Gobierno de Trump busca cobrar millonarias multas a migrantes

Nota de coyuntura No. 244 / por Luis Solano

El endurecimiento de la política migratoria del gobierno republicano de Donald Trump prosigue. Esta vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se prepara para presionar a migrantes deportados o que salieron voluntariamente de Estados Unidos, a pagar multas por haber permanecido “ilegalmente” en ese país. Para ello ha contratado cuatro empresas estadounidenses para ubicar migrantes en sus países y presionarlos a pagar. El tiempo dirá si lograrán su cometido.

Fotos: operaciones fronterizas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para detectar inmigrantes y niños migrantes. Fuente: CBP.

La misión de las empresas contratadas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), una institución del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), adjudicó contratos a cuatro empresas estadounidenses para cobrar multas migratorias a personas deportadas por Estados Unidos. La adjudicación ocurrió el 17 de agosto de 2026, y fue un proceso de licitación inusualmente breve, según indicó el medio de investigación periodística Project Salt Box.

Cada contrato tiene un límite de US$ 9 millones y fue emitido por la misma oficina de contratación. Las empresas seleccionadas son Global Recovery Group, LLC, Caduceus Inc, Response AI Solutions, LLC y The Baptiste Group, LLC, todas, con varios años de operar contratos para el gobierno estadounidense, y con experiencia en la localización de inmigrantes para la campaña de la administración de Donald Trump, que busca aumentar las deportaciones; lo que supone que este fue el factor que condujo a la rápida adjudicación.

De acuerdo con los requisitos contractuales de CBP, los contratistas tienen que visitar domicilios de migrantes deportados en México, Honduras y Guatemala, y tienen que confirmar que allí reside la persona deportada, y logren que ésta se tome una fotografía del rostro como prueba de la entrega de la notificación de multa, según documentó Project Salt Box. CBP informó a los contratistas que no había determinado un método para que las personas sin cuenta bancaria en Estados Unidos paguen sus deudas, señalando que la empresa adjudicataria debería proponer una solución.

Los tres países forman parte de un “plan piloto” que puede extenderse a más países, que establece que los deudores identificados deberán ser dirigidos a la página pay.gov para realizar el pago, un cobro que es considerado “un mensaje de intimidación” a los inmigrantes. Las multas suman US$ 84 mil millones, según documentó el medio Univisión, que es el monto planificado que el gobierno estadounidense busca cobrar en todos los países en igual situación.

Las cuatro compañías han gestionado anteriormente contratos federales relacionados con temas migratorios, de acuerdo con información oficial del gasto del gobierno estadounidense.

Global Recovery Group y Response AI Solutions han realizado tareas de localización de personas para el gobierno, identificando el paradero de individuos de interés para las operaciones de expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ambas empresas han obtenido contratos desde 2008 con administraciones demócratas y republicanas. Global Recovery Group (GRG) lleva a cabo esta labor actualmente bajo dos órdenes emitidas este año por un valor aproximado de US$ 8.5 millones, de los cuales ya se han abonado más de US$ 7 millones. El contrato de localización de Response AI Solutions, ya finalizado, ascendió a US$ 127,920.

Caduceus, The Baptiste Group y Response AI Solutions han llevado a cabo lo que el gobierno denomina “verificaciones de seguridad y bienestar” de menores migrantes no acompañados, tanto aquellos que lo son actualmente como quienes lo fueron en el pasado, es decir, quienes cruzaron la frontera solos y posteriormente fueron entregados a patrocinadores en Estados Unidos. Las dos primeras empresas han obtenido exclusivamente contratos con las dos administraciones de Trump, con las que han estado más cercanas por afinidad ideológica.

Response AI Solutions cuenta con su propia orden de servicio para realizar controles de bienestar de menores con un tope de US$ 243.4 millones y un monto comprometido de US$ 3.67 millones hasta la fecha, según los registros de contratación federal revisados, de acuerdo con Project Salt Box. También ha mantenido un contrato independiente con el ICE en el área de Minneapolis-St. Paul valorado en hasta US$ 10 millones. Dicho contrato fue adjudicado semanas después que agentes federales, durante la Operación Metro Surge, abatieran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Macklin Good y Alex Pretti, en enero de 2026.

GRG quizá sea la empresa con más experiencia en materia de cobros fuera de Estados Unidos. Fue fundada en 2003, ha prestado servicios a gobiernos de Estados Unidos y de otros 92 países de todo el mundo. Es una empresa de capital privado y su equipo directivo incluye a los socios gestores REF Financial Group, LLC y Value Recovery Group, Inc.

Las cuatro empresas han obtenido varios contratos con agencias gubernamentales y, porcentualmente hablando, se nota la concentración que hay en algunas de ellas.

GLOBAL RECOVERY GROUP, LLC
Agencia

Fuente: https://g2x.com/app/companies/ZE2JVFS8ML75

RESPONSE AI SOLUTIONS, LLC
Agencia

Fuente: https://g2x.com/app/companies/PDG7UND3CWN8

CADUCEUS INC.
Agencia

Fuente: https://g2x.com/app/companies/ZX23KR32ZH32

La trayectoria de The Baptiste Group

En relación con los niños migrantes, esta empresa comenzó con la primera administración Trump, pero se acentuó durante la segunda administración, a partir de 2025. Los registros de contratación federal, indican que la misma empresa recibió una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para prestar servicios de albergue residencial a niños migrantes no acompañados durante los mismos años fiscales en que operaba un centro en Chattanooga, Tennessee. La licencia estatal de dicho centro fue suspendida en 2021 tras surgir denuncias de abuso.

THE BAPTISTE GROUP, LLC
Agencia

Fuente: https://g2x.com/app/companies/GEGMCJMMZ634

Una inspección sorpresa realizada en junio de ese año reveló una denuncia de abuso infantil y la fuga de un adolescente; las autoridades estatales determinaron que la seguridad de los menores exigía medidas de emergencia. Posteriormente, dos miembros del personal fueron acusados ​​de agresión sexual. Fue la única licencia de este tipo que Tennessee suspendió en un periodo de cinco años. La empresa alegó ante los tribunales que había sido señalada injustamente por ser propiedad de miembros de minorías, y por atender a niños procedentes de Centroamérica. Más tarde, desistió de su apelación y de la solicitud de renovación de la licencia, llegando a un acuerdo con el Estado que le permitía volver a tramitarla en el futuro.

La empresa sigue siendo contratista del ICE. Cuenta con una orden para realizar controles de bienestar a niños migrantes con un tope de US$ 291.7 millones y vigencia hasta junio de 2027; hasta ahora se han comprometido unos US$ 2.07 millones, cifra correspondiente al costo de un mínimo obligatorio de 1,000 casos.

El ICE también ha estado considerando a The Baptiste Group para desempeñar un papel más amplio en la gestión de centros de detención. Documentos revelados en enero a raíz de una demanda federal presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), mostraron que la agencia evaluaba a la empresa como operadora de tres posibles nuevos centros de detención: una antigua instalación para niños migrantes en Greensboro, Carolina del Norte, que había cerrado en 2024; una segunda instalación no identificada en Greensboro; y un centro cerca de Harrisburg, Pensilvania.

No está claro si esta iniciativa, valorada en US$ 36 millones, permitirá recuperar una cantidad significativa de dinero —o siquiera algo— para las arcas estadounidenses. CBP ha declarado que no encontró ninguna forma de pago para las personas que carecen de cuenta bancaria en Estados Unidos, un problema cuya solución dejó en manos de los contratistas adjudicatarios. CBP también indicó que no cubrirá los gastos de viaje de los contratistas y que solo pagará por las personas efectivamente localizadas. Habrá que ver si el gobierno resulta pagando casi la totalidad de los US$ 36 millones en honorarios, sin recaudar una suma equivalente en multas, a pesar que se indique que solo pagará por las personas localizadas.

CBP no ha explicado cómo evaluó las ofertas ni si los contratos relacionados con las multas guardan alguna relación con los contratos de atención a menores, más allá que se trata de los mismos contratistas.

Las cuatro contratistas necesariamente, para poder operar en los “países piloto”, se verán obligadas a contratar personal y entidades en los países correspondientes, que tendrán que ser las encargadas de realizar una tarea más que complicada, y que no garantiza que los contratos se cumplirán totalmente.

Comparación de beneficiarios e historial

Las cuatro empresas tienen una presencia consolidada en operaciones federales relacionadas con la inmigración, aunque sus trayectorias varían.

A continuación, un resumen:

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