Reconfiguración del CSU, disputas de poder y la erosión académica en la USAC – Primera parte
Nota de coyuntura No. 102 / por Juan Calles
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) es reconocida históricamente como un baluarte de pensamiento crítico y participación social; hoy en día atraviesa una etapa de profundos cuestionamientos. El control político que se ejerce en el Consejo Superior Universitario (CSU) impactará procesos clave para el país como la elección de Fiscal General, las Magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC). Mientras tanto, la institución se tambalea entre denuncias de criminalización, represión, deterioro académico y el avance de estructuras autoritarias.
Fuente: El Observador.
¿Quién tiene a la USAC en crisis?
Fiel al estilo de las mafias políticas guatemaltecas, las actuales autoridades universitarias encabezadas por Walter Mazariegos y su ilegítima rectoría, se han negado a organizar las elecciones en las diferentes unidades académicas para elegir nuevos representantes ante el CSU. Sin embargo, algunas facultades han hecho elecciones en las que dejaron ver una correlación de fuerzas que, si bien aún favorece a Mazariegos, también evidencia fracturas.
Algunas facultades han comenzado a mostrar una oposición más visible, y ciertas representaciones estudiantiles y gremiales han buscado independizarse del control hegemónico. Aun así, la maquinaria electoral bajo el control del actual rector, Walter Mazariegos, sigue siendo efectiva, gracias a estructuras burocráticas y alianzas políticas.
La composición del CSU tras estas votaciones permitirá a Mazariegos mantener una influencia determinante, aunque con mayor desgaste y resistencia interna.
Otro protagonista de esta crisis es el miedo. Todas las personas consultadas para la elaboración de esta nota, que pidieron no ser mencionadas, temen a la reacción de las autoridades universitarias y, en general, a la reacción de la comunidad universitaria, pues, por ejemplo, los y las empleadas de la USAC han recibido bonos de Q 1,500.00 mensuales, por lo que si alguien habla de cambiar la situación en la USAC, la reacción es de un violento rechazo a quien quiera denostar al actual rector, Walter Mazariegos.
Por su parte, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) no logra reagruparse y reorganizarse, luego de que la representación estudiantil sufriera criminalización, procesos judiciales espurios, represión violenta y hasta exilios, tal es el caso de Plutarco de León y Camilo García, por ejemplo. El MEU se ha visto disminuido y sin capacidad de convocatoria.
La dirigencia estudiantil no encuentra la forma adecuada de comunicarse con los y las estudiantes de nuevo ingreso, que no responden a las viejas imágenes revolucionarias y luchas reivindicativas de décadas pasadas; la adhesión ideológica ya no funciona en el MEU y los nuevos liderazgos no encuentran la fórmula correcta para convocar a las nuevas generaciones sancarlistas.
Dos universitarios exiliados por enfrentar al rector acusado de fraude
Camilo García y Diego Plutarco de León son dos estudiantes con alto promedio académico, y eran importantes líderes estudiantiles durante las protestas contra las fraudulentas elecciones que llevaron a Walter Mazariegos a la rectoría sancarlista.
Hasta mayo 2025, ambos continúan en el exilio debido a la persecución política derivada de su participación en las protestas contra el proceso electoral de 2022 en la USAC, el cual fue ampliamente señalado como fraudulento.
Ambos estudiantes fueron incluidos en una lista de personas con órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público (MP), en el marco del caso denominado “Toma de la USAC: Botín Político” que el MP, como punta de lanza de la estrategia pro impunidad y pro corrupción total del “Pacto de Impunidad”, ha montado junto a varios casos como parte de la guerra jurídica o Lawfare que lleva a cabo.
García y De León fueron acusados por el MP de ser parte de un grupo violento y peligroso, y solicitó a la Interpol la emisión de alertas rojas para su detención. Sin embargo, la Interpol no ha activado dichas alertas, ya que su política prohíbe emitir notificaciones contra activistas, periodistas o defensores de derechos humanos.
Camilo García, estudiante de Química y exrepresentante estudiantil ante el CSU, fue expulsado de la USAC en enero de 2023, tras denunciar públicamente la ilegitimidad de la rectoría de Mazariegos. A pesar que un tribunal ordenó su reinstalación, las autoridades universitarias no acataron la resolución judicial. García ha denunciado que su expulsión y posterior persecución son represalias por su activismo en defensa de la autonomía universitaria y la democracia.
Diego Plutarco de León también enfrenta cargos similares y se encuentra en el exilio. Ambos han recibido apoyo y solidaridad de organizaciones internacionales y movimientos estudiantiles en América Latina, que han condenado la criminalización de la protesta estudiantil en Guatemala.
García y De León permanecen fuera del país, mientras continúan denunciando la persecución política y abogando por la defensa de la educación pública y los derechos humanos en Guatemala.
La gerontocracia, otra piedra de tropiezo para la USAC
Otro sector que suma a la crisis universitaria son las plazas de trabajo de las que se adueñan personajes que tienen décadas en el mismo cargo. Estas personas se han anquilosado en direcciones, cátedras, puestos administrativos, y no se actualizan en su formación académica ni profesional, no les interesan los cambios y apoyan a quien les convenga para mantener sus puestos de trabajo y sus altos salarios.
Los empleados univestiarios que alcanzan el escalafón 12 devengan más de Q 40 mil mensuales, lo que hace que quienes llegan a esas instancias se acomoden, y cierran filas contra la modernización y la llegada de ideas nuevas.
Fuentes consultadas señalan que esta situación es especialmente visible en institutos de investigación como el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). En estos espacios, la falta de renovación y el acomodo de los cuadros directivos se traduce en una producción científica limitada y en una desconexión creciente entre la universidad y las necesidades del país.
El fenómeno no se limita a los institutos de investigación. En todas las unidades administrativas, docentes y académicas de la USAC, los privilegios, las prebendas, los viajes al extranjero y los puestos de trabajo se han convertido en moneda de cambio utilizada por la rectoría para mantener el control político de la institución. Este sistema de recompensas y lealtades ha debilitado la representatividad y la legitimidad de las autoridades universitarias, alejando a la universidad de su misión fundamental: formar profesionales comprometidos con el desarrollo nacional y la investigación científica.
La USAC como ficha en el tablero político nacional
Por mandato constitucional, la universidad participa activamente en la conformación de ternas para altos cargos en instituciones clave como la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP), lo que permite que la USAC y sus autoridades tengan poder decisivo en la conformación del poder judicial guatemalteco.
La USAC participa en las comisiones de postulación a través de sus decanos y, en ocasiones, el rector, quienes tienen voz y voto
en la evaluación y selección de candidatos para altos cargos públicos. Su mandato es aportar legitimidad académica y contribuir
a la transparencia y objetividad del proceso. Fotografía de: Congreso de la República.
La rectoría de Walter Mazariegos, fraudulenta desde su elección en 2022, consolidó el control de la USAC por una estructura interna alineada con el “Pacto de Corruptos”. Organizaciones estudiantiles y docentes críticos coinciden en que los grupos y personas que dirigen hoy a la USAC, constituyen una estructura política de vínculos con partidos políticos y sectores de la sociedad que desean mantener el control del Estado para saquearlo. Dicha estructura ha vaciado de contenido el concepto de autonomía universitaria.
La autonomía, en efecto, es el principio que garantiza que la USAC se mantenga independiente de presiones políticas o económicas. Pero hoy, esa independencia parece estar en entredicho.
La jugada estratégica: Consuelo Porras arropada por la USAC
La posibilidad de que la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, busque inmunidad en una magistratura al terminar su periodo en el MP, es cada día más real e inmediata. Las fuentes consultadas advierten sobre una posible maniobra política que buscaría alianzas en la USAC para impulsar la candidatura de Porras Argueta en alguna instancia del sistema de justicia guatemalteco.
La forma de lograr éxito en este objetivo sería a través de la cooptación de las representaciones que la USAC tiene en las diversas Comisiones de Postulación, aunque obviamente no se cuenta con las pruebas de dichas maniobras. Sin embargo, los nombramientos estratégicos, la falta de transparencia en procesos internos y la coincidencia en el discurso con sectores conservadores, obligan a pensar en ese extremo planteado que buscaría proteger a Porras Argueta y continuar con la cooptación del sistema de justicia desde donde los sectores impunes y corruptos ejercen poder y control.
El papel de la USAC en las elecciones de las Magistraturas y funcionarios clave no es menor; su voto puede inclinar la balanza entre la continuidad de redes de impunidad o la construcción de instituciones más independientes.
