La ACDEPRO defiende la propiedad privada exigiendo desalojos
Nota de Coyuntura No. 16 / por Equipo El Observador
A pocos meses de iniciado el gobierno de Bernardo Arévalo de León y el Movimiento Semilla, ocurrieron dos desalojos de comunidades que provocaron el pronunciamiento de organizaciones campesinas e indígenas integradas en el Consejo Campesino, denunciando y condenando los desalojos y amenazas contra comunidades rurales que luchan por su derecho a la tierra y una vida digna.
Conferencia de prensa convocada por el CUC, CCDA, UVOC y CCH-Nuevo Día, el 11 de junio de 2024.
Foto: El Observador.
Denuncias de desalojos y violencia contra comunidades
Cuatro organizaciones indígenas y campesinas denunciaron en conferencia de prensa celebrada el 11 de junio, una serie de desalojos en territorios indígenas y campesinos. Agrupadas en el Consejo Campesino, integrado por la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y Nuevo Día (ND), se dieron a conocer los desalojos de dos comunidades en un lapso de 15 días: el 22 de mayo, en Buena Vista Tzinté, El Estor, Izabal; y, el 5 de junio, en San José El Tesoro, Cobán, Alta Verapaz.
Ambas son comunidades q’eqchi’, acompañadas por el CUC que se enfrentan a conocidos terratenientes. Se trata de Luis Arriaza Migoya, en El Estor, y Édgar René Ponce Molina, en Cobán, dos finqueros denunciados desde hace varios años por estar involucrados en desalojos violentos. Sobre Arriaza Migoya se trata de un terrateniente con inversiones en la producción y exportación de banano en Izabal y la costa sur. Es socio en la offshore inscrita en Panamá llamada San Patricio Holdings y miembro fundador de la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada y contra el Prevaricato (ACDEPRO), una organización de terratenientes que ha respaldado abiertamente los desalojos, y ha exigido al actual gobierno que los ejecute, en defensa de la propiedad privada.
En la conferencia de prensa, la agrupación repudió la continua política de criminalización en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la democracia en Guatemala, y señalaron a la Fiscal General, Consuelo Porras, a los jueces corruptos y diputados, de agudizar la conflictividad agraria y la represión. Además, exigieron a las instituciones del Estado que se involucren en los procesos de diálogo establecidos en el Acuerdo Agrario suscrito en febrero pasado entre el gobierno y las organizaciones campesinas.
La posición del movimiento indígena y campesino
Respecto a los casos presentados por el MP y los fallos dictados por los juzgados para el diligenciamiento de desalojos, una de las abogadas del CUC manifestó en entrevista con El Observador, que los desalojos están siendo ilegales, toda vez que no haya notificación previa y, por tanto, no se otorgue el derecho de defensa. A su vez, el uso excesivo de la fuerza, la quema de viviendas y la destrucción de los bienes de las familias, son violaciones a los derechos humanos que se deben denunciar, por lo que también ya se encuentran en trámite medidas cautelares para las familias desalojadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la conferencia de prensa, el dirigente del CCDA, Leocadio Juracán, dijo que últimamente los jueces, para evitar utilizar los procedimientos y normas establecidas a la hora de efectuar una orden de desalojo, están dictando…
…órdenes de lanzamiento que equivalen a una orden de desalojo, sólo que se omite toda la coordinación que garantiza que no se violen los derechos humanos. Entonces, prácticamente a todas luces los jueces y el MP están utilizando métodos jurídicos para reprimir.
De hecho, parte de esta estrategia fue acabar con la poca institucionalidad que había respecto de la problemática de la tierra con el cierre de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) en 2020, así como de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) en 2022, cuyas responsabilidades quedaron diluidas en la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH). Ante este desbaratamiento institucional, los expedientes de los casos con sus respectivas pruebas quedaron en el limbo e, incluso, se “extraviaron” dificultando aún más la resolución de los conflictos.
En ese sentido, el movimiento indígena y campesino ha sido clave para garantizar la existencia de tales expedientes y poder rearmar el archivo con los casos que debe atender el gobierno. Como parte de este esfuerzo, en febrero de 2024 fue que se firmó el Acuerdo Agrario con la Subsecretaría de Diálogo de la Secretaría Privada de la Presidencia.
En la conferencia de prensa se indicó que existe voluntad por parte del mandatario Arévalo, para respetar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y las normas constitucionales que garantizan los derechos de las comunidades. Pero, todo parece indicar que la estrategia de presión hacia el gobierno mediante las órdenes de capturas y desalojos solicitados por el MP y autorizados por los juzgados continuará durante todo su mandato. Falta ver qué posición fijará el mandatario frente al problema estructural de la tenencia desigual de la tierra y la correlación de fuerzas que mantendrá el movimiento indígena y campesino en esta coyuntura.
El contubernio del MP y los jueces a nivel regional
La Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, vuelve a ser el actor central del llamado “Pacto de Corruptos” que, ante la imposibilidad de evitar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y de fracasar, hasta ahora, en declarar nulos los resultados electorales de 2023, han hecho todo lo posible para obstruir la gestión del Movimiento Semilla y aislarlo de los actores políticos y sociales que lo respaldan, entre los que está el movimiento campesino, con el objetivo de que su único interlocutor sea el sector empresarial organizado.
En marzo de 2021, ACDEPRO creó el Observatorio de la Propiedad Privada por medio de un convenio firmado entre el CACIF, el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el MP, el Registro General de la Propiedad (RPG), y el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, con el objetivo de sistematizar la información sobre denuncias de usurpación y seleccionar aquellas de interés estratégico para darles acompañamiento y hacer gestiones ante autoridades públicas. En consonancia con esta estrategia de focalización de los terratenientes, el 1 de octubre de 2021 Consuelo Porras creó la Fiscalía Especializada contra la Usurpación.
Los jueces también son señalados de parcializar sus fallos en favor de los intereses de las grandes empresas. Por ejemplo, en 2019 el CCDA le interpuso una tacha al Juez Ricardo Isaías Caal Caal, quien se postulaba a Magistrado de la Corte de Apelaciones, debido a que, siendo Juez del Juzgado Segundo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz, había autorizado más de 100 órdenes de captura por los delitos de usurpación y usurpación agravada.
Extracto de la orden de desalojo emitida por el juez Ricardo Caal.
Además de girar órdenes de captura, el juez Caal Caal también ha autorizado desalojos como el de la comunidad Chicoyou, Cobán, en septiembre de 2022, así como el reciente desalojo de la comunidad San José el Tesoro, en la denominada Finca Chicoy.
El gobierno de Bernardo Arévalo heredó una serie de problemas estructurales que debieron ser resueltos a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, entre ellos, el régimen de propiedad y tenencia de la tierra, una de las causas del Conflicto Armado Interno.[1]
Durante la primera década del siglo XXI, el modelo de acceso a tierra vía mercado fue la opción neoliberal que adoptó el estado guatemalteco para atender este problema generando, por un lado, ingresos millonarios para los terratenientes que, debido a la crisis del café, estaban deseosos en vender parte de sus tierras; y, por el otro, ocasionando millonarias deudas a comunidades indígenas cuya economía campesina se desmoronaba aún más con las políticas arancelarias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), y la diversificación del modelo agroexportador con la inclusión de monocultivos de palma aceitera y el hule dentro de la ya existente matriz cañera, bananera y cafetalera.
Al finalizar la segunda década del siglo XXI, la Comisión Presidencial de Dialogo (CPD) registraba 2,574 conflictos de los que, la categoría de “conflictos agrarios”[2] concentraba el 67% de los casos. Es decir, a diciembre de 2019 había, por lo menos, 1,724 “conflictos agrarios”. Se hace hincapié en el entrecomillado puesto que dicha categoría nubla una realidad que es más compleja, en la que se enfrentan la lucha por la tierra contra la impunidad endémica de las elites terratenientes, pero, también, las formas ancestrales de organización y relación con las riquezas naturales frente al racismo, el fundamentalismo y el nacionalismo.
En los territorios ancestrales de los pueblos originarios, la lucha por la tierra es al mismo tiempo una lucha de clases y una lucha cultural, puesto que la tierra no sólo es medio de subsistencia y reproducción humana, sino también dadora de vida, regente emocional y vínculo afectivo. Sin estos factores no es posible comprender el ciclo ocupación-desalojo que caracteriza a las dinámicas agrarias, particularmente del territorio q’eqchi’, el que está lejos de desaparecer.
Por lo pronto, es necesario distinguir al menos dos vertientes de esta disputa:
a) conflictos relacionados con el despojo de la tierra mediante argucias legales como la denuncia de las tierras comunales y ejidales como “tierras baldías” para poder ser nacionalizadas y luego subastadas a los correligionarios civiles y militares de los gobiernos de turno para garantizar así la estabilidad de las dictaduras liberales (1871-1944). A su vez, el despojo de la tierra que no había sido regularizada por las comunidades que fueron desplazadas forzosamente durante el conflicto armado interno durante la década de 1970 y la primera mitad de la década de 1980.
b) conflictos derivados de las relaciones de producción semi serviles del colonato (que aún existe en departamentos como Alta Verapaz), en el que las comunidades trabajaron 20, 30, 40 años o hasta dos generaciones en las fincas y no se les pagaban salarios conforme a la ley, mucho menos prestaciones laborales, por lo que desde mediados de la década de 1980 se viene reclamando el pago de la deuda patronal y, al no efectuarse, se exige en equivalencia la legalización de la tierra que está, o estuvo, bajo régimen de colonato. De ello también deviene que, cuando los terratenientes venden estas tierras a otro terrateniente, el nuevo propietario no compra la deuda patronal pero sí la tierra que habitan los “caseríos de mozos”.
[1] Esto implicaba entre otros, la promulgación de un Código Agrario y la conformación de tribunales agrarios para darle certeza jurídica a la tierra que aún conservaban las comunidades campesinas, en su mayoría indígenas, así como para restituir los derechos a la tierra que se les han arrebatado con los procesos de despojo histórico.
[2] Las otras categorías que utilizaba la CPD para registrar los conflictos sociales eran: Derechos cívicos, políticos y culturales; Energía, Recursos Naturales y Políticas Públicas.
