Gobierno se debate en una correlación de fuerzas favorable a lo externo y desfavorable a lo interno
Nota de coyuntura No. 97 / por Juan Calles
En las últimas semanas, en Guatemala se ha experimentado una percepción de crisis política, aunque en realidad, las crisis políticas suelen ser procesos que buscan un cambio significativo, rompiendo la estabilidad de un sistema mediante movilizaciones sociales que impulsan transformaciones políticas. Sin embargo, la situación actual en Guatemala se debe más bien a una narrativa y acciones de actores opositores que aprovechan el descontento social y los errores gubernamentales.
Fuente: El Observador.
Entre desinformación, bloqueos y una comunicación errática
Esa apariencia que se experimenta en una crisis política y un vacío de poder, en realidad constituye y responde a la estrategia golpista montada y orquestada desde grupos opositores al gobierno del Movimiento Semilla. De una u otra forma, esos grupos tienen vínculos o son actores directos a lo interno del llamado “Pacto de Impunidad”, y esa estrategia se ve reforzada por una campaña organizada de desinformación y bloqueos de calles que suman al desgaste y percepción negativa que hay sobre el Ejecutivo tras 15 meses de una gestión que ha evidenciado debilidades en su comunicación y estrategias políticas para enfrentar a una oposición desprestigiada y dividida.
Si no se redefine el rumbo gubernamental, Guatemala podría dirigirse hacia un quiebre institucional del gobierno de Bernardo Arévalo, una falla democrática que no puede reconducir el estatus democrático del Estado hacia un sistema de pesos y contrapesos, y que es hacia donde las fuerzas opositoras lo están orillando.
El 19 de marzo de 2025, la ciudad de Guatemala estuvo paralizada y las principales vías, incluyendo algunas carreteras, fueron bloqueadas por taxistas y motociclistas que se oponían al reglamento gubernamental de la Ley de Tránsito aprobada en 1996, la cual establece la adquisición de un seguro obligatorio contra accidentes para todos los propietarios de vehículo. El reglamento, aprobado 28 años después y que está contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 47-2025 con fecha 16 de marzo de 2025, había sido anunciado el 17 de marzo del año en curso por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en su conferencia de prensa semanal.
Los bloqueos afectaron ampliamente durante dos días, mientras que ninguna autoridad gubernamental se pronunciaba, y fue hasta el segundo día, el 20 de marzo, cuando el secretario de Comunicación, Santiago Palomo, el ministro Jiménez y la secretaria Privada, Ana Glenda Tager, informaron sobre una mesa de negociación. Al final del día apareció en un mensaje pregrabado el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, notoriamente cansado, quien informó sobre la derogatoria del Acuerdo Gubernativo en mención y se daba marcha atrás con la obligación de adquirir un seguro contra terceros. Previamente, Jiménez había informado que en las protestas se había “infiltrado pandilleros” y choferes de taxis ilegales para causar “ingobernabilidad”, y ese mismo día, bajo sus órdenes, la policía utilizó la fuerza para disolver algunos bloqueos.
Era la segunda vez que la ciudad era paralizada afectando a miles de personas e, igualmente que el gobierno de Arévalo de León era obligado a retroceder y derogar una medida de beneficio ciudadano. La primera ocasión fue un mes antes, el 18 de febrero, cuando recolectores de basura paralizaron la ciudad por más de 10 horas en respuesta al rechazo hacia el Decreto Gubernativo 164-2021 que exige la separación de residuos, lo cual, según dicen, afecta su medio de vida, dejándolos sin trabajo.
Tanto el actual alcalde capitalino, Ricardo Quiñonez, avivó el fuego de la protesta cuando unos días antes solicitó a Arévalo la derogatoria del reglamento, argumentando las dificultades operativas que enfrentan los recolectores, sumándose así a la oposición también de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), encabezada por Sebastián Siero. Vale mencionar que estas dos oposiciones evidenciaron un posible rompimiento con la gestión de Arévalo de León, pues hay que recordar que, al principio del actual gobierno, el mandatario hizo públicos sendos acuerdos con estos dos actores como parte de los apoyos políticos en ciernes para una “mejor gobernanza”. Sin embargo, el mandatario rechazó la propuesta edil de derogar dicho reglamento, en tanto que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fustigó la oposición de Siero.
En ese marco, los transportistas de desechos y los llamados “guajeros”, que se dedican a recolectar y reciclar la basura en el vertedero de la zona 3, decidieron cerrar el lugar bloqueando el ingreso de los camiones recolectores, quienes a su vez decidieron bloquear las calles y avenidas cercanas al MARN. El bloqueo sólo terminó cuando todas las partes involucradas acordaron reformar el Reglamento para la Clasificación de Desechos, Acuerdo Gubernativo 164-2021, y se habilitó una mesa de negociación cuyo proceso no se ha conocido en sus resultados.
Foto: Nuestra Gente, medio digital.
En ambas ocasiones, los grupos que protestaban fueron ligados a partidos políticos opositores, además de que las protestas tuvieron características fuera de lo común que llaman la atención, entre ellas, que los manifestantes llevaban el rostro cubierto y se enfrentaban a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), al punto que en un momento de la manifestación intentaron robar el arma de un agente. Sin embargo, fue sintomático que pocos días antes de esos bloqueos se habían registrado otros, pequeños, en las principales arterias de la capital por parte de grupos que manifestaban a favor de la secta Lev Tahor, los que parecían tener motivaciones políticas.
La estrategia gubernamental genera un efecto bumerán
En medio de los bloqueos y protestas, el gobernante ha sido objeto de duras críticas por su aparente falta de acción y liderazgo frente a los acontecimientos. En ninguna de las dos ocasiones en que se desarrollaron las jornadas de manifestaciones se le vio participando activamente, no obstante que hubo mesas de diálogo con los sectores involucrados, las cuales se llevaron a cabo a puerta cerrada. Y, aunque fueron los ministros respectivos quienes llevaron a cabo los pronunciamientos y negociaciones, Arévalo de León tampoco emitió llamados públicos a la calma, al diálogo, ni fijó postura ante lo que muchos señalan como una evidente manipulación de las protestas por parte de partidos de la llamada “oposición política”.
Sin embargo, sí fue notorio cómo el gobierno desactivó las protestas y bloqueos de trabajadores del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) a finales de marzo, y los acuerdos inmediatos que se alcanzaron con los distintos sindicatos del sector, en los que Arévalo de León estuvo muy activo. No obstante, esa postura ha alimentado la narrativa impulsada por sus detractores, quienes lo acusan de tibieza y debilidad. La oposición política ha aprovechado la situación para reforzar esta imagen mediante intensas campañas de desinformación en medios de comunicación y redes sociales, generando una percepción negativa sobre el liderazgo del mandatario.
Por su parte, las Autoridades Ancestrales de Pueblos Indígenas, que se han visto cercanas al presidente Arévalo, se sumaron a las exigencias por derogar estos acuerdos y han sido voces críticas que han guiado la discusión nacional; sus comunicados y pronunciamientos en medios de comunicación han exigido al mandatario que reconsidere las medidas. Y, si bien el gobierno ha dado marcha atrás y con acuerdos en marcha, las Autoridades Ancestrales ahora están enfocadas, como su objetivo inmediato, en la anulación del aumento salarial que se recetaron diputados en el Congreso de la República.
Fuente: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Por otro lado, el hecho que sean ciertos ministros y ministras el rostro público a cargo de las principales problemáticas que enfrenta el gobierno, evitando con ello exponer al mandatario en esos escenarios, es interpretado como parte de una estrategia para proteger su imagen y evitar confrontaciones directas que puedan ser utilizadas en su contra. Sin embargo, esta postura no parece haber calado en ciertos sectores ciudadanos, donde prevalece la percepción de ausencia de liderazgo y falta de guía en un momento crítico para el país.
En una sociedad como la guatemalteca, donde históricamente las figuras caudillistas y los líderes autoritarios son vistos como necesarios para mantener el orden y dirigir los procesos políticos, sus detractores hacen ver que la estrategia gubernamental que opta por las vías institucionales, no funciona, pero la aprovechan para allanar el camino a un gobierno afín para el próximo período electoral. En ese sentido, se instala en el imaginario social que la falta de presencia activa del mandatario en momentos críticos, genera cuestionamientos sobre su capacidad para liderar en tiempos de crisis y sobre la dirección que tomará su gobierno frente a los desafíos políticos que enfrenta.
El espectro del autoritarismo se asoma en Guatemala
La campaña de desinformación en contra del gobierno de Guatemala, al parecer, no tiene el objetivo único de desgastar y restarle credibilidad a la administración gubernamental; la vieja guardia política afina sus armas para la campaña electoral ya en marcha.
Los “net centers” insisten en la necesidad de un liderazgo nacional fuerte y dispuesto a aplicar mano dura; estos mismos perfiles de redes sociales y cuestionados medios de comunicación digitales enfatizan en mostrar que la delincuencia y la violencia va en aumento, en un contexto en donde diariamente se publican videos de balaceras y ataques armados, lo que ha instalado en el imaginario nacional una sensación de urgencia y desamparo ciudadano, un caos que necesita ordenarse.
En tanto, la errática comunicación gubernamental es aprovechada para profundizar estos mensajes que dejan abierta la posibilidad para los candidatos o personajes que ofrezcan solucionar la delincuencia y la violencia con mano dura y autoritarismo. No tardarán en aparecer “referentes vacíos” que ofrecerán “ordenar la casa”.
En el pasado, candidatos como Otto Pérez Molina utilizaron el discurso de “mano dura” contra el crimen organizado como parte central de su estrategia electoral. Este enfoque apeló a sectores conservadores preocupados por la inseguridad, logrando posicionarse como una opción autoritaria en las urnas.
Durante las elecciones generales de 2023, cuando se eligió al actual presidente, candidatos como Edmond Mulet y Carlos Pineda ofrecían mano dura contra la delincuencia. El primero no logró pasar de la primera vuelta electoral, pero colocó a 18 diputados dentro del Legislativo, mientras que al segundo le vetaron su candidatura por problemas legales, pero en las encuestas era el candidato favorito con fuertes expectativas de ganar la Presidencia de la República y al que ahora nuevamente se le impulsa desde esos grupos que más cuestionan al gobierno.
La narrativa promovida hace factible el camino para un liderazgo autoritario que pida el voto en las próximas elecciones en 2027, y no son pocas las voces ciudadanas que mencionan al presidente salvadoreño, Nayib Bukele y su política antipandillas como la solución para Guatemala, por ejemplo.
¿Quién gobierna Guatemala?
Esta percepción de que hay un vacío de poder y caos ha sido exacerbada por la crisis en el sistema de justicia en su conjunto, y por cómo ha venido funcionando a la sombra de la estrategia hilvanada desde el “Pacto de Corruptos”. La cooptación profunda del Organismo Judicial (OJ) y del Ministerio Público (MP) bajo la gestión de Consuelo Porras Argueta, por parte de estructuras mafiosas de corrupción e intereses políticos, fomenta la imagen de un gobierno débil y sin posibilidades de frenar los avances de fiscales, jueces y magistrados que se han convertido en la mejor expresión de la oposición política.
Este escenario genera un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones democráticas del país. De esa manera, la gestión del presidente Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar enfrenta desafíos significativos para implementar sus políticas, debido a la influencia de sectores que buscan proteger a exfuncionarios públicos acusados de corrupción y coartar la capacidad de maniobra del Ejecutivo.
Toma de posesión de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto: Agencia Guatemalteca de Noticias.
Desde la suspensión del Movimiento Semilla como partido político y la persecución y el acoso contra funcionarios y diputados y diputadas oficialistas, hasta los amparos interpuestos por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) contra el presupuesto del presente año, se ha evidenciado una clara intención de frenar las iniciativas del gobierno actual, en un contexto en donde el MP se ha constituido en el principal operador de dicha estrategia golpista, y eso ha llevado a cuestionar si desde el MP se ejerce más poder que desde la propia silla presidencial.
Guatemala enfrenta un momento crítico en su historia política, donde se hace necesario un liderazgo nacional que conduzca y muestre una visión estratégica de largo plazo. La capacidad del gobierno para avanzar en sus objetivos dependerá en gran medida de cómo se resuelvan estos desafíos institucionales y se busque la independencia del sistema de justicia.
Aquí se encuentra otra debilidad importante del gobernante y su gabinete, ya que no ejercen ese liderazgo, no han mostrado tener un plan estratégico de largo plazo, y con una bancada debilitada en Congreso por la lucha legal contra su cancelación y las continuas negociaciones con los partidos del llamado “Pacto de Corruptos”, a las que se ve sometida para impulsar sus propuestas legislativas que respondan a las demandas sociales.
Aún falta mucho tiempo para las próximas elecciones generales; sin embargo, la estrategia antigubernamental fraguada desde el interior del “Pacto de Corruptos” adelanta las apuestas por posibles candidatos, y las maquinarias electoreras ya se ven haciendo campaña para quedarse con la Presidencia de la República con el objetivo de recuperar el proyecto de saqueo de las arcas nacionales.
Mientras la administración arevalista lucha por mostrar capacidad y avances importantes en el país, sin conseguirlo, las victorias diplomáticas arrinconan a sus adversarios y les dan un respiro contra la andanada de descontentos y golpes bajos que ha sufrido desde el inicio del segundo año de su gestión. Mientras tanto, las protestas continúan y los bloqueos ahogan a la ciudadanía, todo orquestado desde la oposición con manifestantes comprados y acarreados, sumados a un sistema de justicia en manos del llamado “Pacto de Corruptos”. Aspectos que se abordarán en una segunda entrega de esta nota de coyuntura.
Victorias que oxigenan a Arévalo de León
Tras la visita de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien antes de abandonar el país advirtió sobre los intentos golpistas contra Arévalo e indicaba que nadie querría invertir en un país en donde sobreviven estos sectores que no respetan los resultados electorales, el oficialismo asumió estas declaraciones como un espaldarazo del régimen estadounidense y, en fechas recientes, el mismo departamento de Estado certificó al gobierno de Guatemala por sus compromisos contra la corrupción y la impunidad, lo cual significa que reconoce formalmente los esfuerzos del país para combatir estos problemas.
Esta certificación es un requisito de la Sección 7045(a)(2)(A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados. Implica que Guatemala está cumpliendo con estándares mínimos en la lucha contra la corrupción, como investigar y procesar a funcionarios gubernamentales, militares y policías acusados de corrupción.
Con esta certificación, Guatemala puede ser beneficiada con reconocimiento internacional, pero, también, con un más fácil acceso a fondos y asistencia técnica de Estados Unidos para mejorar las instituciones judiciales y programas anticorrupción.
Casi simultáneamente, el pasado 2 de abril de 2025 el gobierno del Reino Unido anunció sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra siete funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción y proteger la democracia en Guatemala.
En esta ocasión, los sancionados y las sancionadas son el expresidente Alejandro Giammattei Falla; la fiscal general, María Consuelo Porras; el fiscal anti impunidad Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso; el secretario general del MP, Ángel Pineda; la pareja de Giammattei Falla, Miguel Martínez; y Melvin Quijivix, ex director del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Además de la congelación de activos y recursos económicos en ese país y sus territorios, las sanciones dan validez a los señalamientos de que estos funcionarios y exfuncionarios son entes corruptos que socavan la democracia guatemalteca, evidenciándolos frente a la comunidad internacional que, casi sin diferencia, apoya al gobierno de Arévalo.
