dilación en el proceso, ya que lleva casi tres semanas en una discusión en donde 22 comisionados -afines en su mayoría al actual magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez-, buscan cambiar la Universidad Rafael Landívar (URL) como sede donde actualmente se vienen realizando las discusiones.
Las declaraciones de Cruz Oliva recuerdan la denuncia que en 2014 hizo la ex magistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar -hoy en el exilio y representante permanente de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) designada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León-, cuando destapó las anomalías en el proceso de elección de Cortes de Justicia que tuvo lugar en ese año, al grado que condujo posteriormente a la condena contra el entonces diputado del gobernante Partido Patriota (PP) y presidente del Congreso de la República, Gudy Rivera, por tráfico de influencias por ofrecerle reelegirla como magistrada de Apelaciones.
Ese proceso después se suspendió provisionalmente por un amparo presentado por organizaciones de la sociedad civil ante las denuncias de manipulaciones; la CC, presidida entonces por Roberto Molina Barreto, rechazó el amparo definitivo y ordenó que las cortes electas por Manuel Baldizón Méndez y Alejandro Sinibaldi Aparicio, quienes en ese momento controlaban el Congreso de la República, ambos excandidatos a la Presidencia de la República, tomaran posesión.
En 2019, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) liderada entonces por el fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló una estrategia para nombrar las Cortes de Justicia desde la cárcel, ya que decenas de operadores, candidatos y comisionados llegaron a visitar al sanatorio a Gustavo Alejos Cámbara, ex secretario de la Presidencia de Álvaro Colom Caballeros (enero 2008-enero 2012) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde se encontraba mientras estaba recluido en prisión preventiva. Entre las personas que asistieron estaban algunas que actualmente integran la Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones (CA), tal es el caso del comisionado Armando Ajín que, incluso, fue abogado de Alejos Cámbara y quien ha insistido en trasladar la sede a la CSJ. Ajín fue electo por la planilla de la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), apoyada por Néster Vásquez.
Vásquez ha sido señalado como uno de los actores más importantes en la elección, y quien ese encuentra sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos; estuvo involucrado en el “Caso Comisiones Paralelas 2020”. Actualmente ejerce la Presidencia de la CC y fue el único magistrado que en 2023 votó en contra de darle posesión a Bernardo Arévalo de León como presidente de la República. Para su llegada a la CC influyó la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ya que el 26 de febrero de 2021, fecha en que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) debía votar en segunda vuelta para nombrar a su representante para la CC, se destaparon órdenes de captura contra su principal rival y ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Estuardo Gálvez, lo que facilitó la elección de Vásquez a la CC.
¿Cuál es el impacto de las declaraciones de Cruz Oliva?
Juan Pablo Muñoz, coordinador de la Alianza por las Reformas, una coalición de 40 organizaciones que monitorea el proceso, apunta que existe un problema desde hace varios meses entre Cruz Oliva y el resto de magistrados y magistradas de la CSJ, lo cual puede observarse fácilmente pues es el único magistrado de la CSJ que no integra la Comisión de Postulación de Salas de Apelaciones.
Ante las declaraciones de Cruz, considera que “ (…) la Corte Suprema deja de ser una posibilidad como sede de manera definitiva”.
Además, recuerda que el primero en señalar estas intenciones dentro de postuladora fue el comisionado Wilson López, quien mencionó como responsable del atraso al magistrado de Sala Eduardo Castellanos Vanegas, quien ha presentado denuncias contra la ex jueza Erika Aifán, actualmente en el exilio.
El análisis que hace Muñoz indica que la intención de retrasar estaría vinculada a una pugna política que incluye la negociación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual debe aprobarse por el Congreso de la República antes del 30 de noviembre próximo, así como la elección de la nueva Junta Directiva para el próximo año, la cual tomará posesión el 14 de enero de 2025, por lo que podría darse un escenario en el que intenten elegir Cortes de Justicia hasta febrero de 2025, para así tratar de lograr una Junta Directiva en el Legislativo controlada por la oposición.
Otra posibilidad, añade, es que sí bien quieren cumplir el plazo para enviar la lista de aspirantes al Congreso de la República el 23 de septiembre próximo, pero que, ante tantos atrasos, apresuren la evaluación y la integración de la lista en poco tiempo para que haya menos debate y puedan, así, colarse aspirantes cuestionados/as, a la vez que haya menos posibilidad que sean objetados/as.
Otras personas consideran que también estaría tomándose en cuenta esperar los resultados de las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre, para analizar su impacto en la política hacia la región.
Los 48 Cantones de Totonicapán acudieron el 14 de agosto al Palacio de Justicia para demandar que cese el retraso al proceso de elecciones, y exigieron que “se cumplan los plazos”. También llamaron a que se elijan a los candidatos según los criterios de “probidad, idoneidad y honradez”.
Con anterioridad, el 8 de agosto, la Autoridades Mayas y Xinkas exigieron lo mismo mediante un comunicado que publicaron.
En una entrevista del autor con la directora para Mesoamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y ex fiscal general, Claudia Paz y Paz, expresó:
“(…) la alerta lanzada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, acerca de que el reclamo para cambiar la sede es una maniobra del resto de magistrados supremos para prolongarse indebidamente en sus cargos, es sumamente grave. Por quién lo dice y por lo que dice. Se trataría entonces del desarrollo de un plan para retrasar el proceso de elección de cortes y prolongar espuriamente sus cargos, violando la constitución”.
Asimismo, el Panel de Personas Expertas Independientes publicó un comunicado donde sus integrantes expusieron su “preocupación” por las declaraciones de Cruz Oliva, y señalaron el “conflicto de interés” que conlleva la postulación de actuales magistrados y magistradas a las magistraturas de ambas Cortes para el periodo 2024-2029.
