La sombra del viejo eferregismo se impone en la elección de Magistraturas a la CC
Nota de Coyuntura No. 191 / por Juan Calles
Los abogados Roberto Molina Barreto y Luis Rosales Marroquín han sido reelectos en el Congreso de la República, respectivamente, como magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031, en una prolongada sesión que duró más de 15 horas. La operación de partidos políticos adscritos y operadores de la estrategia del “Pacto de Impunidad”, así como la presión tras bambalinas, de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, fueron más que evidentes en la definición. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya había movido sus piezas al reelegir a las cuestionadas magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua para la CC; todo en función de la consolidación de los intereses de los actores ultraconservadores pro impunidad y pro corrupción, de cara a las elecciones generales de 2027.
Magistradas y Magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad.
Fuente: https://x.com/EObservadorGT/status/2028875789886722172 y Soy502.
“Parlamentarismo negro” a tope
Como estaba cantado, en la madrugada de este 6 de marzo Roberto Molina Barreto fue reelecto como magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031, con 100 votos a favor, 44 en contra y 16 ausentes. Junto a él también fue reelecto Luis Rosales Marroquín como magistrado suplente con 117 votos a favor, 27 en contra y seis ausentes.
Fueron fundamentalmente los votos de los partidos políticos Vamos, Valor, Todos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Cabal, Comunidad Elefante, Unionista (PU), Visión con Valores (VIVA), Victoria, Cambio, Bienestar Nacional (BIEN), y diputados independientes, los que permitieron la reelección de estos abogados vinculados al viejo eferregismo y a su líder y fundador, el ya fallecido general y presidente de facto (marzo 1982 – agosto 1983), José Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013.
En el caso de Molina Barreto, es un veterano abogado que actualmente es magistrado titular de la CC, y que fue candidato vicepresidencial por el partido Valor en las elecciones generales 2019, acompañando a Zury Ríos Sosa, hija del dictador. Su figura y actuar en los cuatro periodos en los que ha estado en la CC, encarna la continuidad de una élite judicial históricamente articulada con fracciones empresariales corporativas que integran el G-8, y políticos ultraconservadores que durante los últimos 10 años han estado adscritos a la estrategia pro impunidad y pro corrupción del llamado “Pacto de Impunidad”. Su perfil representa una visión formalista del derecho, pero, también, una concepción del orden social que ha sido señalada por críticos como excluyente, clasista y racista que rechaza cualquier reforma estructural y urgente del actual sistema de justicia, en crisis. Su relección consolida el bloque que, hasta ahora, ha ejercido control decisivo sobre la arquitectura judicial en Guatemala.
Fallos y actuaciones de Roberto Molina Barreto como magistrado de la CC
que han sido cuestionadas en materia de integridad
Durante los 20 años (2006-2016 y 2021-2026) que el abogado Roberto Molina Barreto ha sido magistrado de la CC, algunas de las resoluciones que ha suscrito o respaldado han generado cuestionamientos por su posible impacto en procesos anticorrupción, investigaciones de alto perfil o casos vinculados a actores políticos y criminales.
A continuación, se describen las principales:
1. Anulación de la sentencia por genocidio contra el presidente de facto, José Efraín Ríos Montt, en 2013.
En mayo de 2013, la CC anuló la sentencia que había condenado por genocidio al exjefe de Estado de facto, José Efraín Ríos Montt, y ordenó retrotraer el proceso judicial a una fase anterior del debate. Roberto Molina Barreto integró la mayoría que apoyó esta resolución.
La decisión fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y analistas jurídicos, quienes argumentaron que la anulación del fallo debilitó un proceso judicial considerado histórico en la región, y prolongó la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado interno. Medios de investigación han señalado que esta resolución fue percibida como favorable a los intereses del dictador y su Jefe de Inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez.
El antecedente ha adquirido relevancia reputacional adicional debido a que, años después, Molina Barreto participó en política electoral como candidato a la vicepresidencia por el partido Valor en el mismo binomio que Zury Ríos Sosa, hija del Ríos Montt.
2. Amparo que suspendió actuaciones del antejuicio contra el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en 2015.
Durante las jornadas contra la corrupción de 2015 que se derivaron del caso de corrupción de alto impacto conocido como “La Línea”, la CC otorgó un amparo provisional que suspendió temporalmente actuaciones relacionadas con un antejuicio contra el entonces Presidente de la República, Otto Pérez Molina.
Molina Barreto formó parte de la resolución adoptada por la CC en un fallo que generó críticas en sectores de opinión pública y organizaciones civiles que consideraron que la decisión podía retrasar el avance de investigaciones por corrupción contra altos funcionarios del Ejecutivo.
El magistrado defendió públicamente que el mecanismo de antejuicio requiere un análisis preliminar para evitar denuncias con motivaciones políticas o infundadas.
3. Resoluciones cuestionadas relacionadas con personas vinculadas a estructuras criminales
Algunas resoluciones de la CC en las que participó Molina Barreto han sido señaladas en el debate público por supuestamente favorecer a personas vinculadas con estructuras criminales.
Medios internacionales han mencionado críticas dirigidas al magistrado por resoluciones relacionadas con Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, identificado como líder del Barrio 18. En estos reportes se señala que determinadas decisiones judiciales habrían beneficiado procesalmente al acusado, lo que generó cuestionamientos en el contexto del debate sobre la independencia judicial en Guatemala.
Las fuentes disponibles no establecen responsabilidad directa del magistrado en vínculos con estructuras criminales, pero sí registran la existencia de señalamientos públicos sobre el impacto de algunos fallos.
4. Resolución que evitó reactivar antejuicio contra alcalde posteriormente requerido por narcotráfico en 2024.
En marzo de 2024, la CC resolvió no dar trámite a una solicitud que buscaba reactivar un antejuicio contra el alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, Exadillas Dionel Ramos Aguilar.
Posteriormente, el funcionario fue requerido por autoridades de Estados Unidos por presunta conspiración relacionada con narcotráfico. Diversos medios y organizaciones indígenas señalaron que la resolución de la CC contribuyó a impedir que se investigaran oportunamente las acusaciones en su contra.
Aunque el fallo fue adoptado por el pleno del tribunal y no exclusivamente por un magistrado, el caso ha sido citado en debates públicos sobre decisiones judiciales que podrían limitar mecanismos de rendición de cuentas.
5. Decisiones relacionadas con la suspensión del partido político Movimiento Semilla en 2023
En octubre de 2023, la CC resolvió no declarar inconstitucional una disposición de la Ley contra la Delincuencia Organizada que permitió la suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, tras los resultados electorales de 2023.
Roberto Molina Barreto formó parte de la mayoría que respaldó la resolución. El caso fue objeto de amplio debate jurídico y político debido a que la normativa sobre delincuencia organizada fue utilizada para intervenir en un proceso relacionado con un partido político que había ganado las elecciones presidenciales.
Sectores académicos y organizaciones civiles argumentaron que el uso de esta normativa podría tener implicaciones para la libertad de asociación política y la estabilidad institucional.
6. Señalamientos relacionados con el “Caso Fénix” en 2021
En 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló que Molina Barreto habría actuado como notario en la constitución o formalización de empresas que posteriormente fueron vinculadas por el MP a un esquema de presunto lavado de dinero conocido como “Caso Fénix”.
De acuerdo con reportes periodísticos, el magistrado negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y afirmó que su participación se limitó a la formalización notarial de empresas cuyos representantes aparecían registrados legalmente en el Registro Mercantil.
En el caso de Rosales Marroquín, es un abogado que fue parte del equipo que defendió a Ríos Montt en el “Caso por genocidio”, y posteriormente fue diputado del partido Valor. Su papel en la CC en el periodo que está por fenecer ha pasado desapercibido, así como su perfil en esta elección en el Congreso de la República, ya que la atención estuvo centrada en Rony López Contreras, actual magistrado suplente de la CC cuyas decisiones y votos razonados al interior de la alta Corte, lo perfilaron como un referente de una élite emergente que ha buscado reconfigurar correlaciones internas dentro del tribunal constitucional.
Una larga jornada para reelegir a una cuestionada Magistratura a la CC
La prolongada sesión parlamentaria que duró más de 15 horas, reveló la disputa entre dos fracciones de élites políticas y empresariales que intentan consolidar su hegemonía en el máximo tribunal constitucional, y en las otras instituciones del sistema de justicia. Ambas desplegaron intensas estrategias de cabildeo dentro del Congreso de la República, a la sombra de la influencia determinante y los mensajes que tras bambalinas lanzó la Embajada estadounidense en Guatemala, con el encargado de negocios John Barrett al frente temporalmente.
Así, más que una elección individual, lo que está en juego es la consolidación de una hegemonía judicial: quién define el sentido común jurídico; quién interpreta la Constitución Política y, en última instancia, qué proyecto de país se institucionaliza desde la cúspide del sistema de justicia guatemalteco.
En este contexto, la alianza ultraconservadora en el Congreso de la República activó mecanismos institucionales para forzar el ritmo de la elección de Molina Barreto. El diputado del partido político Valor Carlos López, promovió un amparo contra la Junta Directiva del Legislativo por suspender la sesión plenaria del pasado 3 de marzo, el cual la CC otorgó y le ordenó sesionar para la elección de las Magistraturas Titular y Suplente. En términos políticos y con un evidente conflicto de intereses, la decisión implicó que el tribunal, con una correlación de fuerzas que evidentemente favoreció a Molina Barreto como parte del mismo, ordenó acelerar una votación en un momento en que los números favorecían a dicho bloque.
Diputados como Luis Aguirre, del partido Cabal, y Samuel Pérez, de Raíces, partido en formación, cuestionaron la resolución y la calificaron de ilegal sobre la base de argumentar que el Legislativo aún disponía del plazo legal para realizar la elección. La controversia no fue meramente procedimental: expuso el choque entre legalidad formal y legitimidad política, y evidenció cómo la justicia constitucional se ha convertido en el principal campo de batalla por la dirección y control de la institucionalidad del Estado.
Fue así como el jueves 5 de marzo toda la atención estaba en el Congreso de la República; grupos de la sociedad civil arengaban a la población desde horas de la mañana exigiendo a las bancadas no elegir a personas con señalamientos de tener vínculos con el crimen organizado y grupos golpistas.
Un grupo de personas con el rostro cubierto y con actitud violenta también se apostaron en una de las entradas al Legislativo, e intimidaron a periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, generando un ambiente tenso que marcaba la jornada.
Mientras tanto, en el hemiciclo parlamentario diputados y diputadas del bloque oficialista presentaban una lista de oradores que sumaban casi 20 parlamentarios buscando retrasar la elección, medida que hasta ya entrada la noche se mantenía en suspenso hasta agotar la lista de oradores.
Mientras diputados y diputadas oficialistas alargaban su intervención, las bancadas opositoras gritaban e insultaban, lo que derivó en una acalorada discusión que casi llegó a los golpes entre varios representantes; algunos de ellos, incluso, denunciaron amenazas de muerte en su contra.
Ya retomado el orden en el hemiciclo, la estrategia oficialista continuó mientras se ganaba tiempo para colocar una solicitud a la CC para que se revocara el amparo provisional que obligó al Congreso de la República a sesionar y elegir.
Con la votación aplazada y el ambiente cargado de sospechas, la sesión en el Legislativo llegaba a más de 13 horas cuando ya en la madrugada del 6 de marzo se procedió a elegir las Magistraturas a la CC.
El “voto fantasma” de la Embajada estadounidense y la movida de Arévalo de León
La polémica alcanzó su punto de ebullición el pasado 3 de marzo de 2026 cuando el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, irrumpió en la escena con un mensaje a la nación que desarticuló una maniobra de los bloques partidarios adscritos al “Pacto de Impunidad”.
El mandatario denunció públicamente un intento de “aparentar” que la Embajada de Estados Unidos respaldaba las candidaturas de Molina Barreto y de la propia Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, para la CC. Este movimiento fue un golpe de mano estratégico: al consultar directamente al Departamento de Estado y exponer la falsedad del supuesto respaldo, el mandatario le quitó al sector conservador el “sello de aprobación” internacional que pretendían usar para convencer a los diputados/as indecisos/as.
La respuesta de la misión diplomática, liderada por John Barrett, encargado de negocios de la sede diplomática y actualmente asumiendo interinamente diplomáticas, fue contundente al afirmar que no tolerarían “contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en el proceso, alineándose con el discurso de transparencia del Ejecutivo.
Esta intervención internacional no solo frenó la votación prevista para ese martes, sino que dejó a los bloques partidarios de Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Unionista (PU), etc., en una posición defensiva obligándolos a recalcular su estrategia ante la mirada vigilante de Washington y la presión de una sociedad civil que ha rechazado el retorno de figuras sancionadas.
La respuesta no se hizo esperar, fue atrevida y altanera: la CC otorgó al diputado López el amparo y ordenó a los diputados/as a sesionar y elegir las Magistraturas, lo que configuró un escenario en el que ambos bandos hacían movimientos que evidenciaron sus lealtades y preferencias.
El 5 de marzo, la dinámica se repitió en cuanto a declaraciones de Arévalo de León que, mediante una breve conferencia de prensa, declaró que la elección en el Congreso de la República “se estaba dando en el marco de presiones externas inaceptables para coaccionar el voto a favor de un candidato”, en tanto que el fallo de la actual CC que obligaba al Congreso a sesionar, evidenciaba la necesidad de renovar dicha corte.
A juicio del ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, fue claro que Estados Unidos de alguna forma poyó el intento de elegir a Consuelo Porras Argueta como magistrada suplente de la CC, y también la reelección de Molina Barreto en el Legislativo, pues la Embajada no manifestó una posición clara después del mensaje enviado por el presidente en el que señaló una intención de instrumentalizar la sede diplomática para tratar de aparentar un apoyo a ambos juristas.
“No sabemos exactamente qué ha hecho la Embajada de EE. UU. en Guatemala; han dado declaraciones de que no van a permitir que lleguen narcos, pandilleros y gente asociada con ellos a las cortes, un mensaje duro pero limitado. (…) Si realmente quisieran decir que no apoyan a ningún candidato, hubieran dicho eso. ‘No apoyamos al magistrado Molina Barreto’ y luego seguir con lo que dijeron sobre el crimen organizado y los pandilleros’”.
McFarland descartó casi por completo que Barrett haya actuado sin una instrucción del Departamento de Estado. A su juicio, la pregunta que debía hacerse es: ¿Por qué EE. UU., teniendo buenas relaciones con el Gobierno de Guatemala, “decidió cambiar su política con respecto al sistema judicial”, hasta el punto de que el presidente guatemalteco tuvo que dar dos “declaraciones fuertes”?
“…puede obedecer a los esfuerzos de lobistas que han sido contratados por empresarios y operadores políticos guatemaltecos, lo cual coincide con ‘un aparato de toma de decisiones de política exterior y de seguridad nacional —de EE. UU.— que está debilitado’. (…) Esto puede llevar a que el propio Gobierno de EE. UU. genere decisiones contraproducentes que, incluso, van en contra de sus propios intereses o de los intereses que han definido el secretario de Estado, Marco Rubio, y el mismo presidente Donald Trump”.
Según el exembajador, el respaldo a Porras Argueta y Molina Barreto fue una decisión que se tomó sin tomar en cuenta a otras agencias del gobierno estadounidense como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que ejecuta un acuerdo de cooperación con Guatemala para la modernización del Puerto Quetzal y para la realización de estudios para proyectos de infraestructura.
“Dudo que lo hayan coordinado con quienes están muy interesados en proteger la relación de Guatemala con Taiwán. (…) es sumamente raro que una embajada, embajador o encargado de negocios, decida ir por su propia línea política (cuando) Barrett es un profesional que trata de implementar las instrucciones que recibe del Gobierno de EE. UU.”.
“Washington calculó mal al pensar que podemos recibir los beneficios de esta relación —con Guatemala— y por nuestra cuenta vamos a insistir en hacer esto otro. Nadie en Washington se preguntó por qué a EE. UU. le correspondía proteger a Porras, cuando ni siquiera recibió un voto en la Universidad de San Carlos ni en la Corte Suprema de Justicia”.
Finalmente, el lobby y el dinero de las elites eligió
La elección del magistrado titular y suplente a la CC para el periodo 2026-2031 por parte del Congreso de la República se convirtió en el escenario de la tensión política entre los sectores que pugnan por controlar la corte constitucional. El pulso lo ganó el poder económico y político que accionó bajo el paragüas del “Pacto de Impunidad”, y que controlarán la CC en el próximo periodo como lo han venido haciendo hasta ahora, con una correlación de fuerzas que hasta el momento va 3 a 1, y que se perfila 3 a 2 a favor del “Pacto de Impunidad”, a pesar de la designación de los representantes de la Presidencia de la República que en los próximos días se definirá.
Entre la estrategia del oficialismo y las prisas de las bancadas que insistieron en elegir las magistraturas, la sesión del jueves 5 de marzo se prolongó por más de 15 horas para reelegir las cuestionadas magistraturas de Molina Barreto y Rosales Marroquín. La bochornosa sesión en el hemiciclo parlamentario evidenció que la CC se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la política guatemalteca.
Este escenario refleja una característica estructural del sistema político en Guatemala: las elecciones de segundo grado se han convertido en espacios de negociación intensa entre redes de poder, donde los criterios técnicos quedan subordinados a cálculos políticos.
Lo que ocurrió en el Congreso de la República no fue únicamente una votación ordenada por la ley: es, en realidad, una disputa por el equilibrio del poder y qué sector tendrá la hegemonía política para los siguientes años. Como es costumbre en la política guatemalteca, la resolución final no fue jurídica ni técnica, sino el resultado de un opaco acuerdo político entre elites que, a partir de ahora, mantiene el control de las altas cortes del país.
