Elecciones de Magistraturas a la CC: crónica y análisis de una jornada eleccionaria favorable a actores del “Pacto de Impunidad”
Nota de coyuntura No. 187 / por Juan Calles
El 12 y el 16 de febrero de 2026 quedarán registradas como fechas en la historia política y jurídica de Guatemala, como el epicentro de una colisión institucional sin precedentes entre el mandato democrático de las instituciones del Estado y los intereses de sectores económicos, políticos y de cooptación institucional. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) fue uno de los escenarios. El siguiente sería, días después, el Consejo Superior Universitario (CSU) y la situación tambaleante de la aún Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta. Sin embargo, hasta ahora los procesos electorales mantienen aún una correlación de fuerzas favorable al “Pacto de Impunidad”.
Imagen: El Observador.
Punto de inflexión en la correlación de fuerzas
En el caso de la elección de las Magistraturas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), trascendió la esfera administrativa para convertirse en un campo de batalla simbólico y material, en donde actores corruptos adscritos a la estrategia del “Pacto de Impunidad”, intentaron alterar el curso de la votación mediante tácticas de intimidación, vía allanamientos, utilizando al Ministerio Público (MP) bajo el ya conocido estilo de criminalización y penalización que ha venido desplegando, lo que le ha valido que sea una de las instituciones nacionales de las más cuestionadas internacionalmente. Esa amenaza sigue latente.
La victoria de la planilla integrada por la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, y el académico Luis Fernando Bermejo Quiñónez, se sumó, por un lado, a la elección de Magistraturas a la CC que realizó el cuestionado e ilegítimo Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) bajo la rectoría fraudulenta de Walter Mazariegos Biolis y, por otro, a la elección de Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como Presidenta de la CSJ, tras meses de negociaciones. Esos procesos se perciben como un punto de inflexión en la reconfiguración del poder y de la correlación de fuerzas en esas instancias.
Es importante señalar que el resultado aritmético de la votación no es lo más importante en este caso; considerando las acciones coercitivas ejercidas por el MP, la respuesta del Poder Ejecutivo, la observación internacional y el impacto en la independencia judicial a mediano plazo, lo más importante es la reconfiguración del poder que obtienen los grupos y actores que controlan las nuevas Magistraturas.
Las elecciones en el CANG vitales para correlación de fuerzas en la CC
Para comprender la ferocidad con que se disputó la representación del CANG, es necesario analizar la posición que ocupa la CC en el ecosistema institucional de la justicia en Guatemala. Sus decisiones tienen el poder de validar o anular leyes, detener procesos de antejuicio contra altos funcionarios y, como se demostró en el evento electoral del 2023, garantizar o socavar la transición del mando presidencial.
La integración de la CC para el quinquenio 2026-2031 es percibida como el último reducto de defensa frente a la cooptación estatal o, por el contrario, como la herramienta definitiva para consolidar la impunidad de las redes que han cooptado el sistema de justicia durante la última década.
El CANG es uno de los cinco cuerpos electorales encargados de designar una Magistratura Titular y una Suplente, junto a los Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y el CSU de la USAC.
Dos visiones de la justicia se enfrentaron en las urnas del CANG
La disputa en el CANG que tuvo lugar en la segunda vuelta celebrada el 12 de febrero, fue el resultado de las votaciones de la primera ronda del pasado 4 de febrero, en la que ninguna de las planillas participantes logró obtener la mayoría absoluta. En esta etapa final se enfrentaron dos visiones contrapropuestas del ejercicio profesional y de la lealtad institucional.
Planilla 1: Unidad por la Democracia
La propuesta de Astrid Lemus Rodríguez y Luis Fernando Bermejo Quiñónez se presentó como una opción de rescate institucional. Lemus, con una trayectoria de casi cinco décadas en el sistema judicial, incluyendo su paso por la CSJ, aportaba el peso de la experiencia y el conocimiento de las estructuras internas de las Cortes. Por su parte, Bermejo es un abogado con un perfil académico sólido vinculado a la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y experto en arbitraje internacional, representaba a un sector profesional que demanda rigor técnico y transparencia en los fallos constitucionales.
Esta planilla recibió el respaldo de colectivos universitarios, organizaciones de la sociedad civil y sectores del gremio que se han opuesto frontalmente a la gestión de Consuelo Porras Argueta en el MP y a la administración de Walter Mazariegos Biolis en la USAC. Su discurso se centró en “recuperar el brillo” de la CC, transformándola, de ser un actor político, a un tribunal de derecho estrictamente técnico e independiente.
Planilla 2: Plataforma de Profesionales por la Justicia – Unidos por el Derecho
Del lado opuesto se encontraba la Planilla 2 liderada por el exrector de la USAC, Carlos Estuardo Gálvez Barrios y Melvin Giovanni Portillo Arévalo. El primero, una figura con un largo recorrido en la política gremial, señalado en procesos judiciales relacionados con la supuesta manipulación de Comisiones de Postulación, aunque ha mantenido una base de apoyo considerable dentro de las estructuras tradicionales del CANG y una red de apoyos en la Facultad de Derecho de la USAC, que entre catedráticos y estudiantes significan un importante caudal electoral, lo que lo hace posicionarse como el líder de un grupo de interés. Su candidatura fue percibida por los sectores opositores como una extensión de los grupos de poder que han buscado mantener la CC como una herramienta de protección para actores procesados por corrupción. Por su parte, Portillo Arévalo ha consolidado una trayectoria en la administración pública que lo vincula estrechamente con la actual estructura del MP, al ostentar el cargo de Secretario de Política Criminal en dicha institución. Su perfil ha sido identificado como parte de un círculo de confianza dentro de la gestión de Porras Argueta, en tanto que ha ocupado cargos estratégicos dentro de la institución, donde ha ocupado roles de asesoría y dirección que son fundamentales para la operatividad administrativa y técnica del órgano investigador.
La figura de Portillo Arévalo ha sido también identificada como un puente entre el gremio de abogados de la USAC y las políticas institucionales del MP. Su participación en la planilla de Gálvez Barrios fue vista como un intento de consolidar esa influencia en la CC mediante la alianza entre los intereses de ambos grupos.
Elecciones en medio de un allanamiento con rostros cubiertos
Alrededor de las 13:00 horas del 12 de febrero, la tranquilidad de la jornada se quebró cuando agentes del MP, acompañados por efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), irrumpieron en el centro de votación del parque Erick Barrondo. Una hora más tarde, una diligencia similar se realizó en el Club La Aurora, sede principal del evento eleccionario donde se encontraba la Junta Directiva del CANG y el Tribunal Electoral.
El operativo se realizó de manera intimidatoria pues los agentes de seguridad se presentaron con armas largas caladas al pecho y con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas, mostrando una actitud de confrontación hacia los abogados que se encontraban ejerciendo su sufragio. Al frente de la diligencia y de los fiscales que la operaban, se encontraba la fiscal Leonor Morales Lazo, integrante de la fiscalía de delitos contra operadores de justicia y sindicalistas, quien ya era conocida por su papel central en el secuestro de actas electorales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en septiembre de 2023.
El allanamiento y la intimidación a la actual presidenta del CANG, Patricia Gámez, fueron un momento crítico en la jornada, lo que se dedujo de sus declaraciones y el trato dado a su persona por los fiscales del MP, quienes ingresaron a las áreas administrativas y de conteo de votos con prepotencia, sin informar inicialmente sobre el objeto del allanamiento o la existencia de una orden judicial debidamente fundamentada. La presidenta Gámez fue confrontada por los fiscales exigiendo que entregara su teléfono celular sin mediar orden judicial.
Como en otras ocasiones, la fiscal Morales Lazo no dio información detallada sobre la diligencia judicial ya que el caso fue declarado bajo reserva. La fiscal, al ser cuestionada por los medios de comunicación, se negó a brindar detalles de la investigación, lo que motivó la sospecha de que el objetivo real no era la persecución de un delito, sino la paralización o intervención del proceso electoral.
Desde los primeros momentos cuentas del net center y supuestos medios de comunicación que pululan en las redes sociales, trataron de implantar la narrativa del uso de carnés falsos para votar en el CANG, con ello se justificaba la irrupción en un acto electoral autónomo. Según esta narrativa, personas ajenas al gremio o profesionales de carreras afines estarían utilizando documentos apócrifos para votar ilegalmente en la elección de magistrados de la CC.
La postura del CANG ante lamentables hechos, quedó plasmada en un comunicado de prensa publicado el 16 de febrero.
PatriciaGámez, presidenta del CANG, fue “cacheada” por órdenes del MP frente a los medios de comunicación, en un acto calificado como intimidatorio y abusivo. Foto: Prensa Libre.
El presidente y sus ministros jugaron su papel
Ante la situación vivida en los centros de votación, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, emitió una orden para que los agentes de la PNC que acompañaban al MP, se retirasen los pasamontañas con los que se presentaron al allanamiento. Frente a los medios de comunicación, Villeda argumentó que no existía ninguna justificación operativa para que las fuerzas de seguridad ocultaran su identidad en un entorno civil y profesional donde no se corría riesgo de vida, ni se estaban ejecutando órdenes de captura como en los allanamientos que realizan contra pandilleros. La orden del ministro fue crucial para reducir la tensión sobre los electores y las autoridades del CANG; además, expuso que el MP estaba utilizando a las fuerzas de seguridad del Estado para fines que el propio gobierno consideraba antidemocráticos.
Por su parte, el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León no se limitó con los calificativos al referirse a los hechos en el CANG. En una declaración pública, Arévalo de León afirmó que el MP había “fracasado en su intento de secuestrar las elecciones del CANG”, y vinculó el operativo con los intentos previos del MP por anular los resultados de las elecciones generales del 2023, señalando que la fiscalía sigue actuando como un brazo político para proteger intereses corruptos y socavar la institucionalidad democrática del país.
El veredicto de las urnas en el CANG, luego el turno del CSU
A pesar de la intimidación, el cierre de los centros de votación y la fiscalización intrusiva, el conteo de votos arrojó un resultado contundente. El gremio de abogados optó mayoritariamente por la opción encabezada por Lemus y Bermejo, percibida como opositora y garante de la institucionalidad.
Mientras el gremio de abogados mostraba con sus votos que existe un reclamo por el cambio de rumbo en las instituciones de justicia en el país y que los gremios de profesionales están llamados a intencionar ese cambio, en la USAC se tomaba un rumbo diferente, pero igual de revelador. El 16 de febrero, pocos días después de la elección en el CANG, el CSU, en una sesión marcada por la controversia y celebrada en Antigua Guatemala, muy lejos de la ciudad universitaria, decidía quienes serían sus representantes ante la CC para el periodo 2026-2031.La elección recayó en Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular, y José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente; ambos identificados como parte del círculo de confianza y estructura de poder de Walter Mazariegos Biolis.
Julia Rivera Aguilar tiene trayectoria como magistrada de Salas de Apelaciones, mientras que José Luis Aguirre Pumay ha desempeñado cargos judiciales y ha sido candidato a puestos de elección representando a grupos de profesionales señalados de ser aliados del “Pacto de Corruptos”, además que ha sido candidato por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE).
Con esta elección, el bloque político que ha cooptado a la USAC asegura una cuota de poder en la CC. De esa manera, compensa para el “Pacto de Impunidad” lapérdida de influencia que supuso la derrota de Gálvez Barrios en el CANG. Sin embargo, aun esta elección puede ser impugnada debido a que la integración del CSU es acusada de ser ilegal y violar las leyes internas de la universidad; aunque al momento del cierre de esta nota, no se conocía ninguna.
El avance de Néster Vásquez en la CSJ: la elección de Claudia Paredes
Simultáneamente, otro sector de poder en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un golpe de autoridad al elegir a la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como nueva presidenta del Organismo Judicial (OJ) para 2026, y quien es señalada como una aliada estratégica del magistrado constitucional, Néster Vásquez Pimentel, a la vez que ha sido vinculada anteriormente con operadores de las “Comisiones Paralelas” como Gustavo Alejos Cámbara, pero, también, con distintos actores y grupos del “Pacto de Impunidad”, sea partidos políticos y/o entidades ultraderechistas que la respaldan como la Liga Pro Patria, la Fundación contra el Terrorismo (FcT) y “Guatemala Inmortal”, entre otras.
Su ascenso a la presidencia de la CSJ consolida el control del sector liderado por Vásquez Pimentel sobre la administración de justicia, justo en el momento en que la CSJ debe elegir a su propio representante titular y suplente ante la CC, y luego presidir la Comisión de Postulación para Fiscal General.
Debe recordarse que la ahora presidenta de la CSJ fue sancionada por Estados Unidos en octubre de 2025, cuando se le retiró la visa. Se le ha señalado también de vínculos con el narcotráfico, sin prueba alguna. Se le vincula estrechamente al diputado del ex oficialista partido Vamos, Allan Rodríguez, y con los sectores pertenecientes al eferregismo. Su padre, fallecido hace pocos meses, Julio Raúl Paredes Grajeda, fue un transportista y activista del desaparecido partido Frente Republicano Guatemala (FRG), del cual fue candidato a diputado por el Distrito Central en las elecciones de diputados de 1994.
La designación de Paredes Castañeda como presidenta de la CSJ constituye un acto de desafío explícito a la diplomacia estadounidense. Al desoír las advertencias de la Embajada de los Estados Unidos que, a través de funcionarios como John Barret, Encargado de Negocios asumiendo actualmente funciones de Embajador, instaba a no elegir a personas vinculadas a sectores señalados de corrupción y narcotráfico.
Con mayoría de votos, la actual CSJ ha enviado un mensaje de blindaje corporativo a favor del bloque personificado por Néster Vásquez, pero que representa al “Pacto de impunidad”. Esta decisión significa que la CSJ ha decidido confrontar abiertamente las declaraciones de la embajada estadounidense en Guatemala, priorizando la consolidación del poder interno y la lealtad hacia figuras sancionadas internacionalmente sobre los estándares de integridad exigidos por Washington.
Este paso posiciona a la CSJ como el centro de resistencia contra las presiones externas por la transparencia, invalidando el peso de las advertencias diplomáticas en la toma de decisiones judiciales de alto nivel.
¿Estas elecciones representan el ocaso de Consuelo Porras?
La no elección de Porras Argueta para una Magistratura en la CC por parte del CSU fue sorprendente para distintas expresiones de la opinión pública, pues se suponía que era uno de los perfiles de Mazariegos Biolis y el CSU para ocupar una magistratura en la alta Corte, pero su candidatura quedó muy lejos de esa posibilidad y de garantizarle inmunidad al finalizar su periodo en mayo próximo. La actual Fiscal General no obtuvo ni un solo voto.
La exclusión de Porras Argueta coincide con la publicación, el mismo 16 de febrero, de un informe de la relatora de Naciones Unidas, (ONU), Margaret Satterthwaite, que la vincula con una presunta red de adopciones ilegales en el pasado. Según las sospechas de la ONU, Porras podría estar involucrada en la desaparición forzada y adopción irregular de al menos 80 menores de edad durante la guerra interna.
La gravedad de estas acusaciones internacionales, que trascienden el ámbito de la corrupción administrativa para entrar en el terreno de las violaciones graves a los derechos humanos, parece haber convertido a la Fiscal General en una figura que genera el rechazo, incluso, de sus anteriores aliados cercanos.
En ese contexto, la decisión del CSU de Mazariegos Biolis de optar por Rivera Aguilar y Aguirre Pumay, se interpreta como un repliegue táctico del bloque del rector para evitar el costo político y la presión internacional que habría supuesto elevar a la CC a una funcionaria bajo semejante nivel de señalamiento por parte de Naciones Unidas.
Estos resultados no son una derrota coyuntural, sino un síntoma del reacomodo de fuerzas que atraviesa el sistema de justicia. En el tablero actual, su capital político ya no es el de 2018 ni el de 2022; su figura se encuentra desgastada por sanciones internacionales, cuestionamientos internos y por la pérdida de capacidad de incidencia directa en la configuración de pactos legislativos. Desde una perspectiva realista, su margen de maniobra se ha reducido y depende más de acuerdos defensivos que de alianzas estratégicas sólidas. Aún podría postularse para magistrada de la CC si presenta expedientes ante el Congreso de la República y la CSJ.
Sin embargo, por el lado de la CSJ también parece estar limitada. La integración de ese pleno responde a equilibrios propios y a compromisos previamente establecidos entre actores judiciales y políticos que no necesariamente coinciden con los intereses de la fiscal general saliente. Apostar por esa ruta implicaría que magistrados asuman el costo político de blindarla en un contexto de creciente escrutinio nacional e internacional.
En cuanto al Congreso de la República, aunque allí históricamente ha operado el llamado “Pacto de Impunidad”, el nuevo correlato de fuerzas es más fragmentado e incierto. La disciplina de bancada ya no es segura y varios diputados podrían calcular que respaldarla representa un pasivo electoral mayor que el beneficio de sostener viejas lealtades.
En este escenario, la posibilidad de que Porras Argueta logre una magistratura para preservar inmunidad, es una posibilidad cada vez más lejana. Su futuro dependerá de la capacidad de sus antiguos aliados de mantener cohesión frente a presiones políticas y sociales crecientes. Si esos respaldos se diluyen, podría quedar políticamente aislada al finalizar su mandato en mayo de 2026 y expuesta a procesos judiciales. El desenlace no solo definirá su destino personal, sino que será un termómetro de la profundidad real del reacomodo en el sistema político-judicial guatemalteco.
Proyecciones para el sistema de justicia y la sociedad guatemalteca
El panorama que dejan las elecciones de nuevas Magistraturas en febrero de 2026, es el de la continuidad de una correlación de fuerzas favorable al “Pacto de impunidad” que las fuerzas opositoras no han podido quebrar o desequilibrar en las estructuras de justicia, tal como se vio en la conformación de la nómina de 20 candidaturas para las Magistraturas al TSE. Por un lado, la resistencia gremial logró posicionar a Astrid Lemus y Luis Bermejo, quienes prometen recuperar el rigor técnico de la CC representando a sectores conservadores de tono democrático; por otro, la USAC consolida su influencia en las redes tradicionales y corruptas mediante la elección de sus allegados, Julia Rivera y Aguirre Pumay, sobre el costo de sacrificar a Consuelo Porras Argueta, su antigua aliada.
El nuevo mapa del poder judicial: ¿Quién gana y quién pierde?
Las jornadas del 12 y el 16 de febrero pueden configurar un nuevo mapa político judicial en Guatemala, complicado y altamente volátil.
Los ganadores de la jornada parecen ser, por un lado, la oposición gremial en el CANG que demostró que, con el voto directo, se pueden romper hegemonías si hay movilización y activismo.
A su vez, Walter Mazariegos Biolis y Nester Vásquez Pimentel, a pesar de sufrir una derrota en el CANG, el actual rector retuvo su cuota de poder en la CC, en tanto que el actual magistrado constitucional consolidó su influencia en la presidencia de la CSJ y, detrás de las cortinas, el “Pacto de Impunidad;” finalmente, Astris Lemus y Luis Bermejo se arropan como los magistrados electos con el mandato del rescate institucional.
La lista de los perdedores la encabeza Consuelo Porras Argueta. Con una derrota política, su cuasi exclusión de la CC y el informe de la ONU sobre su vinculación con adopciones ilegales, la sitúan en una posición de vulnerabilidad extrema a pocos meses de entregar su cargo.
Se suma a esta lista Estuardo Gálvez Barrios con su alianza con los sectores pro impunidad y pro corrupción, la cual no fue suficiente para enfrentar a un gremio organizado para intentar un cambio en la dirección y decisiones en las altas Cortes, que además puede implicar el final de su influencia dominante en el CANG. La institucionalidad del MP también es un importante perdedor en la jornada, ya que su papel intimidador y de actor político profundiza el aislamiento internacional de la fiscalía.
Arévalo de León a punto de mover su pieza en el tablero
Aunque aún falta que la CSJ y el Congreso de la República elijan a sus Magistraturas ante la CC, ahora todos los ojos están posados sobre la decisión que tome el Presidente de la República, quien tiene hasta el 20 de febrero para concluir la recepción de expedientes y designar a sus Magistraturas Ttitular y Suplente ante la CC.
Esta es una posición estratégica pero compleja frente al panorama que dejó la elección del CANG y el CSU. El mandatario tiene la oportunidad de designar perfiles que fortalezcan Magistraturas que buscan impulsar la independencia judicial, y su decisión determinará si la nueva CC tendrá una mayoría técnica inclinada a fortalecer el Estado de Derecho o si quedará atrapada entre las redes del “Pacto de Impunidad” que podría dominar la CC, si en la CSJ y el Congreso de la República se eligen Magistraturas afines a los sectores oscuros.
La sociedad guatemalteca podría asistir al nacimiento de una nueva CC en medio de un continuo clima de guerra institucional. El triunfo de la oposición en el CANG es una oportunidad para impulsar cambios en las altas Cortes del país; pero la consolidación de la influencia del sector que representa Walter Mazariegos en la CC, tendrá también una importante tajada de poder judicial.
Mientras, las tácticas de intimidación del MP sugieren que el ente investigador no está dispuesto a detener su protección al “Pacto de Impunidad”, sin embargo, la situación tambaleante Porras Argueta, marcada por señalamientos de crímenes internacionales, simboliza a su vez el fin de una era de impunidad absoluta, sin dejar de considerar que las estructuras de cooptación institucional allegadas a sectores de poder económico y político, poseen una notable capacidad de metamorfosis para sobrevivir y enquistarse en el sistema.
