“Pacto de impunidad” desafía al alicaído gobierno de Bernardo Arévalo para defenestrarlo
Nota de coyuntura No. 60 / por Equipo de El Observador
La estrategia pro corrupción y pro impunidad total que el “Pacto de Impunidad” ha venido ejecutando desde 2016, con la participación de los dos últimos gobiernos, ha continuado a lo largo de estos 10 meses que lleva el primer año de la gestión gubernamental de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, del Movimiento Semilla. El objetivo de asegurarse el Ministerio de Comunicaciones como botín de ese Pacto debilita al gobierno, que ve en caída su imagen y popularidad ante la falta de una estrategia de comunicación que revierta los ataques, y que exponga logros y errores de gobiernos pasados.
Imagen: El Observador
Los pasos de la estrategia golpista del “Pacto de Impunidad”
Esa estrategia no se detuvo tras la toma de posesión del gobierno de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla. Esos actores del pacto persiguieron sabotear, desde que el 25 de junio de 2023, al entonces binomio presidencial del ahora partido oficialista, y que luego pasaría a disputar la Presidencia de la República en la segunda vuelta electoral que tuvo lugar el 20 de agosto, resultando ganador, agudizando los ataques y desgaste desde ese momento.
Esta ofensiva no se ha detenido y tiene como objetivos:
1. Retrotraer y cancelar los juicios de justicia transicional en los que fundamentalmente están implicados oficiales del alto mando militar contrainsurgente de las décadas de 1970 y 1980, que ejecutaron la política de tierra arrasada y las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante la guerra interna.
2. Neutralizar y acabar, mediante la criminalización y la represión, las resistencias indígenas, comunitarias y campesinas que se han organizado frente a proyectos de inversión corporativos del capital nacional y transnacional instalados en los territorios donde habitan comunidades indígenas, las que también exigen y demandan la recuperación de sus tierras ancestrales, invadidas por empresas.
3. Cancelar todos los juicios por corrupción de alto impacto que fueron planteados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)-MP, fundamentalmente en donde han resultado implicados empresarios corporativos de las fracciones empresariales más influyentes y poderosas aglutinadas en el G-8, funcionarios de por lo menos los últimos tres gobiernos anteriores al actual, militares retirados, diputados y diputadas al Congreso, mandatarios del país como Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, y especialmente Alejandro Giammattei Falla, jueces y magistrados de las altas Cortes de Justicia, y operadores políticos vinculados a todos estos personajes y a partidos políticos que han encabezado las encuestas electorales.
4. Instaurar un régimen de parlamentarismo negro que persigue utilizar la “democracia parlamentaria” por sobre el régimen jurídico, violentándolo, bajo la justificación que se necesita ordenar el caos que creó la transición política desde 1985 a la fecha, y los Acuerdos de Paz firmados en 1996, ya que abrieron el espectro de la participación política y empezaron a restarle y disputarle espacio político a los actores oligarcas en la toma de decisiones y conducción del Estado guatemalteco. El parlamentarismo negro evidencia una incongruencia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y perseguiría restarle espacio a otros actores que no son parte de la elite del poder para consolidar un régimen corrupto y represor utilizando el andamiaje legal.
Frente a todos estos factores, el gane del gobierno por parte de un partido de extremo centrismo como el Movimiento Semilla, que ofreció atacar y atajar la corrupción y que no forma parte del circuito de poder oligarca, desde la perspectiva del pacto constituye una amenaza que ese Pacto no tenía contemplada que sucediera.
Ha estado clara la estrategia golpista que el Pacto ha venido hilvanando para revertir los resultados electorales de 2023 y defenestrar al gobierno del Movimiento Semilla, con el Ministerio Público (MP) y Consuelo Porras Argueta a la cabeza de su operatividad, y con el contubernio de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tras fracasar en su intento de boicotear la toma de posesión del nuevo gobierno, el pacto ha continuado con la persecución política contra el Movimiento Semilla a través de las acciones ilegales del MP, manteniendo cancelado al Movimiento Semilla como partido político, violentando la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) mediante utilizar la Ley contra el Crimen Organizado de un rango menor que la primera, y encaminando más de una decena de acciones para retirarle la inmunidad al mandatario y a la vicemandataria para que sean investigados, montando casos y acusaciones de un supuesto fraude electoral a su favor; de utilizar la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que la oposición legitima estudiantil, docente y administrativa ha organizado frente al corrupto y fraudulento rectorado de Walter Mazariegos, como una plataforma electoral; así como de financiamiento electoral no registrado en un caso que involucraría a Félix Alvarado Browning, ahora ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
A la par, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)-MP bajo la conducción de Rafael Curruchiche, ha enderezado también procesos contra cuadros del partido oficial como la ex diputada y directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, obligándola a aceptar cargos por el delito de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, una causa que está ligada al allanamiento que recientemente el MP realizó en la casa donde reside María del Pilar Alvarado Cóbar, financista y miembro del partido oficial, e hija de Alvarado Browning y quien reside en dicha casa; sintomático luego que éste renunciara a la cartera de Comunicaciones, a quien se le confiscaron sus pasaportes guatemalteco y británico sin orden de juez competente.
El objetivo de todas estas acciones de guerra jurídica o “lawfare” es cuestionar al partido oficial endilgándole prácticas corruptas hasta alcanzar al gobernante, y restarle capacidad de maniobra y reconocimiento en el Congreso de la República y ante sus pares, así como que sea base fundamental política del actual gobierno.
La estrategia continuada del pacto pareciera calar ante la opinión pública por varios factores aledaños. Uno, ha sido que ha estado acompasada y acompañada por medios de comunicación vinculados a adláteres operativos como la Fundación contra el Terrorismo (FCT), la Liga Pro Patria y “Guatemala Inmortal”, que han venido destacando, por ejemplo, incrementos en los hechos de la violencia homicida, dimensionándola de una manera en que hace pensar que el gobierno es incapaz de controlarla y rebasado por el fenómeno.
Un segundo es la poca visibilidad que adquieren las acciones de la administración semillista respecto de contener el alto costo de la vida y salirle al paso a lo que se percibe como una crisis social matizada por una falta de transporte público, aunado al mal estado de las carreteras que se endilgan a su gestión, o a la imposibilidad de resolverlo en el corto plazo, siendo un ejemplo el caso del kilómetro 44 de la carretera que conduce al Pacífico; o la caída del puente sobre el Río Nahualate, por la falta de mantenimiento durante años, y que empresas privadas corporativas tuvieron que intervenir para habilitarlo.
El otro factor en juego es que el gobierno de Arévalo se ha distanciado de las expresiones sociales, populares e indígenas, fundamentalmente estas últimas, que organizaron y sostuvieron el paro de más 100 días cuyo resultado fue coadyuvar fundamentalmente a la toma de posesión del nuevo gobierno, y más pareciera que se ha acercado a corporaciones empresariales que eran parte del Pacto, así como a Estados Unidos, lo que provocaría que no tuviera respaldo ante el desgaste de su gobierno y el avance de la estrategia golpista del Pacto para defenestrarlo.
Lo que hay que tener en cuenta es que, por ahora, el principal obstáculo para consolidar la estrategia pro corrupción y pro impunidad del Pacto es un gobierno como el del Movimiento Semilla, y por ello se ha esforzado en hacerlo aparecer como incapaz para gobernar, y de responder a las demandas de la población guatemalteca, por lo que pretenden llevar al gobierno a una posición de total inacción para orillarlo a transar; o defenestrarlo mediante un juicio político.
“Acabar con la corrupción y hacer la obra pública”
Esa expresión, “acabar con la corrupción y hacer la obra pública”, es una suerte de máxima expresada por el ahora ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alvarado Browning, en una entrevista ofrecida al matutino Prensa Libre en su edición 18 de noviembre de 2024.
Es el mayor desafío que tiene el gobierno de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla en la cartera del Ejecutivo, considerada la mayor fuente de riqueza de la política a partir de la corrupción y que ha nutrido a las fuerzas del “Pacto de Impunidad”. Debilitar o desarticular añejas y nuevas estructuras de poder que se han constituido para controlar el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIV) se presenta como un reto cuesta arriba y máxime que, para ello, se requiere de un sistema de justicia que no esté cooptado por esas mismas estructuras, uno de los grandes obstáculos para confrontar, por la vía legal, a las múltiples redes de poder y negocios ilícitos que controlan al Estado y la institucionalidad gubernamental.
Alvarado Browning, segundo ministro del MICIV en 2024, renunció a la cartera dejando entrever lo complejo que resulta el manejo de ese ministerio en medio de desacuerdos con Arévalo de León, según dijo. Con el exministro también renunciaron al cargo el viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Erick Rosales, y el de Comunicaciones, José Raúl Solares, quedando a cargo Paola Constantino, quien era viceministra de la Unidad de Edificios Estatales y Obra Pública, mientras que José Fernando Suriano se mantiene como viceministro de Transporte. Es sintomático que esa cartera haya estado marcada por múltiples destituciones y renuncias en lo que va del año.
El mismo día de su salida el pasado 15 de noviembre, Alvarado Browning expresó:
“Es el hecho de que no pudimos encontrar con el señor presidente el curso preciso y concertado de para dónde sigue esto. Tenemos, diría yo, un altísimo nivel de acuerdo acerca de la importancia de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, donde la cosa se pone complicada es el cómo hacerlo”.
Alvarado asegura que en las actividades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) hay “corrupción, persistente, resiliente y resistente” a la cual le plantamos cara.
“Porque esa gente prefiere pensar en cómo se va a ganar el billete fácil que en la necesidad urgente de la sociedad. Nosotros dijimos nuestro negocio no es con quienes tienen el 15%, quienes piden el 15%, nuestro negocio es representar a la ciudadanía ante esto”.
El entramado detrás del control y estructuras de poder en el MICIV, con la vista puesta en COVIAL y la Dirección General de Caminos, pasa por la correlación política y de negocios entre alcaldes y diputados. Los alcaldes presionan a diputados distritales y estos presionan al MICIV y sus funcionarios, advierte Alvarado Browning, a la vez que agrega en la misma entrevista ya citada:
“Lo que hace el Ministerio de Comunicaciones no es obra pública, es corrupción. (…) En Guatemala, la obra pública sólo pasa si hay corrupción. Si no, todo se entrampa. El sometimiento a interpelaciones en el Congreso, resulta paradigmático. Los alcaldes presionan a diputados distritales y estos presionan al MICIV y sus funcionarios, una suerte de ‘sistema de extorsión’”.
Pero el entramado es mucho más complejo. Incluye operadores dentro del MICIV que negocian contratos con empresarios, y los intereses que se presentan en las juntas de licitación encargadas de otorgar contratos. Se suma a ello la debilidad institucional y las legislaciones poco rigurosas a propósito o no, lo que es aprovechado por las estructuras de poder.
Al respecto, anota el columnista y analista Edgar Balsells:
“En fin, en una pésima institucionalidad de contrataciones y adquisiciones, y en la creación de empresas de cartón, producto de un obsoleto Registro Mercantil y Código de Comercio, es en donde está el germen de la corrupción y mediocridad estatal. Y además en su encontronazo con un régimen mercantil, colmado de contadores y abogados inescrupulosos, que han hecho de la moral del lucro personal, sencillamente: su agosto”.
El poder de esas estructuras, ante la poca capacidad del gobierno para confrontarlas y contraatacarlas, tiende a debilitar a la administración de Arévalo de León que se ve atrapado y bajo la presión de realizar negociaciones con esas estructuras para crear cierta gobernanza de las instituciones estratégicas, y que la vez son objetivo mediático por sus altos costos políticos.
El MICIV es, entonces, fuente de saqueo y financiamiento político. Los partidos políticos, penetrados por viejas estructuras de poder militar y de corrupción, crimen organizado y elites empresariales, buscan controlarlo por las millonarias ganancias que arroja, desde todo punto de vista. Es la alianza que forma al “Pacto de Impunidad”.
En 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estableció con bastante claridad esas estructuras de poder vinculadas al esquema de financiamiento de la política en Guatemala. Una telaraña de intereses y actores que demuestra cuán complejo será desarticular o debilitarlas. Según la CICIG, en su investigación “El financiamiento de la política en Guatemala”, de acuerdo con la información analizada, los tipos de financiamiento político ilícito que pueden encontrarse en torno a la obra pública son:
“1) Constructores aglutinados en asociaciones influyen a través del financiamiento político y sobornos en posiciones estratégicas en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y/o en el Congreso, lo que les permite incidir en la adjudicación de nuevas obras y/o en el mantenimiento de la red vial. 2) Redes político-económicas ilícitas construidas alrededor de diputados y/o alcaldes que articulan redes de constructoras y oenegés a las que canalizan obras públicas permiten el enriquecimiento ilícito de sus integrantes, así como el financiamiento de campañas electorales. 3) Estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales para obtener a posteriori la adjudicación de obras públicas.”
Una suerte de redes diagramadas de la siguiente forma:
Flujos en el financiamiento de la política
Fuente: CICIG. “El financiamiento de la política en Guatemala”, 2015.
De Fake News a influencers: cómo las elites y los medios redibujan la realidad nacional
Otro frente abiertamente contrario al gobierno actual está en los medios de comunicación, tanto tradicionales como los digitales. Es evidente que el gobierno de Semilla ha enfrentado una intensa campaña mediática que avanza en imponer una opinión pública, que afirma que los actuales funcionarios públicos son “incapaces y cobardes”.
Los medios corporativos eligen titulares con la intención de dañar la imagen de los funcionarios, un ejército de net centers publican constantemente noticias falsas reforzando la misma idea, mientras que una proliferación de creadores de contenido, algunos de ellos ex funcionarios de gobiernos pasados, emiten opiniones e insultos contra la figura presidencial y sus ministros.
La campaña ha dado resultados al influir significativamente en la percepción pública y generando un ambiente de descontento y frustración en diversos sectores de la sociedad. Los pocos medios que han mostrado balance e imparcialidad reciben ataques y difamación, lo que destruye su credibilidad ante la población. Incluso, periodistas independientes que han publicado investigaciones documentadas también son ignorados o desestimados, incluso por autoridades de gobierno, agravando la crisis y demostrando cómo los diferentes canales de comunicación impactan en la opinión pública y, por ende, en la estabilidad gubernamental.
Las elites imponen su agenda
Por ejemplo, el diario Prensa Libre, históricamente asociado a élites oligárquicas, elige sus titulares de una manera en la que se incluye el pesimismo y la intención de colocar el signo negativo a lo que se informa.
En el primer ejemplo y con letra roja informan del traslado de reos de alta peligrosidad en donde antes la población mostró molestia por el traslado de los mismos; sin embargo, se omite que la prisión de alta seguridad está recientemente rediseñada y adecuada para este tipo de privados de libertad. En el segundo ejemplo, se reafirma el dato negativo respecto de la reducción de Q 339 millones al Plan contra la Desnutrición.
Mientras tanto, la estrategia gubernamental de comunicación no logra contrarrestar la narrativa impuesta, el enfrentamiento con periodistas, la molestia al responder las preguntas cuestionantes, la falta de efectividad en temas como la seguridad ciudadana, el combate a la corrupción y, principalmente, su falta de efectividad para frenar la persecución del MP en contra del mandatario, sus funcionarios y miembros de su partido. Todo esto sumado a la percepción negativa que la población va creando del actual gobierno.
Los responsables de la comunicación gubernamental no han sabido aprovechar, mediáticamente hablando, los casos de grave corrupción que ocurrieron durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla ni las investigaciones que medios de prensa digital han publicado al respecto. Asimismo, los casos que ellos mismos han denunciado y que no son diligenciados por el MP, la comunicación gubernamental no despierta de su letargo y ha permitido el desgaste de la figura presidencial.
En el ámbito de las redes sociales, las opiniones son diversas y reflejan una polarización significativa. Los denominados net centers utilizan los errores cometidos por Arévalo de León para magnificar la idea de ineficiencia, los podcasts de ex funcionarios públicos y políticos de oposición exacerban el discurso de odio contra el gobierno y sus simpatizantes, mientras que la respuesta que se ha observado son algunas cuentas sin nombre propio que defienden al gobierno y atacan a periodistas de investigación, con cuestionadas formas que ha llevado al envilecimiento de la discusión y el disenso.1
Este año, la encuesta anual de la empresa CID Gallup no publicó sus resultados a pedido de sus contratantes. Sin embargo, se conoció por publicaciones de prensa que las cifras confirmaban un preocupante desplome en el apoyo popular hacia el mandatario. El gobierno decidió guardar silencio y no abordó el tema con seriedad, lo cual terminó siendo un golpe mediático a su imagen.
En la realidad, el gobierno ha implementado medidas de transparencia y el gasto se ha conducido a las necesidades más ingentes de la población guatemalteca. Los proyectos sociales que marcan diferencia positiva en relación con otros gobiernos, el presidente y sus funcionarios los transmiten en vivo en las redes sociales para comunicarse directamente con sus simpatizantes. Sin embargo, sus esfuerzos no han sido efectivos del todo.
La coyuntura política actual pone de manifiesto la importancia de la opinión pública en el ámbito político. Es fundamental que tanto el gobierno como los ciudadanos reflexionen sobre la realidad y la percepción, reconociendo el poder de los medios de comunicación en la formación de opiniones. El alto costo político de la falta de una estrategia de comunicación bien definida debilita sobremanera a la administración de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar Arévalo de León y al Movimiento Semilla en su conjunto, en tanto que la estrategia golpista del “Pacto de Impunidad” avanza.
[1] Este párrafo se corrigió a las 19:24 horas del 20 de noviembre de 2024.
