Relatora Especial: “Guatemala debe defender la integridad del sistema de justicia y poner fin a la criminalización”

Nota de coyuntura No. 110 / por Luis Solano

Invitada por el gobierno, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, realizó una visita oficial del 12 al 23 de mayo de 2025. Al final de la misma ofreció una conferencia de prensa en donde dio a conocer un informe con sus observaciones preliminares, y ahí se observa una suerte de radiografía del delicado estado en que se encuentra el sistema judicial de Guatemala, además de atestiguar la “alarmante criminalización” que se ejerce desde el Ministerio Público (MP) conducido actualmente por Consuelo Porras Argueta.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=X1lHiqYskiI&t=11s

Observaciones contundentes

En el informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, se evalúan las garantías que protegen -y las presiones que amenazan- a un poder judicial imparcial y a una profesión jurídica autónoma, indicó un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El comunicado de prensa destaca la contundencia de las observaciones de la Relatora Especial, sobresaliendo tres aspectos.

Primero, la Relatora observó:

“…información creíble y profundamente preocupante sobre influencias indebidas en los nombramientos judiciales, incluido el tráfico de votos, la coacción a miembros de las Comisiones de Postulación, y procesos de evaluación viciados que premian la lealtad política por encima de los méritos profesionales.”

En segundo lugar, la experta de Naciones Unidas deploró ser testigo de un cuadro consistente y alarmante de criminalización, poniendo énfasis en el Ministerio Público (MP).

Señala:

“La instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”.

“Esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder; se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales.”

En tercer lugar, Satterthwaite hizo un llamado a instituciones clave que tienen incidencia en el sistema judicial.

“Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben hacer cumplir rigurosas normas de acreditación, ética profesional y lucha contra la corrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como baluarte contra la impunidad – y no como una puerta trasera para la misma-”.

“La acción coordinada no puede dejarse en manos de la siguiente institución en línea en la cadena de rendición de cuentas. El ciclo de nombramientos de 2026 corre el riesgo de cimentar un sistema de justicia en el que la ley no es más que un arma de conveniencia y no una garantía de derechos.”

El ciclo al que hace referencia la Relatora Especial subraya la importancia del próximo año 2026, en el que deberá nombrarse nuevas Magistraturas para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para la Corte de Constitucionalidad (CC), así como deberá designarse un nuevo o nueva fiscal general por parte del presidente de la República.

El papel de las Comisiones de Postulación y la evaluación que Satterthwaite hace de ellas deja un escenario delicadamente preocupante para el futuro de esas instituciones, fundamentales para el ejercicio de la justicia y procesos electorales venideros.

Valoraciones por áreas

El comunicado publicado por la OACNUDH indica que el informe de la Relatora ofrece recomendaciones basadas en evidencia, y que las observaciones preliminares que hace se presentan en un espíritu de cooperación. Un medio digital resumió las recomendaciones en 12 como las más importantes.

El informe de marras inicia con un resumen breve, pero contundente:

“El sistema jurídico de Guatemala se encuentra en un momento crucial. Algunos casos de justicia transicional del conflicto armado siguen avanzando, mientras que otros están empantanados en retrasos o han dado marcha atrás. Operadores de justicia actuales y anteriores, así como abogados defensores, enfrentan cargos penales, y muchos huyen al exilio. El proceso de selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, un nuevo Fiscal General y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral está previsto para 2026”.

Siete fueron las áreas abordadas en el informe, en el que el MP es central en las observaciones emitidas. Nombramiento de operadores de justicia de alto nivel, Carrera Judicial, Formación judicial, Profesión jurídica, Ministerio Publico, Criminalización y Acceso a la justicia.

Como era de esperarse, el MP reaccionó críticamente hacia el informe, y los sectores que lo respaldan lo calificaron como un acto de interferencia extranjera. Un editorial de prensa enfatizó que:
“No hay interferencia extranjera porque lo que hace son recomendaciones para enderezar el rumbo sin siquiera pensar en la aplicación de sanciones o medidas para impulsar esos cambios.”

Según ese editorial, refiriéndose al informe:

“…es tan obvio lo que ocurre con la justicia de Guatemala que genera una opinión tan certera y precisa, lo cual nos debe obligar a entender que el país no tiene salida si mantenemos todo el sistema judicial secuestrado por quienes, sin siquiera necesidad de “comisiones paralelas”, vienen controlando las distintas magistraturas desde hace ya muchísimos años.”

Extractos importantes del informe por las áreas ya mencionadas, a continuación:

Nombramiento de operadores de justicia de alto nivel

“Existe una creciente percepción de que el sistema de nombramientos de altos operadores de justicia de Guatemala requiere una reforma urgente y estructural. El mecanismo de designación de altas autoridades del sector justicia en el país, las Comisiones de Postulación, se han desviado decisivamente de su objetivo de garantizar el nombramiento de autoridades idóneas a través de procesos públicos y objetivos marcados por la eficiencia, eficacia, integridad y representatividad. En su lugar, el proceso se ha convertido en un canal a través del cual actores partidistas e intereses privados ejercen una influencia significativa -a menudo opaca-sobre los nombramientos para puestos judiciales de alto perfil. Aunque el Congreso tuvo una oportunidad decisiva para reforzar el proceso mediante reformas institucionales destinadas a aumentar la transparencia y la confianza pública, no se promovieron cambios significativos y se dejó pasar el momento para introducir procedimientos más claros”.

Carrera Judicial

“La Ley de la Carrera Judicial adoptada mediante el Decreto 32-2016 buscaba transformar el Poder Judicial en una institución profesional regida por normas transparentes, basadas en el mérito y supervisada por un Consejo de la Carrera Judicial que gozara de independencia funcional.

Lamentablemente, el Decreto 7-2022 revirtió muchos de los avances introducidos por la reforma de 2016. La reforma redefinió el Consejo de la Carrera Judicial, ahora presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, como un órgano técnico y auxiliar encargado de apoyar a la Corte Suprema en materia de administración de la carrera judicial. La reforma no se quedó ahí. De manera inquietante, también se otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad exclusiva de seleccionar, confirmar y remover a un sinnúmero de funcionarios importantes: los miembros de la Junta de Disciplina Judicial y su instancia de apelaciones, el Director de la Escuela de Estudios Judiciales, el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial, el Supervisor General de Tribunales y el Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Profesional”.

“Recuerdo a Guatemala sobre sus compromisos vinculantes en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las orientaciones formuladas en los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura y por el Comité de Derechos Humanos. Insto a los poderes competentes del Estado a que actúen sin demora para restablecer el Consejo de la Carrera Judicial como una institución de control verdaderamente autónoma, dotada de recursos suficientes y que funcione con normas basadas en el mérito y la transparencia. A corto plazo, debe cesar cualquier traslado o reasignación de un juez sin su consentimiento y sin justificación, ya que tales modificaciones en las condiciones del servicio judicial podrían constituir sanciones encubiertas o represalias. Sin estas reformas, el poder judicial seguirá expuesto a presiones políticas y económicas, y el Estado continuará incumpliendo su deber de garantizar el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Formación judicial

En relación con la Escuela de Estudios Judiciales, el informe indica que:

“Sin embargo, persisten las preocupaciones. La dependencia administrativa de la Escuela respecto de la Corte Suprema de Justicia puede afectar su autonomía y limitar su capacidad definir prioridades, asignar recursos y garantizar continuidad institucional. Además, se reflejan vacíos curriculares en áreas clave, como el debido proceso, los derechos de los pueblos indígenas y el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Estos temas a menudo se abordan de forma inconsistente, optativa o se tratan superficialmente”.

Reforzar la autonomía de la Escuela, ampliar el acceso a la formación en todo el país e implantar herramientas para evaluar su impacto son los próximos pasos cruciales. La construcción de un poder judicial verdaderamente independiente y competente requiere una formación accesible de alta calidad que refleje tanto las normas nacionales como las internacionales.”

Profesión jurídica

“El papel de las universidades públicas y privadas de Guatemala en la educación jurídica merece una atención especial. Durante mi visita, numerosas fuentes manifestaron su alarma por la proliferación de universidades privadas con facultades de derecho de bajos estándares académicos, cuyo principal objetivo parece ser obtener representación en las Comisiones de Postulación encargadas de seleccionar a los magistrados de las cortes superiores y otras autoridades”.

“En este contexto, recibí denuncias de represalias y venganzas institucionales contra profesores y personal académico que cuestionaron la legitimidad del actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) o que emprendieron acciones legales contra las autoridades universitarias. Según los informes, estos actos incluyeron procedimientos disciplinarios, la presentación de denuncias penales, la retención de salarios o pensiones y el acoso en línea. Estas prácticas suscitan serias preocupaciones en relación con la libertad académica, la ética profesional, el respeto a la autonomía de las universidades públicas y la criminalización…”.

“Además de las universidades, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) desempeña un papel crucial en la salvaguardia de una práctica jurídica ética y competente, aunque informes recientes destacan los intentos de cooptación de la institución, en particular a través de elecciones impugnadas de su Junta de Gobierno y Tribunal de Honor, incluyendo tácticas de presión y criminalización dirigidas a ciertos candidatos”.

“Una justicia independiente, imparcial y profesional depende, en gran medida, de una comunidad jurídica sólida, regida por altos estándares de formación académica, ética profesional y autonomía institucional. Éstos son esenciales no sólo para el desempeño de jueces, fiscales y defensores públicos, sino también para quienes ejercen la abogacía en el ámbito privado”.

En mis reuniones, escuché serias preocupaciones sobre los retos institucionales que impiden que el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP), funcione de forma independiente y eficaz. Entre los principales problemas se encuentran la insuficiencia de personal, la falta de defensores públicos e intérpretes de lenguas indígenas y las barreras logísticas, como el transporte limitado a zonas remotas”.

Ministerio Publico

“Se me ha informado que, desde su primer nombramiento en 2018, la Fiscal General, María Consuelo Porras, ha supervisado una reconfiguración sostenida y gradual de la Fiscalía General, transformando lo que la Constitución define como un guardián autónomo del interés público en una agencia donde la seguridad laboral es baja, el control jerárquico es significativo y se valora el rendimiento estadístico”.

“La información que he recibido también demuestra que el Ministerio Publico ha implementado una política de criminalización…”.

“Observo con gran preocupación que todos los jefes de las principales fiscalías de sección han sido destituidos, incluidos los de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Corrupción (FECI), la Fiscalía de Asuntos Internos, la Fiscalía de Delitos Administrativos, la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Trata de Personas. Algunas de estas destituciones se decidieron en momentos cruciales de procesos en curso, como la destitución del jefe de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno en vísperas de la fase de conclusiones del juicio por genocidio Ixil”.

“La Fiscal General debe garantizar que se ponga fin a las destituciones, sanciones y traslados arbitrarios de fiscales. Recomiendo que se publiquen cifras actualizadas sobre despidos y traslados, que se resuelvan con prontitud y equidad todas las reclamaciones laborales pendientes, y que se reincorpore a los despedidos arbitrariamente”.

Criminalización

“(1) Grupos objeto de la criminalización; (2) La presentación de múltiples procedimientos; (3) Acusaciones vagas y demasiado amplias, inadecuadamente relacionadas con los hechos; (4) Detención arbitraria; (5) Acoso y amenazas en línea; (6) Uso indebido de la asignación de casos; y, (7) Erosión de las garantías procesales”.

Las conclusiones

“A lo largo de mi visita, me encontré con un amplio reconocimiento de que el sistema de justicia de Guatemala está sometido a una gran presión. Los funcionarios invocaron la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de derecho para insistir en que la solución está en otra parte”.

“Aunque el respeto de los límites institucionales es vital en una democracia constitucional, nunca debe convertirse en una excusa para la inacción cuando están en juego derechos humanos fundamentales. El Poder Ejecutivo se encuentra en una posición única para fomentar una confianza renovada en el Estado de Derecho; por ello, le animo a que asuma un compromiso público claro para poner fin a la criminalización, garantizar que los profesionales del derecho puedan ejercer su profesión libre de amenazas y ayudar a las víctimas de la criminalización en el exilio. El Poder Ejecutivo debería poner en práctica la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de llevar a cabo una revisión independiente del funcionamiento del Ministerio Público, un mecanismo que podría establecerse a través de la Comisión Interamericana, del sistema de derechos humanos de la ONU o un grupo de expertos independientes”.

“El Poder Legislativo debe trabajar urgentemente para despolitizar las Comisiones de Postulación, restaurar un Consejo de la Carrera Judicial independiente, así como alinear los marcos disciplinarios, presupuestarios y de supervisión con los estándares internacionales. El primer paso es separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo de Justicia”.

“El Poder Judicial debe examinar urgentemente los asuntos penales que puedan constituir criminalización, garantizar una asignación verdaderamente aleatoria de los casos y dar pleno efecto constitucional a las normas de derechos humanos, incluidas las garantías del debido proceso”.

“El Ministerio Público debe poner fin a los traslados arbitrarios, las sanciones y los despidos a voluntad de fiscales, publicar datos transparentes sobre las medidas de empleo y recalibrar su política de selección de casos”.

“Los jueces deben identificar los casos que sugieran una posible criminalización y evaluarlos según el derecho constitucional, incluidas las normas de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. El CANG y su Tribunal de Honor deben hacer cumplir rigurosas normas de ética profesional y anticorrupción, para que la abogacía vuelva a ser un baluarte, y no una puerta trasera para la impunidad”.

“La acción coordinada no puede posponerse ni pasar a la siguiente institución de la cadena. El próximo ciclo de nombramientos de 2026 ofrece la oportunidad de hacer brillar la luz de la transparencia, aplicar rigurosas normas de honorabilidad y mantenerse firmes contra la criminalización”.