Congreso bloqueado: La parálisis legislativa pone en riesgo la estabilidad económica del país
Nota de coyuntura No. 131 / por Juan Calles
Durante los meses de junio y julio de 2025, el Congreso de la República estuvo de receso, no trabajaron, en un contexto en donde la inactividad legislativa, la fragmentación interna y la falta de acuerdos políticos para avanzar temas clave es la norma. A pesar de múltiples convocatorias a sesiones extraordinarias y ordinarias, las discusiones parlamentarias no han logrado traducirse en resultados concretos.
Fuente: El Observador.
Convocatorias sin quórum, agenda sin avances, diputados enriquecidos
El 17 de junio, la Comisión Permanente del Congreso convocó a dos sesiones plenarias en un mismo día. Ninguna alcanzó el quórum necesario para avanzar con la agenda, pero ambas permitieron a los diputados cobrar las dietas mensuales, generando críticas sobre el uso ineficiente de los recursos públicos y la falta de compromiso con la función legislativa.
El 19 de junio, en otra sesión extraordinaria se intentó abordar cinco puntos prioritarios, entre ellos: la elección del Primer Secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, y la designación de dos representantes ante la Superintendencia de Competencia. Sin embargo, las divisiones internas entre bloques parlamentarios impidieron llegar a acuerdos, y los puntos fueron pospuestos nuevamente.
La sesión del 1 de julio pasado repitió la misma historia. Sin consensos ni mayoría para elegir a los representantes para dicha Superintendencia, el presidente del Congreso, Nery Ramos y Ramos, culpó públicamente a las divisiones internas por el fracaso legislativo.
A pesar de los constantes movimientos y esfuerzos de dirigentes partidario a lo interno del Legislativo, no han surgido nuevos liderazgos parlamentarios capaces de encauzar los debates ni de consolidar mayorías. La gestión del actual presidente Nery Ramos se ha visto debilitada y con menos capacidad de mantener el trabajo legislativo y acordar una agenda de consenso, en un contexto en donde la inoperancia del pleno y las jugadas de los jefes de bloque opositores han sido interlocutores que han hecho mella en su autoridad como presidente de este poder del Estado.
Por su lado, la bancada oficialista, hoy fraccionada y sin partido político que lo sustente tras la cancelación del Movimiento Semilla, pero manteniendo sus 23 diputados y sus respectivos votos continúa marginado del ejercicio pleno de sus funciones como bancada, debido a su cuasi cancelación como organización partidaria, toda vez que su cancelación definitiva está en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC). Sus legisladores como Samuel Pérez, han tenido visibilidad en medios y foros públicos, pero ahora liderando el nuevo movimiento político que aspira a convertirse en partido político bajo el nombre de Raíces, lo que ha limitado su capacidad de incidir dentro del Congreso.
Mientras que el diputado José Carlos Sanabria Arias, hoy dirigente de lo que queda del Movimiento Semilla, afín al mandatario Bernardo Arévalo de León, intenta negociar con todas las bancadas opositoras con miras a buscar apoyos para aprobar el Presupuesto Nacional para el año 2026. Pretende tener alguna influencia en la Junta Directiva que se elegirá para el siguiente periodo parlamentario, y se muestra confiado de que dichas negociaciones se concretaran en sus iniciativas de ley recientes, vitales para el funcionamiento del gobierno. Aunque, por el momento, esas iniciativas no parece que puedan alcanzar los votos necesarios para ser aprobadas y, más bien, han sido criticadas por diferentes sectores opositores, tal el caso de la Iniciativa 6576, Ley de Agilización de la Inversión Pública.
En este escenario, no hay una alianza dominante ni un bloque parlamentario que dirija la discusión y la propuesta parlamentaria. Las bancadas operan de forma dispersa, sin construir puentes estables ni articular una agenda común, lo que refuerza la percepción de un Congreso paralizado y sin liderazgo.
Iniciativas pendientes y presión acumulada
Cuando arrancó el periodo extraordinario de sesiones del Legislativo el pasado 16 de mayo, existía la expectativa que se generarían nuevas alianzas que dieran lugar a una nueva reconfiguración de las fuerzas políticas en su interior, a fin de alcanzar una agenda de consensos para el segundo semestre de 2025, estando pendientes iniciativas clave y estratégicas que no se habían alcanzado en el primer periodo de sesiones ordinarias.
En el primer semestre del año, el Congreso de la República aprobó únicamente cuatro decretos, mientras más de 60 iniciativas siguen estancadas en Dirección Legislativa. Entre ellas se encuentran temas cruciales como reformas al Código Penal, la Ley de Aguas, y normativas económicas pendientes para la implementación de políticas públicas anunciadas por el Ejecutivo.
La Superintendencia de Competencia, creada por decreto en noviembre de 2024, debía iniciar funciones en junio, pero sigue incompleta por falta de designación de sus autoridades por parte del Legislativo. La responsabilidad de esa parálisis recae directamente en el Congreso y los sectores económicos que manejan sus influencias dentro del palacio legislativo para que esta Superintendencia no haya iniciado su funcionamiento, no obstante que la iniciativa de su creación surgió desde el propio interior de este poder del Estado.
A ello se suma la iniciativa que presentó el presidente Bernardo Arévalo de León conocida como Iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo bajo el número 6593. Al presentarla, el mandatario aseguró que esta iniciativa representa un “golpe al corazón del narcotráfico y del crimen organizado”, y advirtió que, sin su aprobación, Guatemala podría ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con consecuencias graves para el acceso a financiamiento internacional y la confianza en el sistema bancario y financiero nacional.
La iniciativa fue recibida oficialmente por la Dirección Legislativa, y estaba agendada su discusión en la sesión extraordinaria del 29 de julio. Sin embargo, no fue leída ni sometida a discusión debido a que el pleno decidió no avalar el orden del día, en gran medida por críticas a otras propuestas incluidas tales como la Iniciativa 6576, Ley de Agilización de la Inversión Pública, propuesta por el Movimiento Semilla.
En el Congreso de la República se han mostrado reticentes ante esta propuesta del Ejecutivo; diputados de bloques como Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y Cabal reconocen la urgencia del proyecto, pero señalan que es una propuesta tardía, ya que es presentada dos años despues de iniciada la gestión presidencial de Arévalo de León; además, critican que el presidente no lo haya consultado previamente con las bancadas.
A pesar que la Comisión Permanente, afín a Semilla, incorporó el proyecto para su lectura inmediata, el oficialismo necesita muchos votos que no tiene, así como del apoyo de partidos o fracciones de ellos como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Visión con Valores (VIVA) o Cabal, para que su iniciativa avance hacia un dictamen favorable. De lo contrario, el fracaso de otra iniciativa gubernamental es una posibilidad real, lo cual es deseable para la oposición política.
A esto se suma el debate postergado sobre la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que sigue fuera de la agenda prioritaria, pese a los múltiples llamados de organizaciones sociales y analistas sobre su urgencia para fortalecer la democracia guatemalteca.
¿Qué esperar del Congreso en lo que resta de 2025?
Con el inicio del segundo período ordinario este 1 de agosto, el Congreso de la República puede demostrar que está a la altura de las necesidades actuales del país o, por el contrario, continúa siendo la caja de resonancia de una oposición política revanchista cuyo único fin es desgastar y bloquear al gobierno actual. Si las dinámicas de bloqueo se mantienen, el Legislativo se consolida como un organo del Estado irrelevante e infuncional. O, por el contrario, trabaja y legisla para hacer avanzar el proceso hacia las reformas legales que se necesitan para salir de su crisis permanente.
El gobierno de Bernardo Arévalo de León, que requiere respaldo legislativo para avanzar en su agenda de reformas institucionales, dependerá de su capacidad para negociar con un Congreso fraccionado, sin liderazgos visibles y con una estructura cada vez más cuestionada por su ineficiencia.
Los meses venideros expondrán intensas negociaciones hacia lo interno del Legislativo sobre dos temas concretos que acapararán la atención: la elección de la Junta Directiva para el periodo 2026 en la que se juega su futuro como presidente Nery Ramos y Ramos, y la aprobación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.
Si el Congreso logra reactivarse y asumir su rol institucional, tiene tiempo para justificar su abusivo incremento salarial y demás prebendas, o quedará atrapado en una dinámica de autocomplacencia y desconexión social.
