Aparato de seguridad de la USAC: una versión de los CIACS
Nota de coyuntura No. 233 / por Luis Solano
Cuando en 2025 se nombró a José Alfredo Olazabal Mendizábal como nuevo Jefe del Departamento de Seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se dio un nuevo punto de inflexión en el control de la universidad estatal que se profundiza hasta la actualidad, la entronización de una suerte de CIACS, una nueva versión de los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, los aparatos y estructuras conformadas durante la contrainsurgencia. Con él llegarían otros personajes a copar ese departamento, con el respaldo pleno de la actual rectoría ilegal y fraudulenta encabezada por Walter Mazariegos Biolis, y, a la vez, personificando una clara expresión de la estructura del “Pacto de Impunidad” que hoy controla a la USAC.
Imagen: de izquierda a derecha, el abogado José Alfredo Olazábal Mendizábal, y el coronel retirado Jorge Ignacio López Jiménez, las dos figuras que controlan el Departamento de Seguridad Universitaria de la USAC. Fuente de las imágenes: hoja de vida de Olazábal Mendizabal y Soy 502.
Un pasado que se transforma
Durante décadas, la seguridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) estaba infiltrada por agentes de inteligencia militar, o respondía a la política represiva del Estado contra estudiantes, profesorado o trabajadores de la universidad.
Desde los años de la guerra civil en la década de 1980 hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se fueron sentando las bases para que la USAC dejara de ser un centro netamente académico al servicio de la ciencia y la formación de estudiantes con compromiso social y político, y se convirtiera en una suerte de instrumento al servicio de estructuras de poder y crimen organizado con profundos nexos al entramado contrainsurgente y los CIACS que comenzaron a operar desde la década de 1980, y sus nuevas versiones a partir del gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (enero 1996 – enero 2000) y el desaparecido Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Ese proceso derivó en el surgimiento del llamado “Pacto de Corruptos” y posteriormente en el “Pacto de Impunidad”, durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el también ya desaparecido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, que pasó a dominar plenamente a la USAC entronizando a Mazariegos Biolis en la Rectoría. Un proceso que estaba ocurriendo paralelamente en instituciones clave del Estado, el cual profundizaba la re-cooptación del sistema de administración y aplicación de justicia -como en los años de la guerra-, y que se irá consolidándolo en la administración de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos.
Hoy día, el Departamento de Seguridad de la USAC es fiel reflejo de esos gobiernos y del “Pacto de Impunidad”, tema que ha abordado ampliamente El Observador. Con total respaldo de las instituciones cooptadas y los partidos y grupos de poder que conforman ese pacto, la USAC y su aparato de seguridad se comporta como una estructura paramilitar con total impunidad. Ese departamento fue creado en 2018, tras una reestructuración del Departamento de Vigilancia, y su primer director fue el abogado Ramón de Jesús Sáenz Morales.
El nombramiento de José Alfredo Olazábal Mendizábal, en marzo de 2025, a cargo del Departamento de Seguridad Universitaria, dependencia de la Dirección General de Administración, no fue casual. Bajo ese cargo se planificó la segunda toma de posesión de Mazariegos Biolis un año después, en lo que se cataloga como “segundo fraude”, que se concretó el pasado 8 de abril de 2026 en Antigua Guatemala. Su contrato original fue en el renglón 022, el cual venció en diciembre de 2025. En enero de 2026 fue recontratado bajo el renglón 011, lo que le da mayor estabilidad laboral y prestaciones de ley, según la nómina de empleados de la USAC a junio de 2026.
Olazábal Mendizábal es mejor recordado cuando en 2018 fue nombrado Viceministro Antinarcóticos en el Ministerio de Gobernación (MINGOB), cuando el ministro era Enrique Degenhart, una pieza clave del “Pacto de Corruptos” durante el gobierno de Morales Cabrera. Poco meses después de su nombramiento, el 31 de agosto de 2018, ordenó el despliegue de los vehículos militares J-8 donados por el gobierno de Estados Unidos, frente a la sede la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como un mensaje de lo que vendría horas después: el anuncio por parte de Morales Cabrera, de la no renovación del mandato de la CICIG y su expulsión del país, eventos en los que Olazábal Mendizaal estuvo directamente involucrado.
Tras dejar el cargo en enero de 2020, a Olazábal Mendizábal se le contrató meses después como asesor jurídico en el Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima del Delito —Instituto de la Víctima—, en agosto 2020. Era dirigido en ese entonces por la ex diputada del Partido Patriota (PP) Alejandra Carrillo, quien fue nombrada al cargo en diciembre de 2019 durante el gobierno de Morales Cabrera y era considerada una pieza importante en el entramado del “Pacto de Corruptos”.
En 2021, trascendió que Olazábal Mendizábal se había convertido en abogado defensor y personal de Carrillo, pagado con fondos públicos. En julio de 2022, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Alejandra Carrillo en la Lista Engel de actores “corruptos” y “antidemocráticos”. Según el Departamento de Estado, Carrillo facilitó el esquema del caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020”, un mecanismo que manipuló la elección de Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones (CA), en beneficio de intereses políticos y económicos.
Pese a las acusaciones y señalamientos, tanto Olazábal Mendizábal como Carrillo se beneficiaron porque el Ministerio Público (MP), bajo la batuta de Consuelo Porras Argueta, desestimó su caso. En 2021, trascendió que Carrillo había contraído matrimonio con el diputado Felipe Alejos Lorenzana, líder del partido Todos y también sancionado en la Lista Engel, una figura política de alto perfil en el “Pacto de Corruptos”.
En 2022, Olazábal Mendizábal se retiró del Instituto de la Víctima para pasar al cargo de Director Ejecutivo IV en la Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI), cargo en el que perduró hasta finales de 2024 cuando el teniente coronel José Luis Navas Herrera era el director, un castrense con formación en inteligencia militar.
Pese a tener una larga trayectoria como fiscal en el MP, Olazábal Mendizábal destacó más por esos nexos en el mundo militar y formación en inteligencia civil. Según su hoja de vida, su carrera arrancó en la Unidad de Justicia Militar en 2000, y que en 2003 cambió su nombre a Departamento de Justicia Militar donde, aun siendo estudiante de leyes, se desempeñó como Asesor Jurídico I o Investigador I hasta diciembre de 2005. Su jefe fue el coronel Rodolfo Armando Contreras Paniagua, de la Promoción 91 de 1976 de la Escuela Politécnica, quien fue compañero de aulas de Olazábal Mendizábal en la Universidad Mariano Gálvez (UMG), donde ambos se graduaron en la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales en 2004, y quien se supone fue quien lo llevó a la Unidad de Justicia Militar.
Esa promoción es conocida porque algunos de sus miembros fueron parte de altos puestos en la estructura militar durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (enero 2000 – enero 2004) y el desaparecido partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que gobernó en ese periodo de tiempo e involucrada en el sonado caso de desfalco al Instituto de Previsión Militar (IPM) y conocida por operar como un CIACS (elPeriódico, Jose Rubén Zamora. 12 de noviembre de 2002. EL CRIMEN ORGANIZADO, EL EJÉRCITO Y EL FUTURO DE LOS GUATEMALTECOS).
Igualmente, de esa promoción son algunos de los fundadores de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), mejor conocida como “fundaterror”, tales son los casos de los militares y abogados Moisés Galindo y Luis Catarino Estrada.
Los nexos políticos de Olazábal Mendizábal también resaltaron cuando entre enero de 2013 y diciembre de 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012 – septiembre 2015) y el desaparecido Partido Patriota (PP), fue asesor jurídico de la Dirección General de Investigación Criminal (DIGICRI) de la Policía Nacional Civil (PNC), y su hermano, José Enrique Olazábal Mendizábal, era Subdirector IV de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).
Inició su contrato cuando el director de la DIGICRI era el abogado Carlos Manuel Valladares Vásquez, hijo de Carlos Valladares de León, quien fuera diputado durante varios años del arzuísta PAN en el periodo 1994-1996, y del riosmontista FRG durante el gobierno de Portillo Cabrera. En 2014, Valladares Vásquez fue sustituido en el cargo por Kamilo Rivera, quien duró hasta diciembre de 2015, al igual que Olázabal Mendizabal. Rivera es recordado por haber sido parte del Comando Antisecuestros del MINGOB durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (enero 2004 – enero 2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), y de la estructura conocida como “Los Riveritas”, señalada de serias ejecuciones extrajudiciales cuando el ministro de la cartera era el empresario Carlos Vielmann Montes. En 2016, Rivera fue nombrado Viceministro de Seguridad, y Olazábal Mendizábal fue nombrado Viceministro Antinarcóticos.
En la foto se puede observar a José Alfredo Olazábal Mendizábal, entonces Viceministro de Antinarcóticos del MINGOB (flecha roja), y a Kamilo Rivera, Viceministro de Seguridad (flecha amarilla), durante la conferencia de prensa del 31 de agosto de 2018 en la que el entonces Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, anunciaba que no renovaría el mandato de la CICIG. Fuente: https://www.facebook.com/guatemalagob/videos/informenacional/2136485746425488/
Llega López Jiménez
En enero de 2026, trascendió la contratación del coronel retirado Jorge Ignacio López Jiménez en el Departamento de Seguridad Universitaria, bajo el renglón 022. Junto a Olazábal Mendizábal, tienen los sueldos más altos en ese departamento, superando los Q 20 mil mensuales. En ese mes se le vio como parte de la seguridad personal del rector Mazariegos Biolis.
López Jiménez es recordado por ser uno de los militares dados de baja en 2004, cuando ocurrió la reducción del ejército durante el gobierno de Berger Perdomo y la GANA. Se le recuerda por ser uno de los militares desplazados de la PNC en 2007, luego que cayera la estructura policial de Erwin Sperisen, el entonces director de la PNC. López Jiménez estaba a cargo de la Oficina de Responsabilidad de la Policía (ORP). Pertenece a la Promoción 103 de 1982 de la Escuela Politécnica.
En enero de 2016, a inicios del gobierno de Morales Cabrera y el FCN-Nación, se le nombró a cargo de la SAAS, nombramiento en el que operó su compañero de promoción militar, Herber Armando Melgar Padilla, quien fuera considerado el principal asesor de seguridad de Morales Cabrera, y luego nombrado diputado del oficial, curul lograda de manera polémica. Tanto López Jiménez como Melgar Padilla fueron medulares en la estructura militar que estuvo cogobernando tras bambalinas durante ese gobierno, en el que prevalecieron los militares que le dieron vida al FCN-Nación: la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), uno de los actores clave del “Pacto de Impunidad”.
López Jiménez duró en el cargo de la SAAS tan sólo nueves meses. En septiembre de 2016, fue separado del tras develarse, pocas semanas antes, que en la SAAS había una estructura clandestina de espionaje a civiles. Durante ese periodo en el cargo, el entonces funcionario de seguridad también resaltó cuando se evidenció que una empresa de seguridad privada en la que había estado vinculado, suministraba armas a pandilleros. Días antes, el 13 de agosto y en ese contexto, Melgar Padilla era juramentado como diputado del partido gobernante, con lo cual lograba la inmunidad necesaria.
En 2022, fue contratado como jefe de seguridad de la Guardia Parlamentaria en el Congreso de la República, denotando sus nexos con los partidos del “Pacto de Corruptos” que dominaban el Legislativo para entonces.
Otros nombramientos en el Departamento de Seguridad Universitaria
Entre los nombramientos relevantes recientes, se encuentra el del abogado Edgar Antonio Alvarado y Alvarado, quien comenzó a aparecer en la nómina del renglón 011 desde abril de 2026. Fue Jefe del Departamento de Estudios de Seguridad de la SAAS durante el gobierno de Morales Cabrera.
En el mismo mes y renglón, aparece Pablo Alberto Hernández Vásquez, quien durante varios años fue representante legal de la empresa de seguridad privada Oficina Central de Protección, Sociedad Anónima, propiedad de los militares y hermanos Gilberto Alfredo y Amílcar Noé Ruano Tejada; el primero, con larga trayectoria en inteligencia militar y vínculos en seguridad con el monopolio cementero, al igual que con Toribio Acevedo, abogado señalado de múltiples violaciones a los derechos humanos.
En julio de 2025, bajo el renglón 022, fue contratada Yeimy Mayari Ramírez Yaque, ex agente de seguridad de la SAAS durante el gobierno de Morales Cabrera. A partir de enero de 2026, aparece contratada bajo el renglón 011.
Unos de los agentes de seguridad contratado desde enero de 2023, es Melvin Rolando Pernillo Jiménez, ex agente de la Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) de la PNC, vinculado a un caso de ejecuciones extrajudiciales en Huehuetenango por narcotráfico, en 2007.
En marzo de 2025, trascendió la sustitución de Ronnie Hiram López en el cargo de jefe de Seguridad Física, señalado de criminalizar y agredir a estudiantes en la USAC, y su sustituto fue Miguel Horacio Ortiz Maldonado, también marcado por agredir a estudiantes e, incluso, a la diputada del Movimiento Semilla, Brenda Mejía. Esa agresión fue ampliamente documentada, debido a la cantidad de personas, agentes y provocadores que participaron, y que dio lugar a evidenciar la existencia de un cuerpo de seguridad paralelo que se había activado en otras oportunidades.
