OEA, Panel Independiente y Autoridades Indígenas observarán las elecciones de cortes
Nota de coyuntura No. 20 / por Álvaro Montenegro
La Misión de Observación de Elecciones de Autoridades de Justicia en Guatemala de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció, el 24 de junio, que viajó al país para realizar una serie de reuniones con autoridades y otras personas relevantes, como parte del monitoreo del cambio de las altas Cortes. La primera reunión se llevó a cabo con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y sus asesores.
Durante el Consejo Permanente de la OEA, el 26 de marzo de 2024, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, solicitó la Misión para observación de Cortes. Foto: Álvaro Montenegro.
La misión que llega a Guatemala
El mandato de esta Misión será observar la elección de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA), cuyo proceso deberá concluir el 13 de octubre de 2024. El 26 de marzo de este año, Arévalo de León, frente al Consejo Permanente de la OEA, en Washington DC, solicitó al secretario general del organismo, Luis Almagro, que se creara esta misión.
El 11 de junio, Almagro por medio de la red social “x” dio a conocer los nombres de los integrantes de la Misión y dicha instancia en su primer comunicado, ya estando en Guatemala, invitó a la población a enviar información relevante al correo de la OEA en el país. Los integrantes son:
Rosa Celorio (puertorriqueña): actual vicedecana de la Familia Burnett y profesora distinguida de Estudios Legales Internacionales y Comparativos en la Escuela de Leyes de George Washington University, en Washington DC, Estados Unidos. Trabajó durante más de una década como Abogada Principal para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde ocupó varios puestos de liderazgo, incluyendo la supervisión del trabajo legal realizado por las relatorías especializadas en mujeres, personas LGBTI, pueblos indígenas, discriminación racial y niños.
Rodolfo Piza (costarricense): ocupó el cargo de presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social durante la administración del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, y luego fue magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También fue uno de los notables electos por el gobierno de Laura Chinchilla para emitir un informe sobre la reforma del Estado. Piza fue precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Luiz Marrey (brasileño): ejerció como vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la OEA. Presidió el Consejo Nacional de los Procuradores Generales de Justicia y fue miembro del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria. Presidió la Asociación de Fiscales de São Paulo, fiscal general y jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia. Marrey fue procurador general de justicia del Estado de São Paulo en tres mandatos.
Expectativas
La directora de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Katya Salazar, explica que es la primera vez que la OEA acompaña la observación de una selección de funcionarios judiciales en un país y espera que este tipo de misiones “hayan llegado para quedarse”, ya que desde hace 15 años se realizan esfuerzos desde las organizaciones internacionales de la sociedad civil para monitorear estos procesos en distintos países del hemisferio. Salazar considera que de los logros más importantes ha sido:
(…) visibilizar estos procesos, aumentar la sensibilidad de estas selecciones, poner reflectores y disuadir los intentos de injerir en ellos. En Honduras, por ejemplo, en 2023, han tomado en cuenta las recomendaciones de la misión que apoyó la sociedad civil.
Esta Misión podría considerarse una continuidad de lo que ocurrió en 2023, cuando la Misión de Observación Electoral de la OEA, dirigida por el secretario Almagro, visitó Guatemala en más de seis oportunidades. También se convocó a 10 sesiones de Consejo Permanente de la OEA para tratar el tema de uso indebido del derecho penal en el país que buscaba evitar la toma de posesión de Bernardo Arévalo; ante esto, Salazar considera que el Consejo Permanente de la OEA:
(…) debe respaldar la actuación de la Misión para que no se quede como algo únicamente del Secretario General sino que tenga el apoyo concreto de los Estados.
La directora de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) para Centroamérica, Ana María Méndez-Dardón, considera que el combate a la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el Estado de derecho, es parte del Pilar II de la estrategia de Estados Unidos hacia Centroamérica para abordar las causas de la migración. “Uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos es fortalecer la justicia y que no se elijan candidatos con récords criminales”, apunta Méndez-Dardón y, por eso, explica, Estados Unidos ha tenido un rol de liderazgo en la OEA para respaldar la Misión de Observación.
Además de la iniciativa de la OEA, la sociedad civil internacional, agrupada en las organizaciones Centro para la Justicia Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Impunity Watch, la Fundación Robert F. Kennedy, Be Just, ACTuando Juntas Jotay, Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Guatemala Human Rights Commission, Oficina para Mesoamérica de Protection International, American Jewish World Service, Fundación Luis Von Ahn, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, American Friends Service Committe y Civicus Global Alliance, han promovido un Panel Internacional de Personas Expertas Independientes para para observar el proceso de Altas Cortes en Guatemala (PEI-GT). Este Panel estará compuesto por la excanciller chilena Antonia Urrejola, la abogada mexicana Lorena Delgadillo, y el exjuez salvadoreño Sydney Blanco. Este Panel fue anunciado el 19 de junio por medio de redes sociales y estará visitando el país próximamente. Los perfiles de las personas integrantes del Panel son:
Antonia Urrejola (chilena): abogada chilena, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021. Fue Ministra de Relaciones Exteriores de Chile (2022-2023) y actualmente es experta de las Naciones Unidas para Colombia.
Ana Lorena Delgadillo (mexicana): abogada mexicana con más de 20 años de experiencia en la defensa de la independencia judicial y los derechos de las personas migrantes. Actualmente integra el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Edward Sidney Blanco Reyes (salvadoreño): académico, exjuez de El Salvador quien integró la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre 2009 y 2018.
Como parte del Panel, Ana Lorena Delgadillo explica que el rol de esta instancia será de
…observar y pronunciarse por la elección de cortes, mientras se lleva a cabo una veeduría que les permita generar información, conocer cómo se va a llevar el proceso, emitir recomendaciones y que se pueda incentivar una evaluación imparcial y objetiva basada en los méritos de las y los participantes.
Delgadillo cuenta que tendrán reuniones con servidores públicos de los tres organismos del Estado, periodistas, sociedad civil, embajadas, autoridades indígenas, entre otros, y puntualiza que este Panel…
…no responde a ningún interés particular, es totalmente independiente.
La otra instancia que anunció que creará una comisión para observar la elección del proceso de cortes son las Autoridades Indígenas y Ancestrales, quienes jugaron un rol crucial en 2023 organizando manifestaciones y paros por más de 100 días para lograr que Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar pudieran ser juramentado/a y asumir el gobierno; lo más notable fue la organización de un plantón permanente frente a la sede del Ministerio Público (MP), desde donde se exigía la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, por intentar traerse abajo el proceso electoral.
La alcaldesa indígena de la Región Ixil, Feliciana Herrera, encabezará esta comisión, que tiene como objeto observar el proceso de elección de cortes. Herrera explica que fue una decisión que se tomó el 22 de junio, el Día de la Dignidad Ixil.
La idea es crear una comisión para la vigilancia del proceso; tener incidencia en la comunidad internacional que la que se hizo en la resistencia para seguir exigiendo sanciones, y queremos articular para la presentación de tachas.
Herrera añade que más adelante tendrá más detalles sobre cómo operará la comisión.
Por su parte, Katya Salazar y Ana María Méndez-Dardón coinciden en que es de “extrema importancia” la participación de las Autoridades Indígenas, y recalcan la necesaria coordinación entre justicia oficial y justicia indígena.
Estas formas de monitoreo se unen al trabajo que durante décadas ha realizado el Movimiento Pro Justicia y, más recientemente, la Alianza por las Reformas; la organización Guatemala Visible ha sido importante para transparentar el proceso pues transmite todas las sesiones.
Cuando se instalen las Comisiones se abrirá una fase para efectuar objeciones, que es cuando personas de la sociedad civil podrán presentar de manera organizada las “tachas” en contra de posibles candidatos con cuestionamientos, a efecto que la Comisión evalúe cada objeción y pueda aceptarlas o desecharlas.
Cada Comisión se compone de 37 Comisionados integrados por tres órganos: Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Decanos de las Facultades de Derecho, y de la CSJ y de Apelaciones; cada órgano aporta 12 Comisionados, más el Rector de una universidad. El 6 de junio, el Foro de Rectores eligió al Rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), Miquel Cortés, para presidir la Comisión para CSJ, mientras que nombraron al Rector de la Universidad Internaciones, Raúl Arévalo, para presidir la Comisión de Cortes de Apelaciones.
Riesgo de criminalización
Diversas voces han alertado los riesgos de criminalización en el proceso de Cortes, tal como sucedió hace dos años cuando se instauró la Comisión de Postulación para elegir a Fiscal General. En esa oportunidad, cuando la Comisión se estancó y no alcanzaba los votos para que Consuelo Porras incorporara la lista final, el MP realizó una serie de acciones penales y diligencias como presión a la Comisión de Postulación. Finalmente, un amparo del abogado Erick Castillo, que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), obligó a la Comisión de Postulación a incorporar a Consuelo Porras Argueta en el listado final para que el expresidente, Alejandro Giammattei Falla, pudiera reelegirla.
Alejandra Manavella, coordinadora de Incidencia del Programa para Mesoamérica de CEJIL, una de las organizaciones que apoyan el trabajo del Panel Internacional de Personas Expertas Independientes, explica:
(…) los organismos internacionales de derechos humanos han señalado de forma reiterada que Guatemala enfrenta problemas estructurales en materia de acceso a la justicia por el alto grado de impunidad y se han señalado injerencias en el sistema de justicia y un uso abusivo de poder por parte del MP contra operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos.
Se buscaría que la observación del Panel pueda:
(…) contribuir a que el Estado asegure un proceso transparente de elección, que garantice que no existirá persecución penal infundada contra actores del proceso, y que esto incentive a personas con reconocido mérito y capacidad profesional a postular a estos importantes cargos.
Asimismo, otras organizaciones, grupos de estudiantes de derecho y asociaciones gremiales, buscan promover una campaña para que abogados y abogadas, jueces y juezas con honorabilidad, presenten su papelería para que pueda contarse con personas candidatas con idoneidad.
