La Puya: 14 años de Resistencia Pacífica que salvaron US$ 499 millones del Estado de Guatemala
Nota de coyuntura No. 192 / por Equipo de El Observador
Kappes, Cassiday & Associates (KCA), empresa minera estadounidense, había demandado al Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) por más de US$ 400 millones tras la suspensión, en el año 2016, del proyecto minero “El Tambor”, localizado entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, departamento de Guatemala. En diciembre de 2025, el CIADI rechazó la demanda y falló a favor de Guatemala, ordenando a KCA pagar costos procesales, lo cual no se hubiera logrado sin los aprendizajes que la Resistencia Pacífica La Puya trasladó a la parte gubernamental.
Imagen: Manta por el 14 aniversario de la Resistencia Pacífica La Puya. Fuente: https://www.facebook.com/photo?fbid=1383688933801660
Decisiones judiciales del sistema guatemalteco ante incumplimiento de empresa
En julio del 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial (BM), aceptó la conformación del panel arbitral que conoció la demanda contra el Estado de Guatemala por un monto que superaba más de US$ 400 millones, planteada en mayo de 2018 por Daniel W. Kappes y la transnacional estadounidense Kappes Cassiday & Associates (KCA) de la que es accionista, tras la resolución en 2016 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —ratificada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2020— que suspendió la licencia de explotación de oro y plata “Progreso VII Derivada” del proyecto minero “El Tambor”, localizado entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, departamento de Guatemala, y operado por la subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima (EXMINGUA).
Tras años de contienda judicial, el CIADI falló a favor del Estado de Guatemala en el litigio multimillonario iniciado por la empresa KCA bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR); un fallo que reconoció que la suspensión del proyecto minero no fue una medida arbitraria del Estado guatemalteco, sino el resultado legítimo de decisiones judiciales del sistema guatemalteco, ante el incumplimiento de la empresa al no realizar la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades indígenas afectadas por el mismo.
Con esa sentencia, el Estado de Guatemala evitó el pago de una indemnización que ascendía a US$ 499 millones, suma que la empresa KCA exigía como compensación por la suspensión de dicha licencia. El tribunal no sólo rechazó la exigencia de la empresa, sino le ordenó, además, pagar las costas judiciales y los gastos del arbitraje.
Uno de los aspectos a destacar de este fallo es el papel de las comunidades de la Resistencia Pacífica La Puya, ya que sus testimonios y los argumentos técnicos y ambientales propuestos por la misma resistencia, que durante años denunció la contaminación y el mal actuar de la empresa, fueron fundamentales para la estrategia de defensa del Estado de Guatemala.
La Puya comparte aprendizajes
En este contexto, la Resistencia Pacífica La Puya conmemoró su 14 aniversario con una serie de actividades que también incluyeron un espacio de formación política y legal de alto nivel, así como el conversatorio“Costos e implicaciones en materia de inversión, ¿Hay salidas viables y qué podemos aportar desde los territorios?”, en el que se compartieron experiencias sobre la imposición del proyecto minero “Progreso VII Derivada” y las demandas de arbitraje sobre inversiones que hacen las empresas extractivas contra los Estados, a partir de la experiencia de la demanda de la empresa minera KCA contra el Estado de Guatemala, así como de la experiencia en Ecuador en las salidas de Tratados de Libre Comercio (TLC).
Imagen: Conversatorio “Costos e implicaciones en materia de inversión, ¿Hay salidas viables y qué podemos aportar desde los territorios?”. Fuente: https://www.facebook.com/NISGUA.Guate/videos/3257543211084044
Para este conversatorio Guadalupe Prado, del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), brindó un breve historial de lo que representa el proyecto “El Tambor” en cuanto a un panorama de intereses extractivo-energético en la zona de instalación.
Mapa de Intereses de extracción de oro en el contexto del cinturón orogénico “El Tambor”. Fuente: Observatorio de Industrias Extractivas.
En su calidad de ex vicepresidente de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección de Inversiones en Ecuador (CAITISA) participó el doctor en Derecho, Javier Echaide, reconocido jurista argentino y experto en el sistema de arbitraje de inversiones, quien se refirió al panorama de las demandas de arbitraje en América Latina, las implicaciones para los derechos humanos y las posibles salidas de los TLC.
Echaide ofreció un análisis exhaustivo sobre los mecanismos que permiten a los pueblos recuperar su soberanía regulatoria frente a lo que denomina la “dictadura de los tratados de inversión”. Según el jurista argentino, los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los capítulos de inversión de los TLC son instrumentos que han creado un sistema de justicia paralela, reservado exclusivamente para el capital transnacional, que erosiona la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.
El CIADI y la trampa del arbitraje internacional
Para comprender la relevancia del caso KCA contra Guatemala, es necesario analizar el funcionamiento del CIADI, una institución del Banco Mundial (BM) que administra el arbitraje entre inversores extranjeros y Estados. Echaide explica que este sistema se basa en el mecanismo de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), el cual permite que una corporación demande a un país si considera que una medida gubernamental —incluso una sentencia judicial o una regulación ambiental— afecta sus “expectativas legítimas” de ganancia.
En el caso de La Puya, tal como se menciona comúnmente a este proyecto minero derivado del lugar en donde se localiza, KCA demandó a Guatemala superior a los US$ 400 millones argumentando que el Estado guatemalteco no había protegido su inversión frente a las protestas de la comunidad, y que la suspensión del proyecto ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) constituía una expropiación indirecta. Echaide subraya la perversidad de este argumento: la empresa pretendía que el Estado guatemalteco la indemnizara por cumplir con su propio ordenamiento jurídico y con los estándares internacionales de Consulta Previa.
Echaide enfatizó que, en el sistema ISDS, el Estado se encuentra en una posición de vulnerabilidad permanente. Los tratados están diseñados para proteger los derechos del inversor, pero no imponen obligaciones vinculantes sobre sus responsabilidades ambientales o sociales. Solo las empresas pueden iniciar demandas; los Estados o las comunidades afectadas no tienen forma de demandar a la empresa ante el CIADI por los daños causados.
Esta asimetría significa que, en el mejor de los casos, el Estado “no pierde”, pero rara vez “gana”. Guatemala tuvo que gastar millones de dólares en honorarios legales y expertos para defenderse durante siete años. Aunque el tribunal falló a favor de Guatemala, el costo social y económico del proceso es inmenso. Echaide utiliza el término “soberanía regulatoria”para describir lo que está en juego: la capacidad de un pueblo de autogobernarse y proteger sus bienes naturales sin el temor a ser extorsionado por tribunales internacionales privados.
En el marco de las actividades de aniversario, el Dr. Javier Echaide concedió una entrevista a El Observador para analizar las implicaciones de este momento histórico para Guatemala.
¿Por qué es tan significativo el fallo del CIADI a favor de Guatemala en el caso de KCA, y cómo influyó la Resistencia Pacífica de La Puya en este resultado?
Este fallo es una anomalía positiva en un sistema que generalmente favorece al inversor. Es significativo porque el tribunal tuvo que reconocer que las razones de la suspensión del proyecto minero no eran arbitrarias, sino que respondían a una violación fundamental de la ley por parte de la empresa y el Estado: la falta de Consulta Previa, Libre e Informada. La Resistencia Pacífica La Puya fue el actor fundamental; sin su vigilancia constante y su capacidad para documentar las ilegalidades del proyecto, la defensa del Estado no habría tenido los elementos técnicos y sociales necesarios para demostrar que la empresa actuó de mala fe y sin licencia social. Lo que vemos aquí es cómo una comunidad, mediante su organización, logra “contaminar” positivamente un proceso jurídico internacional con la realidad del territorio.
Usted ha mencionado que Guatemala está en una “cuerda floja” debido a sus tratados de inversión. ¿A qué se refiere exactamente?
Guatemala, como muchos países de la región, firmó una serie de TBI en la década de los 90 bajo la promesa de que atraerían inversión y desarrollo. Hoy sabemos que esa promesa es falaz; no hay evidencia de que estos tratados aumenten la inversión productiva, pero sí hay evidencia de que aumentan el riesgo de demandas millonarias. El país está en una cuerda floja porque cada vez que intenta fortalecer sus leyes ambientales o proteger los derechos de los pueblos indígenas, se enfrenta a la amenaza de un arbitraje internacional. La soberanía guatemalteca está hipotecada a favor de estas cláusulas de arbitraje que permiten a tres árbitros privados en Washington, decidir sobre el destino de los fondos públicos del país.
En su charla con la comunidad, usted explicó formas legales para salir de estos tratados. ¿Podría detallar cuáles son esas opciones para un país como Guatemala?
La salida es posible y necesaria. No es un salto al vacío, sino un acto de responsabilidad democrática. Primero, está la denuncia del Convenio del CIADI. Esto retira al Estado de la jurisdicción de este tribunal específico del Banco Mundial. Segundo, la denuncia de los TBI vigentes. Muchos de estos tratados tienen cláusulas de terminación que los Estados pueden activar. Tercero, la realización de una auditoría integral de las inversiones, siguiendo el modelo de CAITISA en Ecuador, para determinar qué beneficios reales, si es que alguno, han traído estos tratados y cuánto le han costado al Estado en términos de defensa legal y pérdida de autonomía.
Finalmente, la propuesta de un Modelo Alternativo de Tratado de Inversión que priorice la supremacía de los derechos humanos y ambientales sobre los derechos comerciales, y que obligue al inversor a agotar los recursos en la justicia nacional antes de acudir a cualquier instancia internacional.
En 2020, CAITISA auditó los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) firmados por Ecuador, e informó los hallazgos y proyecciones realizadas desde su instalación. Fuente: caitisa.org
¿Qué mensaje le deja la lucha de 14 años de La Puya a otras comunidades que enfrentan proyectos mineros y demandas de arbitraje?
El mensaje es que la resistencia pacífica es una herramienta legal potente. A menudo se piensa que la resistencia es solo protesta en la calle, pero en La Puya hemos visto cómo esa protesta se traduce en argumentos legales que eventualmente ganan casos en las cortes más altas y en tribunales internacionales, siempre que haya una organización social sólida que sostenga esa defensa en el tiempo. Sin embargo, el Estado debe reaccionar, autoridades en la Presidencia y en el Congreso deben estar de acuerdo con la población para que Guatemala revise todos sus compromisos internacionales en materia de inversión.
14 años sembrando vida en tierra de metales
La presencia y el análisis de Javier Echaide proporcionaron el lenguaje técnico para una verdad que la comunidad ya conocía por intuición y experiencia: que el sistema legal global está diseñado para favorecer al fuerte, pero que la verdad y la persistencia pueden agrietar ese diseño.
La Puya ha dejado de ser solo una resistencia para convertirse en un referente de soberanía y dignidad. También ha dado una lección de madurez y voluntad política al decidir colectivamente, pese a las fricciones internas que esto conllevó, sentarse con el gobierno para ayudarlo en la demanda nacional. En estos 14 años ha demostrado que el agua vale más que el oro no como un eslogan, sino como una realidad jurídica y política. La tarea que queda por delante, como bien advirtió Echaide, es desmantelar la arquitectura legal que permitió que este conflicto durara tanto tiempo. Mientras Guatemala siga atada a tratados que priorizan el lucro sobre la vida, cada victoria será una tregua en una guerra asimétrica.
