Balance 2025: entre el pacto y la parálisis, y el alto costo de la moderación presidencial
Nota de coyuntura No. 177 / por Juan Calles
Al iniciar 2026, el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, del Movimiento Semilla, se encuentra en una encrucijada, pues ha logrado preservar la institucionalidad democrática, pero a un costo de desgaste político considerable. El balance inicial de 2026 muestra un país con estabilidad macroeconómica envidiable en la región, pero con una ejecución pública que no termina de traducir la “lucha contra la corrupción”, enfrentada a la penetración histórica de estructuras corruptas en las instituciones públicas.
Imagen: El Observador.
Un escenario de altos costos políticos
Dos años de gobierno y las mejoras tangibles para la calidad de vida de la mayoría se perciben, pero con limitaciones, en un contexto en donde el llamado “Pacto de Corruptos” ha mutado, pasando de una ofensiva judicial directa a una estrategia de asfixia legislativa y administrativa, al mismo tiempo que la base electoral de Arévalo de León muestra signos de frustración debido a su moderación extrema.
El gobierno ha navegado aguas turbulentas con una estrategia de “gradualismo institucional” que no le ha dado los resultados esperados ya que, si bien se ha mantenido en el cargo, lo ha logrado a cambio de pagar un costo político y de credibilidad muy alto, en tanto que el gobernante parece muy cómodo y sin prisas por cambiar la situación.
Ese gradualismo institucional puede definirse como una estrategia de reforma política que evita las rupturas abruptas o la confrontación con sectores sociales, económicos y de poder político aceptando, en cambio, reformas graduales dentro de los márgenes legales guatemaltecos. Sumado a ello, la administración semillista ha tomado decisiones políticas condescendientes con fracciones empresariales corporativas y, especialmente, con los intereses de Estados Unidos. No obstante, busca mantener la empatía con la ciudadanía al anunciar la presentación del Informe Abierto para el Pueblo de Guatemala por su segundo año de gobierno, en un acto a celebrar el 15 de enero en el Parque Centenario, contiguo al Palacio de la Cultura.
Un año de logros y resignificación del mandato
El balance del gobierno para el año 2025 muestra un país con estabilidad macroeconómica, respaldada por logros tangibles en áreas clave para el bienestar social de los y las guatemaltecas.
En el caso de la economía y, específicamente, en la política salarial, para 2025 el Ejecutivo decretó un aumento histórico al salario mínimo del 10% para actividades agrícolas y no agrícolas; y del 6% para la exportación y la maquila; una tendencia que se consolidó al cierre del año con el anuncio de un nuevo incremento para el 2026: 7.5% no agrícola, 5.5% agrícola y 4% exportadora/maquila, fundamentado en un sólido crecimiento económico nacional, y en una de las tasas de inflación más bajas del continente: 1.7%. anual.
En el ámbito de la educación pública, el Ministerio de Educación (MINEDUC) alcanzó logrosmuy importantes en la recuperación de la infraestructura escolar, en donde reporta más de 20,000 escuelas remozadas al cierre de 2025, lo que representa más del 58% de la meta de cada cuatro años, además que se entregaron 21,000 becas para garantizar la permanencia escolar.
En salud pública, destaca la construcción de 14 nuevos centros de salud y los hospitales registran un abastecimiento de hasta el 92%, en tanto que en la atención en los comedores sociales se reporta más de 6 millones de raciones servidas para poblaciones vulnerables.
Por otra parte, durante 2025 la administración arevalista logró cambiar la tendencia internacional respecto a Guatemala en cuanto a la calificación positiva en democracia y transparencia, tras presentar más de 200 denuncias por actos de corrupción detectadas en diferentes dependencias del Estado.
No obstante, estos logros y éxitos aún se enfrentan al reto de traducir la lucha contra la corrupción en mejoras que sean tangibles por toda la población guatemalteca. El “Pacto de Corruptos” ha mutado hacia una estrategia de asfixia legislativa y administrativa, mientras que la base electoral del Movimiento Semilla muestra signos de frustración por la moderación extrema del Ejecutivo frente a los poderes tradicionales.
Un 2025 marcado por la profundización de la persecución política: la deuda de cárcel y exilio
El gobierno de Bernardo Arévalo de León celebra su consolidación política tras los desafíos iniciales, pero genera indignación entre la base de su partido por el aparente abandono de liderazgos indígenas claves de la resistencia de 106 días en 2023. Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ex dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, languidecen en prisión preventiva desde abril de 2025 acusados de terrorismo, y sin un apoyo visible del Ejecutivo. En contraste, aliados como el secretario presidencial, Santiago Palomo, obtienen inmunidad diplomática en el Vaticano.
En abril 2025, Pacheco, siendo viceministro de Energía y Minas, y Chaclán, fueron detenidos por cargos de terrorismo, obstrucción penal y asociación ilícita, ligados a las protestas de 2023, y el tribunal impuso prisión preventiva pese a que los argumentos legales del MP carecen de sustento legal. Para diciembre 2025 llevaban 235 días presos, con procesos paralizados por recusaciones y litigio malicioso de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo (FCT), pero la audiencia de etapa intermedia para ambos está fijada para enero 2026.
Mientras tanto, el ex secretario de Comunicación de la Presidencia y figura clave en el Ejecutivo hasta noviembre de 2025, fue nombrado Embajador ante el Vaticano en ese mes presentando credenciales en diciembre ante el Papa León XIV. Esta inmunidad diplomática lo resguarda de procesos judiciales y, en contraste, alimenta percepciones de favoritismo a “círculos internos” urbanos y ladinos sobre las bases indígenas rurales.
En entrevista de radio, Arévalo de León aseguró: “hemos hecho lo que la ley nos permite” para apoyar a las personas perseguidas por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras Argueta, luego de su participación en el movimiento de defensa de los resultados electorales en 2023, y en ese contexto calificó de criminales a quienes controlan el MP como consecuencia de la detención, el 14 de enero, de Basilio Puac, ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, con los mismos cargos de Pacheco y Chaclán.
Desde octubre de 2023 hasta enero 2024, Autoridades Ancestrales e Indígenas mantuvieron plantones pacíficos frente para defender los resultados electorales de 2023 contra los intentos de cancelación por parte del MP. Los 48 Cantones de Totonicapán, en 2023 liderados por Pacheco, entonces su presidente, y Chaclán, tesorero, bloquearon carreteras de su territorio y detuvieron el intento de golpe judicial, permitiendo la posesión de Arévalo de León y Herrera Aguilar el 14 de enero de 2024.
Amnistía Internacional (AI) calificó su rol como defensa del Estado de derecho.
Así mismo, colectivos sociales y Autoridades Indígenas han mantenido el reclamo de libertad para Pacheco y Chaclán, así como para Esteban Toc y ahora de Basilio Puac.
Fotografía tomada de las redes sociales del colectivo Verdad y Justicia.
Las críticas hacia el actuar de la administración arevalista y su “integración superficial” indígena, se basa en la limitada relación con la dirigencia de las Autoridades Ancestrales que lo apoyaron en 2023 para que tomara posesión, incluyendo a los 48 Cantones, que siempre ha advertido defender la democracia, y no pertenecer al gobierno en sí. Sin superar la exclusión económica y social histórica, sin depurar el sistema de justicia y sin otorgar poder real a quienes procuraron su Presidencia, el gobierno de Arévalo de León arranca su tercer año.
La “realpolitik” le cobra factura al oficialismo en el Legislativo, y CACIF mantiene sus privilegios
En el Congreso de la República, la bancada oficialista ha tenido que negociar con partidos de la “vieja política” para lograr mayorías en las votaciones, lo cual ha generado, por ejemplo, la incapacidad de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para destituir a Consuelo Porras Argueta, y a la aprobación de presupuestos nacionales que, aunque con tintes sociales, mantienen grandes cuotas para el mantenimiento del sistema corrupto de partidos tradicionales.
En el caso del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) ha logrado mantener sus privilegios, sabiendo conducir sus relaciones con la actual administración, basadas en el poder y control históricos de instituciones públicas estratégicas, y ello le ha permitido impugnar el Presupuesto 2025 ante la Corte de Constitucionalidad (CC), logrando la suspensión provisional de artículos como el 118, 130 y 135, relacionados con ampliaciones presupuestarias para desarrollo departamental y nutrición, argumentando daños a las finanzas públicas. Además, criticó fuertemente el aumento al salario mínimo para 2026, calificándolo de “no tener criterios técnicos” y de ser riesgoso para el empleo formal, una derrota, si se quiere, para los empresarios reacios a ese tipo de aumentos, que quizá en la práctica no se lleven a la realidad.
Las fracciones empresariales-familiares integradas en CACIF también han salido favorecidas con el modelo de las Alianzas Público-Privadas (APP) que desde el inicio de su gestión, el gobierno del Movimiento Semilla ha promovido para licitar la construcción o el remozamiento de obras y servicios públicos, tal es el caso, por ejemplo, de la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora en cinco años mediante capital mixto estatal y privado, afirmando que no se trata de una privatización total.
En la aprobación que el Congreso de la República realizó en noviembre de 2025, de las reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 16-2010, que rige para proyectos de infraestructura como carreteras, servicios, etc., la bancada oficialista reafirmó, junto a partidos afines al gran empresariado, la inclusión de representantes empresariales en el Consejo Nacional de Infraestructura Económica (CONADIE), pese a intentos fallidos de excluirlos por parte de diputados oficialistas, ahora fraccionados aglutinados en Raíces, lo que contradice las promesas anticorrupción y antimonopolios al permitir que el CACIF se mantenga con voz y voto en las instituciones en donde se deciden millonarios proyectos de infraestructura para el país.
En su versión original, losdiputados del Movimiento Semilla propusieron reformar la Ley de Alianzas Público-Privadas para excluir al CACIF de ciertos beneficios o participaciones, y eliminar históricos privilegios empresariales. Fue el caso del diputado Samuel Pérez, ex integrante del Movimiento Semilla y ahora uno de los principales liderazgos de Raíces, partido en formación, quien buscó retirar al sector privado del CONADIE, pero no obtuvo el apoyo necesario pues, durante la votación, la mayoría de los diputados, incluidos los del Movimiento Semilla, votaron a favor de las reformas, pero sin contemplar la propuesta de Pérez.
Diputados como Pérez, acusaron a sus ex colegas de ceder a intereses empresariales, generando divisiones internas, en un contexto en donde el electorado del Movimiento Semilla y los simpatizantes que Arévalo de León logró durante los primeros meses de su mandato, se sienten defraudados porque perciben que no ha roto con las élites económicas y políticas que han mantenido capturado al Estado desde décadas atrás, gracias, en parte, a los sobornos y financiamientos opacos. Aunque no se cita la frase exacta “estabilidad técnica” en discursos directos, el mandatario justifica procesos lentos de remoción por “obstáculos legales, depuración institucional y dificultades técnicas” para romper estructuras corruptas sin paralizar operaciones, priorizando gobernabilidad.
No obstante las limitaciones legales e institucionales que le son opuestas, sumado a la ausencia de purga en mandos medios y altos vinculados a estas élites, este actuar se percibe como una debilidad política que permite la presencia de esta representación en el Estado y facilita el mantenimiento de un régimen de servicio civil que busca saquear el erario nacional y perpetúa la captura institucional de las instituciones gubernamentales, solo para priorizar la estabilidad gubernamental sobre la reforma real y necesaria.
Fotografía de redes sociales del diputado Samuel Pérez.
¿Soberanía o sumisión? La agenda de Washington
La política exterior del gobierno de Bernardo Arévalo de León ha tenido dos momentos: uno, en 2024, durante el último año de gobierno de Joe Biden; y 2025, tras la segunda victoria de Donald Trump en noviembre de 2024. En ambos años, también fue clave las relaciones estratégicas con la Unión Europea (UE). El reacomodo de las relaciones con la administración Trump, necesarias y exigentes, luego de las muy distintas y estrechas sostenidas con Biden, ha sido un foco de críticas por ceder, de manera obligada, a los intereses de seguridad nacional de la potencia del norte.
Un ejemplo fue la firma de acuerdos que permiten a agentes estadounidenses, operar directamente en puertos y aeropuertos guatemaltecos priorizando la agenda de seguridad fronteriza de Estados Unidos, sobre una falaz soberanía nacional, lo que se percibe como dependencia en temas migratorios y comerciales, a lo que casi ningún país del hemisferio occidental escapa, obligados a negociar y aceptar continuamente ante presiones arancelarias.
En 2024, el Departamento de Estado respaldó a Arévalo de León con sanciones a estructuras corruptas, incluyendo a la Fiscal General, y presión diplomática, permitiendo su toma de posesión, pese a intentos de anulación electoral, y su permanencia y estabilidad frente al gobierno.
Un año después, ya con Trump, parael 22 de mayo de 2025 el gobernante firmó un acuerdo con el almirante Alvin Holsey del Comando Sur de Estados Unidos para modernizar el Puerto Quetzal con una inversión de US$ 64 millones, permitiendo la intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en infraestructura clave del Estado guatemalteco, bajo el argumento de combatir el crimen organizado.
Igualmente, el 26 de junio de 2025 se conoció un Memorándum de Entendimiento que el gobierno guatemalteco firmó con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristin Noem, para lanzar el Programa Conjunto de Seguridad (JSP) que autoriza a agentes de federales estadounidenses a interceptar migrantes, personas sospechosas de terrorismo y redes criminales en el Aeropuerto La Aurora y puertos marítimos, con acceso a áreas restringidas, y aceptando la supervisión estadounidense. Además, Arévalo de León mantiene las políticas de contención migratoria creando unidades financiadas por Estados Unidos, y conjuntamente con el gobierno de México, ratificando compromisos ante deportaciones de Trump en 2025. En febrero de 2025, tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ambos gobiernos confirmaron un nuevo esquema de colaboración, con la aceptación de deportados centroamericanos.
Kristi Noem y el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, firmaron en el Palacio Nacional de la Cultura, un Memorándum de Entendimiento sobre el programa conjunto de seguridad entre ambos países. Foto: eP investiga.
Sin embargo, el presidente Arévalo, al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), negó que Guatemala sea un “tercer país seguro”, aunque la duda persiste si así ocurre, ya que se acepta la recepción de personas deportadas de Centroamérica y cumple la función de aliviar la presión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Ese programa funciona como un filtro. Los deportados centroamericanos son apoyados para que regresen a sus países, con excepción de los nicaragüenses, quienes deciden si buscan asilo en Guatemala o van a su país.
Aunque el presidente utiliza un lenguaje centrado en la dignidad humana y las causas de la migración como la pobreza y el cambio climático, la infraestructura de control sigue siendo la misma o se ha tecnificado con apoyo estadounidense, cumpliendo con el objetivo de Washington de convertir a Centroamérica, en un cinturón de contención. En todo caso, la dura política anti inmigratoria de Estados Unidos bajo el segundo mandato de Trump, ha provocado una caída drástica del flujo de inmigrantes que pasan por el istmo centroamericano y México, camino a la potencia del norte.
La tabla a continuación resume los puntos de fricción que han moldeado la imagen del gobierno
Balance de gestión: decisiones y percepciones
Fuente: elaboración propia.
El espejismo de la macroeconomía: ¿Ética que paraliza o gestión deficiente?
Al finalizar 2025, el gobierno de Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar se aferra a un “escudo de integridad” como su principal activo político. Sin embargo, detrás de las cifras de estabilidad macroeconómica que celebra el Banco de Guatemala (BANGUAT), se esconde una realidad de estancamiento operativo que empieza a pasar factura en las comunidades más vulnerables.
El Ejecutivo ha justificado la ejecución presupuestaria del 90.6% del 2025, como el resultado natural de una limpieza profunda en los procesos de licitación. Si bien es cierto que las administraciones anteriores dejaron un sistema de “comisiones” y obras fantasmas, la parálisis actual en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) sugiere que la actual administración no ha logrado transitar de la denuncia a la gestión. Contrastante resulta, por ejemplo, que las arcas del Estado logren cifras de recaudación históricas y se promocione el combate a la defraudación, pero con niveles de inversión pública más bajos de lo esperado.
Al mismo tiempo, la pérdida del poder adquisitivo del quetzal de varios años atrás no se logra revertir. Los aumentos de los salarios mínimos son insuficientes. El modelo económico desigual, con todas sus inequidades, sigue castigando a la mayoría de la población que, regularmente, tienen bajos ingresos y variables. Con una inflación del 3.8%, el BANGUAT respira tranquilo. No obstante, para una familia rural esta cifra es irrelevante cuando la Canasta Básica Alimentaria (CBA) supera los Q. 4,000, mientras que el salario mínimo, a pesar de los ajustes, no cubre un costo de vida digna.
Si bien se advierte de mejoras en la desnutrición crónica infantil, las políticas gubernamentales no han logrado confrontar las causas estructurales de la misma, algo que no se logrará en un período de gobierno, y sigue pendiente conocer con claridad los avances y el impacto de los programas de seguridad alimentaria.
Segundo Informe Presidencial: Arévalo de León destaca los logros de su “Segunda Cosecha” con un discurso complaciente
El hemiciclo parlamentario se vistió el 14 de enero para una jornada que marcó el pulso político del país. La presentación del Informe Presidencial del segundo año de gobierno por parte del Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, se vio precedida por la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2026 2027.
En una sesión solemne cargada de simbolismo, Arévalo compareció ante el Congreso de la República para presentar su informe de segundo año de gestión, en una fecha que coincidió con el 40 aniversario de la Constitución Política de Guatemala.
Bajo el lema de lo que denominó el día de la “Segunda Cosecha”, el Arévalo de León estructuró un discurso centrado en los resultados tangibles de su administración durante 2025, entre los que destacan la inversión social, y el crecimiento y estabilidad macroeconómica.
- Crecimiento y desarrollo. Un crecimiento económico del 4.1% en 2025 liderando la región fue destacado por el mandatario, a la vez que subrayó el aumento del 10% al salario mínimo, lo cual se tradujo, dijo, en un incremento del 5.2% en las afiliaciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Asimismo, celebró que Standard & Poor’s y Fitch elevaran la calificación soberana de Guatemala a BB+, situando al país a un paso del grado de inversión.
- Educación. Se reportó el remozamiento de más de 10,000 centros educativos solo en 2025, y se anunció la contratación de casi 13,000 nuevos maestros bajo criterios de mérito y el lanzamiento del programa “Becas por Nuestro Futuro”, que ya ha beneficiado a 175 universitarios.
- Vivienda y desarrollo social. A través del programa “Mano a Mano” se construyeron más de 50,000 pisos saludables en un año, declarando 11 municipios libres de pisos de tierra. Además, el programa “Mi Primera Casa” otorgó 670 créditos para vivienda.
- Salud: Se destacó un abastecimiento promedio superior al 90% en medicamentos e insumos médicos, y se habilitaron 34 nuevos puestos de salud, así como se incorporaron 2,300 personas al personal sanitario.
- Infraestructura. Arévalo de León destacó la modernización estratégica de los muelles de los Puertos Quetzal y Tomás de Castilla, con el apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
- Seguridad ciudadana. El mandatario reconoció un aumento en la violencia homicida durante el primer semestre de 2025, pero afirmó que los patrullajes combinados entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejercito lograron una tendencia a la baja en el segundo semestre. Informó también de la desarticulación de 148 estructuras criminales y un aumento del 22.6% en incautaciones de droga.
El presidente cerró su intervención con un llamado a la unidad y a la responsabilidad legislativa ante las próximas elecciones de segundo para elegir las Magistraturas del TSE y la Corte de Constitucionalidad (CC). “Nuestro futuro compartido y nuestra historia dependen de ello”, sentenció antes de abandonar el hemiciclo parlamentario, dejando una agenda cargada de desafíos para el año que inicia.
Foto: Stereo 100.
Arévalo de León le ha dado una conducción a su gobierno cuya orientación es apostarle a la institucionalidad y el respeto a los plazos legales, una estrategia de gradualismo que hoy, al iniciar su tercer año de gobierno, se enfrenta a su última y definitiva prueba de fuego. El 2026 no es solo un año de trámites administrativos: es el campo de batalla donde se decidirá si Guatemala regresa a la senda de la justicia transicional, o si el “Pacto de Corruptos e Impunidad” consolida su estrategia pro corrupción y pro impunidad total para controlar al Estado bajo un régimen de control social.
Las resoluciones del MP y las futuras sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y CC en estos meses, serán las fuentes primarias que escribirán la historia de un país que se niega a rendirse, pero que se está quedando sin tiempo.
