Finca La Perla: despojo histórico de tierras ejidales de Chajul y violación de derechos laborales
Nota de Coyuntura No. 57/ por Equipo de El Observador
La finca La Perla, localizada en el municipio ixil de San Gaspar Chajul, Quiché, volvió a ser noticia cuando el 31 de octubre pasado trascendió que hombres armados con gorros pasamontañas, intentaron desalojar a varias familias de la comunidad Xemaq ubicada en una porción de la misma. Se trata de ex mozos colonos y ex trabajadores despedidos por los finqueros de apellidos Arenas Menes y Arenas Echeverría, sus propietarios, con saldo de varias personas heridas y una fallecida. Es un caso con antecedentes históricos marcado por el racismo, la desigualdad y la explotación terrateniente en un territorio que fue golpeado por la guerra interna.
Imagen: centro de la Finca La Perla y aldea Xemak. Fuente: Google Earth. Nota: el nombre de la aldea varía según la fuente: Xaamac, Xemac, Xemaq o Xemak.
Los hechos
El 31 de octubre pasado, al filo de medio día, Rodrigo Arenas Echeverría[1] publicó un mensaje en la red social X que decía:
“En estos momentos un grupo de delincuentes invasores asesinaron a un Juan Caballón, e hirieron a 3 personas, y tienen secuestrados a mi hermano, mi tío, un ingeniero, y un abogado en Finca La Perla. Todas las denuncias a las respectivas autoridades están hechas. Esto no quedará impune”. (Sic).
Inmediatamente, el medio digital República del cual Arenas Echeverría es fundador y presidente, divulgó la noticia en los siguientes términos:
“Un grupo de delincuentes secuestró a los empresarios Enrique Arenas Echeverría y a Ricardo Arenas Menes, así como a otras personas, en los alrededores de la finca La Perla, en jurisdicción de Chajul, Quiché.
“Hasta el momento se sabe de manera extraoficial que hay un elemento de seguridad fallecido y al menos dos heridos, saldo del ataque contra los propietarios. El abogado de los afectados es otro de los secuestrados, pero se encuentra en otro lugar”.
“…La finca La Perla es propiedad de la familia Arenas Echeverría. La mañana de este jueves, un grupo de 35 delincuentes intentó apoderarse de una parte de los terrenos y ello sería la causa del ataque. El vehículo en el cual se conducían las víctimas, recibió varios impactos de bala. El alcalde auxiliar del área, aparentemente es uno de los responsables de los hechos violentos. Tendría retenido al abogado de la familia, en otra localización”.
Un medio digital local divulgó el hecho haciendo alusión a Ricardo Arenas Menes como director de la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y el Prevaricato (ACDEPRO), y lo atribuyó a que el desalojo se tornó violento.
Otra fuente divulgó un video bajo el título: “//CONFLICTO POR TERRENOS EN LA PERLA #CHAJUL DEJA FALLECIDOS Y HERIDOS//”, en el que se observó a hombres con gorros pasamontañas frente a pobladores de la comunidad que, al parecer, salieron en defensa de los finqueros.
Siendo hasta ese momento confusos los hechos, más allá de las anteriores versiones, la conservadora Cámara del Agro (CAMAGRO) emitió un comunicado en donde expresaba su preocupación por lo que denominó el secuestro de los empresarios, así como de las otras personas en la finca La Perla, e hizo un llamado urgente a las autoridades para que actuaran de inmediato para asegurar la liberación de los secuestrados y se persiguiera a los responsables, ya que el ataque no solo ponía en riesgo su vida, sino que también generaba…
“…un clima de inseguridad que afecta a toda la comunidad empresarial y el desarrollo del sector agroindustrial en Guatemala”. Tres horas y media más tarde, el diario La Hora informó que autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) dijeron que el área ya se encontraba resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército, y que un helicóptero militar se había movilizado a la zona para rescatar a Enrique Arenas Echeverría, Ricardo Arenas Menes y Gerardo Ignacio Herrarte Abascal.
La versión desde las comunidades
Según las Autoridades Comunitarias de la Aldea Xemac-La Perla, en horas de la mañana un grupo de seguridad de la familia Arenas Menes y Arenas Echeverría, “dueños de la finca”, portando armas de fuego y con gorros pasamontañas empezaron a intimidar a familias que viven a las orillas de esta aldea y, en tanto transcurría el tiempo, uno de los hombres del finquero recibió una llamada en su celular; después de esto empezaron a disparar a las familias hiriendo a dos mujeres y a tres hombres. Entre los disparos falleció un hombre encapuchado que, se supuso, era integrante de la seguridad de la finca cuyo nombre trascendió horas después, era Juan Díaz. A unos cuantos metros estaba estacionado un vehículo que fue rodeado por hombres de la aldea, y en su interior había unas personas que más tarde se supo que eran de la familia Arenas. Los comunitarios detuvieron al vehículo y a sus ocupantes, hasta que llegaron los policías para entregárselas e iniciar la investigación, aunque en horas de la tarde aún no se había presentado el Ministerio Público (MP). Según las Autoridades Comunitarias, el finquero iba con toda intención de provocar esta situación y acusó a los comunitarios de secuestro.
La Coordinadora de Organizaciones Ixiles se manifestaron por los hechos mediante un comunicado que confirmó la llegada de hombres armados y con gorros pasamontañas a exigirles a las familias que han instalado sus viviendas en ese lugar de la finca, a que se retiraran o que pagaran el derecho a vivir ahí, y de manera prepotente y abusiva empezaron a intimidar a las mujeres, niñas y niños, pues los hombres salieron a trabajar muy temprano; comenzaron a disparar y como único recurso y defensa rodearon el vehículo donde se transportaban propietarios de la finca. En la confusión de los disparos, hirieron a algunas mujeres y a uno de sus propios compañeros, quien murió.
Señalan las organizaciones que en la confusión lograron ubicar a uno de los desconocidos armados y con pasamontaña, al que capturaron y entregaron a la PNC, y que este grupo armado no era parte de las fuerzas de seguridad gubernamental, ni de ninguna otra institución del Estado, y tampoco portaban ninguna orden de juez para realizar acciones contra los comunitarios.
El comunicado rechazó las prácticas violentas y la criminalización de los comunitarios, pues fueron los que se dicen dueños de la finca La Perla los que enviaron a hombres armados y con pasamontañas a intimidar a la población y provocaron los incidentes. Las organizaciones señalan que son las empresas hidroeléctricas y la finca La Perla las que mantienen grupos armados en la zona, no las comunidades (ver recuadro al final).
Los Arenas Menes no han pagado el tiempo de trabajo a 400 mozos colonos que despidieron
Entre marzo y mayo del presente año, El Observador entrevistó a varios de los ex mozos colonos que trabajaron en la finca La Perla y Anexos, S.A., quienes informaron que, en el año 2009, Ricardo Arenas Menes, entonces Gerente General y uno de los hermanos propietarios de la finca La Perla, negoció con 600 mozos colonos que habitaban las tierras de la finca para que cada uno tuviera una cuerda de terreno, pero esto fue incumplido por Enrique Arenas Menes, quien les indicó que todo lo prometido por su hermano no tenía validez.
De esos 600 ex mozos, 180 fueron indemnizados porque siempre “apoyaron y estuvieron con el patrón”. En tanto, los 420 mozos colonos restantes, algunos fueron expulsados de las tierras que habitaban y otros corren el peligro que los expulsen. Para resguardarse y exigir el pago de sus indemnizaciones, iniciaron un proceso legal contra los Arenas Menes y contrataron a un abogado que lleva el caso.
“…el patrón no quiere pagar el tiempo trabajado a las 400 personas que durante más de 30 años trabajaron en la finca como mozos colonos; y aparte de no querer pagar el tiempo trabajado, les quiere vender los sitios en los que estas personas habitan. Algunos sitios miden entre 25 y 30 metros. Ahora, Enrique Arenas está pidiendo entre Q 15 mil y Q 60 mil por las tierras, además está presionando con la prestación de la luz, pues dice que quien no compré la tierra no tendrá luz”.
Un comunitario ya anciano que trabajó 40 años en la finca La Perla y cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, informó que Enrique y Ricardo Arenas están sacando a la gente de la finca, y para ello están vendiendo la tierra que está afuera de las 22 caballerías de la finca.
“…fuimos despedidos por exigir que se nos pagara 15 quincenas atrasadas. Quien promovió el despido fue el administrador de la finca. Nos despidieron y nos sacaron. Pedimos al alcalde que hablara con el patrón para que los perdonara, pues por pedir que se nos pagara los salarios caídos, nos puso una serie de denuncias”.
“…nos sacaron a pesar de que nos ofrecieron tierra si ayudábamos a sacar a los enemigos (los guerrilleros) que les querían quitar la tierra. Los que ya compraron tierra al patrón me han amenazado a mí y a otros 10, de sacarnos a balazos de las tierras que habitamos”.
“El anterior patrón nos daba tierra para sembrar. Don Ricardo Arenas dice que no somos capaces de sembrar la tierra, esa fue la excusa que usó para venderle tierra a las empresas (Hidro Xacbal e Hidro Xacbal Delta) Ya ni leña podemos sacar”.
Aunque la Pastoral Social los acompañó y logró que se quitaran las denuncias, no se arregló nada del pago de los salarios caídos. El caso fue denunciado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), y cuando Ricardo Arenas supo eso se apareció y les ofreció Q 6 mil para que no siguieran con el caso, pero no aceptaron ya que, según un comunitario, solo la casa en donde vivía costaba Q 15 mil.
“Hay entre 70 y 80 personas que han comprado la tierra; el dinero lo han obtenido de sus familiares que están en los Estados Unidos, y como respaldo a la compra se les ha entregado un plano, no la escritura de las tierras; a las tierras compradas se les ha dado el nombre de San Isidro. Nosotros (los 400 mozos colonos) hemos decidido que no compraremos la tierra hasta que el patrón nos pague la indemnización”.
Quienes están comprando la tierra han pagado entre Q 5 mil y Q 6 mil, pero el papel que han recibido no ha sido aceptado por los bancos cuando solicitan un préstamo.
Los extrabajadores señalan que el administrador de la finca La Perla (legalmente aparece el ingeniero agrónomo Edgar Rubén Santiago López), los mayordomos y el actual alcalde de San Gaspar Chajul, Gregorio Benjamín Soto, quien ganó el cargo para el periodo 2024-2028 postulado por el partido político Valor, los han venido presionando para que compren los terrenos. “Mincho”, como le dicen, es originario de la finca La Perla, y muchos de los comunitarios dicen que votaron por él porque era de los “suyos” y porque era “buena gente”, y por eso pensaron que los iba a apoyar en cualquier proyecto y en la lucha por la tierra. En la campaña electoral, Soto ofreció que iba a construir la carretera desde el casco urbano de Chajul hacia Ilom.
“…ojalá que gané muchá y así vamos a recuperar la tierra”.
Pero, el actual alcalde no está dando señas de querer apoyarlos. Ha obstaculizado la autorización del Consejo de Desarrollo Local (COCODE) de la comunidad Xemaq, quienes fueron reelectos para otros dos años.
“El ‘patrón’ apoyó también al nuevo alcalde pues, como es de La Perla, está seguro que bloqueará la lucha por la indemnización por el pasivo laboral que han iniciado los ex mozos colonos y el proceso jurídico que se está realizando para determinar cuál es la situación de la tierra en Chajul, particularmente, el esclarecimiento de las tierras de las cuales se han apoderado los Arenas Menes”.
“…Por eso, el alcalde actual no quiere que los antiguos COCODES sigan en sus cargos porque han sido éstos los que han iniciado el proceso. El patrón sólo quiere a quienes están de su lado (los que han comprado y a los 180 ex mozos colonos que fueron indemnizados). Él siempre quiere conflicto entre los comunitarios”.
“Queremos que la ley nos haga justicia; el patrón siempre quiere manipularnos para que estemos a su lado. Para presionar a los ex mozos colonos a que compren la tierra, el ‘patrón’ prohíbe que se saque leña e impide, a través de su seguridad, que los ex mozos colonos que han iniciado la lucha por el pago de sus prestaciones laborales, se acerquen a las playas del río para extraer arena”.
El despojo de tierras de Chajul por parte de los propietarios de la finca La Perla
En 1996, durante el gobierno empresarial de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el desaparecido Partido de Avanzada Nacional (PAN), comunidades ixiles de Chajul como Tzotzil, Ilom, Estrella Polar y Las Pilas, que contaban en ese entonces con asesoría de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), presionaron para que, a través del desaparecido Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), en ese momento bajo la gestión de Enrique Godoy García-Granados[2], y la Municipalidad de San Gaspar Chajul, siendo el alcalde Manuel Asicona, se contrataran los servicios de abogados para que hicieran una investigación jurídica para determinar la existencia o no de ilegalidades en el acaparamiento de las tierras comunales de Chajul que, desde mediados del siglo XX, han venido realizando los Arenas Menes, partiendo de las 123 caballerías que esta familia dice haber adquirido, pero sobre las que no hay documentos legales que respalden que esa extensión de tierra es de su propiedad, ya que solo han podido dar cuenta de escrituras de las 22 caballerías de la finca la Perla que originalmente se llamaba Xemaq.[3]
La contratación de los abogados se dio a raíz de la ocupación de la finca La Perla que, en 1996, en el marco del proceso de desarme y movilización que se dio por la firma de los Acuerdos de Paz, realizaron comunitarios de varias de las comunidades afectadas por el despojo de tierras. El gobierno del Arzú Irigoyen y el PAN, para evitar brotes de organización y movilización popular-comunitaria, delegó en FONAPAZ la tarea de atajar, a través de reuniones de diálogo, las reivindicaciones por la tierra de la población de Chajul, comprometiéndose las tres partes -gobierno, Alcaldía de Chajul y comunidades- a realizar la investigación jurídica. Sin embargo, únicamente los comunitarios cumplieron lo acordado y con dinero proveniente de aportes propios por un monto de Q. 108 mil, contrataron la investigación ya mencionada; un proceso que llevó tres meses y que determinó que no existen escrituras de las 11 que abarcan una extensión de 123 caballerías que la familia Arenas Menes asegura son de su propiedad.
El caso fue retomado en 2021 con la presentación de una Acción de Amparo, y en ese mismo año se hicieron gestiones ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para que apoyara estudios jurídicos y catastrales que ayudaran a esclarecer cómo está la situación de las tierras en Chajul, y se tiene previsto solicitar audiencias en el Registro General de la Propiedad (RGP) de Quetzaltenango para pedir la anulación de más de 260 documentos que cuentan con anomalías.
Sobre la finca La Perla y sus propietarios
Lo que hoy constituye la finca La Perla, Sociedad Anónima y Anexos, fue adquirida al Banco de Guatemala (BANGUAT) en el año 1944 por José Luis Arenas Barrera, y contaba con una extensión de 62.8 caballerías, incluyendo sus 10 anexos, aunque en la actualidad se asegura que tiene unas 130 caballerías.
Ese excedente fue obtenido entre los años 1974 y 1978 cuando Arenas Barreda ocupó varios cargos en el gobierno militar del general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), siendo el encargado de la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén (FYDEP) y, según dan cuenta varias fuentes, sus herederos han utilizado todo tipo de argucias para ampliar linderos y certificar actas de compraventa.
Arenas Barrera, conocido como “El Tigre de Ixcán”, fue uno de los fundadores del Partido de Unificación Anticomunista (PUA) en 1952, hermano político y antecedente de lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), conocido como “el partido de la violencia organizada”. Fue un terrateniente extremadamente cruel contra los trabajadores, por lo que fue ajusticiado en junio de 1975 por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), acción con la que la organización revolucionaria se dio a conocer públicamente, y que sirvió para que se instalara un destacamento militar en el interior de la finca.
El ajusticiamiento de Arenas Barrera marcó un punto de inflexión en la violencia en la región y profundizó el conflicto entre la guerrilla y el ejército, quedando las comunidades indígenas de Chajul atrapadas en medio de este enfrentamiento, ya que la violencia se intensificó y llevó a una mayor represión por parte del ejército.
Tras la muerte de Arenas Barrera, sus hijos, Enrique y Ricardo Arenas Menes, se hicieron cargo de la finca.
En la finca La Perla se instalaron sin consultar a las comunidades aledañas, las centrales hidroeléctricas HidroXacbal e HidroXacbal Delta, propiedad del grupo hondureño Terra, y las cuales fueron construidas por la transnacional israelita Solel Boneh International (SBI).
En la nota “Construcción de hidroeléctrica Xacbal genera descontento en población Ixil”, escrita por la periodista Luisa Reynolds, y publicada en la plataforma electrónica Albedrío, se indica que la finca La Perla en 1896 tenía una extensión de 22 caballerías -990 hectáreas-, en tanto que actualmente tendría, según un estudio registral de la Comisión Presidencial de Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA) -ya desaparecida-, una superficie inscrita de 62 caballerías -2,790 hectáreas-. (Inforpress Centroamericana No. 1713, 20 de julio de 2007).
La familia Arenas y la finca La Perla de la que son propietarios, representan un capítulo oscuro en la historia de Chajul, uno de los tres municipios de la Región Ixil, el cual está marcado por la desigualdad, la explotación y la violencia. Sus acciones contribuyeron a generar un ambiente de conflicto y desconfianza que ha tenido profundas consecuencias para las comunidades maya ixiles de la región.
La figura del terrateniente José Luis Arenas Barrera, “El Tigre de Ixcán”, ha sido una parte importante y controvertida de la historia del municipio de Chajul y su relación con las comunidades indígenas, ya sea por la forma en que se apoderó y despojó anómalamente y al amparo de los gobiernos militares contrainsurgentes de la década 1970, de grandes extensiones de grandes extensiones de tierra en la región, incluyendo la finca La Perla, lo que ha hecho que haya estado involucrada en numerosos conflictos de tierras con las comunidades indígenas de Chajul, las cuales se remontan a los inicios del siglo XX y que han girado en torno a la posesión de tierras comunales; o por los abusos y la explotación a la que han sometido a los trabajadores y campesinos en sus fincas. (Se recomienda las siguientes lecturas: https://avancso.org.gt/publicaciones/proximas-publicaciones/ y https://digitalcommons.kennesaw.edu/mayaamerica/vol3/iss3/11/
[1] Arenas Echeverría es hijo de Enrique Arenas Menes y sobrino de Ricardo Arenas Menes. Es uno de los principales fundadores del llamado Movimiento Cívico Nacional (MCN) que encabezó el movimiento de “Los Camisas Blancas” que, en 2010, exigieron la renuncia de Álvaro Colom Caballeros a la Presidencia de la República, luego que el abogado Rodrigo Rosenberg lo señalara, junto con su entonces esposa y Primera Dama de la Nación, Sandra Torres Casanova; el entonces Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara; y el empresario Gregorio Valdés O’Connell, de ser los responsables de su asesinato. Arenas Echeverría fue señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, cuando era conducida por el fiscal Juan Francisco Sandoval, de su implicación en el caso de corrupción de alto impacto “Financiamiento Electoral Ilícito al FCN I, II y III”, por el cual fue juzgado y absuelto.
[2] Enrique Godoy García-Granados fue Concejal I en varias de las administraciones municipales de Álvaro Arzú Irigoyen con quien estuvo emparentado, en los cinco periodos que éste estuvo al frente de la Alcaldía capitalina. Quique Godoy, como se le conoce, fue durante un corto tiempo Comisionado Presidencial para el Desarrollo Urbano al inicio del gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el desaparecido partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) que lo llevó al poder.
[3] Camacho Nassar, Carlos. Tierra, identidad y conflicto en Guatemala. Dinámicas Agrarias No. 5. Capítulo IV: Ilom, Sajsiban, Ixtupil y Sotzil: Cuatro aldeas ixiles en lucha por la tierra. Flacso, Minugua, Contierra, 2003.
