Más de 30 pobladores sufren persecución judicial
Nota de coyuntura No. 129 / por Rolanda García
Campesinos del pueblo Q’eqchi’ de la aldea Canasec, municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, llevan más de dos años huyendo de una persecución judicial dictaminada por las autoridades competentes del municipio, por defender la tierra donde habitan más de 150 familias. Su situación les ha obligado a no salir de la comunidad y mantenerse escondidos para evitar ser capturados y encarcelados. El finquero Jorge Nuila Noriega reclama esas tierras como suyas.
Finca Canasec. Foto: Rolanda García.
Una vida de privaciones
Algunos y algunas de los y las afectadas enfrentan serias dificultades para sostener la alimentación diaria en sus hogares, al no poder salir a trabajar como jornaleros y obreros. Sebastián Xol Xol, dirigente comunitario, destaca:
“Nuestros compañeros que tienen orden de captura tienen hijos, tienen sus casitas, pero no pueden comer bien porque no pueden salir a ganar algo de dinero, todos somos pobres y estamos sufriendo porque nos persiguen”.
Algunos y algunas padecen de enfermedades emocionales y físicas por el ambiente de tensión en que viven por mantenerse en el anonimato y privados de su libertad, una situación agravada por la escasez de alimentos básicos que no les llega. Los criminalizados, cada día, se ven obligados a soportar la incertidumbre sobre su condición de perseguidos, asevera una madre de familia. Añade, que desde que un juez de San Juan Chamelco ordenó las órdenes de captura, los señalados han dejado de viajar a las ciudades y lugares poblados, ya que en años anteriores algunos de sus vecinos fueron arrestados por agentes de seguridad en el casco urbano de la localidad. Varios de los habitantes, adultos y jóvenes ya fueron encarcelados, recuerdan.
Cuentan que en esta ola de criminalización existen mujeres y madres con órdenes de captura; la presión sobre ellas las coloca en una situación mucho más vulnerable por el vínculo que mantienen con los hijos, y en sus hogares cargan con la responsabilidad del trabajo reproductivo, destacó una habitante que prefirió no mencionar su nombre.
Mientras, las mujeres esposas de los perseguidos manifiestan que algunas salen fuera del hogar para realizar las tareas que sus convivientes no pueden asumir fuera de la localidad. Así mismo, otras apoyan en los trabajos agrícolas y comercializan los excedentes de granos básicos que logran cosechar.
Manifiestan que son perseguidos y perseguidas por defender la tierra donde vivieron sus abuelos y abuelas bajo el yugo de los descendientes de Jorge Arturo Guillermo Nuila Noriega, el terrateniente que disputa sus territorios.
“Aquí sufrieron nuestros herederos, les obligaron a trabajar sin recibir ningún pago, ni compensación alguna, ellos nacieron aquí, hace más de cien años, nuestros padres también aquí pasaron y nosotros seguimos luchando por nuestro territorio”, destacó un ex preso político de la comunidad.
Coinciden en que sus abuelos, por varias décadas, trabajaron de manera forzada en las fincas de café y cardamomo; la rebeldía de las nuevas generaciones a no dejarse someter y defender la tierra les está costando la persecución, destacó Miguel Cu, líder comunitario.
Un estudio sobre el caso de Canasec indica que:
“…desde que se dedican a la siembra de subsistencia o a otros trabajos remunerados los quieren desalojar, a pesar que sobre sus manos sostienen una fotocopia de un título de propiedad de 1894 que acredita a la comunidad como la propietaria de la tierra. Lo lamentable de todo es que el documento -que han guardado de generación en generación- no es reconocido como legítimo por las autoridades competentes”.
Nuila Noriega, terrateniente con fincas en los municipios de Cobán, Panzós y San Pedro Carchá, ha denunciado la supuesta usurpación de su finca en Canasec, y hasta ha puesto denuncias penales contra líderes de la comunidad. Sus denuncias llevaron al primer desalojo en manos de las fuerzas de seguridad estatales en 2010.
Un finquero con extensas propiedades
Aunque el finquero Nuila Noriega nació en Cobán, Alta Verapaz, y casó con una estadounidense hace varios años, comunitarios y comunitarias señalan que:
“…es un norteamericano que ha contratado personas de la misma región para que los violenten y amenacen constantemente.”
Además de la criminalización contra integrantes de la población, enfrentan órdenes de desalojos, en los que las autoridades judiciales se inclinan a favor del finquero, repudian. Marta Saqrab’, lideresa comunitaria recalca que:
“No queremos salir de aquí, aunque haya muchas autoridades que vienen a querer quitar nuestras casas, pero de aquí no vamos a salir y nosotros somos pobres, no quieren reconocer la tierra para estar juntos con nuestra familia”.
Según datos recabados en una nota anterior, se explica que Nuila Noriega es un empresario y terrateniente. En Canasec, la finca que disputa está a nombre de Raxxon, S.A. de la cual él es el Representante Legal. Posee fincas en los municipios de Cobán, Panzós y San Pedro Carchá, municipios de Alta Verapaz.
Los hermanos Nuila Noriega aparecen como propietarios de una fracción de la Finca Tinajas en Panzós, Valle del Polochic, Alta Verapaz.
A la finca Canasec también aparece vinculada la empresa Club Campesino, S.A., una de las seis empresas de Nuila Noriega, según el portal Guatecompras, que poseen fincas de pino, café y cardamomo en San Pedro Carchá, Panzós, Cobán y San Juan Chamelco, todos municipios de Alta Verapaz.
Las personas criminalizadas se declaran inocentes y perseguidas por defender la tierra de sus ancestros.
“A mí me dieron orden de captura porque vivo aquí en este lugar, pero nosotros no golpeamos a nadie, tampoco matamos alguna persona. Vivimos aquí porque nuestros padres aquí nacieron, por eso nosotros aquí vivimos actualmente con nuestra familia, no tenemos a donde ir y es lo que están viendo que no les hicimos caso para salir del lugar, entonces nos dieron orden de captura”, repudió Carmelina Caal.
Según testimonios, en el año 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (enero 2008 – enero 2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la comunidad fue desalojada, la fuerza pública destruyó parte de las viviendas y pertenencias, obligando a las familias a ocultarse en la selva y montañas del municipio.
Durante la visita en la comunidad se percibió que la población vive en extrema pobreza, abandono en los servicios básicos, falta de escuela, centro de salud, agua potable y analfabetismo en la población adulta. Un dirigente comunitario aseveró que no existe ninguna posibilidad que las familias de la finca Canasec puedan mejorar sus condiciones de vida porque viven en un territorio no reconocido por el Estado.
Sus esfuerzos se centran principalmente en la agricultura familiar y trabajos en las fincas cercanas donde perciben bajos salarios. Los niños que tienen posibilidades de estudiar asisten en las escuelas de comunidades circunvecinas; sin embargo, una gran mayoría tiene dificultades de asistir a los establecimientos educativos, lamentó Arturo Xol, dirigente comunitario.
Las 38 familias afectadas por las órdenes de capturas demandan el apoyo solidario de la población guatemalteca para superar las carencias y la extrema pobreza que viven; sobre todo, exigen la intervención del gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, para el reconocimiento de su territorio y acceso a mejores condiciones de vida.
