Del terror al tribunal: mujeres Achi, símbolo de dignidad y resistencia
Nota de coyuntura No. 111 / por Juan Calles
El caso de las mujeres Achi, que arrancó en 2011, marca un antecedente de dignidad y valentía. Fueron 36 mujeres indígenas que decidieron que los crímenes de guerra que sufrieron no quedaran en impunidad; ellas fueron víctimas de violación colectiva, tortura, esclavitud sexual y doméstica, hechos cometidos por expatrulleros civiles controlados por el ejército y el Estado de Guatemala. En mayo de 2025 se logró la sentencia de tres expatrulleros más como hechores materiales de dichos crímenes, después de que en 2022 fueran condenados los primeros cinco.
Dos sentencias condenatorias que marcan un precedente en la búsqueda de justicia en crimines de guerra cometidos por el Estado guatemalteco. Foto: El Observador.
Antes de la guerra, Rabinal, Baja Verapaz, era una región indígena ejemplar
Durante las audiencias en el juicio llamado “Caso Mujeres Achi”, caso judicial que inició en 2011, muchas de las víctimas narraron cómo era su pueblo antes de la violencia y los abusos cometidos en su contra. Según estos testimonios, Rabinal era una comunidad indígena mayoritariamente maya Achi caracterizada por sus prácticas comunitarias de solidaridad y acompañamiento; las estructuras sociales se basaban en tradiciones mayas, al igual que sus prácticas agrícolas. Las mujeres describieron una vida centrada en el trabajo agrícola, el tejido, el comercio local y la vida comunitaria, donde el respeto a los mayores y la espiritualidad ancestral eran fundamentales. Aunque había pobreza estructural y presencia limitada del Estado, la comunidad vivía en armonía.
Los recuerdos de esas épocas para las víctimas de abusos afirman que su niñez transcurrió en un entorno de confraternidad, festividades tradicionales, trabajo colectivo en las milpas y relaciones familiares fuertes. Los hombres trabajaban la tierra, mientras que las mujeres cuidaban de los hijos, tejían y mantenían los hogares.
Durante las audiencias, en la plaza de los Derechos Humanos, frente a los tribunales de justicia, las muestras de apoyo y solidaridad fueron constantes. Foto: Avispa Midia.
¿Por qué Rabinal se convirtió en uno de los epicentros de la represión estatal?
En los años más cruentos de la guerra interna, las acciones del ejército y el Estado guatemalteco no necesitaban muchas excusas para cometer crímenes de guerra en comunidades indígenas, tal es el caso de la región de Rabinal, Baja Verapaz.
Entre 1980 y 1982 ocurrieron las Masacres de Río Negro en Rabinal, donde más de 400 personas indígenas fueron asesinadas por el ejército y las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), por oponerse a la construcción del embalse de la Hidroeléctrica Chixoy.
Desde entonces, la represión en la región se profundizó y luego de asesinar y desaparecer al liderazgo comunitario, se ensañaron contra las mujeres, que fueron las sobrevivientes de la ola de terror estatal. La represión incluyó violencia sexual sistemática contra las mujeres como documentó el “Caso Mujeres Achi”, donde se identificó a expatrulleros civiles y militares como responsables de los abusos cometidos.
Según los registros históricos, es evidente que las acciones de represión y violencia sexual fueron una estrategia estatal para debilitar la organización comunitaria y facilitar el control estatal sobre recursos hídricos estratégicos para proyectos energéticos, en donde el ejército se miraba con un actor de peso.
La hidroeléctrica Chixoy se construyó en medio del conflicto armado interno. Para su construcción se desplazó a comunidades indígenas violentamente, con saldo de masacres y violaciones sexuales. Está ubicada en una zona de montañas entre Alta y Baja Verapaz, territorio de los Pueblos Mayas Achi y Q’eqchi’. Foto: Agencia Guatemalteca de Noticias.
El cuerpo de las mujeres Achi como botín de guerra
Después de que Rabinal fue convertido en una zona de guerra e identificado como enemigo interno por la contrainsurgencia, se instaló en la región un destacamento militar en donde mujeres del Pueblo Maya Achi fueron sistemáticamente violadas; algunas durante días y semanas, en instalaciones del destacamento militar y otros puntos controlados por las PAC. Estas patrullas, organizadas y dirigidas por el ejército, estaban compuestas por civiles armados que actuaban bajo órdenes militares.
Las víctimas relataron que eran detenidas arbitrariamente, golpeadas y posteriormente sometidas a violencia sexual en grupo, muchas veces en presencia de otras víctimas. Algunas eran menores de edad. Muchas de ellas quedaron marcadas de por vida con embarazos forzados, enfermedades y una exclusión social impuesta por el estigma cultural.
Para 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el Estado guatemalteco, los casos de crímenes de guerra fueron quedando en el olvido y la impunidad, a pesar de que la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó la violencia sexual como estrategia de guerra contra los Pueblos Originarios que habían sido calificados como enemigo interno.
No fue sino hasta el inicio de la década de 2000 cuando, con el acompañamiento de organizaciones como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Bufete Jurídico Popular de Rabinal, las mujeres comenzaron a reconstruir sus testimonios y preparar su denuncia ante los tribunales, a pesar del miedo y el estigma social. En diciembre de 2011 fue presentada una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) contra varios exintegrantes de las PAC, por crímenes de lesa humanidad, incluyendo violencia sexual, esclavitud sexual, tortura y tratos crueles.
En mayo del 2018, el MP solicitó la captura de cinco ex patrulleros civiles acusados de abusos sexuales sistemáticos contra mujeres Achi, cometidos entre 1981 y 1985. En aquella fecha fueron capturados: Gabriel Pacheco Domínguez, Reynaldo Tiquiram Yat, Benvenuto Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado y Bernardo Ruiz Aquino.
Las mujeres Achi volvieron a ser víctimas en esas fechas, ya que las familias de los ex patrulleros las intimidaban y amenazaban, pues todos son vecinos de la misma región, incluso, de la misma comunidad. Las mujeres denunciantes fueron señaladas y se les acusaba de ser ellas las que provocaron los abusos en su contra; no obstante, continuaron con su demanda.
La búsqueda colectiva de justicia y reparación dio resultados positivos para las mujeres Achi que durante 40 años debieron guardar silencio hasta llegar frente a los tribunales a señalar a los agresores. Foto: Avispa Midia
Primera sentencia histórica, las mujeres Achi obtienen justicia
En este juicio iniciado el 10 de enero de 2022, los testimonios de 36 mujeres Achi´ impactaron y conmovieron a la sociedad guatemalteca. Nuevamente, mujeres indígenas se presentaban ante un tribunal para ser escuchadas en la búsqueda de justicia por los abusos que sufrieron durante la guerra, teniendo como un antecedente el “Caso Sepur Zarco”.
En el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido entonces por la jueza Yassmin Barrios, el silencio era profundo después de escuchar los dolorosos testimonios de las mujeres; los detalles eran terribles, pero fueron necesarios para entender la dimensión de la crueldad y el terror que infringían las PAC y el ejército en la región.
El 24 de enero de 2022, el tribunal dictó sentencia condenatoria contra los cinco patrulleros acusados; la sentencia fue de 30 años de prisión inconmutables por crímenes contra los deberes de la humanidad en su manifestación de Violencia Sexual, siendo un aspecto trascendental de la misma que el tribunal reconoció que los crímenes cometidos fueron parte de una política sistemática de represión contra los Pueblos Indígenas conducida por el Estado y el ejército.
Elementos de los peritajes realizados
Peritaje Técnico Militar
El perito Clever Pino, con su Peritaje Técnico Militar, explicó que los soldados atacaron a las mujeres por el deseo de:
“…romper el tejido social, quebrar el lado sensible del adversario, como lo es la mujer y su familia, [y así] romper la voluntad de lucha”.
El perito aclaró que “en ningún plan militar se ordena violar mujeres”, pero el Estado “es responsable de las violaciones cometidas por las Patrullas de Autodefensa Civil porque las promovió, legalizó, integró y entrenó”. Además:
“…fue el Estado de Guatemala quien autorizó y legalizó a la fuerza paramilitar conformada por comisionados y patrulleros de autodefensa civil”.
Por eso, el Tribunal concluyó “que las Patrullas de Autodefensa Civil son parte del Ejército”.
Peritaje Cultural
La perita Irma Alicia Velásquez, con su Peritaje Cultural, explicó que los ataques de los militares y las patrullas a las comunidades Maya Achi, y las violaciones sexuales a mujeres indígenas, tuvieron consecuencias graves como la pérdida de “lazos culturales y sociales”. En Guatemala se quería acabar con la subversión y para eso se diseñó una doctrina “marcada de racismo”. “Se enseñó que los ‘indios’ eran subversivos y que había que acabar con ellos (…) en las aldeas indígenas se violaron a las mujeres y se enseñó que no tenían valor”, lo cual causó graves daños a nivel cultural.
Peritaje de Género
La perita Aura Cumes, con su Peritaje de Género, explicó que “la violación sexual es altamente destructiva” porque afecta tanto a las víctimas directas como a sus comunidades. En el caso de las mujeres Achi, las sobrevivientes sufrieron no sólo la violencia sexual sino también, la ausencia de sus esposos que fueron desaparecidos o fueron asesinados.
La “violencia sexual conlleva un silencio en soledad” y, a través de esta violencia, se buscó destruir al Pueblo Achi. La perita explicó que es común que se piense que:
“…la vida de las mujeres es para los hombres y que es muy fácil violar a una mujer, lo que se acrecienta en tiempos de guerra (…) A los patrulleros de autodefensa civil se les formó una personalidad despótica y autoritaria” y, a través de las patrullas, “se involucró a los hombres indígenas en la destrucción de su mismo pueblo y se les convirtió en victimarios”.
Texto tomado de: https://www.impunitywatch.org/wpcontent/uploads/2022/10/Guatemala_Resumen_de_la_sentencia_del_caso_mujeres_Achi_ES-1.pdf
Mayo 2025, segundo juicio con sentencia condenatoria
El 30 de mayo de 2025 se conoció una segunda sentencia contra otros ex patrulleros que habían sido beneficiados por la jueza Claudette Domínguez en el 2019. Sin embargo, luego de varias apelaciones y una constante lucha judicial se logró reiniciar el juicio en el que finalmente fueron sentenciados y condenados.
La jueza Claudette Domínguez había sobreseído la acusación contra seis de los acusados, de manera provisional para tres y en definitiva para otros tres. Sin embargo, las mujeres Achi y sus abogadas defensoras lograron recusar a la jueza por discriminación y falta de valoración de los testimonios, por lo que este año 2025 se continuó con el juicio contra tres expatrulleros más.
Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez fueron condenados a 40 años de prisión inconmutables por delitos contra los deberes de humanidad en la forma de violencia sexual, en perjuicio de seis mujeres indígenas maya Achi.
¿Y los autores intelectuales?
A pesar de contar con dos sentencias condenatorias, en este caso se han enjuiciado y condenado a hechores materiales de crímenes de guerra. Sin embargo, los altos mandos militares de las décadas de 1970 y 1980 que diseñaron la contrainsurgencia, continúan en la impunidad y sin ser alcanzados por la justicia.
Los militares que fungieron en la Presidencia de la República, de facto o electos fraudulentamente en los años de guerra interna, por ejemplo, ya fallecieron; pasarán a la historia como perpetradores de genocidio durante su política de tierra arrasada, con la excusa de combatir a la guerrilla y evitar la entrada del comunismo. Pero, los abusos cometidos contra Pueblos Originarios y comunidades indígenas civiles y desarmadas no han sido aún juzgados, ya que bajo sus órdenes el ejército y las patrullas paramilitares, organizadas y armadas por los militares, cometieron crímenes de guerra.
Tanto el general Romeo Lucas García (1978-marzo 1982) electo fraudulentamente como presidente de la República como parte del “Generalato”, así como general José Efraín Ríos Montt, autonombrado presidente de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983, murieron en la impunidad. Únicamente Ríos Montt fue enjuiciado y encontrado culpable por genocidio contra el Pueblo Ixil en mayo de 2013, pero fue beneficiado ese mismo año cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la histórica sentencia para responder a las presiones y los intereses de la oligarquía integrada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Por los crímenes sexuales contra mujeres Achi no se ha imputado a oficiales de alto rango y del alto mando militar del ejército. Así, excomisionados militares, oficiales de destacamentos y superiores de la cadena de mando aún gozan de impunidad jurídica y, para muestra está el retroceso que han experimentado los casos en donde oficiales del alto mando militar de los años 1970 y 1980 han sido prácticamente absueltos.
Hoy, las mujeres Achi son símbolo de resistencia y dignidad y, desde el 2023, han impulsado iniciativas educativas en Rabinal para sensibilizar a nuevas generaciones sobre los crímenes de violencia sexual durante la guerra. También han sido galardonadas por su lucha con reconocimientos de organismos de derechos humanos.
El caso de las mujeres Achi es un precedente legal y ético que evidencia la importancia de reconocer la verdad histórica, ofrecer justicia a las víctimas y lo vital que es la organización comunitaria. Estas sentencias muestran que para alcanzar la reconciliación y la paz, es necesaria la justicia y la reparación.
