La X Legislatura, la piedra de toque de un posible golpe de Estado

Nota de coyuntura No. 31 / por Juan Calles

El inicio del segundo período legislativo en este primer año de la X Legislatura que comenzó el 8 de agosto, plantea la necesidad de pensar en el trabajo legislativo y el papel del Congreso de la República en la coyuntura nacional, caracterizada por un entrampamiento y visos de continuidad en la estrategia del golpe de Estado contra el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar del Movimiento Semilla. Alianzas políticas que se resquebrajan, partidos políticos que se fracturan, y un Ministerio Público (MP) interviniendo en el Legislativo, marcan el reinicio de las actividades.

Fotograma: Juan Calles

¿Un Congreso diferente?

Las actuaciones de las diferentes bancadas evidencian el fraccionamiento entre ellas, con lo que las alianzas legislativas parecen débiles y dubitativas. La llamada alianza por la gobernabilidad que logró el oficialismo al inicio de la X Legislatura, se deja ver rota y quizá inexistente, mientras que los bloques de oposición parecen fortalecerse, aunque en medio de fracturas como ocurre con los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Visión con Valores (VIVA).

No obstante, con la fallida interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que por segunda ocasión se vio suspendida el 6 de agosto debido a la falta de quorum, se sugiere que, incluso, en la alianza opositora no existe una única postura.

Por otra parte, la falta de quorum puede ser utilizada para alargar el juicio político a los funcionarios del gobierno de Arévalo de León, y mantener a los funcionarios en el Congreso para, de esa manera, entorpecer el trabajo en las carteras interpeladas.

Son cuatro los funcionarios de gobierno que serían interpelados por los congresistas; Francisco Jiménez, ministro de Gobernación; Carlos Martínez, ministro de Relaciones Exteriores; Oscar Cordón, ministro de Salud y Asistencia Social; y la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso. Pero, a pesar de ser aprobados los juicios políticos, hasta hoy ninguno ha iniciado por falta de quorum. En fecha reciente, la bancada del partido Valor anunció la solicitud de otra interpelación contra el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

La correlación de fuerzas deja en un predicamento al Movimiento Semilla

La situación se ha vuelto cada vez más complicada para el bloque oficialista del Movimiento Semilla, que enfrenta un bloqueo significativo y sistemático por parte de la oposición. Desde que se suspendió su personería jurídica por orden judicial en 2023 y ratificada recientemente por el juez Fredy Orellana, el bloque ha mostrado una incapacidad notable para establecer acuerdos o alianzas con otros grupos que podrían haber sido aliados estratégicos.

Al iniciar el segundo periodo legislativo, los esfuerzos del Movimiento Semilla para superar este estancamiento han sido infructuosos, lo que ha llevado a una falta de logros que alivien la presión que la oposición ejerce sobre ellos. Además, los rumores sobre un posible distanciamiento entre el bloque parlamentario y el Presidente de la República han comenzado a ganar fuerza, lo que podría agravar aún más la situación.

Cualquier iniciativa que venga del actual partido gobernante o del Ejecutivo es rechazada por la oposición, que parece consolidarse luego del revés que recibieron en las urnas. Partidos políticos como Vamos, UNE, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), Valor, Cabal, y Todos, la mayor parte integrante del llamado “Pacto de Corruptos”, se unen para votar en el hemiciclo y rechazar todas las propuestas del oficialismo. Algunos diputados de esos partidos, incluso, rayan en la impunidad, al otorgar un reconocimiento al narcotraficante Juan Manuel López Morales, mejor conocido como ”Che Manuel”, quien cumplió condena en Estados Unidos debido a sus negocios ilícitos. En Chiquimula, aseguran pobladores, la estructura de “Che Manuel” sigue intacta.

Es más, los opositores logran reunir 115 votos para, por ejemplo, juramentar al exdiputado Julio Lainfiesta como Subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante (CONAMIGUA), a pesar que está sancionado por el gobierno estadounidense por ser considerado un funcionario que debilita la democracia y el Estado de Derecho, además de tener una denuncia por violencia contra la mujer.  

Con esa correlación de fuerzas y durante este segundo periodo legislativo, la X Legislatura deberá aprobar el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos del Estado para 2024 y elegir una nueva Junta Directiva, por lo que se prevé que la oposición regrese a controlar el Organismo Legislativo y desde esa posición, entrampe aún más el trabajo legislativo y ejecutivo.

Juramentación de Julio Lainfiesta, a la derecha de la imagen. Foto: Juan Diego González, diario Prensa Libre, edición digital del 6 de agosto 2024. Recuperado en t.ly/kfzMl

Para cerrar el círculo, dos diputados de diferentes bancadas han hecho referencia a potenciales querellas contra el gobernante, lo cual termina de clarificar las intenciones de las fuerzas parlamentarias: montar un juicio político a Arévalo de León y Karin Herrera, tal como ya lo han intentado desde el 2023 otros actores operadores del “Pacto de Impunidad”, y con ello dar el golpe decisivo del plan golpista del que se viene hablando con más insistencia en los últimos días.

Uno de ellos es el diputado Rodrigo Pellecer, de la bancada Elefante, quien declaró que no descarta una denuncia penal Arévalo de León por los delitos de difamación y omisión de denuncia debido a que, en una conferencia de prensa, el presidente declaró que los diputados que votaron en contra de la aprobación del estado de calamidad que él solicitó, votaron en contra como represalia porque en los ministerios no se les han concedido plazas de trabajo a los congresistas.

Por su parte, el diputado Orlando Blanco de la bancada VOS, inicialmente aliados al Ejecutivo, en declaraciones al medio de comunicación de extrema derecha TV GTN, el que se rumora recibe financiamiento del ex partido oficialista Vamos, aseguró que el Ejecutivo insiste en solicitar una ampliación presupuestaria para obtener recursos públicos para pagar votos a diputados, lo cual sería un delito grave. No demostró ninguna prueba ni mencionó directamente al mandatario, pero dejó entrever que el presidente podría ser enjuiciado por estos supuestos.

El MP acciona contra la JD del Congreso de la República: ¿Amenaza o intervención?

El 7 de agosto, en la mañana, fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción del MP, con el rostro cubierto por mascarillas, se presentaron en palacio legislativo para solicitar información sobre presuntas contrataciones irregulares de personal en plazas 022 por parte de la Junta Directiva.

Esta acción generó la suspensión de una reunión de jefes de bloque que se llevaba a cabo en el palacio legislativo, lo que a su vez impidió la realización de la sesión parlamentaria programada para el 8 de agosto. En esta sesión se esperaba que el bloque oficialista aprobara de emergencia una ampliación presupuestaria, ya que contaba con los votos necesarios para ello.

La intervención del MP, liderada por Consuelo Porras Argueta, ha suscitado un debate sobre si se trata de una amenaza o una intervención legítima en el funcionamiento del Legislativo. A pesar que el presidente del Congreso, Nery Abilio Ramos y Ramos, afirmó no sentirse amenazado por estas acciones, la primera sesión del segundo periodo legislativo permanece suspendida sin una fecha definida para su reanudación.

La acción puede dejar entrever las intenciones de afectar a Ramos y Ramos, uno de los principales aliados que le quedan a la bancada oficialista.

El balance del primer periodo legislativo enero – mayo 2024

La X Legislatura se ha destacado por su casi nula legislación en lo que va operando. El 16 de mayo finalizó su primer periodo legislativo sin nada que destacar, más allá de los shows mediáticos de la oposición y los reveses que el Ejecutivo ha recibido de esa misma oposición.

En las diferentes Comisiones Legislativas de Trabajo no se ha recibido ninguna iniciativa de ley para ser aprobada; los primeros meses del año finalizaron con un inventario en números rojos, en donde las comisiones se han dedicado a citar a funcionarios de gobierno. 

Según el registro de la página web del Congreso de la República, únicamente 10 de las 38 Comisiones de Trabajo registra un máximo de cuatro dictámenes en cada comisión; las restantes 28 no tienen ningún dictamen registrado. Sin embargo, todas han cobrado dietas por reuniones. Así mismo, según un informe de las organizaciones que integran la agrupación Congreso Eficiente, en el primer periodo de sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo de 2024, el Congreso de la República aprobó 12 leyes que no contaban con estudios técnicos o financieros que justificaran su necesidad.

Durante este periodo, se enviaron a comisiones 86 iniciativas de ley para su estudio y dictamen, de las cuales 48 fueron presentadas este año. Sin embargo, el informe señala que algunas de estas iniciativas habían sido presentadas hace una década.

Total de dictámenes en 38 Comisiones Legislativas de Trabajo

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