Resiliencia Judicial: Diagnóstico del Estado de la Independencia Judicial en Centroamérica
Nota de coyuntura No. 46 / por Equipo de El Observador
El 1 de octubre del año en curso, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), con el apoyo del Cyrus R. Vance Center for International Justice, presentó el informe “Resiliencia Judicial: Diagnóstico del Estado de la Independencia Judicial en Centroamérica” cuyos análisis y conclusiones sobre Guatemala confluyen con los criterios expuestos recientemente por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realizó una visita in loco al país:
Así como con los del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que igualmente estuvo en Guatemala en julio pasado:
Por la importancia que reviste en la coyuntura actual, El Observador publica el apartado sobre Guatemala contenido a lo largo del informe, el cual puede consultarse completo en el siguiente enlace:
Contexto regional
En Guatemala está en juego la institucionalidad y los cimientos del Estado de derecho por cuenta de la profunda crisis que enfrenta la judicatura, el periodismo libre y la defensa de derechos humanos. Existe una pugna permanente entre aquellos que luchan por acabar con las estructuras corruptas y su constante impunidad, y aquellos que quieren perpetuarla.
Actores privados tales como los grupos económicos y otros grupos de poder también ejercen influencias indebidas e intervenciones inadecuadas en la administración de justicia en Centroamérica. En algunas ocasiones, esto se hace a través de ataques y persecución física y digital, y criminalización o influencia sobre la carrera judicial para desarticular esfuerzos en contra de la impunidad. En Guatemala, estos grupos de poder han cooptado múltiples instituciones públicas que impiden una defensa de los derechos de juezas y jueces.
En Guatemala se vive un momento crucial debido al proceso que están llevando a cabo las Comisiones de Postulación para la nominación y posterior selección por el Legislativo, de magistradas y magistrados de Cortes de Apelaciones (CA) y de Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este proceso tiene años de atraso debido a múltiples casos de corrupción en años anteriores que demostraron las debilidades de este mecanismo, generando un desequilibrio institucional grave.
Influencia de grupos políticos a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo
Guatemala enfrenta un alarmante ataque frontal consistente en la criminalización dirigida contra jueces, juezas y fiscales por parte de diferentes instituciones públicas y de actores privados. Este fenómeno se manifiesta a través de una serie de procesos disciplinarios, quejas administrativas, y acciones judiciales penales que tienen el objetivo de remover, neutralizar o atacar a aquellos funcionarios judiciales comprometidos con la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción. Las personas operadoras de justicia perseguidas pertenecían a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), así como a tribunales de alto riesgo que combatían ferozmente la corrupción y la impunidad, en casos de delitos graves o de lesa humanidad, tal como en el caso de José Efraín Ríos Montt, general retirado del ejército de Guatemala quien murió impune tras la anulación de un juicio que lo declaró culpable de genocidio.
El informe titulado “La criminalización de personas operadoras de justicia en Guatemala – estrategia para asegurar la impunidad” publicado por el Vance Center en 2022, demuestra cómo todas las personas que administran justicia que se encuentran en el exilio o en la cárcel, tienen en común el trabajo de defensa de derechos humanos y lucha contra la corrupción; cómo todos los denunciantes tienen en común estar involucrados como investigados o sindicados en procesos penales; y cómo los procesos penales se han convertido en el modus operandi para manipular la administración de justicia en el país.
Así, decenas de juezas, jueces y fiscales se han visto obligados a exiliarse para proteger su vida, su libertad y su integridad, así como los derechos de sus familiares. Esto ha permitido una cooptación de buena parte del sistema judicial y un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, tal y como lo han denunciado múltiples organizaciones de la sociedad civil. Los retrocesos ya se observan con claridad desde la salida de la CICIG, así como mediante el debilitamiento de las pruebas y los procesos que se llevaban a cabo en tribunales del alto riesgo.
Tal estrategia de ataque no solo compromete la integridad y autonomía del sistema judicial, sino que también mina la confianza pública en las instituciones legales. La criminalización sistemática de actores clave representa un grave desafío para el Estado de derecho y la gobernabilidad, generando un entorno propenso a la impunidad y al debilitamiento de los mecanismos de justicia. Esta situación requiere una atención urgente, sobre todo a nivel internacional para salvaguardar la independencia judicial, y asegurar el respeto a los principios fundamentales del debido proceso y la justicia.
Presupuesto como una forma de presión
En varios países de Centroamérica, los poderes políticos han utilizado el control del presupuesto asignado al poder judicial como una herramienta de presión, comprometiendo así su independencia. La asignación insuficiente de recursos financieros, o la retención y retraso en la entrega de fondos aprobados, son tácticas comunes que los gobiernos emplean para influir en la actuación de los jueces y en la administración de justicia. Por ejemplo, en Guatemala ha habido casos donde el Congreso de la República ha retrasado deliberadamente la aprobación y distribución del presupuesto judicial, dificultando el funcionamiento eficiente de los tribunales y limitando su capacidad para abordar casos sensibles que involucran a actores políticos influyentes.
Influencia de grupos económicos
En Guatemala y El Salvador, la influencia de poderosos grupos económicos sobre la administración de justicia ha sido una preocupación recurrente, ya que estos actores buscan proteger sus intereses y mantener su influencia política y económica. En Guatemala, las élites económicas han sido acusadas de utilizar su poder financiero para influir en las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con la corrupción, la protección de sus negocios y la impunidad por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en el contexto de la lucha contra la corrupción se ha documentado cómo ciertos grupos empresariales han presionado a jueces para frenar o desviar investigaciones que los involucran, utilizando su capacidad de financiamiento de campañas políticas y su control sobre medios de comunicación para ejercer presión indirecta sobre el poder judicial.
Adicionalmente, las cámaras empresariales organizadas manifiestan un respaldo público y férreo a la gestión de la Fiscal General en Guatemala. Lo anterior, no obstante haber sido señalada como actora anti democrática y corruptora por gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, al procurar la persecución selectiva de jueces independientes, así de como fiscales y otros operadores de justicia. Los empresarios ejercen influencia en el sistema de justicia a través de operadores que no actúan de manera independiente, que responden a intereses particulares de estos empresarios y de grupos criminales organizados, como son, entre otros, organizaciones no gubernamentales que bajo la forma, por ejemplo, de fundaciones, se constituyen en denunciantes y querellantes para esa persecución selectiva, en contubernio con el Ministerio Público (MP), y el apoyo parcializado de jueces y magistrados que responden a esos intereses ilegítimos.
La influencia de sectores empresariales en las decisiones de persecución penal en Guatemala es evidente, y el impacto de ésta en la independencia judicial también. Si juezas y jueces actúan de manera independiente, son perseguidos y criminalizados hasta el exilio. Se conocen casos de ofrecimiento de dinero a jueces por empresarios para resolver favorablemente. Existen procesos iniciados contra empresarios, especialmente aquellos involucrados en casos de corrupción -fraude, amaño en la elección de Cortes y financiamiento electoral ilícito, entre otros-, quienes a través de operadores hacen ofrecimientos monetarios a jueces para obtener una resolución en determinado sentido, aparte de amenazas, hostigamientos, denuncias espurias, tanto disciplinarias cómo penales.
La importancia del gobierno judicial
La ausencia de instituciones de gobierno judicial robustas en Guatemala ha contribuido significativamente a la fragilidad del sistema judicial y a la concentración de poder en manos de un pequeño grupo de magistrados y jueces. La falta de un Consejo de la Judicatura independiente, que supervise de manera efectiva los procesos de selección, nombramiento y disciplina de jueces, ha permitido que actores políticos y económicos influyan en la administración de justicia, socavando la imparcialidad y la transparencia en el sistema judicial. Esta carencia institucional también ha dificultado la implementación de reformas necesarias para mejorar la eficiencia y la equidad en los tribunales, lo que ha perpetuado problemas como la corrupción, la ineficiencia y la falta de acceso a la justicia. Además, la concentración de poder en las altas Cortes sin un mecanismo efectivo de rendición de cuentas interna ha generado un ambiente donde las decisiones judiciales pueden ser manipuladas para servir intereses particulares, en lugar de proteger el Estado de derecho y los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este contexto, la creación y fortalecimiento de una institución de gobierno judicial autónoma y eficaz, es crucial para garantizar la independencia del poder judicial y para restaurar la confianza pública en la justicia en Guatemala.
En 2022, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) hizo un análisis comparativo de los Consejos de la Judicatura en la región, resaltando normas y prácticas democráticas y funcionales que reducen el poder de las Cortes Supremas y permiten un funcionamiento más eficiente.
Procesos de selección y criterios de evaluación
En Guatemala, las Magistraturas de Salas de Apelación (CA) y de la Corte Suprema (CSJ) son designadas a través de un mecanismo de Comisiones de Postulación en el que participa un grupo plural de la comunidad jurídica, incluyendo representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de la academia y de la propia judicatura. Estas comisiones tienen el deber de integrar una lista de personas candidatas compuesta del doble de las vacantes disponibles y remitirla al Legislativo para que nombre a las personas que ocuparán dichas magistraturas. Este proceso tiene algunos elementos positivos cuyo objetivo es velar por la integridad y la transparencia, sin embargo, la aplicación de las normas ha sido compleja. Este proceso se ha debilitado completamente, generando incentivos negativos para que algunos integrantes de la comunidad jurídica manipulen las diferentes etapas del proceso de acuerdo con sus intereses políticos y económicos, y nombrar a las y los magistrados que permitan impunidad en casos concretos. A manera de ejemplo, la Ley de Comisiones de Postulación establece la participación de las y los Decanos de las facultades de derecho, y lo que ha sucedido es que se fundan facultades de derecho que sólo existen en papel y que no tienen alumnos ni currículo.
En la elección de Cortes se tiene conocimiento de la injerencia de grupos de poder económico en los procesos de selección de magistrados a través de influencia en las Comisiones de Postulación y en el Poder Legislativo. Los empresarios que actúan mediante operadores, gestionando con los interesados en ocupar las altas Cortes, ofreciendo asegurar su selección, y así obtener cortes sesgadas y complacientes; de hecho, por ese motivo se inició proceso penal bajo la causa conocida como “Comisiones Paralelas” en el que el MP, en lugar de procurar una investigación objetiva ha bloqueado la prosecución de la misma, y ha buscado desestimar las denuncias a ese respecto. Además de que en la integración de las Comisiones de Postulación también buscan tener incidencia en su conformación, financiando grupos de abogados para obtener comisionados sesgados que favorezcan sus intereses, procurando la elección de aquellos postulados que respondan a sus pretensiones y aseguren impunidad en las altas Cortes al momento de estar sometidos al sistema de justicia.
El Vance Center publicó un documento reciente explicando en detalle este proceso de nombramiento de magistradas y magistrados de altas cortes en Guatemala, resaltando la relevancia de la veeduría internacional este año en el proceso que se está llevando a cabo.
Retos y desafíos
En Guatemala no existe una representación equitativa de comunidades marginadas en el Poder Judicial puesto que, por ejemplo, los grupos indígenas no tienen acceso igualitario al ejercicio de la función judicial y cuando se trata de un grupo que representa al 43% de las personas en Guatemala. Tampoco se evidencia visibilidad ni representatividad de personas LGBTIQ+. En cuanto a la presencia de mujeres en la judicatura, este se encuentra más cerca de alcanzar la paridad con un aproximado de 45%, aunque con las respectivas dificultades para ejercer la judicatura cuando se etiqueta por posible incompatibilidad profesional en relación con el rol de madre, esposa y “encargada del hogar”, por persistir machismos y micro machismos imperantes socialmente. En esto influye, entre otros motivos, la falta de acceso a una educación superior, sobre todo en áreas rurales, agravándose la situación cuando se trata de mujeres de grupos indígenas. Siendo la percepción pública y la desconfianza en el sistema de justicia que no se aplica con igualdad, dándose un trato privilegiado a quien pertenece a grupos de poder económico, político, crimen organizado, entre otros; reconociendo, sin embargo, que existen jueces independientes que actúan de manera proba, a pesar de la adversidad del sistema.
Conclusiones y recomendaciones
La independencia judicial en Centroamérica enfrenta desafíos significativos debido a la injerencia de poderes públicos y actores privados. En varios países de la región como Guatemala y El Salvador, se observan preocupantes niveles de intervención política y económica que comprometen la imparcialidad de la judicatura. La criminalización de jueces y fiscales, la manipulación de los procesos de selección y nombramiento de magistrados, así como el uso indebido de traslados y sanciones administrativas, son mecanismos utilizados para socavar la autonomía judicial. A pesar de estos desafíos, algunos países como Costa Rica, Panamá y República Dominicana han adoptado buenas prácticas que fortalecen la independencia judicial, aunque todavía enfrentan problemas relacionados con la carrera judicial, el presupuesto y la diversidad en la judicatura.
Recomendaciones puntuales
- Fortalecimiento de la autonomía judicial. Es crucial implementar y reforzar mecanismos legales y administrativos que protejan la independencia de los jueces y magistrados, incluyendo la inamovilidad en sus cargos y la transparencia en los procesos de selección y nombramiento.
- Combatir la injerencia política y económica. Se deben establecer salvaguardias robustas contra la influencia indebida de actores políticos y económicos en la administración de justicia. Esto incluye, asegurar la asignación presupuestaria adecuada y regular, sin condicionamientos que afecten la toma de decisiones judiciales.
- Promoción de la justicia abierta. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial mediante el uso de tecnologías de la información, y la implementación de prácticas de justicia abierta que permitan la supervisión ciudadana y refuercen la confianza pública en las instituciones.
- Reforzar los mecanismos anticorrupción. Asegurar la integridad en la función jurisdiccional es clave para aumentar la legitimidad del trabajo de juezas y jueces. Asegurar la existencia de obligaciones éticas y de integridad mediante políticas públicas es tarea de las judicaturas de la región.
- Diversidad en la judicatura. Es fundamental promover políticas de inclusión que aseguren la representación equitativa de mujeres y grupos marginados dentro del sistema judicial, lo cual aumentará la legitimidad y la calidad de la justicia impartida.
- Reforzar la protección internacional. Es necesario que los países centroamericanos fortalezcan su compromiso con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, asegurando la conformidad de sus sistemas judiciales con los principios de independencia y protección de derechos fundamentales.
