Juan Francisco Sandoval. Posicionamiento sobre las órdenes de captura emitidas por la FECI y el caso Odebrecht
Reproducimos el posicionamiento completo de Sandoval, tomado de su cuenta de X.
Fuente: https://x.com/JSandoval1982/status/1930012820873093378
Las recientes afirmaciones del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en relación con el caso Odebrecht, no sólo carecen de sustento jurídico, sino que forman parte de una estrategia sistemática de criminalización contra operadores de justicia que, entre 2008 y 2021, combatieron con rigor técnico y legal la corrupción estructural en Guatemala.
1. Acusaciones infundadas y sin respaldo judicial
Curruchiche ha sostenido públicamente que exfuncionarios del MP y de la CICIG “extorsionaban y fabricaban casos”. Sin embargo, ninguna sentencia firme ni tribunal independiente ha confirmado estas afirmaciones. Por el contrario, los casos impulsados por la FECI con apoyo de CICIG fueron reconocidos por organismos como la ONU, la OEA y el Departamento de Estado de EE. UU., por su apego al debido proceso y su aporte a la lucha contra redes político-económicas
2. El caso Odebrecht: un hito en la lucha anticorrupción
Es absolutamente falso que se haya negociado impunidad o destruido evidencia. En 2017, por primera vez en Centroamérica, la FECI logró acuerdos de colaboración eficaz homologados judicialmente con altos ejecutivos de Odebrecht. Estos permitieron evidenciar pagos de sobornos por al menos USD 17.9 millones a funcionarios guatemaltecos. Las negociaciones se realizaron con autorización judicial, en presencia del MP y la CICIG. La PGN fue informada institucionalmente, y su ausencia en fases específicas no anula la legalidad de los acuerdos, conforme al principio de oportunidad regulado por la Ley contra la Delincuencia Organizada.
3. Inmunidad del comisionado Iván Velásquez
Curruchiche ha sostenido erróneamente que Iván Velásquez perdió su inmunidad. No obstante, el artículo 10 del Acuerdo ONU-Guatemala (2006) otorga al comisionado los mismos privilegios que a agentes diplomáticos. Sólo la ONU puede determinar si actuó fuera de su mandato. Este principio es reconocido por la Corte Internacional de Justicia (caso ArrestWarrant, 2002). Cualquier intento de procesarlo penalmente sin ese aval es jurídicamente inválido.
4. La CICIG actuó dentro de su mandato legal
La CICIG tenía facultades de asesoría técnica conforme al artículo 3 del convenio fundacional. Su participación en la elaboración de acuerdos, incluida la sede de reuniones, fue legal y conocida por el MP. Los fiscales del caso, incluido el suscrito, condujeron las diligencias conforme al artículo 251 constitucional y la Instrucción General 05-2012. La presencia de asesores legales de Odebrecht fue parte del debido proceso, conforme al artículo 94 del CPP.
5. Sobre los correos y el supuesto testigo clave
Los correos electrónicos mencionados por Curruchiche evidencian coordinación interinstitucional, no ilegalidad. La supuesta existencia de un “testigo clave” sin identificación y sin contexto judicial vulnera el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
6. La exclusión de la PGN: una narrativa engañosa
La PGN no es parte indispensable en acuerdos de colaboración penal, menos aun cuando en la fase procesal en que el proceso estaba en reserva no era parte del proceso.
7. Desacreditar a CICIG: una estrategia política
Presentar como “actos maquiavélicos” los esfuerzos coordinados entre CICIG y el MP desconoce que la Comisión fue establecida por acuerdo entre el Estado de Guatemala y la ONU, aprobado por el Congreso (Decreto 35-2007), con legitimidad ratificada por la Corte de Constitucionalidad. Su mandato fue prorrogado por cuatro gobiernos democráticamente electos y su trabajo se tradujo en más de 100 estructuras criminales desarticuladas y cientos de condenas judiciales.
Conclusión:
Las afirmaciones de Rafael Curruchiche no buscan justicia ni verdad, sino desacreditar la lucha contra la corrupción y justificar la cooptación institucional del Ministerio Público. La criminalización de fiscales y jueces independientes representa un retroceso alarmante del Estado de Derecho en Guatemala. Defender la verdad, la legalidad y la memoria institucional es una obligación ante el intento de reescribir los hechos con fines políticos.
