Seguridad, justicia selectiva y restauración conservadora en Guatemala como telón de fondo de un año decisivo
Nota de Coyuntura: 181 / por Marco Fonseca
La crisis carcelaria y de seguridad que atraviesa Guatemala no puede entenderse como una secuencia de hechos aislados ni como un simple desborde de violencia criminal. Motines simultáneos en centros penitenciarios, ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la suspensión del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), la actuación selectiva del Ministerio Público (MP), la disputa por el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las maniobras en torno al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la activación de un frente de cabildeo político en Estados Unidos, configuran un mismo momento político, una etapa crítica en la guerra de posiciones.
Entrevista al mandatario Bernardo Arévalo, en donde expuso sobre el trasfondo político de la violencia pandillera que condujo al estado de sitio. Fuente: CNN. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=z8WQgIO0Ix0
Una crisis de seguridad como expresión de la disputa por el reordenamiento del poder estatal
No se trata de eventos paralelos ni fortuitos, sino de un proceso de reagrupamientos políticos y reordenamiento del poder estatal. En este contexto, la violencia pandillera, la administración selectiva de la legalidad y el uso de vetos institucionales convergen para debilitar al Ejecutivo, condicionar la gobernabilidad y redefinir el control de las instituciones clave antes del próximo ciclo electoral general de 2027. El año 2026 es, en este sentido, un año bisagra marcado por elecciones de segundo grado decisivas para el sistema de justicia, el futuro inmediato del Ministerio Público (MP), el sistema electoral y, en general, la redefinición del sistema político en su conjunto.
Aunque las estrategias más explícitas de ruptura institucional, lo que se ha llamado la vía peruana o el parlamentarismo negro, parecen hoy atenuadas, no han desaparecido. Han sido reemplazadas por formas más sofisticadas de restauración conservadora que operan mediante desgaste político, selectividad judicial, captura anticipada de Comisiones de Postulación y búsqueda de avales internacionales. En eso consiste, en este momento, la nueva modalidad de la guerra de posiciones que se traduce en un reagrupamiento de las fuerzas restauradoras y en un reordenamiento del poder estatal.
De la violencia criminal a la violencia política indirecta
Uno de los errores más persistentes en el análisis público de la inseguridad en Guatemala, incluyendo el análisis del Estado mismo, es reducir la violencia pandillera a un fenómeno estrictamente criminal. No porque haya dejado de serlo, sino porque sus efectos ya no se limitan al delito. Hoy, esa violencia opera también como violencia política indirecta, capaz de condicionar la acción estatal y reconfigurar el campo político.
Los motines coordinados en cárceles, los ataques selectivos contra fuerzas de seguridad y los mensajes explícitos que emergen desde el sistema penitenciario no buscan, por ahora, tomar el poder del Estado, pero sí condicionar su ejercicio y abonan, tanto a la compaña desestabilizadora de la extrema derecha, como al reordenamiento institucional del Estado. Funcionan como advertencias frente a cualquier intento de recuperar control territorial, reformar cárceles o afectar economías ilícitas profundamente enraizadas. Y, por supuesto, también ejemplifican la falta de control del Poder Ejecutivo, desde la entrada del ex ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, hasta el presente, sobre las estructuras profundas de la cartera de seguridad que siguen intactas.
La periodista de Prensa Libre, Ana Lucía Ola, apunta con detalle que:
El Gobierno dispone de un sistema de inteligencia encargado de identificar riesgos y amenazas que podrían poner en peligro la seguridad y la estabilidad nacional. Cada año, con información de diversas fuentes de inteligencia estatal, se elabora la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (ANRA), la cual identifica y dimensiona dichos riesgos. Hasta el 2025, las maras o pandillas no habían sido reconocidas como un peligro directo para la gobernabilidad, sino como una amenaza cotidiana a la seguridad pública, que se manifiesta en extorsiones, homicidios y control territorial.
Ahora, sin embargo, se puede observar que la violencia pandillera produce efectos políticos claros: erosiona la legitimidad del Estado, alimenta la percepción de “ingobernabilidad” y crea el clima propicio para discursos autoritarios. No es casual que, ante cada escalada de violencia, resurja la demanda de “mano dura” y soluciones expeditas que prometen orden a cualquier costo.
En este escenario, el llamado “modelo Bukele” aparece recurrentemente como una solución mágica. Su atractivo no reside en su viabilidad estructural ni en su replicabilidad institucional –el mismo gobierno de Arévalo de León ya empezó la construcción de una megacárcel de “máxima seguridad” para 2000 reclusos– sino en su simplicidad narrativa, es decir, frente al caos el bukelismo propone un poder fuerte que impone orden.
El riesgo no es únicamente la eventual adopción –heredar las condiciones– de políticas abiertamente autoritarias, sino la normalización discursiva de la excepción y la “máxima seguridad”. Cada vez que se presenta la seguridad democrática como ingenua o insuficiente y la represión como única salida viable, se estrecha el campo de lo políticamente pensable. La violencia pandillera, en este sentido, no solo mata o intimida, sino que también reconfigura el horizonte político, habilitando salidas autoritarias que se presentan como inevitables.
Fuentes: Ana Lucía Ola. Recuperada en: https://www.prensalibre.com/?p=24729562; y Facebook
El MP: donde la violencia se vuelve (o no) política
El núcleo más explosivo y menos discutido de la coyuntura actual se encuentra en la actuación del MP, que no controla la calle ni las cárceles, pero controla algo igual o más decisivo: la traducción jurídica de la violencia. No toda violencia entra al sistema penal del mismo modo. El MP decide si un hecho es tratado como terrorismo o delito común, como crimen organizado, asesinato doloso o simple portación ilegal, como asociación ilícita o como hecho aislado. Esa decisión no es meramente técnica; tiene efectos políticos directos.
Casos recientes muestran cómo, aun existiendo las capturas de pandilleros en flagrancia y con evidencia audiovisual de planificación de ataques pandilleros contra agentes del Estado, el MP ha optado por imputaciones mínimas descartando delitos graves que permitirían investigaciones más amplias y sanciones proporcionales. Esta selectividad penal no es neutral pues limita investigaciones, debilita la política de seguridad del Ejecutivo, y refuerza la narrativa de un Estado incapaz y un gobierno débil e inefectivo.
Aquí cobra sentido el concepto de veto institucional por omisión. El MP no necesita bloquear reformas explícitamente; basta con no ver, no tipificar o no escalar determinados hechos. Esa omisión redistribuye poder y condiciona la gobernabilidad.
El “Caso Dark”: testimonio criminal y judicialización política
El caso del pandillero Milton Najarro, alias “Dark”, que está siendo utilizado por el MP para insinuar supuestos pactos entre pandillas, autoridades policiales y eventualmente figuras del Ejecutivo, ilustra con claridad la perversidad y los riesgos de esta práctica. Una hipótesis sobre esto es que no acusar a “Dark” de “terrorismo” y “asesinato”, sino simplemente de portación ilegal de armas, es parte de una estrategia de desprestigio contra el gobierno de Arévalo de León y, por ello, en su testimonio, este pandillero dijo que el escape de los 20 pandilleros de la cárcel “Fraijanes II” que trascendió en octubre de 2025, contó con la anuencia de Jiménez y hasta del presidente. Como lo amplifican algunos reportes, la fuga fue:
“…pactada con autoridades del Sistema Penitenciario y hubo entrega de dinero a funcionarios”.
Desde un punto de vista técnico-jurídico, el testimonio de un miembro de una estructura criminal no es, por sí solo, prueba suficiente para sustentar acusaciones de alto nivel. Estos testimonios suelen estar atravesados por incentivos procesales, intentos de reducción de pena o presiones propias del sistema penal o, incluso, pactos corruptos y criminales internos en el MINGOB. Su valor probatorio depende estrictamente de su corroboración independiente, mediante pruebas materiales, periciales o testimonios externos.
Sin embargo, desde el punto de vista político, este tipo de declaraciones adquiere una carga narrativa y mediática desproporcionada que medios oscurantistas como República GT u otros medios de prensa tradicional, se encargan de amplificar y diseminar. Aunque no sean concluyentes en términos judiciales, resultan funcionales para construir relatos de colusión estatal, desgastar figuras políticas específicas y alimentar la percepción de un Estado penetrado por el crimen. Dado que son las redes de corrupción en el sistema judicial las que tienen sospechas de mantener vínculos incluso con las pandillas, las declaraciones del MP adquieren un carácter particularmente perverso.
Milton Najarro, alias “Dark”. Fuente: Prensa Libre. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/?p=24739856
A ello se agrega que la salida del cargo del anterior ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, no aclarada por el Ejecutivo y su estancia en el “exilio”, contribuye a ese manto de impunidad y colusión estatal.
El problema no es investigar solo de cierta manera, sino convertir testimonios frágiles en instrumentos de judicialización política, especialmente cuando el mismo MP ha mostrado pasividad frente a otras formas de violencia organizada. La selectividad se expresa, tanto en a quién se persigue como en qué relatos se amplifican, y en qué momento político e, incluso, denota cómo se confabulan en ellos otras instancias opositoras al gobierno como la denunciada por la Policía Nacional Civil (PNC).
La disputa por la CSJ y el futuro del MP
Este patrón de transformar una crisis de seguridad en una crisis política y responsabilizar al gobierno de Arévalo de León por la misma, tiene una dimensión aún más preocupante cuando se observa lo que está en juego en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La disputa interna por su presidencia no es un asunto administrativo, sino una batalla estratégica con efectos de largo plazo.
La presidencia de la CSJ en 2026 tendrá un rol decisivo en dos procesos clave:
i) La designación de las Magistraturas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031; y,
ii)La conducción de la Comisión de Postulación que elegirá a la próxima persona que dirigirá al MP en el periodo 2026-2030
Lo anterior significa que la lucha por la CSJ es, en realidad, una disputa por el futuro del MP. De concretarse ciertos equilibrios internos, no solo podría asegurarse la continuidad de redes de poder ya existentes sin, incluso, prolongar la influencia de la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, mediante una eventual designación en la CC, extendiendo inmunidades y márgenes de protección institucional.
La actuación presente del MP no puede desligarse de esta proyección futura. La forma en que hoy se administra la legalidad está íntimamente ligada a las batallas institucionales que se libran en el seno del sistema judicial.
Presupuesto 2026 suspendido y cerco institucional
La suspensión del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la CC completa este cuadro. Sin el presupuesto de Q. 163 mil 469 millones aprobado para 2026 por el Congreso de la República, el Ejecutivo ve severamente limitada su capacidad de acción en materia de seguridad, política social y reforma penitenciaria, pues tendrá que operar con el mismo presupuesto de 2025 más ajustes puntuales que pueda lograr en el Legislativo. Sin embargo, para la percepción popular, amplificada por los medios de la derecha restauradora, la responsabilidad política por la falta de resultados recae, paradójicamente, sobre el propio Ejecutivo. Por ejemplo, los y las jubiladas que demandan aumento a sus pensiones, no ven lo que ocurre en el Legislativo o las decisiones que toma la CC, sino que ven al presidente mismo como el responsable directo.
Este mecanismo de asfixia presupuestaria funciona como instrumento de disciplina política, amplificando los efectos de la violencia y la inacción judicial. Se configura, así, un círculo vicioso: sin recursos no hay política integral y sin resultados se justifica el bloqueo.
Elecciones de segundo grado en 2026: el verdadero campo de batalla
Todo lo anterior converge en las elecciones de segundo grado de 2026. Aunque suelen pasar desapercibidas para la opinión pública, pero, las que tendrán lugar en el presente año son estratégicas, ya que en ellas se definirá el control de las instituciones que investigan, juzgan y arbitran la política para los siguientes años.
Controlar estas instancias significa tener por el mango las reglas del juego para 2027 y más allá. Por eso, la fase actual de la guerra de posiciones no es solo de seguridad o gobernabilidad, sino que es una lucha anticipada por la arquitectura del poder estatal y las rutas posibles para la toma del poder.
En ese marco, la disputa institucional alcanza también al sistema electoral. El caso reciente de Mynor Herrera, Rector de la Universidad Panamericana (UPANA) e integrante de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde fue nombrado en el cargo de secretario, con obvio impedimento legal para esa tarea dados sus vínculos religiosos y cuya huella digital también contradice su negación de haber promovido narrativas de fraude y ruptura institucional, es revelador.
Fuente: La Hora. Recuperado en: https://lahora.gt/?p=924739
No se trata de un error individual, sino de un patrón político. La narrativa de fraude no es espontánea ni marginal; es un recurso estratégico para deslegitimar gobiernos electos, justificar bloqueos institucionales y preparar el terreno para salidas autoritarias. Que actores asociados a esa narrativa busquen incidir en la conformación del TSE, no es accidental.
La captura anticipada del árbitro electoral es una de las formas más silenciosas y más peligrosas de erosión democrática.
El frente externo: lobby en Washington y aval neoimperial
La restauración conservadora no se juega solo en el plano interno. Actores vinculados al llamado “Pacto de Corruptos” han activado un frente de cabildeo en Estados Unidos, orientado a ganar influencia en los círculos cercanos a la administración Trump y, en particular, al Secretario de Estado, Marco Rubio.
Este esfuerzo busca presentar el conflicto guatemalteco bajo el prisma de la lucha contra el “socialismo” o la supuesta injerencia radical progresista, con el objetivo de neutralizar presiones internacionales y asegurar respaldo, o silencio frente a un proyecto restaurador de extrema derecha. El papel de operadores mediáticos como Rodrigo Arenas Echeverría y su medio República GT, así como de “net centers” vinculados a actores del “Pacto de Corruptos”, resulta central en esta estrategia. Aunque todavía les gustaría una vía peruana al estilo de José Jerí, actual Presidente interino de Perú, por lo menos buscan repetir en Guatemala lo que Milei hizo en Argentina, Kast en Chile o, mejor aún, conseguir para su causa el apoyo abierto que Trump le dio a Nasry “Tito” Asfura en Honduras.
La salida del Embajador estadounidense, Tobin Bradley, percibido como incómodo para los sectores más restauradores de la extrema derecha, añade una incertidumbre inquietante sobre el futuro alineamiento de Estados Unidos respecto a Guatemala, independientemente de los acuerdos sobre seguridad e infraestructura que Arévalo de León ha alcanzado con su “aliado estratégico” del norte.
Conclusión: una restauración sin golpes, pero no sin consecuencias
Guatemala no enfrenta una simple suma de crisis desconectadas, ya sea de seguridad o de gobernabilidad, sino un proceso altamente conflictivo de reagrupamientos políticos y reordenamiento institucional como la forma actual de la guerra de posiciones. La violencia pandillera, la justicia selectiva, el veto presupuestario, la captura del sistema electoral y la búsqueda de avales internacionales forman parte de esa dinámica.
La restauración conservadora ya no necesita golpes espectaculares. Avanza mediante erosión gradual, omisiones estratégicas y control anticipado de instituciones clave. Lo que se decida en 2026 no definirá solo un gobierno, sino el tipo de Estado y de régimen político que Guatemala tendrá en los años por venir.
