Crónica de un fraude anunciado y denunciado
Nota de coyuntura No. 199 / por Juan Calles
Mediante un proceso electoral anunciado y denunciado como fraudulento, Walter Mazariegos Biolis ha sido nombrado como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para un segundo periodo. Este no es un fenómeno aislado; es el resultado de una reconfiguración de la estrategia para la cooptación de todos los entes del Estado guatemalteco que viene ejecutando el “Pacto de Corruptos e Impunidad”. Una vez más se falseó y violentó el marco normativo interno de la USAC y, con la complicidad del sistema de justicia nacional, se impone nuevamente un rector ilegítimo, mientras la evolución de la educación superior pública alcanza un hito crítico.
Imagen: El Observador.
Un CSU ilegal modificó el reglamento interno de la USAC a conveniencia
Las modificaciones reglamentarias implementadas por el Consejo Superior Universitario (CSU) se realizaron el 25 de marzo de 2025, mediante una serie de reformas que alteraron sustancialmente la arquitectura del proceso electoral, al modificar los Artículos 42, 65 y 67 del Reglamento Interno de la USAC, eliminando los contrapesos que tradicionalmente garantizaban la alternancia y la validación independiente de los votos.
El punto más crítico de esta transformación fue la suspensión del Artículo 70, lo cual dio como resultado la eliminación del tribunal electoral universitario como ente autónomo. En su lugar, el CSU se erigió como el órgano encargado de conocer, resolver y validar las apelaciones y los resultados de las votaciones en las facultades y colegios profesionales.
Esta reconfiguración ha sido interpretada por expertos legales como una vulneración del principio de imparcialidad, dado que el CSU se convirtió en juez y parte del proceso. La capacidad de este órgano para decidir sobre la acreditación de los cuerpos electorales permitió una gestión discrecional de los mismos. La nueva normativa permitió al CSU anular procesos de forma selectiva, amparándose en criterios administrativos que han sido cuestionados por su falta de transparencia.
Los mecanismos de exclusión 2022 y 2026
La magnitud de las ilegalidades en el proceso de elección 2026, se hace evidente al comparar las cifras de exclusión con ciclos electorales anteriores. En el 2022, se registraron siete cuerpos electorales cuya participación fue impedida. No obstante, para el evento electoral del 8 de abril del presente año, la cifra de cuerpos electorales excluidos llegó a 17, lo que representa exactamente la mitad de los 34 cuerpos que, por ley, deben integrar la asamblea para la elección de un nuevo rector. De esa manera, 85 representantes debidamente electos por docentes, estudiantes y profesionales, no pudieran ser representados en la elección, alterando la correlación de fuerzas y favoreciendo únicamente a los electores afines a Mazariegos Biolis.
Los datos sugieren que, a pesar que la oposición había obtenido una victoria contundente en las urnas durante las fases previas al ganar entre 21 y 22 de los 34 cuerpos electorales en disputa, la intervención administrativa del CSU redujo esa mayoría a una minoría habilitada de solo cinco cuerpos. Esta asimetría aritmética garantizó que la votación final se desarrollara sin el contrapeso de los sectores que habían manifestado una postura crítica hacia la gestión actual.
La institucionalidad del Estado jugó un papel favorable al fraude en la USAC
El proceso fraudulento en la USAC fue permitido por lo que diversos sectores definen como una inacción deliberada del sistema de justicia. Durante las semanas previas a la elección del 8 de abril, se presentaron aproximadamente 16 amparos ante diversas Salas de Apelaciones y ante la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyo objetivo era advertir sobre la exclusión arbitraria de Cuerpos Electorales, y solicitar el aplazamiento de la elección hasta que se restablecieran las condiciones de equidad y legalidad.
Un factor determinante en esta dinámica judicial es el papel de la magistrada titular y el magistrado suplente que representan a la USAC ante la CC para el periodo 2026-2031. Esta interconexión institucional plantea interrogantes sobre la imparcialidad del tribunal constitucional al momento de juzgar los actos del CSU que los designó. Aunque aún no han tomado posesión, la magistrada y el magistrado electa y electo en marzo de 2026 por la USAC, ya están listos para continuar con esa dinámica de blindaje institucional. Julia Rivera y José Pumay, abogada y abogado del círculo de confianza de Mazariegos Biolis, ya fueron juramentados para asumir sus cargos el próximo 14 de abril, por lo que se presume que el control de los órganos de justicia continuará, a pesar que trasciende el ámbito académico y se inserta en la pugna por la estabilidad democrática del país.
Los amparos y denuncias de abogados y la comunidad universitaria se toparon con un muro legalista que claramente favoreció al CSU y al actual rector ilegítimo y usurpador, quien logró ser nuevamente impuesto en la rectoría sancarlista, con lo que se coloca otro clavo al ataúd del sistema democrático guatemalteco.
La opacidad con la actuó el sistema de justicia no solo erosiona la confianza en el mismo sistema, sino también de las autoridades de la USAC, que expone un autoritarismo rampante disfrazado de legalidad. De esa manera, mientras se tolera que el CSU actúe ilegalmente se prepara a la ciudadanía para atropellos legales a una mayor escala con vistas al proceso electoral de 2027, cuando se elegirán Presidente y Vicepresidente de la República, diputados nacionales y distritales al Congreso de la República, e igualmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y 340 Alcaldías y Corporaciones Municipales.
Arévalo de León se escuda en la Autonomía Universitaria para justificar su inacción
Mientras el fraude tomaba cuerpo y se consumaba, el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, en conferencia de prensa aseguró que el Ejecutivo respetaría la Autonomía Universitaria, y de esta forma se desentendía de lo que sucedía en la USAC, lo cual le generó duras críticas y reclamos de sectores que demandaron su intervención y apoyo.
El Ejecutivo se limitó a publicar un comunicado en las redes sociales afirmando su exigencia a respetar el proceso legal y comprometiéndose a cuidar la Autonomía Universitaria.
Al mismo tiempo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intimidaban y coaccionaban a los estudiantes que recuperaron el control del campus universitario tomado por grupos de choque afines a Mazariegos Biolis, argumentando una protesta en contra del alza de los precios de combustible. Durante la recuperación del campus central de la USAC en la zona 12 capitalina, varios estudiantes identificaron a los ocupantes como integrantes de los grupos de choque utilizados por Mazariegos Biolis para reprimir e intimidar a la comunidad universitaria de oposición.
En ese contexto, analistas y organizaciones sociales sugirieron que la administración de Arévalo de León ha utilizado el concepto de la Autonomía de la USAC como una barrera para no involucrarse en un conflicto de alta sensibilidad política, permitiendo que las anomalías procesales se consumaran sin una oposición estatal efectiva. Es más, uno de los mayores cuestionamientos se relaciona con que la USAC es una institución pública que depende del Presupuesto Nacional y, aunque la Autonomía Universitaria esté garantizada constitucionalmente, la presencia en el campus de la USAC de grupos de carácter ilegal y criminal, obliga a la intervención gubernamental para su desalojo y captura lo cual, a pesar de quedar plenamente documentado, no ocurrió.
Este enfoque oficial, más que cauteloso se percibe timorato, y coincide con otros desafíos pendientes del gobierno actual en 2026, tal es el caso del retraso en la oficialización del Plan Nacional de Reparación para las Víctimas del Conflicto Armado Interno el cual, aunque ya fue presentado en febrero de 2026, para abril aún carece de respaldo legal debido a la falta de aprobación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), así como porque aún no ha sido publicado en diario oficial. Esta tendencia a la dilación administrativa se ha convertido en otra seria debilidad de la gestión de Arévalo de León.
El Legislativo fue indiferente a las iniciativas de intervención
En el Congreso de la República, la situación de la USAC no fue prioritaria en la agenda del 7 de abril. El pleno dio trámite a nueve iniciativas de ley que abordaban temas diversos, desde la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a seguros de vida, hasta reformas al sistema penitenciario y el fortalecimiento de PNC. Las denuncias del diputado José Chic sobre la situación universitaria y la propuesta del bloque Raíces para aprobar la intervención de la USAC, no lograron avanzar frente a los intereses de los bloques partidarios que mantienen vínculos con las actuales autoridades de la USAC. Incluso, diputadas del oficialismo se negaron a apoyar tal propuesta al considerarla inconstitucional.
La actuación del Legislativo refleja la fragmentación del poder político en Guatemala, donde las alianzas se configuran para proteger estructuras institucionales que sirven como fuentes de empleo, presupuesto y nombramientos clave en el Estado. El control de la USAC es estratégico, ya que permite influir en la designación de funcionarios en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Junta Monetaria y, crucialmente, las Comisiones de Postulación que seleccionan las Magistraturas del sistema de justicia.
La CGC y el MP se configuran como otra trinchera del fraude
La validez de la reelección de Mazariegos Biolis ha quedado supeditada a las investigaciones de los entes de control. La Contraloría General de Cuentas (CGC), si bien ha presentado denuncias ante el Ministerio Público (MP) que implican a Mazariegos y al CSU, no han sido investigadas por el MP y la misma CGC no se ha pronunciado ante las denuncias que señalan irregularidades administrativas en la gestión de los recursos y en la conducción del presupuesto universitario. Es más, la CGC ha celebrado acuerdos con la rectoría señalada.
Estas denuncias podrían, en teoría, invalidar los actos administrativos de la rectoría; no obstante, el destino de tales procesos está en manos del MP aún dirigido por Consuelo Porras Argueta. La percepción de una “protección oficiosa” hacia figuras que han capturado las instituciones universitarias, sugiere que las denuncias no serán tomadas en cuenta por la CGC, y el MP continuará su actuar de protección a la impunidad para la corrupción. Este escenario de blindaje institucional consolida un modelo de gestión donde el cumplimiento de las formas administrativas mínimas prevalece sobre la legitimidad democrática y la legalidad.
La CGC firmó un Convenio Interinstitucional para implementar el Registro en Línea de Títulos Universitarios emitidos por la USAC. Foto: Soy USAC.
Se prevé que la denuncia penal que la diputada del Movimiento Político Winaq interpuso ante el MP contra el proceso anómalo de elección de rector de la USAC este 8 de abril, corra la misma suerte y caiga en esa “protección oficiosa” por parte del ente investigador bajo la gestión de Porras Argueta.
Un hotel en Antigua Guatemala se convirtió en trinchera del fraude
La elección fraudulenta de Mazariegos Biolis se llevó a cabo en el Hotel Casa Santo Domingo en Antigua Guatemala, uno de los hoteles más lujosos y caros del país y en una decisión que contraviene los estatutos universitarios que exigen que tales actos se realicen en las instalaciones oficiales de la institución. El cambio de sede, motivado oficialmente por razones de seguridad, fue interpretado como una medida para blindar la votación frente a la fiscalización estudiantil y ciudadana, a sabiendas de las limitaciones que tendrían las protestas si se violaba un espacio privado, y propiedad de familias oligarcas con nexos al poder económico del país.
El 8 de abril de 2026, el Hotel Casa Santo Domingo se convirtió en el epicentro de la jornada, operando bajo un quórum reducido que, según el abogado Javier Monterroso, podría haberse constituido con apenas 10 representantes debido a las exclusiones masivas de los meses anteriores.
Durante la asamblea, un bloque de aproximadamente 20 electores vinculados a la oposición, intentó romper el quórum en un esfuerzo por frenar el fraude y la reelección de Mazariegos Biolis, pero la maniobra fue neutralizada por las autoridades universitarias presentes, quienes validaron la legitimidad del proceso amparándose en las reformas reglamentarias de 2025 antes mencionadas.
Uno de los electores estudiantiles de la Facultad de Arquitectura, de los pocos aceptados para poder estar dentro del hotel en donde se realizó el fraude, solicitó suspender la votación debido a que el CSU está integrado ilegítimamente, ya que la mayoría de integrantes cumplieron el tiempo válido para el que fueron electos. Además, se cuestionó la razón por la que el CSU decidió excluir a 17 cuerpos electorales que ganaron las votaciones.
Seguridad privada del hotel utilizó gases lacrimógenos para alejar a los manifestantes, luego de consumado el fraude electoral.
Foto: RICIG.
El futuro de la gobernanza universitaria: hacia una crisis de legitimidad prolongada
Tras la consumación del fraude en la elección del rector de la USAC este 8 de abril, la oposición universitaria afirma que continuará con la lucha legal para intentar recuperar el control de la USAC, mientras que las autoridades espurias se mostraron complacidos y listos para iniciar un nuevo periodo fraudulento en la rectoría sancarlista, lo que plantea mayor inestabilidad y conflicto. Los cuerpos estudiantiles, docentes y profesionales que ganaron las votaciones, pero fueron excluidos por el CSU, enfrentan la disyuntiva de aceptar la imposición o continuar con la resistencia judicial.
En un acto simbólico, la oposición universitaria votó y eligió al doctor Rodolfo Chang Shum como rector de la USAC, en una actividad que se realizó en las afueras del hotel Casa Santo Domingo, donde luego los votantes fueron dispersados por bombas lacrimógenas y disparos al aire provenientes de hombres armados apostados en la azotea del hotel. El acto intenta colocar la figura de Chang Shum, designado candidato a rector por la oposición a Mazariegos Biolis, como la representación de la dignidad universitaria.
El ex decano de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Rodolfo Chang Shum, fue electo como rector con 80 votos en un acto simbólico, Chang Shum fue criminalizado y guardó prisión por su papel como opositor al fraude cometido por Mazariegos Biolis en el 2022.
El impacto a largo plazo sobre la calidad educativa es motivo de preocupación; con una administración centralizada que ha priorizado proyectos de infraestructura de dudosa viabilidad técnica sobre la inversión en investigación y docencia, la USAC corre el riesgo de perder su posición como el centro de pensamiento más importante del país. Los estudiantes advierten que el cierre del campus y la precarización de los servicios académicos, son síntomas de una gestión que busca el control político a expensas de la excelencia académica.
Al mismo tiempo, el análisis de los eventos del 8 de abril de 2026 revela que la USAC atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea. Los vicios procesales identificados no son meros errores administrativos, sino el resultado de una ingeniería legal diseñada para restringir la participación y asegurar la continuidad de un grupo de poder específico. La exclusión del 50% de los cuerpos electorales, la inacción del sistema de justicia y el uso de sedes privadas para actos públicos, constituyen una ruptura con la tradición democrática de la Autonomía Universitaria.
La resolución de esta crisis requiere que los tres Poderes del Estado se alineen para crear un ambiente propicio para el debate y la discusión, para el rescate y actualización de la universidad pública y, por ende, de la formación académica de profesionales. Sin embargo, la alianza que se mantiene entre la USAC, la CC, el MP, cortes y tribunales, y el Congreso de la República, crea un círculo de protección para la impunidad que dificulta cualquier posibilidad de reforma interna o externa.
El Ejecutivo, por su parte, excusándose en la Autonomía Universitaria, contribuyó a la consolidación de un grupo político en la rectoría de la USAC desde la cual se ejerce control de instituciones del Estado, y que buscan la consolidación de un proyecto político de saqueo de las arcas nacionales y el control político del país para los negocios multimillonarios y los megaproyectos de explotación de recursos naturales.
En este contexto, la resistencia sancarlista emerge como el único contrapeso activo, aunque su capacidad de incidencia se ve limitada por la fuerza administrativa y judicial de las autoridades impuestas. La jornada del 8 de abril de 2026 no marca el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa de disputa por la dirección de la educación superior, la plena Autonomía Universitaria, y la hegemonía política en Guatemala.
