Una captura que tensará relaciones entre el gobierno del Movimiento Semilla y Pueblos Indígenas
Nota de coyuntura No. 100 / por Equipo de El Observador
La captura del viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, era algo casi esperado. Ha trascendido que se le imputan delitos de asociación ilícita y terrorismo, entre otros. Además de ser un golpe duro al gobierno actual del Movimiento Semilla, puede tensar aún más las ya desgastadas relaciones entre los 48 Cantones y el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, y buscaría mandar mensajes a otros liderazgos indígenas y sociales e, incluso, hasta el gobierno estadounidense, con el que las buenas relaciones se han profundizado.
Foto: La Mirada de los Pueblos. Recuperada en: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1235184995279307&id=100063634543899&_rdr
Un escenario previsto
La captura de Luis Pacheco y otra más que su rumora ocurrirán, parecen ir dirigidas, en primera instancia, contra la ex Junta Directiva de los 48 Cantones que en 2023 fue uno de los baluartes, junto a otras Autoridades Indígenas, del Paro Nacional de 106 días, organizado para la defensa de los resultados electorales de 2023 que le dieron el triunfo al Movimiento Semilla para que Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar tomaran posesión de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Al igual, actor clave en el plantón frente al Ministerio Público (MP) para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; una demanda que persiste a la fecha por parte no sólo de los 48 Cantones, sino de Autoridades Ancestrales y organizaciones sociales que acuerparon esa lucha política.
Junto a Pacheco trascendió otra captura, la de Héctor Samuel Chaclán Batz, quien además de haber estado a cargo de las finanzas de aquella directiva de los 48 Cantones, estaba contratado en el Viceministerio dirigido por Pacheco. Ambos estarían siendo sindicados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP, de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.
Es sintomático que los delitos que se le imputan ahora a Pacheco, sean muy parecidos a denuncias interpuestas en su contra por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) en octubre de 2023. Desde entonces, Pacheco arrastraba denuncias de supuestos delitos cometidos en 2023, durante las jornadas por la defensa de los resultados electorales de agosto de ese año, y contra intentonas golpistas que pretendieron que Arévalo de León y Herrera Aguilar no tomarán posesión de sus cargos, y que se mantienen en la actualidad.
En ese contexto, la captura del viceministro puede ser el resultado de las denuncias que hizo la Fundación contra el Terrorismo (FcT) ante el MP en octubre de 2023 contra Pacheco, acusándolo de delitos como “la violación al derecho de locomoción de todos los guatemaltecos; la obstaculización a la acción penal y la instigación a delinquir”.
Su captura, no sólo representa un golpe al gobierno actual del Movimiento Semilla por el alto cargo de Pacheco, sino, sobre todo, por ser uno de los pocos representantes indígenas en las altas esferas gubernamentales. La captura, además, envía fuertes mensajes contra Autoridades Ancestrales y liderazgos indígenas que participaron y han venido participando en la defensa de los resultados electorales y contra las denuncias de fraude electoral esgrimidas y operativizadas por actores que integran el llamado “Pacto de Corruptos”, así como de sectores considerados enemigos acérrimos de la administración del Movimiento Semilla.
Con esa captura se tensan aún más las ya desgastadas relaciones entre gobierno y organizaciones indígenas, debido a que una de las principales demandas de los 48 Cantones a la actual administración desde 2023, ha sido la destitución de la Fiscal General y Jefa del MP. Si las capturas tienen entre sus objetivos, propiciar una confrontación mayor entre los 48 Cantones y el gobierno, dependerá de la interpretación que las organizaciones indígenas le den a este delicado momento político.
Incluso, las capturas ocurridas hasta ahora, parecen ser un cálculo político, ocurren en un momento en que las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, y sobre todo con el Departamento de Estado, pasan por un buen momento.
Por de pronto, Arévalo de León ya se ha pronunciado por la captura de Pacheco señalando que:
“El golpe del Ministerio Público no solo es contra Luis Pacheco y sus compañeros de la Junta Directiva de los 48 Cantones de 2023 (…) Es un golpe artero contra el pueblo de Guatemala”.
La desventaja para el gobierno actual es el alejamiento de las Autoridades Indígenas, los 48 Cantones y aquellas expresiones sociales que contribuyeron a su toma de posesión, en el marco de una falla democrática de su gestión ya analizada.
Un historial de denuncias y desafíos al gobierno
Una denuncia que trascendió, desde mayo de 2023, fue expresada por la Liga Pro Patria, una aliada de la FcT y de otras organizaciones de ultraderecha enemigas del gobierno del Movimiento Semilla y consideradas parte del “Pacto de Impunidad”, y que implicaba a la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y al Departamento de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden, en “movimientos de inestabilidad e ingobernabilidad en Guatemala”, en el marco de las multitudinarias manifestaciones de ese año.
Esas denuncias, en parte, se basan en otras de esas agrupaciones ultraderechistas que señalaron, en 2021, a la USAID como financista de los 48 Cantones.
Los golpes políticos internacionales vía sanciones, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y Gran Bretaña, recibidos recientemente, por la alta dirigencia del MP, organizaciones afines como la FcT y actores dentro del “Pacto de Corruptos”, parecen ser un escenario que genera ahora las capturas de Pacheco y Chaclán Batz.
Es una respuesta a todas luces ampliamente planificada que buscaría aprovechar las perspectivas un tanto disímiles que existen en el gobierno de Donald Trump y el Departamento de Estado en su relación con la cancelada USAID y las relaciones con el gobierno de Guatemala. A sabiendas de la fuerte oposición de Trump a USAID, pareciera que las agrupaciones derechistas de Guatemala buscan agenciarse su respaldo, y contraponerse o debilitar la relación existente entre el Departamento de Estado y el gobierno del Movimiento Semilla.
Golpear a uno de los principales baluartes que defendió el proceso electoral de 2023 como los 48 Cantones, implica un desafío al gobierno de Arévalo que ya condenó el hecho, pero que lo deja en una posición complicada de cara a la demanda de destitución de la fiscal general. Qué hacer con el MP, es el desafío que le pone ahora el MP mismo a Arévalo de León, quien sigue considerando al Congreso de la República y a la propuesta de reformas a la Ley del MP como la salida legal para responder a la demanda de los Pueblos Indígenas para expulsar a Consuelo Porras, de la Fiscalía General.
Una detención grave y golpe duro a los Pueblos Indígenas
La detención de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, bajo cargos de “terrorismo” y “asociación ilícita”, y confirmada este miércoles 23 de abril, representa otro paso en la alarmante guerra jurídica contra los derechos civiles y políticos en el país.
Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, es ampliamente reconocido por su liderazgo en la defensa de la democracia y los derechos de los pueblos indígenas. Durante 2023, encabezó manifestaciones pacíficas en oposición a las acciones del Ministerio Público que buscaban invalidar los resultados electorales que llevaron a Bernardo Arévalo a la presidencia. La captura del viceministro, realizada durante un allanamiento en la capital, se enmarca en un caso bajo reserva, lo que impide conocer detalles específicos de las acusaciones. Sin embargo, la falta de transparencia y la gravedad de los cargos, aparte de ser ya parte de un patrón impune de conducción judicial, plantean serias dudas sobre la motivación detrás de esta acción.
Utilizar el sistema judicial para desplegar la guerra jurídica y perseguir a líderes comunitarios, activistas y funcionarios que han demostrado un compromiso con la democracia y los derechos humanos, es una táctica que socava todo intento por reconstituir, incluso, la semblanza de estado de derecho. Este tipo de acciones no solo criminaliza la protesta legítima, sino que también envía un mensaje intimidatorio a quienes luchan por la justicia social en Guatemala. También se inscriben dentro del proyecto de minar y potencialmente defenestrar al gobierno de Arévalo y Herrera.
Es imperativo que la comunidad nacional e internacional permanezca vigilante y exija un proceso judicial transparente y justo para Luis Pacheco. La democracia guatemalteca no puede permitirse retrocesos que pongan en riesgo los avances logrados en la participación ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales.
Fuente: Pronunciamiento de Latin American and Caribbean Solidarity Network (LACSN).
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