Estados Unidos certifica que gobiernos centroamericanos cumplen condiciones para acceder a fondos
Nota de coyuntura No. 237 / por Luis Solano
El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que Guatemala, El Salvador y Honduras, cumplieron diez condiciones que les certifica para acceder a fondos, según la Ley de Asignaciones Continuas para el año Fiscal Completo de 2025. La información se dio a conocer en el Registro Federal estadounidense el 6 de agosto reciente. El 50% de los fondos destinados a la asistencia de cada uno de esos gobiernos estaba sujeto a la certificación del Secretario de Estado y a su informe, que presentará a los Comités de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos.
Foto: Encuentro entre el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, ocurrido el 8 de mayo de 2026, donde el mandatario guatemalteco indicó: “hemos conversado y reafirmado los lazos de amistad y cooperación entre ambos países”. Fuente: https://x.com/BArevalodeLeon/status/2052886286168477814
Las condiciones que se cumplieron
La certificación que el Departamento de Estado de Estados Unidos otorgó a Guatemala, El Salvador y Honduras, se dio a conocer en el Registro Federal, que documentó dos avisos públicos bajo los numerales 13093 y 13094, con fecha 6 de agosto de 2026. Los avisos públicos están firmados por Christopher Landau, Subsecretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos con fecha original del 1 de julio de 2026.
En general, se destaca que los tres países están combatiendo la corrupción, respetando los derechos humanos y cooperando para facilitar el retorno de los migrantes. Pareciera que, dadas las coyunturas y prácticas gubernamentales en los tres países, éstos fueron medidos con diferentes varas, un doble rasero que, en el caso particular de El Salvador, no cuadra con las condiciones certificadas, dadas las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos que arrastra el gobierno de Nayib Bukele.
10 fueron las condiciones que Landau informó que fueron certificadas para los tres países. De acuerdo con el texto del aviso público 13094, se indica de parte de Landau que (traducción no oficial al español):
Certificación en virtud de la sección 7045(b)(2)(A) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Conexos de 2026 (Div. F, P.L. 119–75).
En virtud de la autoridad que me confiere la sección 7045(b)(2)(A) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Conexos de 2026 (Div. F, P.L. 119–75) (NSSAA del año fiscal 2026), por la presente certifico que los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras están:
- Combatiendo la corrupción y la impunidad, lo que incluye investigar y procesar a funcionarios gubernamentales, personal militar y agentes de policía sobre quienes pesan acusaciones creíbles de corrupción, así como mejorando las estrategias para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros mundiales.
- Implementando reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, incluyendo el aumento de la transparencia de las instituciones públicas, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales, y la mejora de la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y partidos políticos.
- Protegiendo los derechos de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil y partidos políticos de oposición, así como la independencia de los medios de comunicación.
- Proporcionando servicios de seguridad pública y policial eficaces y sujetos a rendición de cuentas, limitar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública y garantizar el debido proceso legal.
- Implementando programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Implementando políticas para reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico y las oportunidades, incluida la adopción de reformas para fortalecer los sistemas educativos, los programas de formación profesional y los programas dirigidos a jóvenes en situación de riesgo.
- Cooperando con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras formas de delincuencia transnacional;
- Cooperando con los Estados Unidos y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes;
- Adoptando medidas demostrables para asegurar las fronteras nacionales y contener la migración masiva, lo que incluye informar a sus ciudadanos sobre los peligros del viaje hacia la frontera suroeste de los Estados Unidos, e impulsar esfuerzos para combatir la delincuencia y la violencia, generar oportunidades económicas, mejorar los servicios gubernamentales y proteger los derechos humanos; e
- Implementando políticas que mejoren el entorno para que las empresas, incluidas las extranjeras, operen e inviertan, lo que abarca llevar a cabo una reforma fiscal de manera transparente, garantizar mecanismos legales eficaces para el pago de devoluciones de impuestos adeudadas a empresas estadounidenses, y resolver disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades estadounidenses.
El aviso público agrega que la certificación se publicará en el Registro Federal y, junto con el Memorando de Justificación adjunto, se notificará al Congreso.
Las 10 condiciones también fueron publicadas en el Aviso público 13093, sólo que, bajo otra ley, que indica:
Certificación en virtud de la Sección 7045(b)(2)(A) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2024 (SFOAA) (Div. F, P.L. 118–47), según fue prorrogada por la Ley de Asignaciones Continuas para el Año Fiscal Completo, 2025 (Div. A, P.L. 119–4); y que para los tres países se explica en el Informe de transparencia fiscal de 2025, del Departamento de Estado.
Dice la certificación, expuesta por Landau, que: En virtud de la autoridad que le confiere la sección 7045(b)(2)(A) de la SFOAA (Div. F, P.L. 118–47) (SFOAA del año fiscal 2024), según lo prorrogado por la Ley de Asignaciones Continuas para el Año Completo de 2025 (Div. A, P.L. 119–4) (CR para el año completo del año fiscal 2025), certifica a los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras.
De las condiciones certificadas, quizá la más seria sea la referente a la política anti inmigratoria estadounidense aplicada a los tres países, conocidos como Triángulo del Norte de Centroamérica. En un documento del Congreso de Estados Unidos se expuso, como a partir del gobierno de Donald Trump, la inmigración de esos países se redujo dramáticamente. La política anti inmigratoria de Trump, catalogada de inhumana y marcada por el terror, ha tenido un serio efecto entre 2025 y 2026, paradójicamente, años en que las remesas de migrantes provenientes de Estados Unidos continuaron creciendo considerablemente.
Encuentros con migrantes en la frontera sur de Estados Unidos
para los años fiscales 2022-2026
Notas: Por lo general, la CBP proporciona información sobre los 22 principales países de origen de los migrantes interceptados. Este gráfico define subregiones basándose en dicha lista. Para este gráfico, el «Triángulo Norte» (Northern Triangle) incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras; la categoría «Extrahemisférico» (Extra-Hemispheric), abarca países fuera del hemisferio occidental; por ejemplo: China, India, Rusia); «Otros del hemisferio occidental» (Other Western Hemisphere) incluye los demás países de la región que figuran en la lista, es decir, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y Venezuela; y la categoría «Otros» (Other) comprende cualquier nacionalidad que no forme parte de las 22 principales enumeradas. (Traducción no oficial al español). Fuente: Congreso de Estados Unidos. Recuperado en: https://www.congress.gov/crs-product/R48960
Certificación permite otorgar 50% de los fondos de asistencia estadounidense
La Ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Conexos de 2026 (en inglés: National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act, 2026), expuesta en el Anuncio Público 13094, es una ley de presupuesto de Estados Unidos aprobada como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, y promulgada por el presidente Donald Trump en febrero de 2026, recorta el gasto discrecional en un 16% —unos US$ 9.3 mil millones menos- para fijarlo en US$ 50 mil millones.
La ley tiene un apartado, identificado con el inciso b), específico para América Central, que indica que para poder liberar el 50% de los fondos de asistencia económica y de seguridad de cada uno de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, éstos debían cumplir con varias condiciones y se agregaban algunas excepciones.
El texto (traducción no oficial al español), indica lo siguiente:
(b) América Central
(1) Asistencia
Los fondos asignados en virtud de los títulos III y IV de la presente Ley se destinarán a la asistencia de países de América Central, incluidos Panamá y Costa Rica, y se asignarán para abordar las circunstancias particulares de cada país en apoyo de los intereses de seguridad de los Estados Unidos en la región.
(2) Limitación a la asistencia a determinados gobiernos centrales.
(A) De los fondos puestos a disposición conforme al párrafo (1), el 50 por ciento de los fondos destinados a la asistencia de cada uno de los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Hondura, solo podrá comprometerse una vez que el Secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que esos gobiernos:
(i) Están cooperando con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como otros delitos transnacionales.
(ii) Están cooperando con los Estados Unidos y otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes que llegan a la frontera suroeste de los Estados Unidos y que no reúnen los requisitos para obtener asilo, de conformidad con el derecho internacional.
(iii) Adoptando medidas demostrables para asegurar las fronteras nacionales y contener la migración masiva hacia México y Estados Unidos, incluidas acciones de gobernanza positiva orientadas a combatir la delincuencia y la violencia, generar oportunidades económicas, mejorar los servicios y proteger los derechos humanos.
(iv) Mejorando las estrategias para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros a escala mundial, así como para luchar contra la corrupción, lo que incluye investigar y procesar a funcionarios gubernamentales, personal militar y agentes policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de corrupción.
(v) Fortaleciendo el Estado de derecho y adoptar medidas positivas para combatir la impunidad; y,
(vi) Mejorando las condiciones para la operación e inversión empresarial, incluidas reformas fiscales que favorezcan la inversión, mecanismos transparentes y expeditos de resolución de controversias y marcos jurídicos que protejan los derechos de propiedad privada.
(B) Excepciones:
La restricción establecida en el subpárrafo (A) no se aplicará a los fondos asignados mediante la presente Ley que se destinen a:
(i) Entidades judiciales para combatir la corrupción y la impunidad.
(ii) Investigación de violaciones de los derechos humanos.
(iii) Apoyo al empoderamiento económico de las mujeres.
(iv) Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
(v) Asistencia en materia de seguridad para combatir el crimen transnacional, incluido el narcotráfico.
(vi) Asistencia en materia de seguridad para proteger las fronteras nacionales; y,
(vii) Asistencia en materia de seguridad relacionada con la protección en el ámbito migratorio.
La certificación de las 10 condiciones coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos de destinar US$ 175.8 millones a cables submarinos en Centroamérica para contrarrestar la influencia en telecomunicaciones de la República Popular de China. El intervencionismo estadounidense en Latinoamérica está marcado profundamente por revertir la influencia de la potencia asiática en el Hemisferio Occidental, de la cual Centroamérica no escapa.
En el caso de Guatemala, la certificación refleja cuán cercano ha buscado estar el gobierno de Arévalo de León con la administración Trump, no sólo para ir acorde de las históricas relaciones con Estados Unidos, sino, sobre todo, para no verse sometido a presiones políticas intensas que confluyan con las presiones internas de la extrema derecha de Guatemala, que se identifica plenamente con la ideología “trumpiana” y que ha buscado desestabilizar al gobierno durante todo el periodo gubernamental que arrancó en enero de 2024, hasta la fecha.
La estabilidad alcanzada con Estados Unidos, observada en las buenas relaciones con el Departamento de Estado, también le ha permitido sobrevivir en el plano interno al gobierno de Arévalo de León.
