Gobierno decreta estado de sitio ante desestabilización política protagonizada por pandillas
Nota de coyuntura No. 178 / por Luis Solano
En cadena nacional el 18 de enero, el gobierno de Bernardo Arévalo de León declaró estado de sitio a nivel nacional, tras violentos ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos ese día, y la toma de tres centros penitenciarios que tuvieron lugar un día antes por parte de pandilleros. El estado de sitio deberá ser ratificado por el Congreso de la República y se espera que sea este 19 de enero. Tras la cadena nacional, queda claro que el accionar pandillero tiene un contexto político bien definido, y que estructuras políticas vinculadas a la corrupción e impunidad están detrás.
En la foto, a la izquierda, el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; al centro, el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León; y, a la derecha, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos, en Cadena Nacional. Fuente: Gobierno de Guatemala.
El Congreso de la República debe ratificar el estado de sitio
El Ejecutivo deberá trasladar el decreto de estado de sitio al Congreso de la República, lo cual podría ocurrir este 19 de enero para que sea aprobado de una vez, aunque ya fue publicado en el Diario de Centroamérica por medio del Decreto Gubernativo Número 1-2026. En esta fecha es cuando los diputados fueron convocados a una sesión para juramentar a la Comisión de Postulación para Magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y si se agenda conocerlo entonces se votará para aprobarlo, improbarlo y/o modificarlo, para lo cual se requiere de más de 81 votos.
La decisión de adoptar el estado de sitio ocurrió luego de los amotinamientos y toma de rehenes en las cárceles Renovación I, Centro de Detención Preventiva de la zona 18, y Centro de Detención de Fraijanes II organizados por prisioneros de la estructura pandillera Barrio 18, ocurridos el 17 de enero, sumado a los violentos ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) un día después, que dejaron ocho agentes fallecidos y 10 heridos.
Se recuerda que el Congreso de Guatemala aprobó el 21 de octubre de 2025, un marco legal que considera a las pandillas como organizaciones “terroristas”, pocos días después que se gestó una crisis de seguridad tras la fuga del centro de detención Fraijanes II, de 20 pandilleros del Barrio 18. Se trata de la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, contenida en el Decreto 11-2025, y la que fue publicada en noviembre de 2025.
La aprobación ocurrió en reacción a la decisión del gobierno de Estados Unidos, de declarar terroristas al Barrio 18, en septiembre de 2025 y, este contexto, genera condiciones para el gobierno del Movimiento Semilla que pueden resultar contraproducentes frente a la administración de Donald Trump, si la respuesta contra las pandillas fuera débil, y sin prever nuevos escenarios o sin atajar los escenarios previstos.
Fuente: https://x.com/GuatemalaGob/status/2013082405951656329
Villeda: “Ni ceder ni pactar”
El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, al igual que el gobierno en su conjunto, fueron enfáticos en que las acciones violentas del Barrio 18 son consecuencia de que el gobierno no ha aceptado ningún tipo de negociación ni chantajes de esa organización pandillera. Villeda fue enfático en conferencia de prensa, al indicar que no cederán ni pactarán.
El ministro encargado de la seguridad interna, declaró que: “no hay inteligencia suficiente” para prever reacción de las pandillas, en referencia a la imposibilidad de tener suficiente información para anticipar los escenarios y reacciones pandilleras, lo cual también ocurre con otros gobiernos.
“Sabíamos que podía existir una reacción de las pandillas, en razón de las acciones que estábamos realizando y en razón de que no hemos querido pactar ni ceder. Al final de cuentas, hemos tenido estos ataques, pero se ha reaccionado”.
Efectivamente, luego de la fuga de los 20 cabecillas pandilleros, y que en su mayoría siguen prófugos desde octubre cuando trascendió, era claro que ese era un escenario y que las tomas de rehenes que habían ocurrido semanas antes en cárceles, seguirían ocurriendo. Sobre todo, por la presión e insistencia del Barrio 18, de regresar al centro de detención Fraijanes II a su líder, Aldo Duppie Ochoa Mejía (a) “Lobo”, preso en Renovación I.
El 18 de enero, tras retomar el control de Renovación I, la PNC y el Ministerio de Gobernación (MINGOB) publicaron fotos de la detención de Ochoa Mejía, en un claro y fuerte mensaje a su pandilla de que el gobierno no cederá. Si bien se retomó el control de los tres centros de detención, “sin ninguna baja” como indicó el gobierno, los sorpresivos ataques contra los agentes policiales, que evidenciaron alta planificación y organización, sí dejaron “bajas” y un alto costo político, precisamente por no contar con información de inteligencia para prever ese nivel de accionar pandillero.
Fuente: Prensa Libre.
El trasfondo político
En Cadena Nacional, organizada de urgencia el 18 de enero, dadas las circunstancias violentas en la Ciudad Capital horas antes, el mandatario, acompañado de sus ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, con voz firme indicó que detrás del Barrio 18 y los ataques planificados estaban “estructuras políticas desestabilizadoras”.
Sin dar nombres o indicar si esas estructuras son partidos políticos o instancias que actúan con esos fines, Arévalo de León agregó que:
“Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado, se están cayendo.”
Llamó la atención el uso del plural “las torres”, cuando es sabido públicamente del matrimonio de Aldo Ochoa Mejía con María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres Casanova, principal figura del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y también prima de Nadia Lorena de León Torres, diputada e integrante del partido político Nosotros. El 18 de enero, el diputado del Movimiento Semilla, David Mauricio Illescas Sandoval, publicó en sus redes sociales las conexiones que, según él, existen entre las familiares Torres con el Barrio 18.
Los violentos ataques y amotinamientos pandilleros evidencian el interés por afectar aún más la debilitada seguridad ciudadana e, incluso, la seguridad nacional, dado el tamaño y capacidad armada que tiene el Barrio 18. La seguridad, dicen los empresarios, es, además, “una condición básica para la estabilidad política, el desarrollo y la inversión”, lo que implica una intervención de fuerza de las fuerzas de seguridad ciudadana y militares.
No extraña, entonces, que dos de las figuras clave que deben cargar con costos políticos cuando se afecta la seguridad sean los ministros del MINGOB y del MINDEF, objetivos centrales de destitución por parte de las estructuras de corrupción y crimen organizado, principalmente el primero de ellos, con pocas semanas en el cargo tras la salida del anterior titular de esa cartera, Francisco Jiménez, provocada por la fuga de los 20 cabecillas pandilleros. Son pruebas de fuego a las que están siendo sometidos, que repercuten en la estabilidad del gobierno de Arévalo de León. Sobre todo, cuando las acciones pandilleras son acompañadas con llamados desestabilizadores golpistas, no sólo desde las prisiones sino desde las redes sociales de esas estructuras.
Los diversos análisis e interpretaciones sobre los hechos violentos del fin de semana coinciden en que ocurren en un contexto político bastante trascendental, en el que se está redefiniendo el futuro de instituciones estratégicas del sistema político y de justicia, tal como ocurre con las elecciones de segundo grado, cuyo proceso ya comenzó y que, durante el primer semestre de 2026, definirán Magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), y la Fiscalía General del Ministerio Público (MP), entre otras.
Desestabilizar esos procesos, incluso, evitar que el gobernante pueda participar en la decisión de elegir Fiscal General y Magistraturas de la CC, bien podría ser un objetivo político detrás de la violenta jornada vivida. Impacta políticamente, además, el terror en la psicología ciudadana pues repercute en el imaginario social, de considerar un gobierno débil y un sistema de seguridad en crisis, que es precisamente lo que el gobierno de Arévalo de León buscó contraatacar con la Cadena Nacional.
Impactar la seguridad y sus instituciones es un mecanismo político que las estructuras desestabilizadoras denunciadas están utilizando en función de no perder el control de las instituciones que les garantizan impunidad. La seguridad ha sido el “Talón de Aquiles” de los distintos gobiernos, y quizá la más afectada políticamente, que ha visto caer e instalar ministros de Gobernación una y otra vez. Pero, en esta ocasión, afectar el sistema de seguridad y penitenciario podría acarrear no sólo altos costos políticos para el gobierno, sino también grandes réditos para los desestabilizadores.
En ese marco, las distintas cámaras e instancias empresariales en su conjunto, expresaron en diversos comunicados una postura de respaldo a las fuerzas de seguridad, así como a las acciones que se despliegan. Un espaldarazo en plena crisis, y llega cuando las redes sociales ligadas al “Pacto de Corruptos e Impunidad”, diseminan la amenaza de que pronto el Congreso de la República decidirá si le retira el derecho de antejuicio al mandatario.
El gobierno de Arévalo de León, ahora tiene por delante el desafío de golpear de tal manera a las pandillas que debilite su accionar y, al mismo tiempo, impactar a las estructuras desestabilizadoras detrás de las maras y las intentonas golpistas.
