La estructura a la que debe enfrentarse el nuevo Fiscal General
Nota de coyuntura No. 212 / por Luis Solano
Diversos sectores se han pronunciado evaluando la diversidad de desafíos que tiene por delante el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, luego de ocho años de administración de la fiscal saliente, Consuelo Porras Argueta. Revertir el legado de criminalización e impunidad que reinó durante ese periodo, es uno de los grandes retos venideros. Más aún, reconstruir y fortalecer la confianza ciudadana en la labor del MP, que fue convertido en una suerte de instrumento político que favoreció a estructuras de corrupción y crimen organizado.
Imagen: Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, en su primera conferencia de prensa el 17 de mayo de 2026. Fuente: El Observador. Recuperado en: https://x.com/EObservadorGT/status/2056177766974865753
A la espera de justicia y grandes expectativas
La llegada de Gabriel Estuardo García Luna al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), ha generado grandes expectativas luego de una larga espera de ocho años para que la ex Fiscal General, Consuelo Porras, dejara el cargo lo cual se concretó el 17 de mayo pasado, remarcado por un legado de impunidad y criminalización.
La demanda generalizada desde distintos sectores es que el nuevo MP garantice justicia para las víctimas de delitos y cese la criminalización. Así lo expresó en un comunicado la organización Alianza por las Reformas en el que expresa que espera…
“…que el nuevo Fiscal General del Ministerio Público, Gabriel García Luna, reconstruya y recupere la confianza de la población en la institución, se garantice justicia para las víctimas de delitos y cese la criminalización”.
La comunidad internacional también se ha pronunciado y saludado la toma de posesión de García Luna. En un comunicado de prensa, la Organización de Estados Americanos (OEA) expuso sus criterios sobre lo que espera del nuevo Fiscal General. A continuación un extracto:
También destacó el comunicado de la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE), en el que además de saludar la toma de posesión de García Luna, enfatizó:
Primeras acciones del Fiscal General
En su primera conferencia de prensa, el 17 de mayo, García Luna anunció que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) entraría en una etapa de liquidación a partir del 18 de mayo, acto que fue saludado ampliamente por distintos sectores. El Fiscal General argumentó que dicha fiscalía perdió…
“…credibilidad ciudadana (…) El proceso de liquidación servirá para revisar cada uno de los expedientes y determinar si existe algún tipo de responsabilidad”.
También aseguró que el MP “no es un ente político” y prometió recuperar la confianza ciudadana en la institución.
En una amplia entrevista a un medio de prensa, García Luna habló sobre…
“…la revisión interna que hará en el Ministerio Público, y advirtió que las investigaciones podrían alcanzar a cualquier funcionario, incluida la exfiscal general, María Consuelo Porras.”
Llamó la atención en la entrevista que, si bien García Luna habló de la liquidación de la FECI, también se usó el termino “reestructuración”. Según lo indicado en el medio de prensa:
“El nuevo jefe del MP también adelantó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) será sometida a una reestructuración, y aseguró que quienes dirigen las fiscalías deberán rendir cuentas. Además, dijo que revisarán expedientes relacionados con corrupción, crimen organizado y lavado de dinero, debido a que considera que en varios casos no se obtuvieron resultados importantes”.
Acto siguiente, el 20 de mayo de 2026, en un comunicado de prensa, el MP anunció la remoción del cargo del fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, lo que fue igualmente aplaudido por diversos sectores. Previamente había trascendido su destitución cuando se tuvo conocimiento del Acuerdo 771-2026, que distintos medios publicaron, y que abordaba ampliamente su salida del MP y sus derechos. Ese mismo día, el abogado Edgar Ortiz explicó el fundamento y la legalidad de la destitución.
Previo a la destitución de Curruchiche trascendieron los primeros nombramientos que García Luna hizo para organizar su equipo de trabajo en el MP. Edwin Santiago Chavajay Chavajay fue designado secretario general del MP; Shirley García Ovalle, secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación; y Rony López Galindo, secretario de Asuntos Informáticos. Los tres abogados cuentan con experiencia en el Organismo Judicial (OJ), administración pública y gestión institucional, según sus perfiles profesionales.
El MP también dio a conocer que pone límite a filtraciones y posturas políticas en redes. La disposición quedó contenida en la circular SG/G 2026-000005, firmada por Marco Aurelio Ramírez Arévalo, secretario general en funciones del MP. Ramírez Arévalo era el segundo secretario de la Segunda Secretaría del MP durante el último año de la ahora ex Fiscal General, Consuelo Porras, y trascendió que es cuñado de Stuardo Ralón, quien es presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y abogado con fuertes nexos a la Cámara del Agro (CAMAGRO) y un fuerte aliado que tuvo Porras en el MP.
Reacciones ante las primeras acciones de García Luna en el MP
En ese marco y ante esas primeras acciones del nuevo Fiscal General, Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General, opinó en una entrevista que:
“La libertad de expresión tiene un límite y es el avance de las investigaciones. Siempre me sorprendió cómo la fiscalía anterior develaba órdenes de captura, como si más bien quisiera amenazar (…) El principal desafío del Fiscal General es recuperar la confianza de la población. Esta prohibición es un avance y creo que disolver la FECI actual era un paso inevitable, pero no es el único”.
Otro comentario fue el de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango:
“Se necesita de un cambio estructural, pero vamos paso a paso. Cuando se reconozca que hay casos de criminalización, avanzaremos de a poco. Faltan los análisis concretos en cada caso particular para ir desintegrando toda esta red de criminalización y todas estas acciones que se han hecho de forma arbitraria e ilegal en contra de todos nosotros (…) El principal reto es determinar cómo dejaron el Ministerio Público (…) Los abusos de poder en todos los casos, principalmente en los casos de criminalización, corrupción e impunidad es bastante evidente. Todo tiene su proceso y deben estar bien fundamentadas las investigaciones; creo que evidencia hay. Otro reto es asignar en las fiscalías personas que esté comprometidas y sea capaces para hacer estas investigaciones”.
Eva Siomara Sosa Pérez, quien integró la FECI, agregó:
“La FECI actual no ha presentado ningún caso que podamos establecer que ha desarticulado ninguna estructura criminal (…) En el caso de las vacunas, por ejemplo, se limitaron a decir que son dos o tres personas vinculadas y que, posiblemente, el expresidente (Alejandro Giammattei) no está involucrado. Lejos de establecer redes de corrupción, ahora protegen a esas personas (vinculadas)”.
“Hubo un retroceso para el MP. Ella (Consuelo Porras) abrió las 340 fiscalías en los municipios, pero para eso desarmó las fiscalías (…) Las fiscalías en los municipios no tienen personal técnico para procesar escenas del crimen. Únicamente reciben denuncias para desestimarlas o archivarlas (…) Eso tiene un impacto negativo, tanto en el municipio, porque no se atiende a las personas en el lugar, y, además, les resta capacidades a las fiscalías municipales”.
Grandes desafíos
El Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, destacó en una entrevista concedida a CNN en el programa Conclusiones que conduce Fernando del Rincón, en el contexto de la salida de Porras Argueta del MP, que:
“Lo que ahora desaparece es el mayor obstáculo que existía en el país para la recuperación de las instituciones de justicia y la recuperación de la autonomía de independencia de la Fiscalía General de la República”.
Las expectativas que se abren con la llegada de García Luna al MP, en realidad contrastan con los retos que tiene por delante. Si bien muchos coinciden con lo expresado por el mandatario en relación con el obstáculo que ella representaba desde ese cargo, en realidad ella fue una operadora de estructuras mucho más poderosas que siguen vigentes y prestas a activarse en el momento que el MP revise los casos en los que fueron beneficiadas por la administración de la saliente Fiscal General.
En primero lugar, García Luna tiene por delante la gran tarea de reestructurar y recuperar el MP, pues al interior de la institución se construyó una red de operadores al servicio de una macroestructura mafiosa que revirtió todo lo que se había logrado con las investigaciones y casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó y judicializó. Desmontar esa red no será tarea fácil, y será el primer gran obstáculo a enfrentar.
Los grupos de ultraderecha que respaldaban y sostenían a Porras Argueta en el cargo, también perviven y han comenzado, agazapados, sus ataques contra García Luna, y lanzan una nueva campaña que busca implantar la narrativa de que él responde a intereses del gobierno. En la entrevista en CNN, al ser consultado Arévalo de León acerca de si se deben investigar a las autoridades que estuvieron en el MP y que utilizaron la justicia para perseguir a personas inocentes, respondió:
“Lo primero que hemos establecido es la independencia que debe tener la Fiscalía con el gobierno y de cualquier actor político, como punto de partida para su funcionamiento”.
El poder que tienen aquellos actores que fueron señalados de corrupción y que el MP de Porras benefició, sigue vigente y activo. Y cualquier avance que se proponga el MP ahora, debe pasar por la revisión de esos casos. Y, sin duda, habrá respuestas de la macroestructura mafiosa a la que pertenecen, que incluye empresarios, militares, políticos y hasta grupos con nexos al crimen organizado y los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) enquistados en las instituciones del Estado. Esa que llevó al exilio a muchos y muchas fiscales, jueces y juezas, periodistas y abogados y abogadas, por hacer su trabajo de investigación y como operadores de justicia.
Parece sintomático que, con ocasión de la toma de posesión de García Luna en el MP, no hubo ninguna muestra o comunicado de las cámaras empresariales tradicionales del país integradas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). A diferencia de la cercanía y respaldo pleno del bloque empresarial más poderoso hacia Porras Argueta, en esta ocasión hizo mutis. Fue ese bloque empresarial que en 2018 pidió disculpas a Guatemala por financiar ilícitamente al entonces partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación que llevó a Jimmy Morales Cabrera a la Presidencia de la República, caso expuesto por la CICIG, y que luego esa macroestructura mafiosa se encargó de revertir todo.
Entonces, cualquier avance que se pretenda en el MP tendrá que enfrentar los grandes obstáculos que esa macroestructura mafiosa articulada en el “Pacto de Impunidad” le impondrá desde todo punto de vista. Construir un equipo sólido y confiable se hace obligado para abordar grandes tareas como la de comenzar una potencial investigación a Porras Argueta y sus principales allegados y aliados. Y ya se interponen denuncias ante el MP en esa ruta.
El siguiente paso sería que el MP solicite capturas ante un juzgado y ejecutadas por el Ministerio de Gobernación (MINGOB) vía Policía Nacional Civil (PNC). Un largo proceso por venir y una intensa guerra jurídica contra García Luna a la vista. Perder el control del MP es algo que no quiere permitirse la macroestructura y sus operadores.
