La guerra jurídica que no se detiene
Nota de coyuntura No. 197 / por Luis Solano
La IX Magistratura de la Corte de la Constitucionalidad (CC) fue juramentada por el Congreso de la República el 24 de marzo del año en curso. Una de las cinco magistraturas juramentadas fue la titular Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, quien llegó y asumió en un ambiente de incertidumbre debido a un amparo interpuesto ante la CC por los abogados, Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, que buscaba evitar esa juramentación.
Juramentación de la IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), periodo 2026-2031. Fuente: Congreso de la República.
Magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC) a quienes se eligió para ejercer la IX Magistratura del período 2026-2031, fueron juramentados/as ante el Congreso de la República, el 24 de marzo y tomarán posesión de sus cargos el próximo 14 de abril del año en curso.
Integración de la CC para el periodo 2026-2031
- Designados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros:
Magistrada Titular: Gladys Annabella Morfin Mansilla.
Magistrada Suplente: María Magdalena Jocholá Tujal.
- Designados por el Congreso de la República:
Magistrado Titular: Roberto Molina Barreto.
Magistrado Suplente: Luis Alfonso Rosales Marroquín.
- Designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ):
Magistrada Titular: Dina Josefina Ochoa Escribá.
Magistrada Suplente: Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.
- Designados por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG):
Magistrada Titular: Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.
Magistrado Suplente: Luis Fernando Bermejo Quiñónez.
- Designados por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC:
Magistrada Titular: Julia Marisol Rivera Aguilar.
Magistrado Suplente: José Luis Aguirre Pumay.
En el caso particular de la ahora magistrada titular, Astrid Lemus Rodríguez, logró ser juramentada no obstante un amparo promovido por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, que buscaba impedir que fuera juramentada y tome posesión del cargo el 14 de abril próximo.
Ambos abogados son los mismos que promovieron un amparo que dejó fuera a las Ciencias Afines del proceso de elección de las altas magistraturas constitucionales en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y, a pesar de ello, resultaron electos Lemus Rodríguez y Bermejo Quiñónez.
En esa acción legal interpuesta por el bufete Sagastume Vidaurre y Asociados al cual pertenecen ambos abogados, se asegura que la abogada no es idónea para ocupar el cargo, entre otros señalamientos que hacen. Sostienen que Lemus Rodríguez habría “perdido la honorabilidad” por una ponencia que ofreció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 18 de febrero, donde denunció que se buscaba impedir que asumiera el cargo.
A la fecha se desconoce si la CC ya resolvió y cómo dicho amparo y, de no hacerlo aún, cuáles serán las implicaciones a futuro inmediato si resuelve a favor de los amparistas.
Perfiles de los amparistas
El historial político de Ricardo Sagastume Morales
Sagastume Morales se inició en la política en 1983, cuando fue parte de la creación del comité cívico Plan de Avanzada Nacional que llevó a Álvaro Arzú a la alcaldía capitalina, y que luego se constituyó en el Partido de Avanzada Nacional (PAN) con el fallecido Álvaro Arzú Irigoyen al frente, y que después adoptará el nombre de Partido Unionista (PU).
En 1985 fue candidato a diputado por la coalición de los partidos políticos Democrático de Cooperación Nacional (PDCN) -cofundado por el ex Presidente de la República, Jorge Serrano Elías-, y Revolucionario (PR), ya desaparecidos.
Para las elecciones generales de 2019 fue el candidato vicepresidencial del partido Todos y, para las pasadas elecciones generales de 2023, fue el candidato presidencial por ese mismo partido, liderado por el todavía diputado Felipe Alejos Lorenzana. La organización ha operado la estrategia pro impunidad y pro corrupción del llamado “Pacto de Corruptos e Impunidad”, al igual que el PU.
Sagastume Morales también fue precandidato presidencial para las elecciones generales de 2011 del ya cancelado partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN), el cual fue conformado por militares retirados contrainsurgentes, y que en ese entonces era dirigido por el general retirado José Luis Quilo Ayuso, militar que fuera uno de los máximos dirigentes de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). El FCN es otro partido político al que se ha identificado como parte del “Pacto de Impunidad”.
Al final, Sagastume Morales renunció a participar en esta candidatura en el último momento, aunque en esos comicios terminó compitiendo como candidato a diputado por el Listado Nacional, por el también ya desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), sin ser electo.
Este abogado arrastra un largo historial político familiar. Fue Director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) entre 2002 y 2007, donde mantiene una oficina, y desde donde ha representado legalmente los intereses de ese sector empresarial. Fue Ministro de Economía en el último mes del gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012 – septiembre 2015 por renuncia y encarcelamiento) y el Partido Patriota (PP) y, en ese contexto, se develaron sus estrechos vínculos con la compañía telefónica TIGO.
Preside el bufete Sagastume Vidaurre y Asociados, el cual fue fundado por el fallecido abogado José María Adrián Vidaurre Sánchez, integrante del gabinete del ex Presidente de la República y dictador, Manuel Estrada Cabrera, en el periodo 1898-1920; por su sobrino, Francisco Ricardo Sagastume Vidaurre, también ya fallecido y padre de Sagastume Morales; y Carlos Arturo Sagastume Pérez, también fallecido y quien fuera primo de Sagastume Vidaurre).
En el caso de Ricardo Sagastume Vidaurre, se le recuerda por ser uno de los artífices del “Pacto de Condiciones de 1966”, un pacto militar impuesto al gobierno recién electo de Julio César Méndez Montenegro por el gobierno saliente del coronel Enrique Peralta Azurdia, del cual Sagastume Vidaurre fue Subsecretario General. Sagastume Vidaurre también fue Presidente de la CSJ durante los gobiernos militares de principios de la década de 1980, sobre todo de los gobernantes de facto: los generales Efraín Ríos Montt (marzo de 1982 por golpe de Estado – agosto de 1983 cuando fue defenestrado), y Óscar Humberto Mejía Víctores (agosto de 1983 por golpe de Estado – enero 1986 cuando asumió el gobierno civil), cuando se establecieron los Tribunales de Fuero Especial. Esos nexos con el sector castrense son replicados por su hijo Ricardo Sagastume Morales, quien también fue un actor de sectores de ultraderecha enemigos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
Se recuerda que el bisabuelo de Sagastume Morales fue el reconocido abogado y político Adrián Vidaurre Segura, auditor de Guerra, diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera.
Diego Sagastume Morales, el empresario de aviación
Además de su profesión como abogado y notario, y de su vida política, Ricardo Sagastume Morales también es un reconocido empresario de la aviación junto a su hijo, el también abogado Ricardo Sagastume González, quien fue candidato a diputado distrital del partido político Todos en las Elecciones Generales de 2023. Ambos son representantes legales de las sociedades anónimas MAYAHG INVESTMENT GROUP, S.A. y MAYA HOLDING GROUP, S.A., cuya sede es la misma del bufete Sagastume Vidaurre y Asociados, en el edificio de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
El negocio aéreo proviene de sus nexos matrimoniales pues Sagastume Morales es viudo de Beatriz González Mastahinich de Sagastume, casada en segundas nupcias y fallecida en 2004 en un accidente aéreo en Estados Unidos, junto a uno de sus hijos, Jeffrey Layton González, quien era la propietaria de Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG), empresa aérea que fue heredada por su otro hijo, el capitán de Aviación, Jonathan Layton González, quien la presidió hasta septiembre de 2020 cuando falleció asesinado.
TAG es una empresa aérea identificada con estrechos vínculos a militares que está inscrita en Panamá bajo el nombre de TAG Group, S.A. y, además de Layton González, la otra directiva que aparecía es su viuda Ana Marcela María Toriello Castañeda. En el año 2011, la Revista Proceso de México detalló, según fuentes de inteligencia civil, que en TAG aparecía como uno de los principales socios, el general retirado Francisco Ortega Menaldo, así como que Joaquín “El Chapo” Guzmán la utilizaba como una empresa para movilizarse.
Se recuerda que Layton González era amigo del abogado Luis Ortega Arana, hijo de Ortega Menaldo, con quien estudió en el Colegio Interamericano. Ortega Arana se convirtió en Registrador Sustituto del Registro General de la Propiedad (RGP) durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – enero 2024) y el partido Vamos, luego de buscar sin éxito una diputación en las elecciones generales de 2019.
En 2021 se anunció una alianza entre las empresas guatemaltecas G Airways y ARM Aviación con Aeromar de México. La primera, conocida también como Guatemala Airways, es uno de los nombres comerciales que recibe Maya Holding Group.
En una investigación de 2020, el extinto diario elPeriódico documentó que financistas del entonces partido oficial Vamos, evadieron las normativas referidas al financiamiento electoral contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Entre los financistas estaban la empresa ARM Aviación, S.A., y Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG). En el caso de ARM Aviación, S.A., recibe los nombres comerciales Aéreo Ruta Maya (Aerorutas Maya) y ARMSA, y tiene como representante legal a Richard Steven Callaway Ayau, sobrino del ideólogo neoliberal ya fallecido y fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), Manuel Ayau Cordón. También está inscrita en Panamá, bajo el nombre ARM Aviación Corp., y entre los directivos guatemaltecos se encontraban Callaway Ayau, y su esposa Ana Patricia González Mastahinich de Callaway, cuñada de Sagastume Morales.
Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre. Imagen: El Obsevador.
Diego Sagastume Vidaurre, su sobrino
Junto a su sobrino, el también abogado Diego Sagastume Vidaurre, el abogado Sagastume Morales ha accionado múltiples veces ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ya sea alegando fraude electoral en las Elecciones Generales de 2023, o actuando contra actores y funcionarios anticorrupción y que luchan contra la impunidad.
Ambos forman parte de una estructura de abogados y abogadas que se activaron desde 2012, en el contexto del juicio por genocidio contra Ríos Montt, y que desde entonces vincula a varias instancias de extrema derecha de políticos, empresarios, militares y religiosas neopentecostales que se aliaron en ese contexto, tras lograr revertir la sentencia contra el fallecido jefe de facto y sentenciado por genocidio. Posteriormente y aplicando la llamada guerra jurídica o “Lawfare”, se propusieron expulsar a la CICIG, tomar el control de juzgados, tribunales, cortes y el Ministerio Público (MP) para revertir todo lo actuado por la CICIG y criminalizar a quienes le apoyaron directa e indirectamente.
A Diego Sagastume se le ha visto en fotografías expuestas en las redes sociales, de agrupaciones de extrema derecha que tienen a cargo la llamada guerra jurídica, compartiendo con representantes de organizaciones como la Liga Pro Patria, AVEMILGUA, “Guatemala Inmortal” y la Fundación contra el Terrorismo (FCT), también llamada “fundaterror”. Incluso, ha sido expuesto en actividades de tipo “conspirativo” acompañado de su tío.
Tío y sobrino forman parte de la Asociación Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos, una instancia que también ha sido parte de recursos interpuestos en el contexto de la guerra jurídica. Ahí cohabitan militares como Roberto Antonio Cano López; el diputado con raíces militares, Ronald Yomelfy Portillo Cordón, del partido Vamos; y el pastor evangélico, John Freddy Del Salto Cazañas, fundador de esa asociación y de la Asociación Civil Consensos Cívicos de Nación y Acción (CCNyA), de la cual también forma parte Diego Sagastume.
Diego Sagastume Vidaurre es un abogado cuyos orígenes profesionales provienen del sector inmobiliario, y aparece ligado directamente a la lnmobiliaria El Bosque, S.A., de nombre comercial Europlaza World Business Center, empresa propietaria de las Torres Europlaza, localizadas en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, donde Sagastume Vidaurre tiene su oficina y que es la misma de la sede de esa inmobiliaria. El abogado apareció en documentación de los Panama Papers como representante de varias entidades fuera de plaza perteneciente a la familia propietaria de esa empresa, una de las mayores inmobiliarias de Guatemala.
Fuente: ICIJ.
Al abogado Diego Sagastume Vidaurre se le vio activar, por primera vez y públicamente en el contexto de la guerra jurídica, junto a su mamá Margarita Sagastume Morales, propietaria de la inmobiliaria Propiex, de la cual su hijo también forma parte, y la offshore Propiex International Corporation, su tío Ricardo Sagastume Morales, y el pastor Marco Antonio Díaz López, cuando en agosto de 2023 presentaron ante la CC, un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el que buscaban evitar la segunda vuelta electoral entre Bernardo Arévalo de León, del cancelado partido oficial Movimiento Semilla, y Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por supuestas irregularidades.
En julio de 2024, Sagastume Vidaurre se activó para eliminar los antejuicios de los secretarios presidenciales, ya bajo el actual gobierno de Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, enfocándose en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), la Secretaría de Comunicación Social (SCSP), la Secretaría General de Planificación Programación (Segeplan) y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).
En febrero de 2025, este abogado presentó una apelación en contra del proceso electoral organizado por la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), con lo que buscaba evitar que la presidente electa, Patricia Gámez, asumiera el cargo.
Además, en marzo de 2025 Sagastume Vidaurre presentó una inconstitucionalidad ante la CC contra la resolución sobre la armonización de los datos del Código Único de Identificación (CUI) encontrados en el Documento Personal de Identificación (DPI) y el Número de Identificación Tributaria (NIT).
En mayo de 2025, junto a la Liga Pro Patria, Sagastume Vidaurre presentó una acción contra el mandatario Arévalo de León, por “demeritar la Constitución Política de la República de Guatemala”.
En octubre de 2025, cuestionó al CANG por las denuncias presentadas al Organismo Judicial (OJ) contra el juez Fredy Orellana, a quien buscaba proteger.
En diciembre de 2025 accionó contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, por supuestas ilegalidades en el proceso de aprobación.
