El Estado de Calamidad Pública en manos del Congreso de la República
Nota de Coyuntura No. 23 / por Juan Calles
Para el jueves 11 de julio está agendada la Cuarta Sesión Extraordinaria del Congreso de la República; plenaria en la que se someterá a discusión y aprobación el Decreto Gubernativo Número 2-2024 referente al Estado de Calamidad Pública que decretó el presidente Bernardo Arévalo de León el pasado 7 de julio de 2024. Este decreto puede facilitar la operatividad del Ejecutivo para hacer frente a las condiciones climáticas que afectan a todo el territorio nacional, pero su aprobación dependerá de una legislatura que cada vez más se le opone al gobierno.
El Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León cuando declaró Estado de Calamidad por incendios forestales, el 10 de abril de 2024. Fuente: AGN. Recuperado en: https://agn.gt/presidente-bernardo-arevalo-declara-estado-de-calamidad-por-incendios-en-el-pais/
Lento proceso le espera al Estado de Calamidad
En la agenda de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Congreso de la República, el “Conocimiento del Decreto Gubernativo Número 2-2024” que aborda el Estado de Calamidad Pública, está situado en el inciso 5, y será de ver si se logrará mantener el quórum necesario en la plenaria para llegar a ese punto. Incluso, en el inciso 3 de la agenda, se encuentra la discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto para aprobar la Ley para la Prevención y Control de Incendios Forestales, meses después de ocurridos cientos de incendios forestales. El Decreto sobre el Estado de Calamidad Pública con fecha 7 de julio de 2024, fue publicado en la Edición Legal del Diario de Centro América del 8 de julio de 2024.
Ya los diferentes bloques de oposición han emitido opinión respecto a su postura ante la aprobación o rechazo del Estado de Calamidad. Las bancadas de oposición se niegan sistemáticamente a apoyar alguna iniciativa que facilite la labor del Ejecutivo, incluido el decreto respectivo para dejarlo vigente.
El Organismo Ejecutivo, conducido por Arévalo de León, necesita la aprobación del Estado de Calamidad Pública para facilitar el uso de fondos económicos para la adquisición de bienes y suministros necesarios para atender las emergencias causadas por las intensas lluvias, pero, también, para atender las principales vías de la red vial que se encuentran bastante dañadas.
Fuente: Congreso de la República. Recuperado en: t.ly/pxDCG
La administración arevalista justifica, además, que las instituciones gubernamentales, hoy a su cargo, fueron saqueadas y no existen las herramientas administrativas para hacer frente al estado de emergencia en el que se encuentra el país, además de que los plazos que establecen las leyes no son compatibles con una emergencia.
Desde diputados rasos como Esduin Javier, quien afirma que el estado de calamidad “no existe”, hasta diputados líderes de la alianza opositora como Héctor Aldana, de la bancada del partido Vamos, que acusa al gobierno del Movimiento Semilla de incompetencia, pasando por los diputados de la bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), otrora aliados del partido oficial en el Legislativo, manteniendo coherencia en su discurso han rechazado ya la aprobación de un Estado de Calamidad Pública.
Es notable la diferencia de actitud de las bancadas legislativas cuando durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla se solicitaba la aprobación de un estado de calamidad, ya que la Junta Directiva del se aprestaba a “convencer” a los diputados y diputadas a votar a favor de la aprobación, y eso repercutió en que, en total, se aprobaron nueve Estados de Calamidad de 11 que solicitó el exmandatario.
Durante ese mandato, fueron frecuentes los señalamientos de que los diputados y diputadas de los partidos que integraban la alianza partidaria adscrita al “Pacto de Impunidad”, recibían prebendas económicas a cambio de su voto favorable. Por el contrario, el actual gobierno del Movimiento Semilla se ha negado a negociar votos con las diferentes bancadas, lo que le ha generado importantes derrotas legislativas.
Negociación o muerte
Las bancadas parecen orillar al gobernante a negociar con ellos; de lo contrario, el Congreso de la República parece estar dispuesto a mantener maniatado legalmente al Ejecutivo, a fin de que le sea imposible cumplir con sus funciones.
Por su parte, el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, ha hecho tibios intentos de acercarse, incluso, a las bancadas de oposición, pero sus intentos han fallado. Por ejemplo, el 27 de junio recién pasado convocó a diputados de todos los bloques a reunirse en el Palacio Nacional de la Cultura, pero algunos diputados del partido Vamos se retiraron de la reunión acusando al gobernante de realizar una “encerrona”, incluso, de prohibir el uso de celulares en dicha reunión.
Este Estado de Calamidad Pública es importante para el Ejecutivo, pero ya existe el antecedente de la propuesta que hizo el Ejecutivo para aprobar un Estado de Calamidad Pública para enfrentar los incendios forestales, pero sin éxito porque no fue aprobada por el Congreso de la República. Asimismo, aprobaciones incluso más trascendentales como la ampliación presupuestaria que hizo el gobierno del Movimiento Semilla por un monto de alrededor de Q 14 mil millones; la del Presupuesto Nacional, y las elecciones de las altas Cortes de Justicia en ciernes, están cuesta arriba para un Ejecutivo que no tiene aliados en el Congreso de la República, en un contexto en donde el gobierno puede salir mal parado y recibir nuevos reveses en el hemiciclo parlamentario. La pregunta sin respuesta es ¿qué puede ofrecer Arévalo a los diputados para negociar con ellos?
