Un revés en primera vuelta para el “Pacto de Impunidad” en elección del CANG para la CC
Nota de coyuntura No. 183 / por Luis Solano
El amparo otorgado por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que evitó el voto de las ciencias afines para elegir las Magistraturas representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para la Corte de Constitucionalidad (CC), en las elecciones celebradas el 4 de febrero, no impidió que la candidata Astrid Lemus avanzara primero, con amplio margen sobre el segundo lugar, el ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez, no obstante que el amparo sí ratificó, una vez más, lo frágil de la independencia judicial en Guatemala, y ahora deja abierto que, en segunda vuelta, pueda darse un giro previsible por el nivel de alianzas que pueden gestarse de la mano del “Pacto de Impunidad”.
Resultados de primera vuelta en las elecciones para Magistratura Titular de la CC celebradas el 4 de febrero. Fuente: CANG.
A segunda vuelta sin el gran perdedor
En la práctica, convertida en instrumento político, la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, con su actuar evidenció el grado de control que tiene el “Pacto de Impunidad” de la administración de justicia, y cómo éste opera para buscar mantener la correlación de fuerzas a su favor en términos del control total del sistema de justicia, y el Estado mismo.
La jugada política como parte de la “guerra jurídica”, que va más allá del derecho, impulsada por los abogados Ricardo Sagastume Morales y su sobrino Diego Sagastume Vidaurre, logró evitar que votaran agremiados y agremiadas integrantes de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), al someter un amparo sin mayor margen de tiempo para que el CANG y fuerzas opositoras al “Pacto de Impunidad” pudieran reaccionar. Fieles representantes de esa estructura, la “estratagema” de los Sagastume no funcionó del todo al no lograr evitar la gran derrota de Néster Mauricio Vásquez Pimentel, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), que buscaba reelegirse y a quien la estructura que integra ese Pacto buscaba mantenerlo en el cargo como es una de sus piezas del engranaje en el sistema de justicia.
La gran ganadora en esta primera fase celebrada el 4 de febrero fue Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, quien a la postre aparecía como la candidata a vencer por prácticamente el resto de los candidatos, al ser representativa de una suerte de alianza de fuerzas políticas de distinto signo, opuestas a la continuidad de la estructura de poder que controla el sistema de justicia del país.
Lemus Rodríguez enfrentará ahora en la segunda vuelta a celebrarse el 12 de febrero, al ex rector de la USAC, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, un fuerte contendiente debido a la fuerza que posee dentro del CANG, y quien destacó en la jornada de votaciones al cuestionar el amparo que se interpuso por los Sagastume y la resolución de la Sala Sexta.
La ventaja relativa de Lemus Rodríguez -de casi 1300 votos sobre Gálvez Barrios- sin duda será aprovechada por la estructura a la que Nester Vásquez representa, y que buscará negociar con el ex rector para no dar por perdida la jugarreta legalista de los Sagastume y del “Pacto de Impunidad”. Incluso, el juez Mynor Mauricio Moto Morataya, con sus más de mil votos que lo posicionó en cuarto lugar, puede ser un factor que buscará aprovechar la coyuntura.
En estos resultados de las elecciones del 4 de febrero, sorpresivos si se quiere, por la relativa abultada victoria de Lemus Rodríguez, se hacen certeras las palabras de Luis Fernando Bermejo Quiñónez, aspirante a magistrado suplente de la CC, quien durante el evento indicó que la exclusión de ciencias afines de la votación generaría una indignación qué beneficiará a su planilla, lo que al final sucedió.
Bermejo Quiñónez, otro gran ganador y mancuerna de Lemus Rodríguez, competirá contra Melvin Giovanni Portillo Arévalo, quien es parte del binomio de Gálvez Barrios.
Cabe destacar que el binomio ganador obtuvo sus votos mayoritarios en todas las mesas del departamento de Guatemala, así como de ciertos departamentos clave como Quetzaltenango, Jutiapa y Sacatepéquez. Destacó también las mesas 1 y 2, donde se concentraban Ciencias Afines, y por esa razón no muestran resultados, con excepción de la 1, donde los únicos dos votos que hubo fueron de abogados recién inscritos.
Votaciones del CANG 2026
Vulnerado el derecho de Ciencias Afines
La exclusión de agremiados y agremiadas de las Ciencias Afines del CANG, por la manera burda en que se hizo, fue considerada una violación a sus derechos, sobre todo porque por primera vez se les excluyó de tan importante elección. Absurda exclusión, además, porque si bien evitó que votaran por las Magistraturas de CANG a CC, no se les impidió hacerlo en la elección de Tribunal Electoral celebrada también el 4 de febrero. Una muestra de la manipulación política de trasfondo, y en la cual la CC está jugando también su papel al no resolver aún varios amparos para restituir ese derecho.
Fuente: CANG.
Para sus integrantes, lo actuado por la Sala Sexta fue una decisión política más allá del derecho. El “Pacto de Impunidad” los vio como una amenaza a raíz del voto ocurrido en las pasadas elecciones para elegir Comisión de Postulación de CANG, celebradas el 13 de enero. En esa ocasión aportaron un voto clave a favor de la planilla ganadora, la 4, la misma que ahora respaldaba de Lemus Rodríguez y Bermejo Quiñónez.
Ciencias Afines está integrada por agremiadas y agremiados de las escuelas de Ciencias Políticas, Sociología, Criminalística y Relaciones Internacionales (internacionalistas), quienes durante las votaciones se manifestaron contra la resolución de la Sala Sexta, al considerar que constituye un acto que vulnera el derecho de los agremiados del CANG y busca mantener el control total sobre el sistema de justicia.
Agremiadas de Ciencias Afines denunciando su exclusión ilegal, durante las votaciones el 4 de febrero. Las acompañan miembros del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) Fuente: Emisoras Unidas. Recuperado en: https://x.com/EmisorasUnidas/status/2019175489567609203
Reducido el voto de Ciencias Afines a las candidaturas de Tribunal Electoral del CANG, su impacto fue determinante y se reflejó en los casi 2 mil votos con los que la Planilla 1 superó a la 2, con la cual irá a segunda vuelta. La 1 era apoyada por la misma agrupación que apoyó a Lemus Rodríguez y a Bermejo Quiñónez.
El “Pacto de Impunidad”
Lo que se ha denominado “Pacto de Corruptos e Impunidad” en Guatemala describe una red de actores políticos, económicos y criminales que, a partir de 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, un partido político fundado por militares retirados contrainsurgentes, buscaron proteger sus intereses y frenar las investigaciones de casos de corrupción de alto impacto que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la anterior Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), venían realizando desde años antes, pero que se fortalecieron durante ese gobierno. Para ello, esa red se coordinó para debilitar el sistema de justicia y obstaculizar la lucha contra la impunidad, y fue vital lograr la expulsión de la CICIG.
La red se fue integrando por organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), integrada por oficiales del alto mando militar involucrados en la guerra interna de las décadas de 1970 y 1980, y que surgió en la víspera de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, al igual que la Liga Pro Patria. También aparecían los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que eran redes criminales conformadas por militares y empresarios de ultraderecha que tenían influencia directa sobre las fuerzas de seguridad e inteligencia del país, que evolucionaron a redes infiltradas en áreas estratégicas del aparato estatal para fines de corrupción e impunidad y control del Estado, sin dejar de tener el control de los aparatos de seguridad e inteligencia.
En 2013, en el marco del juicio por genocidio al general y ex gobernante de facto José Efraín Ríos Montt, esas fuerzas se agruparon junto a otras que surgieron en esos días como la Fundación contra el Terrorismo (FCT), conocida también como la “fundaterror”, asociaciones de viudas y esposas de militares retirados, así como “Guatemala Inmortal”.
Todas esas fuerzas, sumadas a partidos políticos gobernantes o cogobernantes como el Patriota (PP), FCN-Nación, Unionista (PU), Vamos, Libertad Democrática Renovada (LIDER), Todos, Visión con Valores (VIVA), Valor -conformado por integrantes del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y corrientes ríosmontistas-, entre otros, se aliaron a otras instancias integradas por corrientes religiosas neopentecostales, Opus Dei y de familiares de militares, de empresarios integrantes de las familias que integran la oligarquía guatemalteca, y redes de abogados de ultraderecha, desde entonces hasta la actualidad, se han dado a la tarea de controlar totalmente el sistema de justicia como parte de la hegemonía que han mantenido en los diferentes niveles de la institucionalidad del Estado, y que venían perdiendo durante la década pasada.
Esas fuerzas son las que están detrás de los Sagastume, y su práctica refleja lo que han venido haciendo desde 2017, ambos como expresión de un pasado marcado por la añeja alianza empresarial- militar.
