Elección de Fiscal General: guerra jurídica contra un juez
Nota de coyuntura No. 202 / por Luis Solano
A horas que la Comisión de Postulación para Fiscal General dé a conocer la lista de seis nominaciones que le debe presentar al presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, persistía un ambiente de incertidumbre. Amparos sometidos por instancias de derecha, en lo que sin duda es una acción articulada desde sectores ultraconservadores, están dirigidos a evitar que el candidato del Ejecutivo entre en la lista final y sea ungido como Fiscal General. Entre los perfiles que superaron la nota mínima está la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta.
Candidatos y candidatas que habían superado el promedio de 75 puntos hasta el 16 de abril 2026.
Fuente: elaboración propia con base en “Guatemala Visible”.
El accionar de la extrema derecha para evitar perder el MP
En el último día del calendario de la Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), el 16 de abril, los Comisionados y Comisionadas que la integran prosiguieron evaluando expedientes y ponderando. La sesión ocurrió sin que la Comisión respondiera al amparo presentado el 15 de abril por el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) ante el Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala.
Aunque la Comisión de Postulación tenía hasta horas de la tarde del 17 de abril para responder, dado que se le dieron 48 horas para ello, estaba pendiente de conocerse si eso iba a ocurrir. De no hacerlo, se corría el riesgo que el amparo entrara en vigor y eso afectaría directamente los resultados y la lista final.
El amparo del CEDECON busca evitar que se computen los años de desempeño judicial en el caso de los y las candidatas que son jueces y juezas de Primera Instancia, como ejercicio profesional de abogacía. Para esa institución, esto podría afectar la legitimidad del proceso y, por ende, la selección del nuevo Fiscal General para el período 2026-2030. Este del CEDECON fue parte de una acción concertada que arrancó con la presentación de otro amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el 7 de marzo de 2026, en el que el abogado Raúl Falla Ovalle, con fuertes nexos a las ultraderechistas Fundación contra el Terrorismo (FcT), mejor conocida como “fundaterror” y la Liga Pro Patria, busca el mismo objetivo. Ese amparo no fue sometido a discusión por la anterior magistratura de la CC y, como una brasa, se le dejó a la nueva Magistratura que recién tomó posesión.
Según el magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, la ex presidenta de la CC de la pasada magistratura, Leyla Lemus Arriaga, no la puso en agenda. Molina Barreto fue el magistrado que junto a dos magistradas más de la nueva magistratura de la CC, poco después de tomar posesión el 14 de abril, entregaron una nota a la nueva presidenta de la CC, Anabella Morfín, en la que solicitan conocer el amparo de Falla. La nota fue firmada por Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera. Estas tres magistraturas son consideradas aliadas a instancias de la ultraderecha y del llamado “Pacto de Impunidad”.
En la sesión inicial del 13 de abril, la presidenta de la Comisión de Postulación y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, junto al comisionado Enrique Fernando Sánchez Usera, decano de la Universidad Panamericana (UPANA), de corte neopentecostal riosmontista, abonaron a ese debate al argumentar que la Constitución Política diferencia entre el ejercicio de la abogacía y la judicatura, por lo que no debía sumarse y tomarse la carrera de juez a su experiencia total en la tabla de gradación. A ellos se sumó el decano de la Universidad de Occidente, José Ángel Donald González Cuevas, con estrechos nexos a la Liga Pro Patria. Hasta el cierre de la presente edición el 16 de abril, los tres han evitado ponderar ese aspecto en los expedientes aprobados.
En ese contexto, un día después, el 14 de abril, la llamada “fundaterror” presentó una denuncia contra la secretaria de la Comisión de Postulación y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, quien se mostró favorable por ponderar la judicatura como ejercicio de la abogacía, algo a lo que la mayoría de los comisionados se mostró de acuerdo. Ese mismo día, durante la sesión, Gámez consideró la denuncia como un “acto de coacción” y denunció actos intimidatorios proferidos por la FcT en contra de su persona y otros miembros de la Comisión de Postulación.
Es de hacer notar que quienes defienden ponderar la judicatura como ejercicio de abogacía, lo hacen a partir del amparo en definitiva que la CC otorgó en 2014 sobre ese y otros aspectos a ponderar. Mientras que los que se oponen, lo hacen a partir de un amparo provisional de 2022 que sometió la FcT y el mismo abogado Raúl Falla, pero que, para analistas, no sentó precedente.
Ese accionar conjunto tiene todas las luces de estar dirigido a evitar que el actual Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, supere la nota mínima e integre la lista final de 6 nominaciones que será presentada al Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, este 17 de abril para que posteriormente designe al próximo o próxima Fiscal General para el periodo 202-2030. Villada Sandoval tiene permiso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque ocupa un cargo en el Tribunal Octavo de Sentencia al que fue trasladado en 2024 por disposición de la CSJ, luego de estar al frente del Juzgado de Extinción de Dominio durante 13 años. Este viernes, su expediente será ponderado junto a nueve expedientes más, luego que la sesión del 16 de abril se suspendiera.
CEDECON de la mano de la ultraderecha
El CEDECON, paradójicamente fundado en 1992, entre otros abogados y abogadas, por la actual magistrada y Presidenta de la CC, Gladys Annabella Morfín Mansilla, ha pasado a ser controlado por representantes de instancias ultraconservadoras. Si bien en sus distintas juntas directivas ha prevalecido la presencia de abogados corporativos o representantes de bufetes de expresión derechista, en los últimos años ganaron terreno los sectores de extrema derecha en su interior.
La actual junta directiva de CEDECON, que tomó posesión en febrero de 2026, es expresión de esos cambios. Es presidida por el abogado José Domingo Paredes Morales, quien en 2025 dejó ver sus nexos con la Liga Pro Patria, una suerte de punta de lanza contra el gobierno de Bernardo Arévalo de León, e instancia muy activa en el cabildeo en esferas gubernamentales y ultraderechistas en Estados Unidos.
Según un medio de prensa, el 14 de mayo de 2025 la Liga Pro Patria presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Gubernativo 65-2025, que levanta la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (CVDT), en donde señalaban a Arévalo de León “de demeritar la Constitución Política de la República de Guatemala.” Esa acción fue presentada ante la CC por el presidente de dicha organización, José Carlos Pomés Timeus, bajo el auxilio de los abogados José Domingo Paredes Morales, Fernando Linares-Beltranena y Diego Sagastume Vidaurre, los dos últimos, con estrechos nexos a esa organización.
El vicepresidente del CEDECON es Erick Ralon Orellana, del bufete Ralon Orellana & Asociados Asesoría de Negocios Sociedad Anónima, que preside su hermano Edgar Stuardo Ralon Orellana, expresidente del CEDECON y actual presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambos con fuertes vínculos a instancias de extrema derecha, y que han criminalizado a defensores y defensoras de recursos naturales y sus tierras. A su actual cargo en la CIDH, Stuardo Ralon llegó severamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos que vieron en él, a alguien no apto para tan alto cargo debido a sus nexos con organizaciones que han criminalizado a defensores de derechos humanos, tal es el caso de la la empresa minera Extracciones Mineras de Guatemala (EXMINGUA), con la Cámara del Agro (CAMAGRO), con el Observatorio de Derechos de la Propiedad que jugó un papel clave en la integración de la Fiscalía Especializada contra el Delito de Usurpación del MP, y también por sus estrechos vínculos con la Liga Pro Patria.
A ellos se agrega la Vocal I de la junta directiva de CEDECON, Sussan Andrea Campollo Díaz, muy cercana a la conservadora CAMAGRO y sobrina del poderoso empresario Ramón Campollo Codina, de las familias propietarias del Ingenio Madre Tierra y del Ingenio El Pilar, entre otras empresas corporativas. También, el vocal II, Juan José Quesada Krieger, del bufete Quezada & Asociados presidido por su padre, José Rolando Quesada Fernández, ex Presidente y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) período 1996-2001; así como ex Magistrado Suplente de la CC del período 2006-2011. Ese bufete es el que estuvo a cargo del controversial contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y que forma parte del “Caso TCQ”, un caso de corrupción de alto impacto puesto al descubierto por el MP y la CICIG en abril de 2016, que involucró directamente al ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y a la ex Vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías. En el caso de Quesada Krieger, ha sido uno de los abogados de la Minera San Rafael (MINERASA) que ha operado el proyecto minero “Escobal”. Otro abogado que ha estado asociado a ese bufete es el exdiputado Fernando Linares Beltranena, considerado uno de los cabecillas del llamado “Pacto de Impunidad”.
Los perfiles de las candidaturas que superaron el mínimo de 75 puntos
Las ocho candidaturas que hasta el 16 de abril, al cierre de la presente nota, habían superado los 75 puntos, muestran trayectorias con tachas, algunas señaladas de corrupción o narcotráfico, o no idóneas, tal es el caso de la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta.
A continuación, un resumen de sus perfiles:
José Manuel Quinto Martínez
Su trayectoria profesional es como abogado defensor con un bufete ubicado en Zacapa, Zacapa. Es muy conocido por llevar casos de reconocidos narcotraficantes, o de relevancia mediática entre acusados de asesinatos, o de alto impacto por corrupción, incluso, fue defensor del ex presidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. Todos los casos radicados en esa zona del oriente del país.
Entre los casos más sonados fue el de defensor de su primo, el constructor Julio Alejandro Quinto Tobar, quien enfrentó juicio por el delito de financiamiento no registrado en la campaña del Partido Patriota (PP) en 2011, de acuerdo con la carpeta judicial conocida como “Caso Cooptación del Estado” que investigó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ese caso es derivado del “Caso La Línea”, donde se estableció un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del PP del año 2011, que llevó entonces a la Presidencia de la República al general Otto Pérez Molina, y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti, proceso en el que hubo 29 sindicados, entre ellos, Quinto Tobar.
Entre otros casos que ha llevado Quinto Martínez está el de abogado defensor del ex Presidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, en 2008, quien fue sentenciado por lavado de dinero y extraditado a Estados Unidos. También está que en 2024, Quinto Martínez fue el abogado defensor de Hugo Roberto Andony Galdámez y José Armando Granados, principales sospechosos de la desaparición del cantante de música regional, José Zoel Cruz, de quien se desconoce su paradero desde noviembre de 2021.
En 2015 fue el abogado defensor de Byron Humberto Vargas Sosa, quien fue condenado a 90 años de prisión tras ser hallado culpable del asesinato de las menores María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Hichos Pérez y Silvia María Morales Rodas, hechos ocurridos el 20 de abril de 2008. Vargas Sosa ha sido señalado de nexos con el narcotráfico, pero sin comprobárselos. En 2014, su hermano Jenry Rigoberto Vargas Sosa, fue capturado acusado de ser narcotraficante.
Quinto Martínez también ha sido abogado defensor del ex alcalde de Ipala y ahora diputado Esduin Javier Javier –Tres Kiebres-. Asimismo, del exjuez Eduardo Galván Casasola, procesado por enriquecimiento ilícito, así como abogado de Ovaldino Lorenzana, de la familia Lorenzana con fuertes nexos con el narcotráfico; abogado de Juan Manuel Galindo Ortiz, proceso por narcotráfico y secuestro; ha sido abogado de miembros de la banda Chacón Cerna-Orellana, proveedores de armas a Los Zetas; abogado de Mario Aroldo Salguero Terraza, detenido con 25 kilos de cocaína; abogado del ex juez Carlos Fernando Orellana Rojas, proceso por cohecho; abogado de Byron Marroquin Morales, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) proceso por robo de droga; abogado de Marvin Noe Franco Cortez, por lavado dinero; abogado de Lester Adan Orellana Arbizu, procesado por matar a un fiscal; y abogado de Carlos René Soto Magermans, por narcotráfico.
César Augusto Ávila Aparicio
Magistrado Suplente de Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ) en el periodo 2024 al 2026, y electo para el actual periodo 2024-2029. Magistrado Titular, Vocal I de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Zacapa del OJ, entre 2023 al 2024. Magistrado Presidente de la Sala Mixta de Apelaciones del departamento de Chiquimula en el Organismo Judicial (OJ), periodo 2014 al 2023.
Es militar graduado en la Escuela Politécnica en 1985, Promoción 109. Una nota periodística del medio digital Plaza Pública, cuestiona que Ávila Aparicio haya obtenido tres posgrados entre febrero y julio de 2024. Esposo de Heidy Mariela Hichos Posadas, sobrina del fallecido diputado Baudilio Hichos, quien fue señalado de copar las instituciones en Chiquimula mediante la colocación de familiares en puestos clave, sobre todo a nivel judicial. Información del MP reportada al Congreso de la República en mayo del 2020, que el magistrado tenía un expediente en investigación en la Fiscalía Distrital de Zacapa, sindicado de tráfico de influencias.
Gabriel Estuardo García Luna
Asesor Penal del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el periodo 2024 al 2026. Integrante Suplente de la Junta de Disciplina Judicial del Órgano Administrativo del Consejo de la Carrera Judicial, Organismo Judicial (OJ), periodo 2023 al 2026. Presidente de la Junta de Disciplina del Órgano Administrativo del Consejo de la Carrera Judicial, Organismo Judicial (OJ), periodo 2016 al 2023.
Conoció señalamientos contra la magistrada María Eugenia Morales Aceña por presunta extracción del acta de la CSJ para respaldar la denuncia ante el MP en contra del magistrado presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, por haber firmado una resolución de una reunión del pleno de la CSJ en la cual no había participado. Una hermana de García Luna es cuñada de Kevin López Oliva, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y el ex partido oficial Vamos.
Néctor Gilebaldo de León Ramírez
Magistrado Presidente de la Sala Cuarta de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Guatemala, Organismo Judicial (OJ), periodo 2014 al 2023. Magistrado Vocal I en la Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Guatemala, Organismo Judicial (OJ), periodo 2013 al 2014. Magistrado Vocal II en la Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Organismo Judicial (OJ), periodo 2012 al 2013.
De acuerdo con información de “Guatemala Visible”, en noviembre de 2020 integró como suplente el pleno de la CSJ y avaló dar trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC, Francisco De Mata Vela y Gloria Porras, presentado por la abogada Soazig Amanda Santizo, defensora de familia Bitkov en el “Caso Migración”. La magistrada Delia Dávila fue la única que votó en contra y consideró que se debió rechazar por espurio.
En mayo de 2020, el MP reportó al Congreso de la República que De León Ramírez tenía una denuncia desestimada por resoluciones violatorias a la Constitución Política.
Juez pesquisidor del antejuicio contra el diputado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Gilmar Othmar Sánchez Herrera, del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), implicado en el caso del fraude en el Registro General de la Propiedad (RGP) por el que enfrentaron proceso el hermano y el hijo del ex Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – 2020). Recomendó retirarle la inmunidad. Por este caso, Othmar Sánchez solicitó retirarle el antejuicio, pero la CSJ no le dio trámite.
Fue denunciado por el abogado Alfonso Carrillo por el delito de prevaricato, por haber excarcelado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling.
En 2019, benefició al diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco Lapola, con un sobreseimiento en su causa de financiamiento electoral ilícito que había resuelto el juez Mynor Moto. Ello, cuando integraba la Sala Cuarta Penal.
En noviembre de 2017, dejó sin efecto la resolución del juez Moto, quien clausuró el caso conocido como “Bufete de la Impunidad”. La sala consideró que el juzgador no evaluó si los medios de investigación eran suficientes.
En 2017, confirmó la decisión del juez Mynor Moto, de cerrar la persecución penal dictada a favor de los hermanos Valdés Paiz, implicados en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.
En marzo de 2019, esa misma sala retiró la inmunidad al entonces alcalde de Villa Nueva y candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana (PC), Edwin Escobar, y dio luz verde para que se le investigara por posible mal manejo de fondos en su comuna.
En 2023, la CSJ designó a De León, de la Sala Cuarta de Apelaciones, como juez pesquisidor en el caso contra el juez Carlos Ruano, promovido por la FcT. Posteriormente, De León se excusó de conocer el caso debido a una enemistad manifiesta con el abogado Raúl Falla, representante de dicha fundación.
En 2021, fue uno de los magistrados de la CSJ que votaron a favor de reelegir a Roberto Molina Barreto como magistrado de la CC.
En 2021, fue uno de los magistrados de la CSJ que votó a favor de rechazar el antejuicio contra Consuelo Porras Argueta, luego de destituir a Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI. En esa oportunidad, también certificaron lo conducente al MP para que investigara la posible comisión de ilícitos por una publicación realizada en el desaparecido diario elPeriódico, en donde recogía la declaración del colaborador eficaz Marco Aurelio Alveño Hernández, hecho que fue considerado por expertos como una resolución peligrosa para la libertad de prensa.
Brenda Dery Muñoz Sánchez De Molina
Directora de Fomento a la Legalidad Laboral del Ministerio De Trabajo y Previsión Social (MNTRAB) en el periodo 2024 al 2026. Asesora Legal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el año 2023. Directora de Procuración en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), periodo 2017 al 2022. Asesora del Despacho Ministerial (DIGICRI), Ministerio de Gobernación (MINGOB), periodo 2013 al 2015.
En 2008, Titular del caso conocido como “Agua Zarca”, caso de la masacre de 17 narcotraficantes en Huehuetenango. Cuestionamientos por no lograr condenas en dicho caso.
Se le señala de ser integrante del círculo del ex Ministro de Gobernación en el gobierno del Partido Patriota (PP), Mauricio López Bonilla, así como ser parte de la administración del ex Fiscal General, Juan Luis Florido en el MP, durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (enero 2004 – 2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA).
Se le cuestiona su papel como fiscal durante los desalojos en las fincas El Corzo y Nueva Linda en 2005 y 2006, que terminaron con graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato de ocho campesinos. Al mismo tiempo se le señala cercanía al ex Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade.
Henry Alejandro Elías Wilson
Magistrado Vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, Organismo Judicial (OJ) – 2014 al 2023. Magistrado Vocal II de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, Organismo Judicial (OJ) – 2014 al 2015.
De acuerdo con “Guatemala Visible”, Elías Wilson tiene varios hallazgos:
En 2026, presentado por Juan Pablo Muñoz Elías por presuntos nexos con operadores paralelos en 2020. Señaló que estos extremos ya fueron descartados por la CC y la CSJ, y que los cuestionamientos se basan en notas de prensa. Pruebas admitidas con 15 votos.
En 2026, presentado por Wilian Jeovani Pérez García, Rocael López de León y Yaquelin Karina Gale Icaf, por presunta vinculación con estructuras paralelas. Indicó que el antejuicio en su contra fue rechazado por falta de pruebas y que los informes señalados fueron desestimados; presentó soporte documental. Pruebas admitidas con 15 votos.
En 2026, presentado por José Mario López Ixcoy por resoluciones que presuntamente favorecieron impunidad. Explicó que sus decisiones fueron emitidas de forma colegiada y conforme a criterios jurídicos, y adjuntó resoluciones como respaldo. Pruebas admitidas con 15 votos.
En 2021, los magistrados Henry Alejandro Elías Wilson y Noé Ventura Loyo, así como Edgar José López Espaillat, tenían una denuncia por ilegalidades cometidas en la sala de femicidio, por una supuesta alteración de documentos relacionados a la notificación de una resolución en un caso de una empresa comercializadora de pollo, según se detalla en un informe del MP presentado al Congreso de la República en 2020, donde se detalló las denuncias recibidas por los aspirantes a la CC, a la CSJ y a la CA. No se le retiró la inmunidad, ya que la entonces fiscal, Heidi Tamara de León, su expareja, consideró que la denuncia no era contra los magistrados, sino contra el personal que trabajaba en la sala.
En 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, presentó la solicitud de antejuicio a Elías Wilson por tráfico de influencias, violación a la Constitución Política y asociación ilícita, como parte de la investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”. La investigación presentada por el MP determinaba que Elías Wilson, en conjunto con otros magistrados, estaban pactando la lista de candidatos para magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el empresario Gustavo Alejos Cámbara, para el periodo 2019-2024. En febrero de 2021, la CSJ dio trámite a la petición de antejuicio, sin embargo, fue declarado sin lugar en julio del mismo año. En 2022, la CC negó un amparo presentado por el MP para revertir la decisión de la CSJ.
Tiene una hija en conjunto con la exfiscal de Delitos Administrativos del MP, Heidi Tamara de León Muñoz, quien se postuló al cargo de Fiscal General en 2018. No obstante, fue excluida del proceso.
Señalado junto a los otros miembros de la sala por la supuesta alteración de documentos relacionados a una notificación, Tamara de León como fiscal de delitos administrativos evitó investigarlos, acciones que provocaron su salida del MP entre conflictos con la entonces Secretaria General del MP, Mayra Veliz. En algún momento, a De León se le vio cercana a la FcT.
Walter Paulino Jiménez Texaj
Coordinador de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en el Centro Universitario de Chimaltenango (CUNDECH), Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) – 2023 al 2024. Magistrado Suplente de la CC en el periodo 2021 al 2026. Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Chimaltenango – 2006 al 2021.
“Guatemala Visible” presentó los siguientes hallazgos:
En 2026, señalamiento por presuntas dudas sobre independencia y vínculos familiares, presentado por Julio López. No fue admitido por basarse en publicaciones de prensa con 0 votos.
En 2024, el actual gobierno de Bernardo Arévalo de León, solicitó el retiro de antejuicio a Magistrados Suplentes de la CC por el delito de prevaricato. Se argumenta que los magistrados omitieron las pruebas en el proceso de amparo 3156-2024, comprobando que Jorge Modal no reúne los requisitos establecidos para ser Presidente del Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Fase: En trámite.
Organizaciones sociales han dado a conocer varias tachas contra Jiménez Texaj, entre ellas:
Sancionado internacionalmente por Estados Unidos. Es hermano del juez Juan José Jiménez Texaj, que integra el Tribunal de Mayor Riesgo “E”, y quien ha cerrado procesos de corrupción. Sus votaciones en la CC han sido alineadas a casos de corrupción e impunidad, por ejemplo, al ser parte de la orden a la Comisión de Postulación incluir a Consuelo Porras Argueta en la nómina final, en el proceso de 2022, así como también se le señala de favorecer al ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por un cargo de lavado de dinero y por el cual fue procesado y condenado en Estados Unidos.
Otorgó un amparo provisional a Porras Argueta con el que frenó cualquier intento de destituirla del MP. Confirmó la decisión del Juzgado Décimo Penal que ordenó el encarcelamiento por supuestos delitos de abuso de autoridad y denegación de justicia a Stuardo Campo, ex fiscal anti corrupción.
Votó para dejar sin efecto el amparo provisional que la Cámara de Amparo de la CSJ había otorgado a favor del periodista Jose Rubén Zamora.
Confirmó la ibertad condicional de acusados en el “Caso Diario Militar”. Cuestionado por operar en favor del diputado de del partido Todos, Felipe Alejos Lorenzana. Fue uno de los tres magistrados suplentes de la CC que perdió la visa de Estados Unidos, junto a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y Luis Alfonso Rosales Marroquín, luego que emitieran resoluciones a favor del entonces presidente del BANTRAB, Jorge Mondal, para que permaneciera en el cargo, pese a que en febrero de 2024 fue destituido por el actual Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, por llegar al cargo sin tener los requisitos que las leyes exigen.
Como Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal del departamento de Chimaltenango, intervino en dos casos relevantes:
a) El “Caso Choatalum”, donde se Juzgó por primera vez en la historia de Guatemala, casos del Conflicto Armado Interno (CAI), donde se juzgó y condenó a Felipe Cusanero Coj como comisionado militar por el delito de desaparición forzada.
b) Conoció el “Caso de la Masacre del Aguacate”, donde se juzgó y condenó al señor Fermín Felipe Solano como excombatiente de la guerrilla.
Ambos casos han sido analizados y comentados a nivel nacional como internacional, siendo emblemáticos porque han sido los primeros casos de las masacres ocurridas durante el CAI.
