El Veredicto de Bogotá: impacto del arbitraje de inversiones en la soberanía de los Pueblos
Nota de coyuntura No. 206 / por Juan Calles
Tras la clausura del Primer Encuentro de Formación de Defensores Comunitarios y de los Territorios, realizado en Bogotá, Colombia, el 21 y 22 de abril de 2026, las conclusiones apuntan a un escenario de urgencia regional. El mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser un tecnicismo legal para convertirse en un factor determinante de la política económica y ambiental en América Latina, con sus consecuentes impactos sociales, ambientales, políticos y culturales para sus poblaciones indígenas y no indígenas.
Fuente de la imagen: El Observador.
Una radiografía de lo abordado en el encuentro
El “Primer Encuentro de Formación de Defensores Comunitarios y de los Territorios” subrayó que la defensa del territorio ya no solo se libra en las montañas y ríos de Latinoamérica y el Caribe, sino en los complejos tribunales arbitrales internacionales. La capacidad de los Estados para legislar en favor del interés público está siendo condicionada por la amenaza de demandas millonarias que comprometen la estabilidad financiera de las naciones del Sur Global.
Asistentes al encuentro de Bogotá, provenientes de diversos países de Latinoamérica. Fuente de la fotografía: organización del evento.
Como se analizó en el evento, el retiro de los proyectos hidroeléctricos San Andrés y Pojom II que la empresa Energía y Renovación, y cuyas obras quedaron a medio construir en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, con sus consecuentes impactos ambientales, políticos y sociales para las comunidades Chuj, no solo constituye un triunfo de la Resistencia Pacífica comunitaria, sino un llamado a revisar cómo la falta de protección estatal y la ausencia de licencia social, activan mecanismos de arbitraje que terminan penalizando al Estado por las consecuencias de su propio modelo extractivo.
La hemorragia financiera del Sur Global
Según la Octava edición del informe “ISDS en números”, publicada en diciembre de 2025 por el Transnational Institute (TNI), la región se consolida como el epicentro global de la litigiosidad entre inversores y Estados, enfrentando una arquitectura legal que drena recursos públicos críticos. En su versión más reciente, de febrero de 2026, lo ratifica.
Los datos numéricos son contundentes y no dejan lugar a dudas: América Latina y el Caribe no solo es la región más demandada, sino la que enfrenta los reclamos económicos más desproporcionados. El acumulado de indemnizaciones ordenadas por tribunales internacionales contra países de la región supera los US$ 33,700 millones, una cifra que implica el presupuesto anual conjunto de salud de varios países centroamericanos.
Radiografía numérica: el costo del arbitraje
El informe destaca que el 62% de estas demandas se concentran en sectores estratégicos como la minería, petróleo y gas. Esto evidencia que el mecanismo ISDS es utilizado frecuentemente como una herramienta de presión cuando los Estados intentan actualizar sus normativas ambientales, o recuperar soberanía sobre sus recursos naturales.
Por ejemplo, México se ha convertido en uno de los focos rojos de la región debido a las reformas en el sector energético; para finales del 2025, este país enfrentaba reclamos que sumaban más de US$ 12,000 millones, impulsados mayoritariamente por empresas estadounidenses bajo el marco del tratado T-MEC.
En Honduras, el caso de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ha escalado hasta el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde inversionistas demandan al Estado por montos que representan casi el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB), tras la derogación de las leyes que otorgaban autonomía casi total a estos enclaves.
En el caso de Guatemala, la minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA) destaca como un referente de tensión entre la justicia nacional y el arbitraje. Tras la suspensión judicial del proyecto minero “El Tambor”, conocido más por el lugar donde se localiza: La Puya, por falta de consulta comunitaria, la empresa demandó inicialmente al Estado por US$ 350 millones. Aunque el laudo final de diciembre de 2025 favoreció a Guatemala, el proceso expuso cómo el cumplimiento de los estándares de derechos humanos y consultas indígenas puede ser interpretado por los inversores como una violación a su “seguridad jurídica” y, por lo tanto, susceptibles de demanda millonaria.
En lasiguiente tabla se resumen los datos estadísticos más relevantes para la región al cierre del último informe anual.
El informe de TNI, de diciembre de 2025, concluye que el sistema ISDS genera un efecto de “enfriamiento regulatorio”. Los gobiernos, ante el temor de enfrentar procesos que pueden durar décadas y costar millones en honorarios legales, incluso si el Estado ganara la demanda, optan por no implementar políticas públicas necesarias para combatir el cambio climático o proteger derechos humanos.
Estaestructura refuerza la tesis de la “violencia sistémica”, donde el derecho internacional de inversiones funciona como un mecanismo de disciplina fiscal y política que prioriza la rentabilidad corporativa sobre el bienestar social de las comunidades en el Sur Global.
El arbitraje en estas demandas también muestra fallas graves
El sistema de arbitraje internacional de inversiones opera bajo una estructura de justicia privatizada, donde la autonomía de los árbitros es prácticamente absoluta. A diferencia de los sistemas judiciales nacionales, las decisiones emitidas por estos tribunales no pueden ser confrontadas por cortes superiores ni revisadas por organismos democráticos.
Al no existir una segunda instancia o una vía de apelación real, los laudos adquieren un carácter de inapelables que deja a los Estados en una posición de vulnerabilidad, obligándolos a acatar sentencias que a menudo comprometen el erario público y las políticas sociales, sin posibilidad de defensa posterior.
Esta falta de controles externos se ve agravada por una preocupante estructura de incentivos económicos dentro del gremio arbitral. Dado que los árbitros no son jueces de carrera con un salario fijo, sino profesionales que cobran por horas o por la duración del litigio, existe un riesgo intrínseco que los procesos se alarguen artificialmente. Al extender innecesariamente las fases del juicio o demorar la emisión de los laudos, los miembros del Tribunal Arbitral aseguran la continuidad de sus honorarios, convirtiendo el conflicto legal en un negocio rentable, donde la celeridad procesal se sacrifica en favor del beneficio económico personal.
Esta dilatación deliberada de los tiempos procesales tiene un impacto devastador para los Estados, que deben destinar millones de dólares anuales únicamente para mantener su representación legal. El sistema permite que las demandas contra las naciones se conviertan en procesos de desgaste financiero que duran décadas, donde el costo de la defensa y los salarios de los árbitros suelen ser pagados con fondos que originalmente estaban destinados a servicios básicos. Así, el arbitraje internacional se revela no como un foro de justicia rápida, sino como una arquitectura burocrática diseñada para perpetuar el flujo de capital desde los Estados hacia una élite jurídica transnacional.
La violencia sistémica del derecho
Basado en las investigaciones del abogado colombiano Enrique Prieto-Rios, el sistema ISDS opera bajo una estructura de violencia que no requiere de fuerza física para someter a las poblaciones, ya que ejercen una “violencia invisible” a través de marcos normativos que se presentan como neutrales, pero que priorizan el lucro transnacional.
Cuando los gobiernos se sienten atemorizados por las amenazas de demandas millonarias, se impide que esos gobiernos promuevan y aprueben leyes ambientales más estrictas o reconozcan derechos indígenas. El sistema reproduce una jerarquía donde los centros de poder del norte global juzgan y sancionan a los Estados del Sur Global, perpetuando el despojo en los territorios de Pueblos Originarios.
La soberanía de los pueblos depende de la capacidad de desvincularse de tratados que protegen ciegamente la inversión por encima de la vida. En el encuentro antes mencionado, los y las asistentes propusieron impulsar una auditoría ciudadana de todos los tratados Bilaterales de Inversión (TBI), el fortalecimiento de la justicia nacional como única vía soberana para resolver conflictos de inversión, y la vinculación de la defensa territorial con la reconstrucción de memoria histórica, justicia transicional y la organización solidaria de los países del Sur Global.
