Comunitarios denuncian agresiones y asesinatos en desalojos extrajudiciales

Nota de Coyuntura No. 18 / por Juan Calles

En conferencia de prensa, celebrada el 25 de junio, comunitarios de Santa María Xalapán, del departamento de Jalapa, denunciaron que durante la noche del 24 de junio dos comunidades de la localidad fueron desalojadas extrajudicialmente por sicarios.

_{Créditos: El Observador.}

Denuncian a sicarios

“Denunciamos a Eddie Castillo, apodado el Vato, originario del municipio de Monjas, acompañado de elementos policiales en dos o tres patrullas, desalojaron extrajudicialmente en los caseríos La Tuna y El Guaje”, advirtieron comunitarios de Santa María Xalapán, en la conferencia de prensa.

En estas comunidades los hombres fuertemente armados botaron las puertas de las casas, cercaron los terrenos y destruyeron los sembrados de los comunitarios hoy desalojados, los comunitarios han intentado regresar a sus casas, pero son recibidos a balazos por estos desconocidos que presumen estar protegidos por la Policía Nacional Civil (PNC).

Los comunitarios temen poner denuncias en contra de Castillo ya que cuando algunos se han atrevido a denunciarlo en los juzgados, son los denunciantes quienes aparecen después con órdenes de captura en su contra. “Allá, la justicia está comprada por estos grupos violentos”, mencionó uno de los comunitarios.

Además de esta denuncia, señalan al juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa, Braulio Hernández Ramírez, que en otras ocasiones ha ordenado desalojos sin cumplir con los protocolos legales y sin respetar los derechos humanos de los comunitarios.

Estas personas mantienen intimidada a la comunidad y han asesinado a varias personas que se oponen a su actuar violento, los comunitarios piden la intervención de las autoridades de Gobernación para enfrentar esta grave situación.

Comunitarios desalojados de Buena Vista, en situación precaria

En la misma conferencia, comunitarios de Buena Vista, El Estor, Izabal, desalojados de su comunidad en mayo de 2024, aseguran que aún no tienen a dónde llevar a sus familias que hace un mes duermen a la intemperie, ya que después del desalojo, los finqueros incendiaron sus casas con todas sus pertenencias por lo que han quedado desamparados.

A instancias del Comité de Unidad Campesina (CUC), una delegación del gobierno llegó a la comunidad para verificar la situación, sin embargo, luego de que las mujeres embarazadas y los niños y niñas recibieran atención médica, la situación de la comunidad sigue igual, ya que los delegados gubernamentales no pudieron ofrecerles albergue o una solución permanente a su situación.

“No hay solución a nuestras necesidades, exigimos que nos busquen en donde vivir tranquilamente, somos humanos, necesitamos vivir dignamente”, aseguraron frente a los medios de comunicación.

La comunidad desalojada se vio afectada en el 2015 por una tormenta que los obligó a abandonar sus tierras, buscó asentarse en Buena Vista, mientras tres gobiernos consecutivos fueron incapaces de solucionar su problemática de forma permanente, hasta esa fecha de mayo cuando, a solicitud de finqueros de la zona, fueron desalojados y sus viviendas incendiadas con todas sus pertenencias dentro, todo a la vista de las autoridades judiciales y PNC, que no impidieron la destrucción.

El dirigente Daniel Pascual, del CUC, dijo que esta ola de desalojos en contra de comunidades indígenas responde a una estrategia violenta de finqueros y terratenientes asociados al pacto de corruptos que desean enfrentar a las organizaciones indígenas con el actual gobierno.

“Nosotros no nos vamos a prestar a esa estrategia, llevamos 45 años en esta lucha y hemos visto desfilar gobiernos y conocemos sus estrategias, esta vez identificamos una estrategia en donde las fuerzas de la corrupción y la impunidad en contubernio con terratenientes, organizaciones empresariales agrícolas, están empujando esta estrategia”.

Pascual aseguró que no entrarán en confrontación con el gobierno pero que le exigirán que cumpla con su responsabilidad constitucional de proteger a todos y todas las guatemaltecas, en especial a las comunidades indígenas que se encuentran desprotegidas contra los abusos hoy denunciados.

“Si ellos no pueden cumplir con los protocolos legales en los desalojos, garantizar albergue temporal, seguridad alimentaria, educación, salud, seguridad integral de las familias, entonces no pueden ejecutar los desalojos según los tratados internacionales. El gobierno no puede decir que no puede atender esta problemática”, agregó Pascual.

La conferencia de prensa finalizó con la exigencia al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de desmantelar a los grupos armados que desalojan extrajudicialmente y agreden a las comunidades indígenas en diferentes territorios del país.