¿Golpe tras bambalinas?
Nota de Coyuntura No. 29 / por Luis Solano
El 30 de julio, el Ministerio Público (MP) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) debida ejecución de la resolución de amparo provisional otorgado en mayo del presente año, para lo que recurrió a un Amparo en el que denuncia al Presidente de la República, al Procurador General de la Nación (PGN) y al Secretario General de la Presidencia. Su petición es que se inicie proceso penal contra el mandatario y la destitución “ipso facto” de los dos últimos funcionarios; petición que también incluye al Ministro de Finanzas Públicas. Un día después, el 31 de julio, por medio de un video, la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, ratificó las peticiones.
Fuente: @MPguatemala / https://qrcd.org/6C6p
Las peticiones de la Fiscal General
De acuerdo con el Amparo, identificado como en Única Instancia, Expediente 2759-2024, presentado el 30 de julio, la Fiscal General solicita a la CC que se ordene iniciar proceso penal del Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, y la separación de sus cargos ipso facto del Secretario General de la Presidencia, Gerardo Guerrero Garnica; el Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra Pinetta; y el Ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos.
Porras Argueta ratificó haber presentado la debida ejecución ante la CC en un video del MP en el que arremetió contra el gobernante nuevamente, y en el que mostró su desagrado por el informe que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgó al final de su visita a Guatemala, el pasado 26 de julio.
“La amenaza real, cierta e inminente del Presidente de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, que continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promover cualesquiera otras medidas de hecho que inciten a la violencia, acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida, tanto de mi persona, como la de distintos funcionarios que integran la institución, todo ello con la pretensión de tomar control del Ministerio Público y alterar la autonomía funcional e independencia de este Ministerio y del cargo de Fiscal General de la República y Jefe el Ministerio Público, al querer impedir la terminación del período constitucional del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, provocando de esta forma inestabilidad política y administrativa al Ministerio Público, así como inestabilidad laboral inherente al cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público; provocando con ello la violación al principio de legalidad, presunción de inocencia, de certeza y seguridad, actuando en fraude de ley en contra de la institución y mi persona presentando acciones y denuncias evidentemente espurias, ilegales y políticas, para lograr en forma inconstitucional e inconvencional mi renuncia o destitución del cargo de fiscal general de la República y Jefe del Ministerio Público; provocando con ello violación al principio de legalidad, presunción de inocencia, de certeza y seguridad jurídica, autonomía funcional e independencia del Ministerio Público; asimismo, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, así como la seguridad democrática del país”.
El gobierno calificó la acción de la Fiscal General de “absurda y sin sentido”, según diversos medios de prensa. Indicó:
“Una fiscal débil y desesperada que se niega a rendir cuentas a las autoridades, a los medios, a la opinión pública, a la población. Además, un evidente atentado contra la libertad de expresión”.
Un “gobierno paralelo”
Como una suerte de “gobierno paralelo”, el MP parece estar actuando de frente a la disputa que ejerce por el control del aparato estatal contra el gobierno del Movimiento Semilla.
Bajo el manto de la influencia y control que ejerce en el sistema judicial y un tipo de colusión con las máximas autoridades judiciales y constitucionales, el MP parece estar decidido, con el respaldo de la CC, dar el zarpazo inicial que lleve, en un corto plazo, el fin del gobierno de Arévalo de León y Karin Herrera. Con el abierto respaldo de una amplia gama de sectores opuestos al gobierno:
Según esos análisis:
“La permanencia de Consuelo Porras en la fiscalía ha tenido doble costo para el presidente Arévalo. Ella es la principal amenaza a la democracia y le está arrebatando los símbolos de autoridad. A la vez, es la causa principal de su caída en la aceptación pública”.
Las intenciones por dar al traste la administración de Arévalo de León y Karin Herrera parecieran acelerarse a medidas que las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan -noviembre de 2024-, y el “Pacto de Impunidad” le apuesta a una victoria del candidato republicano Donald Trump, gobierno bajo el cual buscarían legitimar el zarpazo final contra el actual gobierno del Movimiento Semilla, según voceros del mismo han pregonado.
Extracto de las peticiones de la Fiscal General
