Conferencia COP29: un análisis crítico de los resultados y las controversias
Nota de Coyuntura No. 67 / por Marco Fonseca
La 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la llamada “COP del Financiamiento”, que tuvo lugar del 11 al 22 de noviembre de 2024 en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, fue un verdadero punto focal de intenso debate global. La conferencia, destinada a promover los esfuerzos internacionales para combatir la crisis climática, se vio empañada por controversias relacionadas con el cabildeo de los combustibles fósiles, la financiación para la adaptación climática, la continua comercialización del carbono y los debates sobre una transición justa. La pequeña delegación de Guatemala que participó en esta COP29 hizo propuestas en nada controversiales, mucho menos desafiantes de los poderes establecidos, promoviendo “la adaptación al cambio climático, la protección de nuestros ecosistemas y el desarrollo sostenible”.
Imagen: MARN. Recuperada en https://www.instagram.com/marngt/p/DCZlgEzvMJ3/
Los combustibles fósiles, una de las temáticas centrales
Uno de los temas más polémicos de la COP29 fue la importante presencia de los cabilderos de los combustibles fósiles. Los informes indican que 1,773 cabilderos o lobistas de la industria de los combustibles fósiles se registraron para la conferencia de Bakú; cifra que supera a las delegaciones de la mayoría de las naciones vulnerables al cambio climático como Guatemala, y solo es superada por el país anfitrión, Azerbaiyán con 2,229 delegados; Brasil con 1,914; y Turquía con 1,862. La abrumadora representación del “lobby petrolero” ha suscitado críticas sobre la integridad de la conferencia, su capacidad para producir una acción climática significativa y justa, y el obvio poder de “la dictadura del petroletariado”. No sorprende que ya hayan surgido demandas para prohibir que, en conferencias futuras, haya delegados/as de empresas dedicadas a la extracción, producción y comercialización los combustibles fósiles, o que las COP se lleven a cabo en petroestados como Azerbaiyán.
Una investigación encubierta de la organización Global Witness sacó a la luz cómo Azerbaiyán, una nación con importantes reservas de petróleo, supuestamente utilizó su posición como anfitrión de la COP29 para facilitar las discusiones sobre nuevos acuerdos sobre combustibles fósiles. Elnur Soltanov, el presidente de la COP29, habría participado en conversaciones en las que se prometían acuerdos sobre combustibles fósiles. En una reunión por video con un investigador encubierto que se hizo pasar por un representante de una empresa ficticia, EC Capital, se cita a Soltanov diciendo:
“Si hay algo que las corporaciones de petróleo y gas puedan aportar en términos de abordar la crisis climática, son bienvenidas”.
Estas revelaciones han suscitado críticas de grupos ambientalistas y activistas climáticos que sostienen que tales acciones socavan el propósito mismo de las conferencias de la COP.
Otro punto importante de discordia en la llamada “COP del Financiamiento” fue, precisamente, el pobre compromiso financiero de las naciones desarrolladas para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación de la crisis climática en el Sur Global. Las Naciones Unidas (ONU) han estimado que los países en desarrollo necesitan, al menos, US$ 5 mil billones -US$ 5 trillones- anuales en fondos no generadores de deuda para abordar los daños pasados y los desafíos climáticos futuros. A pesar de esto, la COP29 vio solo US$ 300 mil millones -US$ 300 billones- prometidos por los países desarrollados que se entregarán para 2035. Aunque dicha cantidad “triplica la financiación a los países en desarrollo, pasando del objetivo anterior de 100.000 millones de dólares anuales a [300.000] millones de dólares anuales para [2035]”, se trata de un compromiso totalmente inadecuado.
La cantidad prometida es significativamente menor a los 5 mil billones (5 trillones) de dólares requeridos y bien calculados por los países del Sur Global, lo que genera dudas sobre el compromiso de las naciones ricas para cumplir con sus responsabilidades. Es más, se espera que la mayor parte de esa financiación llegue en forma de préstamos generadores de deuda y promesas vagas de instituciones financieras privadas que buscan inversiones rentables, en lugar de financiación pública directa y equitativa. Resulta de sobra decir que la dependencia de los préstamos y la financiación privada significa que los países que ya están luchando con la carga de deudas impagables, van a enfrentar una mayor crisis financiera. Esta situación obstaculiza, incluso, su capacidad mínima de invertir en proyectos necesarios de adaptación y mitigación del cambio climático.
El concepto de una transición justa implica concretamente pasar de economías dependientes de los combustibles fósiles y del extractivismo de recursos naturales a sociedades más ecológicas y justas, al tiempo que se protegen los derechos y los medios de vida de los trabajadores y las mayorías sociales. En la COP29, los grupos de la sociedad civil, incluidos activistas, feministas, pueblos indígenas y sindicatos, enfatizaron en la necesidad urgente de una transición de ese tipo. Pidieron que se reestructure la economía global siguiendo modelos como la “economía de rosquilla” propuesta por la economista británica Kate Raworth, o el “decrecimiento económico” propuesto por el economista japones Kohei Saito, para abordar seria y estructuralmente el colapso climático y ambiental, así como la crisis del capital en el Antropoceno y la crisis de la globalización neoliberal. Si no se le pone fin a la crisis metabólica del capitalismo neoliberal, simplemente no habrá planeta que heredar a las nuevas generaciones.
El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para enfrentar el cambio climático
Pero las negociaciones en la COP29 se vieron obstaculizadas por los intentos de las naciones ricas de socavar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés), negociado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. El CBDR reconoce que los países tienen diferentes capacidades y responsabilidades para abordar la crisis climática, en función de sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Afirma que las naciones que han contribuido más a la crisis climática, deberían brindar asistencia financiera y tecnológica a los países menos desarrollados. Sin embargo, la presión para eliminar el CBDR de las discusiones es una estrategia de los países ricos para eludir sus obligaciones, lo que coloca una carga todavía más desproporcionada sobre países del Sur Global como Guatemala.
Algo que no obstaculizaron por completo los países del Norte Global fueron los medidas adoptadas para el avance de los mercados de carbono. Habiendo lanzado un sistema global de créditos de carbono bajo la ONU que se activará en 2025, junto con “mecanismos para garantizar la integridad ambiental, como revisiones técnicas anticipadas”, “salvaguardias obligatorias para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, como el consentimiento informado de los pueblos indígenas”, y “un sistema de contabilidad para evitar la doble contabilidad”, todo esto no viene sin problemas y fue el tema en el que sí hubo “logro notable de las dos últimas semanas”.
Pero, entre los problemas que identifica la organización Carbon Market Watch está:
Además, según Isa Mulder, especialista en políticas del mercado mundial del carbono…
“…no se han corregido los defectos del artículo 6 [del Acuerdo de París]. Parece que los países estaban más dispuestos a adoptar normas insuficientes y lidiar con las consecuencias más tarde, que a prevenir esas consecuencias desde el principio”.
Todo lo anterior, sin mencionar el problema obvio de seguir avanzando en la comercialización de la lucha contra la crisis climática y la falta de rendición de cuentas que le es prácticamente inherente al capital transnacional.
Cambio climático y derechos humanos
Las controversias en torno a la COP29 resaltan la intersección crítica entre la acción climática y los derechos humanos. Para un futuro habitable, es imperativo que los gobiernos defiendan coherentemente los derechos humanos: es esencial proteger los derechos de todas las personas, especialmente las partes más vulnerables a los impactos climáticos. Sin la adhesión a los acuerdos y marcos jurídicos internacionales que garantizan la rendición de cuentas, sin desinvertir en combustibles fósiles y en gastos militares no es posible redirigir los fondos de las industrias destructivas hacia el desarrollo sostenible. Y, sin invertir en una transición justa no se pueden apoyar políticas e iniciativas que promuevan sociedades justas y ecológicas. El hecho de que no se hayan abordado adecuadamente estas cuestiones en la COP29, y que Guatemala las haya abordado muy tímidamente para no molestar a los grupos poderosos, indica la necesidad de un compromiso y una acción renovados por parte de la comunidad mundial.
En ese contexto, la elección de Donald Trump en Estados Unidos no es un buen augurio.
Los resultados de la COP29 ponen de relieve las complejidades, las contradicciones y los desafíos del activismo y la diplomacia climática internacional. Para avanzar de manera efectiva, para que la COP30 en Belém, Brasil, tenga sentido, es urgente que las naciones del Norte Global cumplan con sus compromisos financieros, proporcionando financiación adecuada y accesible para apoyar al Sur Global en la lucha contra la crisis climática. Incluso, antes de noviembre de 2025, el Norte Global debe aumentar la financiación pública priorizando las subvenciones en lugar de los préstamos para evitar que se agraven los problemas de deuda. También deben aclarar los detalles de las promesas y establecer plazos y mecanismos claros para el desembolso de los fondos. En todo momento, deben garantizar la transparencia supervisando y presentando informes regulares sobre los flujos financieros para generar confianza y rendición de cuentas.
El Sur Global, incluyendo a Guatemala, debe luchar por el respeto al marco de responsabilidades comunes pero diferenciadas como un mecanismo esencial para una acción climática justa y equitativa. Los países desarrollados deben reconocer sus emisiones históricas y tomar la iniciativa en la reducción de las emisiones y la prestación de apoyo a las naciones en desarrollo. Urge, igualmente, eliminar la participación de los grupos de presión de los combustibles fósiles en las negociaciones climáticas, para prevenir conflictos de intereses, y promover políticas alineadas con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Una transición justa significa, como mínimo, implementar estrategias que prioricen la equidad social, protejan a los/as trabajadores/as y preserven la biodiversidad. La crisis climática es también crisis ambiental y social. Y esto implica formular políticas solidarias, colaborativas y comunicativas que involucren a todas las partes interesadas, pero, sobre todo, a las comunidades más vulnerables, las partes que no tienen parte, en procesos democráticos, participativos y discursivos de toma de decisiones.
Implica escalar y planificar el financiamiento climático, invertir en proyectos apropiados de energía renovable y desmantelar -como mínimo- los megaproyectos energéticos, los complejos agroindustriales extractivos y los usos no agroecológicos de la tierra y otros recursos comunes. Implica, por tanto, acelerar el cambio hacia fuentes de energía sostenibles y socialmente responsables que vinculan clima, naturaleza y sociedad. Y, en países fundamentalmente agrícolas como Guatemala, una transición justa debe implicar la promoción de un modelo de agroecología sostenible, mucho más allá de las concesiones forestales, con abandono o decrecimiento acelerado de los sistemas alimentarios industriales (o los que contribuyen a los mismos, como la industria azucarera) que contribuyen a la degradación ambiental y al colapso de la salud humana.
¿Y, Guatemala?
Tal como tal como lo dio a conocer el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Agencia Guatemala de Noticias (AGN), la participación de la delegación guatemalteca en la COP29 se centró en los…
“…temas clave como mitigación, adaptación, género, justicia climática, transparencia y financiamiento climático”.
Sin embargo, en su conferencia de prensa del 20 de noviembre, el viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del MARN, Edwin Castellanos, jefe de la delegación guatemalteca, cubrió los problemas de la conferencia solo de modo muy vago, entre líneas, y más bien reiteró las posturas básicas y ya bien conocidas de Guatemala: “intensificar esfuerzos por la mitigación y adaptación al cambio climático”; “alcanzar un balance forestal neto cero” para recuperar y aumentar la cobertura forestal; beneficiar a comunidades rurales con “el pago de certificados de carbono a través del programa de reducción de emisiones”; agregar 10% de etanol a la gasolina utilizada en Guatemala para enero de 2026; y aumentar la “matriz eléctrica” del 60 al 80% en energía renovable para 2032.
Metas importantes, algunas problemáticas como la de agregar etanol a la gasolina que beneficiará mucho más a la industria azucarera que al clima de Guatemala, pero, en general, poco distinguibles de un trabajo de jardinería, mantenimiento y decoración para el proyecto extractivista de las elites empresariales de Guatemala agrupadas, sobre todo, en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). Desafíos globales grandes que requieren soluciones globales no menos grandes y audaces. Se espera que la próxima Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de Guatemala, refleje un compromiso más profundo y de largo plazo.
La COP29 en Bakú ha puesto de relieve desafíos significativos en el esfuerzo global para combatir la crisis climática. La presencia abrumadora de grupos de presión de los combustibles fósiles, los compromisos financieros insuficientes de las naciones desarrolladas, el “avance” en el mercado de carbono y las disputas sobre principios fundamentales como la responsabilidad compartida pero diferenciada, han suscitado críticas desde abajo sobre la eficacia de los enfoques neoliberales.
