Elecciones de Segundo Grado 2026: un balance preliminar
Nota de Coyuntura No. 216 / por Equipo de El Observador
Las Elecciones de Segundo Grado 2026, realizadas hasta ahora, han sido un proceso y una arena marcadas por la intensa disputa entre elites y redes del poder político y económico. En estas sobresalen los actores/as articulados/as en el llamado “Pacto de Impunidad” y su estrategia pro corrupción y pro impunidad total que ejecuta desde 2016 a la fecha. Se trazaron como objetivo central el control del sistema de justicia y de la institucionalidad estatal a favor de sus intereses y privilegios.
Fuente de la imagen: El Observador, con ayuda de NotebookLM.
Las Elecciones de Segundo Grado 2026 y la estrategia del “Pacto de Impunidad”
Es la primera vez en los 40 años que lleva el proceso de transición política a la democracia en Guatemala y, por consiguiente, la permanencia, hasta ahora, de gobiernos civiles electos en procesos electorales ciudadanos, que las Elecciones de Segundo Grado coinciden y confluyen en conjunto en su realización. Sobresalen los procesos de elección de magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como la designación del nuevo Fiscal General en la Jefatura del Ministerio Público.
Nunca antes las Elecciones de Segundo Grado habían recibido tanta atención nacional e internacional, tanto de gobiernos y Estados, particularmente Estados Unidos, como de organismos internacionales que velan por los derechos humanos en general, sean individuales y/o colectivos.
Particularmente y, aunque todas los cargos a elegir y designar mediante este proceso son estratégicos, la atención había estado centrada, primero, en cómo se definiría la elección de la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público (MP), y si se concretaría la salida de María Consuelo Porras Argueta del principal ente investigador del país. Ante todo, por los ocho años de cuestionada gestión tiempo en el que destacó como una de las principales figuras operadoras de los intereses y la estrategia pro corrupción y pro impunidad del llamado “Pacto de Impunidad”.
Segundo, tras la designación de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General para el periodo 2026-2030, la atención se ha trasladado a los retos que tiene por delante el nuevo Jefe del MP, particularmente el saneamiento interno de la institución y la recuperación de su perfil independiente en materia de una persecución penal imparcial.
Pero, más allá de su coincidencia, la importancia y la trascendencia de estas Elecciones de Segundo Grado 2026, estriba en que se han realizado en un contexto en donde la llamada transición a la democracia que se inició en 1986 está agotada, sin visos de renovarse y sin que se consolide un régimen político que en la jerga de la democracia liberal en boga se llama Estado de derecho.
En ese marco, estas Elecciones de Segundo Grado 2026 han estado enmarcadas en la ejecución de la estrategia pro corrupción y pro impunidad del llamado “Pacto de Impunidad”. Su objetivo central ha sido, para esta etapa, consolidar el control de las instituciones del sistema de justicia y, a partir de ahí, controlar la institucionalidad gubernamental y estatal en su conjunto que le permita la instauración de un régimen que no tenga como base los derechos humanos individuales y colectivos, particularmente de liderazgos sociales, comunidades, Pueblos Indígenas, así como de la población guatemalteca en general. Es decir, el control de las instituciones encargadas de asegurar el sistema de pesos y contrapesos que aseguran la estabilidad política del régimen.
La estrategia del “Pacto de Impunidad” ha tenido como objetivo, para esta etapa, asegurar y consolidar el control de las instituciones del aparato de justicia y de control electoral: la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Ministerio Público (MP) mediante las Elecciones de Segundo Grado de 2026. Este proceso aún no ha concluido, pues falta la elección del o la titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la cual deberá estar finiquitada en octubre próximo.
Ese objetivo se amarra con las elecciones generales que tendrán lugar en 2027, en el sentido que ese Pacto busca que no se repita, en el próximo proceso electoral, lo que sucedió en las elecciones generales de 2023 cuando salieron victoriosos actores emergentes, como Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, del Movimiento Semilla, un partido no adscrito al área de influencia de esa estructura de impunidad. Evitar que un partido alternativo despegue y pueda disputar nuevamente el poder político del gobierno siguiente, es el norte de ese Pacto.
Claro resulta que, a pesar que desde 2025 ya existe de facto una campaña electoral anticipada, fue después que se definió la designación del nuevo Fiscal General que se han acelerado los movimientos pre electorales, y es visible cómo los partidos políticos han dinamizado sus planes de afiliación, así como que viejas y nuevas figuras políticas han empezado a posicionarse en el imaginario político, afinados por la realización temprana de encuestas electorales a la carta.
Hay que mencionar que ha sido el control que el “Pacto de Impunidad” ha tenido de la CSJ, de la CC y, fundamentalmente, del MP, lo que le ha permitido lanzar y profundizar su “guerra jurídica – Lawfare” para socavar, desde 2023 hasta la fecha, las bases de la gestión gubernamental de Arévalo de León, esto es: suspender y cancelar al Movimiento Semilla como partido político; amenazar y hostigar durante dos años y medio al gobierno actual, interponiendo recursos para quitar la inmunidad al mandatario; montar casos espurios contra funcionarios públicos actuales, como un seguimiento de los casos espurios montados contra operadores de justicia entre fiscales y jueces, periodistas y liderazgos sociales, comunitarios y políticos, contrarios y no adscritos a su estrategia pro impunidad y pro corrupción; obstaculizar y traerse abajo los casos de gran corrupción investigados desde los tres gobiernos anteriores por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anterior, cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, y poner al servicio de estos intereses mafiosos de dicha fiscalía; igualmente, traerse abajo los casos de Justicia Transicional existentes contra militares retirados de alto rango que cometieron tierra arrasada y genocidio con el proyecto contrainsurgente que pusieron en marcha durante el conflicto armado interno (CAI); el ahogo financiero desde el Congreso de la República para maniatar al gobierno y reducir su margen de maniobra y negociación; así como intentar invalidar los resultados electorales que le dieron la victoria al Movimiento Semilla en 2023, para hacerse con la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
¿Qué está en juego?
El “Pacto de Impunidad” ha repetido, para esta etapa de su estrategia, lo que hizo durante los gobiernos de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, y el de Alejandro Giammattei Falla y Vamos: invalidar el mandato de la CICIG y expulsarla de Guatemala.
Buscaron, de esa manera, que las investigaciones de la CICIG no continuaran y no saliera a luz la implicación de empresarios corporativos, así como de exfuncionarios públicos y políticos integrantes de partidos políticos en la danza de la corrupción y la impunidad. Se propusieron, además, neutralizar a la FECI y perseguir a los operadores de justicia que estaban investigando los casos de gran corrupción.
Pero también procuraron maniobrar para que la correlación de fuerzas dentro de la CC, la CSJ y el MP estuvieran a su favor, imponiendo y filtrando magistrados y magistradas, juezas y jueces, y fiscales al servicio de sus intereses; imponer a Consuelo Porras Argueta como Fiscal General en la Jefatura del MP durante dos periodos consecutivos; filtrar operadores políticos en las Comisiones de Postulación para tener influencia en los cargos disputados en las Magistraturas de la CSJ y Corte de Apelaciones, del TSE y de la CC, y también en el MP.
Consolidar y mantener el control de las instituciones de justicia y electoral mediante las Elecciones de Segundo Grado del presente año, y asegurar una correlación de fuerzas a su favor, ha sido importante para los actores del “Pacto de Impunidad”. Esto les permitía tener la llave del picaporte para la participación política en las elecciones generales de 2027, así como dosificar quiénes pueden disputar el poder político del gobierno, tal como lo hicieron en el 2023.
Es por ello que lo que lo que se ha visto en las Elecciones de Segundo Grado 2026, celebradas hasta ahora, ha sido una disputa por el control de los cargos y las magistraturas designadas, entre actores del pacto y fuerzas dispersas llamadas progresistas, pero que no necesariamente están en el ámbito de la estrategia pro corrupción.
Primero, en las Comisiones de Postulación el pacto filtró nuevamente actores adscritos a sus intereses, y ha manipulado y violentado las normativas que reglan esos procesos.
Segundo, utilizar abusivamente el recurso del amparo para obstaculizar las candidaturas consideradas ajenas a sus intereses mafiosos. Esto, particularmente fue visible para obstaculizar las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), cuyo control perdieron, a la vez que obstaculizaron la candidatura de Astrid Lemus en la elección de Magistraturas a la CC, lo que finalmente no concretaron.
Tercero, maniobrar y manipular la Comisión de Postulación para Fiscal General al obstaculizar, primero, la candidatura del actual Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en su participación para ser postulante a Fiscal General, lo que sí lograron; y, segundo, en intentar igualmente obstaculizar la candidatura de Gabriel García Luna para que no integrara el listado final de 6 aspirantes a dirigir el MP para el periodo 2026-2030, lo que no lograron.
Hasta ahora, las primeras acciones de García Luna mandan el mensaje que está dispuesto a sanear el MP, aunque tiene poco tiempo de haber asumido.
Cuarto, imponer con descaro a Walter Mazariegos Biolis como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para un segundo periodo, mediante un nuevo fraude y el control del Consejo Superior Universitario (CSU) y de la Comisión Electoral Universitaria, lo que momentáneamente había sido revertido por instancias judiciales, pero que finalmente los Magistrados y Magistradas de la CC, adscritos al pacto, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Julia Rivera se encargaron de legitimar y validar el descarado fraude en la USAC.
Lo destacable como balance hasta ahora, ha sido la participación de actores civiles no mafiosos ni criminales en estas Elecciones de Segundo Grado cuya característica es no estar directamente vinculados al gobierno del Movimiento Semilla, pero que han disputado en las Comisiones de Postulación, los cargos que se han decidido para la CC, la CSJ, el TSE y el MP.
El balance por institución
Hasta ahora se logró un buen equilibrio de fuerzas a favor del cambio en las Magistraturas del TSE para el periodo 2026-2032, pese a que hay Magistraturas con vínculos a estructuras de poder corruptas, y existe expectativa de que este órgano recuperará la independencia del sistema político electoral de cara a las elecciones generales del próximo año. Pero hay que advertir que apenas está comenzando y faltan meses para la verdadera prueba de fuego que son las elecciones generales 2027, y posteriormente las de 2031. En ese marco, uno de los primeros retos para el nuevo TSE es atajar la campaña electoral de facto que los partidos políticos ya arrancaron.
La conformación del nuevo TSE ha puesto de manifiesto las conexiones entre ciertas Magistraturas y estructuras de poder corruptas, lo que podría generar un mayor escrutinio público y presión para la reforma del sistema judicial, en el marco de una potencial reforma electoral que profundice, por ejemplo, las finanzas partidarias y de campaña. Sin embargo, se nota un interés de sectores civiles por visibilizar e identificar vínculos con el “Pacto de Corruptos”, lo cual ha llevado a un debate público sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso electoral.
En ese contexto, paralelamente existe una preocupación significativa sobre la cooptación del TSE por parte de grupos de poder y la manipulación para asegurar el control del próximo proceso electoral de 2027.
La elección de las Magistraturas del TSE para el siguiente periodo, situó la disputa de poder y las tensiones entre la búsqueda de una mayor participación democrática y los intentos por mantener la cooptación por parte de actores del “Pacto de Impunidad”. Esto puede observarse desde el proceso mismo de la conformación de la Comisión de Postulación respectiva, pasando por el desarrollo del proceso en su conjunto. La situación concreta fue de desconfianza y cuestionamientos sobre la idoneidad de los y las participantes, especialmente tras las controversias que rodearon a las Magistraturas salientes, marcadas por acusaciones de corrupción y fraude electoral.
En la CC, la elección de las Magistraturas para el periodo 2026 – 2031 estuvo marcada por la reelección de figuras como Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa Escribá, y su vinculación con el “Pacto de Impunidad” como operadores, así como la llegada de Julia Rivera Aguilar, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), controlado por Walter Mazariegos Biolis, de quien Rivera Aguilar está muy cercana.
De esa cuenta, el balance en su interior se percibe con una correlación de fuerzas favorable en buena medida al “Pacto de Impunidad”, pues, aunque hay dos Magistraturas Titulares: la de Annabella Morfín y Astrid Lemus, que no se vinculan directamente al pacto, sí se les vincula a grupos corporativos y familias empresariales que resultaron señaladas —algunos de sus integrantes— por la CICIG, en tanto que las otras tres Magistraturas: la de Dina Ochoa Escribá, la de Roberto Molina Barreto y la de Julia Marisol Rivera Aguilar, ya mostraron el norte de sus decisiones con avalar por mayoría 3 a 2, el segundo fraude para imponer a Walter Mazariegos en la Rectoría de la USAC, incluso, violentando los mecanismos jurídicos establecidos.
En la CSJ y Cortes de Apelaciones, la correlación de fuerzas es totalmente favorable a los intereses del “Pacto de Impunidad”, comenzando por la forma en que fueron definidas y qué actores tienen los cargos en su interior, así como por la estancia de Claudia Lucrecia Paredes Castañeda en la Presidencia del Organismo Judicial (OJ). La elección de estas Magistraturas y la reelección de algunos y algunas de las actuales, tras un segundo periodo abiertamente cuestionable e ilegal, significa la consolidación de un bloque que favorece la impunidad y la corrupción.
En el MP, la designación de Gabriel García Luna representa un punto importante para las llamadas fuerzas progresistas, en un contexto en donde la demanda generalizada desde distintos sectores es que el nuevo MP garantice justicia para las víctimas de delitos y cese la criminalización, así como el saneamiento de la institución.
Dentro de sus primeras acciones relevantes está el anuncio de la liquidación de la FECI y la destitución de Rafael Curruchiche como fiscal titular de la misma.
La otra expectativa en cuanto a la labor que tiene por delante García Luna, se centra en si enderezará procesos de investigación administrativa y penal contra Consuelo Porras y el resto de fiscales que la acompañaron que, por cierto, han ido renunciando del MP, en tanto que otros han sido reubicados.
Sin embargo y, a pesar de que se han ganado parcial y momentáneamente algunas batallas como las del MP y el TSE, la contienda real no se ha ganado y se espera una nueva arena de disputa con el proceso de elecciones generales del próximo año, en donde los actores del “Pacto de Impunidad”, por el momento, parecen estar agazapados.
