El “Pacto de Impunidad” y los desafíos del nuevo Fiscal General y Jefe del MP
Nota de coyuntura No. 210 / por Luis Solano
La renovación del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), ahora garantizada parcialmente por la Corte de Constitucionalidad (CC), es un golpe al llamado “Pacto de impunidad” que, desde la llegada de Consuelo Porras al cargo, hace ocho años, pasó a controlar la estratégica entidad. Desde el MP se le garantizó impunidad a esa estructura impregnada de corrupción, gracias al andamiaje montado para ese propósito. Desestructurar ese andamiaje y enfrentar los nuevos embates que tendrá que soportar el ungido al cargo, Gabriel Estuardo García Luna, serán su principal desafío inmediato.
Foto: Gabriel Estuardo García Luna y el Presidente de la República Bernardo Arévalo de León, respectivamente. El primero, nombrado Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP). Fuente de la foto: Vox Populi. Recuperado en: https://x.com/VoxPopuliGuate/status/2051846031357153647
Amparos denegados
El 12 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) informó que el Pleno de Magistrados conoció de los expedientes 2410-2026, 3347-2026 y 3150-2026, formados con ocasión de los amparos promovidos, respectivamente, por el diputado José Alberto Chic Cardona; Raúl Amílcar Falla Ovalle, ambos contra el Presidente de la República de Guatemala y la Comisión de Postulación para integrar la Nómina de Candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030; y Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, únicamente contra la primera de las autoridades mencionadas.
En un breve comunicado, la CC dio a conocer que:
“…se denegó el amparo provisional respecto a los reproches formulados contra el Presidente de la República de Guatemala en el proceso de designación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, y, en los expedientes 2410-2026 y3347-2026, en los que se cuestionaba además el proceder de la Comisión de Postulación, se determinó que las actuaciones relacionadas fueran remitidas al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en Materia Civil, Económico Coactivo y Contencioso Administrativo -demandas nuevas-, para que designe a un Juzgado de Primera Instancia Civil, a efecto de que conozca y tramité esas acciones.
La decisión se adoptó con el voto del Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad”.
Fuente: Corte de Constitucionalidad (CC). Recuperado en: https://x.com/CC_Guatemala/status/2054357812726075698
En el voto destacó que la Magistrada Presidenta de la CC, Anabella Morfín, así como la magistrada Astrid Lemus votaron a favor; mientras Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera, razonaron sus votos exponiendo un retraso de la Presidencia al programar el estudio de los casos. En el voto razonado de la magistrada Ochoa, en su parte concluyente, indica que la emisión de su voto razonado concurrente es…
“…para no tener ninguna responsabilidad jurídica, respecto a la temporalidad en la emisión de la resolución que le da origen”.
Según un medio de prensa, los tres votos razonados son similares. No extraña que ocurriera así, a sabiendas que esas tres Magistraturas son las aliadas del bloque opositor antigubernamental.
De esa manera, los amparos de Falla Ovalle y Méndez Ruiz que buscaban entrampar la llegada al cargo del nombrado Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, fueron denegados y, de esa forma, la CC mantiene la renovación en el Ministerio Público (MP), quien tomará posesión el 18 de mayo.
Ese mismo día, el 12 de mayo, el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, indicó que el Acuerdo Gubernativo que designa a García Luna como próximo Fiscal General y jefe del MP para el periodo 2026-2030, fue remitido oficialmente a la administración de la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta. Al mismo tiempo, en su cuenta de X, Guerrero Garnica salió al paso a la desinformación en redes sociales sobre la obligatoriedad de publicar dicho acuerdo en el Diario de Centro América.
Fuente: https://x.com/SG_Presidencia/status/2054309787240669546
La administración de Consuelo Porras había condicionado la transición administrativa con García Luna a la publicación del Acuerdo Gubernativo en el Diario de Centro América, mientras el Ejecutivo sostenía que no era requisito. En el pasado, la mayoría de nombramientos de Fiscales Generales nunca fueron publicados en el diario oficial.
Los amparos ante la CC interpuestos por los operadores de la llamada guerra jurídica y las acciones y decisiones tomadas por los opositores al actuar del gobierno dentro de la CC, CSJ e, incluso, dentro la Comisión de Postulación para Fiscal General, denotan que el “hostigamiento político será un factor constante para las nuevas autoridades en la CC y el MP. Inseguridad e incertidumbre será el signo de estos períodos que apenas están empezando”, asegura la organización Movimiento Pro Justicia.
Las amenazas y agresiones contra la Magistrada Presidenta de la CC y ciertas magistraturas, denunciadas por la CC el 6 de mayo, son reflejo de la ruta que llevará el accionar de los operadores del llamado “Pacto de Impunidad”, que ve debilitada su presencia y el control que han tenido, hasta ahora, en el estratégico ente investigador.
El futuro del Fiscal General y Jefe del MP
En la antesala del fin del mandato de Porras Argueta al frente del MP el 17 de mayo venidero, también se abren nuevos escenarios que obligarán a García Luna a navegar a contracorriente.
Tendrá ante sí, enfrentar el andamiaje montado por los poderes que han controlado el MP durante las dos administraciones de Consuelo Porras. Se trata de esa armazón de fiscalías y secretarías en su interior desde las cuales se organizó y configuró lo que se había anunciado hace ocho años que ocurriría: traerse abajo todo el andamiaje anti corrupción y el ataque a las estructuras criminales que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) articuló, junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
La reestructuración y cooptación de las fiscalías clave para ese propósito garantizaba que, en un primer momento, los casos investigados y que habían avanzado legalmente mientras la CICIG estuvo activa, serían desestimados y que sus principales actores expuestos en esa trama, caracterizada por altos niveles de corrupción y crimen organizado, quedarían en libertad. En un segundo momento, es decir, durante el segundo mandato de Porras Argueta al frente del MP, se garantizaría que múltiples y sonados casos de corrupción durante los gobiernos de Jimmy Morales Cabrera y Alejandro Giammattei Falla, no se investigarían.
La constitución de esas estructuras contó con el pleno respaldo de los principales encartados, que se observa en el llamado “Pacto de Corruptos”, o sea, de las figuras centrales en los gobiernos de Morales Cabrera y Giammattei Falla, así como de los partidos políticos que los llevaron al poder. Clave resultó la alianza con otros partidos y estructuras históricas que han estado marcadas por la corrupción y el saqueo de las arcas nacionales, el financiamiento ilícito de partidos políticos y de campañas electorales, el control del Congreso de la República, y las alianzas con militares de la llamada “vieja guardia” que buscan impunidad por delitos lesa humanidad cometidos durante los años de guerra civil. El espaldarazo de cámaras empresariales a Porras Argueta y el silencio frente al actual del MP en estos ocho años, las que se había visto afectadas por las investigaciones de la CICIG, resultó vital en este periodo de 2018 al 2026.
Peor aún, los nexos tejidos entre esas estructuras de poder con el narcotráfico y su penetración a distintivos niveles del Estado, quedaron relegados en las investigaciones del MP, fortaleciendo la presencia del narcotráfico en sus múltiples formas, sobre todo en el lavado de dinero y activos, el financiamiento de campañas electorales, y el surgimiento de figuras políticas en el poder local apadrinadas por carteles de la droga.
En ese andamiaje corrupto y criminal y sus patrocinadores, descansó el poder que se le otorgó a la saliente Fiscal General, que operó sistemáticamente con instancias que resultaron determinantes en la llamada “guerra jurídica” que se lanzó contra todo aquel considerado enemigo del MP y sus patrocinadores, tal el caso de la Liga Pro Patria y la Fundación contra el Terrorismo (FcT), mejor conocida como fundaterror. Los tentáculos de esos patrocinadores y sus operadores que manejan los hilos de poder, alcanzaron a otras entidades superiores como la CC y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), equivalentes al núcleo de la administración de justicia, y que conjuntamente garantizaban todo lo actuado por el MP.
Cómo reestructurar un MP, hasta ahora controlado por ese andamiaje, es una tarea cuesta arriba para García Luna. Y serio también resulta cómo el Fiscal responderá al “Pacto de Impunidad” y sus embates no sólo contra el propio Fiscal General, sino además contra todo aquello que reestructure y se aleje de los intereses de ese Pacto. Dado el debilitamiento en el control del ente investigador que experimentará dicho Pacto, que se la pasó criminalizando ocho años y que es el legado de Porras Argueta en el MP.
El futuro del Fiscal General también está marcado ante la inminente amenaza de posibles reformas a la Ley Orgánica del MP promovidas desde los partidos políticos afines y opositores al gobierno de Bernardo Arévalo de León, que buscarán vía reformas, ahora sí, defenestrar a García Luna en el gobierno entrante bajo el supuesto que quien gobierne a partir de 2028, será un gobernante allegado a la estructura que controló el MP durante los periodos de Porras Argueta, así como al “Pacto de Impunidad”.
Ese escenario, el de las reformas, parece ir ganando forma a medida que diputados de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Vamos, Valor, Todos y Unionista (PU), evitaron que la Iniciativa 6593 Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, quedara aprobada en tercer debate el 12 de mayo de 2026. Enmiendas de última hora de esos partidos, que no estaban consensuadas, evitaron su aprobación.
Es más, la acción de ese bloque aliado de oposición fue considerado un tipo de sabotaje con triple intención.
Esos partidos estarían condicionando sus votos al marco legal antilavado, para:
1. Intentar modificar la Ley de Extinción de Dominio.
2. Evitar una ley que castigue plenamente el lavado de dinero y el saqueo de fondos públicos al ser partidos políticos que arrastran nexos con esas prácticas y la corrupción que, precisamente, el MP de Consuelo Porras Argueta no investigó; y,
3. La modificación de la Ley Orgánica del MP para devolverle al Presidente de la República la facultad de remover al Fiscal General.
Este último escenario es el que podría enfrentar García Luna al terminar el mandato de Arévalo de León en la Presidencia de la República en 2028.
