Extinción de dominio sin justicia penal: ¿maniobra o principio de rendición de cuentas?

Nota de coyuntura No. 103 / por Juan Francisco Sandoval

El Ministerio Público (MP) anunció anoche, 6 de mayo, la imposición de medidas cautelares de extinción de dominio sobre ocho bienes vinculados a Miguel Martínez, pareja del ex presidente Alejandro Giammattei Falla, valorados en más de Q 10 millones. A primera vista, podría parecer un gesto de legalidad tardía o, incluso, una señal de ruptura con las estructuras del pasado. Pero, en un contexto de desconfianza institucional crónica, la medida despierta más preguntas que certezas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo por la vía patrimonial? ¿Y por qué sin consecuencias penales inmediatas?

_{Fuente: https://sanctionswatch.cifar.eu/luis-miguel-martinez-morales}

Miguel Martínez, ¿investigado por el MP?

Miguel Martínez fue, sin ostentar cargo público formal, uno de los hombres más poderosos del gobierno anterior. Dirigió el Centro de Gobierno —una instancia creada a su medida—, participó activamente en decisiones clave y, según denuncias y reportes periodísticos, actuó como una figura paralela de poder presidencial, con capacidad de incidencia en nombramientos, contratos y decisiones estratégicas del Estado. Todo esto mientras su perfil financiero permanecía oficialmente modesto. No tenía empresas activas conocidas, ni trayectoria económica previa que justificara una fortuna millonaria. Su principal “credencial” era, sin ambages, su vínculo personal con el presidente.

Por eso, que hoy el MP anuncie que procederá contra ocho bienes vinculados a él, sin que exista una sola orden de captura ni investigación penal activa conocida, resulta cuanto menos sospechoso. Porque acumular Q 10 millones en propiedades sin actividad lícita comprobada, no es solo un problema patrimonial: es un indicio de posible corrupción, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. ¿Dónde están entonces las acciones penales? ¿Por qué no se ha procedido judicialmente por la vía penal con el mismo celo que en la extinción de dominio?

La justicia como una pieza más en el tablero de poder

La respuesta parece menos jurídica que política. La fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido señalada por múltiples organismos nacionales e internacionales como protectora del régimen anterior. Fue ella quien desmanteló las unidades de investigación que tocaron a funcionarios cercanos a Giammattei Falla, y ha perseguido a fiscales independientes y encubierto denuncias de alto impacto. Su actuación ha sido funcional al modelo de impunidad que hoy se intenta desmontar. Por eso, que ahora aparezca impulsando una medida que afecta directamente a Miguel Martínez no convence: parece una maniobra, no un acto de justicia.

La hipótesis de fondo es inquietante: la fiscalía estaría utilizando la extinción de dominio como una “cortina de humo” para calmar presiones internas o internacionales, mientras preserva intacto el esquema de impunidad. Es un clásico: se sacrifica un alfil (los bienes) para salvar al rey (la red política). Y en medio de la atención pública que se concentra en el Congreso de la República y las pugnas legislativas, el anuncio del MP podría pasar como un gesto aislado de “lucha contra la corrupción” sin mayor profundidad.

Pero, también, cabe otra lectura: ¿y si estamos ante una señal de reacomodo del poder? Una forma de presionar, negociar o redefinir alianzas de cara a las elecciones de Cortes y otros órganos clave que tendrán lugar en 2026. Porque, si algo ha demostrado el MP bajo la dirección de Porras Argueta, es que sus acciones no responden a criterios estrictamente jurídicos, sino a los intereses del momento. Así ocurrió con la persecución de operadores de justicia, y así podría estar ocurriendo ahora, pero en sentido inverso.

Lo cierto es que, sin procesos penales, sin imputaciones y sin consecuencias personales, estas medidas se quedan a mitad de camino. Porque la extinción de dominio no sustituye la justicia penal; la complementa. La ciudadanía no exige únicamente que se decomisen propiedades; exige saber de dónde vino el dinero, quién lo permitió, y por qué sigue libre quien se benefició. Y esas preguntas siguen sin respuesta.

La lucha contra la corrupción no puede ser usada como instrumento de cálculo político. Tampoco como moneda de cambio en la disputa por el control institucional. Si la fiscal general quiere ser creíble —si eso aún le interesa—, deberá demostrar que esto no es otro acto de encubrimiento selectivo. Y, si no lo hace, entonces quedará claro que la justicia sigue siendo una pieza más en el tablero del poder.