Elecciones en el CANG: un sistema de elección agotado deja abierta posibilidad para cooptar al TSE

Nota de coyuntura No. 184 / por Juan Calles

La jornada electoral del pasado 4 de febrero en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) no fue el ejercicio de democracia interna que el gremio de abogados pretende presumir, sino la confirmación y reflejo del colapso definitivo de un modelo de justicia por cuotas.

_{Imagen: Estuardo Gálvez y Astrid Lemus, preparándose para la elección en CANG para magistratura en la CC. Autoría: El Observador.}

Cooptar al CANG para controlar el sistema de justicia

La resolución de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que apenas 48 horas antes de las urnas ordenó la exclusión de más de 3,500 profesionales de ciencias afines, no debe leerse como un tecnicismo legal sobre la pureza del gremio; fue, en realidad, un ajuste estratégico de alta precisión destinado a blindar el padrón y asegurar que el control de la Corte de Constitucionalidad (CC) permanezca en las manos de las estructuras corruptas que han hecho del derecho una herramienta de cooptación del sistema de justicia.

Esta maniobra judicial ha puesto al desnudo, una vez más, la profunda descomposición de la legitimidad de un sistema que ya no puede autorregularse al prohibir la participación de politólogos, sociólogos, criminalistas e internacionalistas, pues no solo vulnera los derechos de los profesionales de ciencias afines que integran la Asamblea del CANG, sino que, además, aceita los engranajes de un sistema diseñado para la exclusión premeditada, a la vez que valida el intento de ganar las elecciones gremiales de forma tramposa. Es un reflejo, además, de las raíces de la constitución de tribunales, juzgados, cortes y magistraturas, es decir, de cómo las estructuras de poder eligen y colocan para generar impunidad y protección de los intereses de esas estructuras.

Al CANG lo han ido convirtiendo, no en una entidad de representación gremial válida y coherente con sus principios creadores, sino en una suerte de partido político de facto, en donde para ganar elecciones de trascendencia nacional se movilizan estructuras clientelares y se utiliza la judicialización como arma de última instancia para anular cualquier asomo de renovación o reforma técnica, como mecanismos que grupos de interés echan a andar para manipular las instituciones del Estado.

El gremio responde con votos a favor de una “cooptación suave”

A pesar de la maniobra judicial, o quizá por ella misma, el gremio de abogados asistió a votar el 4 de febrero pasado rompiendo récords de participación, en donde la planilla liderada por la abogada Astrid Lemus, que recibe las simpatías de algunos miembros del gobernante partido Movimiento Semilla, obtuvo la mayoría de votos que, sin embargo, la obliga a enfrentar una segunda vuelta contendiendo contra Estuardo Gálvez Barrios, ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), vinculado a la corrupción del sistema de justicia.

Estos resultados son un revés para los sectores que han evidenciado tener compromisos con los intereses de grupos de poder corruptos que han cooptado el sistema de justicia representados, entre muchos tantos, por el actual magistrado de la CC Néster Vásquez y el juez Mynor Moto. Pero, esos resultados también evidencian que en el gremio de abogados y abogadas son pocas las opciones para enfrentar al régimen de corrupción que controla el sistema de justicia en Guatemala.

Para la segunda vuelta a realizarse el 12 de febrero, se enfrentan dos planillas con vínculos partidarios, estructuras de poder y corrupción, empresarios, y de intereses de distinta índole que, de ninguna forma, garantizan la conformación de una CC independiente y apegada a derecho. Sobre todo, cuando en la integración de la máxima Corte habrá magistraturas electas por instancias seriamente cuestionadas como el actual Consejo Superior Universitario (CSU), o la mima Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, en el caso de Astrid Lemus, de la agrupación Unidad por la Democracia, se perfila como la opción de sectores que buscan una estabilidad negociada con el apoyo de estructuras políticas ligadas al oficialismo y a grupos de interés como la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD), del millonario empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga, que han orbitado cerca del poder de turno en años anteriores, y a la cual son cercanos los abogados Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz. Lo mismo reza para Rita Fernanda Pérez Gálvez, abogada candidata a presidente para el Tribunal Electoral del CANG período 2026-2029, cuya planilla podría ser la ganadora el 12 de febrero.

Por su parte, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, el dos veces rector de la USAC, acusado en el “Caso Comisiones Paralelas 2020”, no ha mermado su capacidad de movilización y clientelismo universitario, en donde, tras el intercambio de prebendas académicas y laborales, logra el apoyo de un gran número de abogados y estudiantes; además de las evidentes alianzas con cuadros del actual Ministerio Público (MP) representados por su candidato a suplente, Melvin Portillo, abogado cuyo bastión Petén es un voto seguro, gracias a sus estrechos nexos al político Manuel Baldizón Méndez, quien arrastra conexión narcotraficante desde su condena en Estados Unidos.

Ha trascendido en la víspera de la segunda vuelta en el CANG este 12 de febrero, un acuerdo político entre Estuardo Gálvez Barrios y la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA) cuyo líder es Néster Vásquez, en el sentido que este último apoya al ex rector de la USAC, a cambio que este le apoye en la elección aún no decidida, de la Presidencia de la CSJ. Por ello no extraña el comunicado de ASPA en donde declara y pide el apoyo directo a Gálvez Barrios.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Durante años se han hecho propuestas y se han impulsado proyectos de reforma judicial desde diversos sectores, las cuales han sido rechazadas y olvidadas por esos mismos poderes oscuros que mantienen cooptado el sistema de justicia.

Desde las reformas planteadas en los Acuerdos de Paz y las propuestas de reforma de la carrera judicial impulsadas por instancias como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), organización que finalmente fue expulsada del país en septiembre de 2019 del país por el entonces presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, entre otras muchas propuestas de reforma que han quedado en el olvido, se ha permitido que el modelo de representación gremial sea sustituido por una maquinaria de representación de élites donde se disputan puestos en la CC, como paso previo para la cooptación del sistema de justicia y, en esta ocasión, con interés especial en el asalto final al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas Magistraturas a elegir serán las encargadas de organizar las próximas elecciones generales de 2027 e igualmente las de 2031, y decidir el futuro de partidos políticos y candidaturas presidenciales.

La verdadera urgencia de capturar la silla del CANG radica en la configuración del próximo TSE. Una CC alineada es la garantía de impunidad para bloquear perfiles independientes y habilitar candidaturas cuestionadas, de cara a los comicios generales de 2027.

Reformar el sistema es vital, pero la cooptación no lo permite

La historia judicial de Guatemala es una sucesión de intentos de reforma que, en su mayoría, han chocado contra el muro de una Consulta Popular o han sido neutralizados por “contrarreformas” legislativas, en donde la alianza militar-empresarial y sus partidos de derecha las han persistentemente bloqueado.

1. Reformas de los Acuerdos de Paz: Consulta Popular 1999

Fue el primer y más ambicioso intento de rediseñar el Estado tras el conflicto armado interno.

• Propuesta: incluir en la Constitución Política el fortalecimiento del poder civil, la carrera judicial y el reconocimiento de la identidad indígena.
• Rechazadas. En la Consulta Popular del 16 de mayo de 1999, el “No” ganó con un margen estrecho en un proceso marcado por el abstencionismo, pues sólo votó el 18.6% del padrón.
• Estado actual: olvidadas en el plano constitucional. Los Acuerdos de Paz pasaron de ser una hoja de ruta obligatoria a un referente histórico sin ninguna posibilidad real de ser aplicados.

2. Iniciativa del ex presidente de la República Otto Pérez Molina, en 2012

Un intento desde el entonces gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP) por modificar 37 artículos de la Constitución Política para abordar la crisis de seguridad.

• Propuesta: extender el período de la Magistraturas de la CSJ y reformar las Comisiones de Postulación para reducir la influencia gremial.
• Abandonada. Ante el fuerte rechazo de diversos sectores sociales y empresariales que temían una reforma que tocara el modelo económico, y la falta de consenso en el Congreso de la República, el Ejecutivo retiró la propuesta antes que llegara a una discusión seria.
• Estado actual: olvidada.

3. Reforma Integral Pro-Justicia (2016-2017)

Liderada por el MP de Thelma Aldana Hernández y la CICIG con el Comisionado, Iván Velásquez Gómez a la cabeza, fue la propuesta que más cerca estuvo de romper el sistema de cuotas.

• Propuesta: sustituir las Comisiones de Postulación por un Consejo de la Carrera Judicial y reconocer el Pluralismo Jurídico (justicia indígena).
• Rechazada y desmantelada. El punto del Pluralismo Jurídico fue utilizado por sectores conservadores y cámaras empresariales para descarrilar toda la reforma, argumentando que se crearía una “justicia paralela”. El Congreso de la República dejó morir la iniciativa tras meses de parálisis.
• Estado actual: el diagnóstico de la captura gremial que motivó esta reforma sigue vigente, pero la solución política fue enterrada tras la expulsión de la CICIG.

4. Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 y su contrarreforma

Esta fue una reforma que sí se adoptó, pero que fue “vaciada” de contenido años después.

• Propuesta: crear un Consejo de la Carrera Judicial independiente de la CSJ para que los jueces no dependieran de los magistrados y magistradas de turno.
• Adoptada en 2016, pero “Reformada” en 2022. En febrero de 2022, el Congreso de la República aprobó el Decreto 7-2022, una contrarreforma que le devolvió a la CSJ el control sobre los traslados, ascensos y sanciones de los jueces.
• Estado actual: la reforma original fue neutralizada. Hoy, la carrera judicial vuelve a estar centralizada en la cúpula de la CSJ, facilitando la criminalización de jueces independientes.

 5. Reforma a la Ley Orgánica del MP en 2024

Es la propuesta más reciente, presentada por el gobierno de Bernardo Arévalo de  León para recuperar el control sobre la destitución del Fiscal General.

• Propuesta: modificar el Artículo 14 para permitir que el Presidente de la República pueda remover  r a remueva al Fiscal General por falta de idoneidad o incumplimiento de deberes.
• En suspenso / Sin apoyo legislativo. Aunque fue presentada con gran despliegue en mayo de 2024, la iniciativa no ha logrado avanzar en un Congreso donde el oficialismo no cuenta con los votos necesarios (requiere mayoría calificada).
• Estado actual: Estancada. El sistema de blindaje del Fiscal General establecido en 2016 permanece intacto ante la falta de acuerdos políticos.

Las planillas que van a segunda vuelta y sus vínculos con las bancadas

Quienes avanzaron a la segunda vuelta para elegir Magistraturas Titular y Suplente a la CC por parte del CANG este 12 de febrero, tienen conexiones con las bancadas que hoy se frotan las manos esperando su momento para utilizar esas conexiones para influir en el TSE con una CC con sus representantes electos, lo que le da a esta elección un tinte más partidario que institucional

En el caso de la planilla 1 liderada por Astrid Lemus, aunque intenta desmarcarse de la “vieja política”, los apoyos recibidos públicamente la vinculan con el gobernante Movimiento Semilla, y con el llamado bloque independiente integrado por diputados y diputadas que salieron de la bancada del partido Vamos.

La planilla 1 se presenta como representante de un ala del gremio progresista y con ánimos reformistas y, se supone, anti “Pacto de Corruptos”, y que buscaría conformar una CC que le permita gobernabilidad al actual Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León. Sin embargo, mantiene vínculos con diputados como César Augusto Rodas Cardona cuya estructura familiar ha estado ligada a la candidatura de Lemus.

En el caso de la planilla 2 de Estuardo Gálvez Barrios, es el brazo jurídico de una alianza tácita: la del MP, de la línea más radical y comprometida con el sistema de corrupción de la bancada Vamos, que cuenta dentro del Congreso de la República con aliados como las bancadas de los partidos Unionista (PU) y Valor, conservadoras y consentidoras de la corrupción.

La inclusión del abogado Melvin Portillo, Secretario de Política Criminal del MP, como candidato a magistrado suplente de la CC, evidencia la alianza con el MP de Consuelo Porras Argueta, quienes buscarían consolidar una CC que sea un bunker de defensa legal contra cualquier intento de reforma o depuración del sistema de justicia, que los protege de la persecución penal y les permite perseguir y criminalizar a sus contrincantes políticos.

El asalto al TSE: el objetivo real de 2026

La urgencia de estas bancadas por controlar la elección de las Magistraturas a la CC en el CANG, radica en que 2026 es el año de la renovación total del TSE, por lo que sus mecanismos de captura institucional están activos y listos para la batalla, incluyendo medidas ilegales como la exclusión de los profesionales de ciencias afines que, a pesar que no les dio el resultado esperado, es una muestra que están dispuestos a cualquier cosa, sobre todo porque cualquier tacha o amparo contra el proceso del TSE terminará en manos de los magistrados y magistradas de la CC que asumirán próximamente.

Por otra parte, tener una representación en esta Corte les garantiza a los partidos políticos que sus candidaturas presidenciales en 2027 no serán descalificadas por financiamientos ilícitos, por campaña anticipada o por falta de idoneidad. Cualquier tacha o amparo contra el proceso del TSE terminará en manos de la Magistratura que hoy están eligiendo los abogados del CANG.

Esta elección en el CANG es una especie de ensayo general para las elecciones de 2027. Los partidos políticos saben que para ganar la Presidencia de la República no solo necesitan el voto popular sino, además, jueces leales que les allanen el camino. La exclusión de las ciencias afines ordenada por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora refrendada por la CC, fue un favor judicial para los bloques legislativos que buscan excluir cualquier injerencia ajena al “Pacto de Corruptos”, ya que en ese escenario la independencia judicial no es un objetivo sino el obstáculo.

Es urgente, por ello, plantear la discusión sobre un sistema electoral agotado que no responde a los intereses del país, sino a un sistema gremial que ya está cooptado e intervenido por los intereses de partidos políticos y sectores de poder económico e, incluso, por el crimen organizado.

El 12 de febrero no solo se decide quién representará a los abogados en la CC: se decide quién tendrá el poder de decidir quién puede ser candidato en el próximo ciclo electoral, mientras la justicia independiente sigue siendo la gran perdedora en esta disputa de élites políticas y económicas.